EL BLOG DE CANAL

En algún momento del día todo el mundo es peatón, salvo discapacidad física impediente. Por ello, parecería razonable que la ordenación del espacio urbano, de la circulación en la vía pública, se estableciera en función de ese hecho incontestable. La realidad, sin embargo, es otra y las ciudades están hechas para el automóvil.

Gijón no constituye una excepción, y ahora se trata de corregir esa tendencia con medidas que ayuden a disuadir del uso del coche privado (el éxito en este aspecto, con el descenso de la contaminación, también podría tener efectos indeseados, porque el ahorro energético, por esta u otras vías, repercutiría en la producción de las empresas fabricantes o proveedoras en forma de menos empleo y más paro, pero esta es otra cuestión). Una de esas medidas consiste en la creación de carriles exclusivos para bicicletas, que en Gijón aún son insuficientes. Ese número escaso, sin embargo, no debería constituir pretexto para hacer la vista gorda ante la situación actual, definida por la condición de poder fáctico de que parecen investidos la mayor parte de los usuarios de bicicletas, si se atiende a la naturalidad impune con que ignoran toda clase de normas reguladoras en el marco de la circulación vial, sin limitación de tiempo, espacio, escenarios y circunstancias (el otro poder fáctico de la pequeña jungla de asfalto doméstica son los usuarios de la carga y descarga).

La tolerancia municipal ante esta situación es absurda y solo cabría entenderla como la expresión de un sorprendente complejo de inferioridad por el presunto retraso histórico en la implementación de facilidades viarias para las bicicletas.

He leído por ahí que funcionarios de inmigración de Estados Unidos controlan en el aeropuerto de Barajas los papeles de los pasajeros con destino a aquel país. En realidad, según parece, lo que se acaba de hacer es legalizar por el Gobierno español una situación de hecho que viene de bastante atrás. Lo inmediato que se me ocurre suponer es que habrá reciprocidad, esto es, que en los EE. UU. funcionarios españoles revisan la documentación de quienes viajan a nuestro país.

Si, como me temo, no fuera así, sino que el amigo yanqui -Cuba, Puerto Rico y Filipinas, los acuerdos con Franco en 1953- aplica una vez más la ley del embudo con la tolerancia de las autoridades españolas, si se consiente que España reciba un tratamiento de colonia tan manifiesto, que no vuelvan a hablar de soberanía, nación, patria y milongas semejantes ni Ánsar ni Zapatero, ni Rajoy ni González ni el monarca. Aceptar esa situación discriminatoria y legalizarla es humillante y va en menoscabo de la dignidad de quienes la padecen.

En todo lo publicado sobre la actuación del difunto Michael Jackson en Oviedo, en 1992, no he visto nada del batacazo económico que se dio el Ayuntamiento de la capital con aquel concierto. Es curiosa esta amnesia colectiva sobre los despropósitos de los repúblicos centraliegos, que no suele darse cuando el error o la desgracia se asientan en el litoral. Creo recordar que las pérdidas de aquella aventura ascendieron a unos 300 millones de pesetas, o sea, 300 kilos de los de hace 17 años. Fue el principio del fin del intento ovetense de emular la organización de actuaciones de grandes figuras que el Ayuntamiento gijonés había puesto en marcha con grandes éxitos en todos los órdenes. A Gijón venían las estrellas mundiales del pop y del rock y el Ayuntamiento quedaba ‘a pre’.

Jackson se ha ido de este mundo sin saberlo, pero él contribuyó a que el alcalde ovetense pueda presentar un ruinoso balance económico del conjunto de sus mandatos al frente del Consistorio capitalino.

Como mínimo, la mudanza de Rosa Aguilar de la alcaldía de Córdoba (Izquierda Unida) a la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía (PSOE), efectuada directamente, así, de golpe, sin anestesia, parece un acto antiestético. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de empleo (si puede), de opinión, de partido político, de religión, de marido o de esposa y hasta de equipo de fútbol, (salvo desertar ahora, precisamente ahora, del Sporting), faltaría más, pero digamos que es exigible siempre guardar las formas, algo que no ha hecho la ex alcaldesa de la ciudad de los califas.

Se argüirá que no se trata del primer caso de cambio de sitio político efectuado en el mismo sentido, y es cierto. Ese tipo de operación ha abundado en los últimos 30 años (en los 30 ó 40 anteriores lo frecuente era que se produjera al revés, es decir, por el carril de sentido inverso al utilizado por la tránsfuga andaluza), pero en el ámbito global de la izquierda -en la derecha era otra cosa, recuérdese la masiva metamorfosis de ucedeos en súbditos de Fraga- se guardaban las formas. Quiero decir que antes de saltar la valla ideológica existente entre el origen y los postulados socialdemócratas solía haber una temporada de meritoriaje, a la intemperie política, que para el político vocacional -o profesional- debe de ser francamente incómoda desde el punto de vista práctico. Ahora no, ahora Rosa Aguilar salta de un despacho oficial a otro, de un coche oficial a otro, con toda naturalidad, como si la operación no fuera un alarde de desfachatez.

Porque la señora Aguilar está en su derecho de mirar con desconfianza el porvenir de Izquierda Unida, pero sus votantes de Izquierda Unida, cuyos sufragios la llevaron al confortable despacho de la alcaldía cordobesa, están legitimados para acusarla de malversación de votos, porque no la eligieron para medrar políticamente, para mejorar su currículo con vistas a integrarse en la gran casa común, sino para que cumpliera los cuatro años de mandato en la ejecución de la política de Izquierda Unida, en el cumplimiento de las promesas que ella misma les había hecho en la campaña electoral y dieron pie a que recibiera los votos que la auparon al sillón de alcaldesa.

El caso evidencia que el sistema electoral es perverso, porque permite estas cosas y otras aún peores. Rosa Aguilar ha demostrado tener convicciones poco firmes y ha traicionado a su electorado, pero por hacerlo solo sufre -y le traerá sin cuidado-la reconvención moral del espectador imparcial que contempla el trasiego. Nada más. La perversidad del sistema hace a los parlamentarios o concejales dueños de sus escaños, por eso de que no están sujetos a mandato imperativo, a pesar de que han sido elegidos en una lista cerrada y bloqueada, y en función de su colocación en esa lista, no por los méritos individuales de cada candidato o candidata. De ahí viene el transfuguismo, que es legal y distorsiona los resultados electorales. Quien no pinta nada, una vez cerradas las urnas, es el votante, el ciudadano corriente y confiado, que cree en las promesas de los candidatos, los vota y apuntala el sistema. El contrato no escrito entre elector y elegido lo incumple este al cambiar de siglas políticas y nadie puede exigirle cuentas legalmente. Por eso a gente como Rosa Aguilar no sería recomendable comprarle un coche de segunda mano (porque te vendería una moto, cualquier moto, la de su derecho a cambiar de posición política, por ejemplo.Ya).

Quieren reformar el sistema público de pensiones. Reformar, en este caso, significa ponerles las cosas más difíciles a los pensionistas, sobre todo a los futuros pensionistas. Está claro. En esa línea se incluye la propuesta del gobernador del Banco de España, en el sentido de retrasar la edad de jubilación de los actuales 65 años a 67 en el futuro, como ya han hecho en Alemania. Lo que no ha explicado el gobernador, para información, principalmente, de trabajadores que ya han cumplido los sesenta y son, por ello, potenciales pensionistas ia corto plazo, es que el cambio germano empezará a aplicarse de forma gradual, con retraso de unos meses por año en la edad de jubilación, en 2012, para estar plenamente en vigor en 2029; es decir, solo afectará de lleno a los nacidos a partir de 1964.

En cualquier caso, tal vez la situación económica y sus perspectivas -para eso hay cálculos actuariales- hagan aconsejable retrasar la edad de jubilación (aunque, obviamente, es imaginable que la medida tendría repercusiones negativas para la incoporación de jóvenes al mercado laboral) y ampliar el periodo de cotización para fijar la cuantía de la pensión. Lo importante es conseguir que el sistema público de pensiones no corra peligro y si es necesario algún sacrificio posiblemente los afectados, si se les explica, lo aceptarían de buen grado.

Pero puestos a revisar los procedimientos y condiciones para obtener una pensión pública, tal como proponía hoy mismo el PP, podrían dar ejemplo ellos, los diputados, todos, sin excepción, no solo los del PP, que tienen la jeta de darse a sí mismos unos requisitos escandalosamente mínimos para obtener la pensión máxima del sistema público en cuanto cumplan los 65 años. Rajoy -que fue quien habló ayer- y compañía, que prediquen con el ejemplo. Aunque me temo que pedirles esto son voces en castañeu.

“Se cumplen todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos que integran el tipo del delito de actividades prohibidas a los funcionarios públicos”, dice la sentencia, que condena al acusado a un año y seis meses de suspensión y a cinco meses de multa con cuota diaria de 30 euros. Lo llamativo del caso es que el funcionario público condenado no es un humilde subalterno, sino un juez, nada menos que ex presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, y el delito, favorecer a un narcotraficante. Como está mandado, al juez lo juzgaron otros jueces -un miembro del tribunal incluso no vio delito en la cosa, pese a los hechos probados- y el resultado ahí está, en un nuevo homenaje a la clarividencia analítica de Pacheco, aquel alcalde de Jerez que acuñó una certera definición de la Justicia española: es un cachondeo.

Odia al delito y compadece al delincuente, decía doña Concepción Arenal, pero no nos dejó recetas adecuadas para reaccionar ante la perplejidad, el estupor, el asombro, que casos como el descrito pueden producir en el ánimo de la gente corriente y potencialmente justiciable. Sobre todo si la noticia coincide en el tiempo con otra como esta: un infeiiz turista es confundido en Granada y detenido por error policial, que la juez de turno ratifica, lo que tiene como resultado cinco días de cárcel sufridos por la víctima inocente del despropósito funcionarial, que, por si fuera poco, se prolongó porque la detención tuvo lugar en vísperas de las fiestas de Semana Santa, jornadas de asueto para los responsables.

Errar es humano, pero hay que ponerse en el pellejo del perjudicado para hacerse una idea cabal de la situación. En fin, un juez que no dejará de ser juez a pesar de que está probado que asesoró a un delincuente, un inocente encarcelado y el jefe de los que zurraron a José Luis Moreno, en la calle. Está claro que Pacheco tenía razón.

El G-20 acaba de aprobar una inyección de otro billón de dólares en el sistema financiero -se supone que será un billón-billón, un millón de millones, no un billón según la cuenta usaca- a ver si se sale de la crisis. A ras de tierra, este torbellino de millones y billones de dinero público, aquí y allá, para salvar las consecuencias de una pésima gestión produce ya indiferencia y escepticismo. Que se sepa, ninguno de los responsables directos de la debacle económico-financiera, ninguno, se ha colgado de un árbol ni se ha tirado sin paracaídas desde lo alto de un rascacielos. Siguen por ahí, y por allí, tan tranquilos, cesantes algunos, pero todos con el riñón muy bien cubierto y solo uno, que se sepa, el Madoff ese, entre rejas. Una comedia de enredo, lo de todos ellos, y un drama para los cientos de miles de parados forzosos, sus víctimas.

En fin, lo deseable es que medidas como las acordadas por el G-20, y otras semejantes, tengan efectos rápidos, lo que exige estar preparados para su implementación. En esa preparación podrían imitar al Grupo Covadonga: el 30 de marzo, pasadas las nueve de la noche, se aprobaba una subida de las cuotas sociales, no de un billón de dólares, pero sí en más de un 20%. Cuando no habían pasado 36 horas, las nuevas cuotas -con los atrasos desde enero, porque el aumento tiene carácter retroactivo- eran cargadas a los socios. Admirable capacidad de previsión, vive Dios (incluida la aceptación por la asamblea de socios de la propuesta de incremento de cuotas).

Feve tiene un excelente servicio de trenes sin paradas Gijón-Oviedo-Gijón, que realizan el trayecto en media hora escasa, tiempo que podrá ser rebajado cuando entren en servicio las unidades eléctricas 3300, que pueden alcanzar los cien kilómetros por hora. Los convoyes, sin embargo, circulan con pocos viajeros, en parte quizás por desconocimiento de los potenciales usuarios y en parte también porque las tarifas son superiores, aunque no mucho, a las de Renfe y las de ALSA. De todas formas, es una oferta, la de Feve, plausible y esperemos que se consolide y mejore con el paso del tiempo.

Lo que no cabe elogiar de Feve, sin embargo, es que haya consumado con intenciones de perpetuidad, según pàrece, la conversión de la línea Ferrol-Gijón en Ferrol-Oviedo. El asunto no es baladí, porque tal como tiene montado el servicio la compañía ferroviaria, los viajeros de Gijón, Carreño, Avilés y Castrillón que quieran trasladarse a Ferrol o procedan de aquella ciudad gallega tienen que efectuar transbordo en Pravia a los trenes directos Oviedo-Ferrol o viceversa, lo que aparte de ser una incomodidad alarga la duración del viaje.

Esto es una cacicada en toda regla. El ferrocarril Ferrol-Gijón, llamado también de la costa yestratégico -por la, en su día, previsión de utilizarlo para llevar carbón de Asturias a la base naval ferrolana- es, en realidad, un ferrocarril inacabado como tal Ferrol-Gijón, pues aunque las obras se dieron por culminadas en setiembre de 1972 con el tramo Vegadeo-Luarca, entre Aboño y Avilés nunca se construyó el trazado previsto y se utiliza el del desaparecido Ferrocarril de Carreño, que pasó a Feve en aquel tiempo, como tantos otros ferrocarriles de vía estrecha, en Asturias -Económicos, Langreo, Vasco-Asturiano, Cantábrico…- y en el resto de España, en aplicación de la nefasta política de nacionalización de pérdidas vigente en el régimen político anterior -y en alguna fase del actual, digámoslo todo-.

Hace unos años, cuando la línea entre Oviedo y Pravia no estaba aún electrificada y la de Gijón-Cudillero sí, podría tener explicación que los trenes directos de enlace con Ferrol salieran de Oviedo y llegaran a la capital, porque más allá de Cudillero tampoco está la línea electrificada y era obligatorio el uso de automotores. Pero ahora, no: ahora ya está electrificado el tramo entre Oviedo y Pravia y subsiste la cacicada: como es inevitable el transbordo en Pravia, a la hora de señalar a los perjudicados se elige a los usuarios de Gijón, Carreño, Avilés y Castrillón, para beneficiar a los de Oviedo y Grado. El ferrocarril Ferrol-Gijón convertido en ferrocarril Ferrol-Oviedo. Ante la pasividad de las fuerzas vivas gijonesas. Y aún hablan del cerco a Oviedo…

EL COMERCIO publicó hace unas semanas un interesante informe sobre la población de Gijón. Según los datos del Ayuntamiento, de los 279.702 habitantes del concejo (la cifra del Instituto Nacional de Estadística, que es la que cuenta oficialmente a todos los efectos, era, sin embargo, de 275.699 a 1 de enero de 2008), de esos 279.702 habitantes, digo, sólo 123.590, el 44,1%, somos nacidos en Gijón. De los demás, 85.856 vieron la primera luz en otros municipios asturianos y 70.256, fuera de Asturias (55.938, en el resto de España y 14.318, en el extranjero).

Son datos muy descriptivos. Por ejemplo, el de los 70.256 vecinos de Gijón nacidos fuera de Asturias. Sería revelador, por ejemplo, saber cuántos de ellos tienen de 20 a 35 años de edad y trabajan en Gijón, tanto en el sector público como en el privado. No serán pocos probablemente, y eso significa que sus empleos existen y que igual que los ocupan ellos podrían ocuparlos (me refiero a posibilidades, no a derechos) algunos de los indígenas que han tomado el camino de la emigración, consustancial a Asturias, ahora y en los últimos siglos; las tan publicitadas ‘leyendas urbanas’, en fin. Desconozco las razones de que no sea así, pero no cuesta trabajo suponer que a los jóvenes inmigrantes -españoles y extranjeros- que trabajan en Gijón -y en el resto de Asturias- nadie les habrá regalado nada. Pues eso.

627.266.721,38 euros (más de cien mil millones de pesetas) es la cantidad que los clubes de fútbol debían a Hacienda en octubre del año pasado (a lo peor, ahora es todavía más). Al lado de esa cifra, los 4.912.121,35 euros que también debían entonces a la Seguridad Social parecen una fruslería. Con todo ese dinero se terminarían las obras de la autovía del Cantábrico, y sobrarían perres. Así, a ojo, es cerca del doble del presupuesto anual consolidado del Ayuntamiento de Gijón.

Los justo, lo correcto, sería saber cómo se distribuye esa deuda, saber qué grado de pufo ha alcanzado cada club y si alguno está al día o casi al día, para situar a cada uno en su sitio y salvar al que cumple sus obligaciones fiscales, si es que hay alguno. Quizás más de un mito podría derrumbarse. Pero en conjunto son muchos millones de deudas, demasiados, para unas entidades que históricamente han sido saneadas varias veces con cargo al erario público y que han recibido y reciben cuantiosas ayudas directas e indirectas -publicidad, escandalosas recalificaciones urbanísticas- de esa misma procedencia.

Los clubes de fútbol no son entidades con ánimo de lucro -condición que, en el plano teórico, no cabe descartar en los que se han transformado en sociedades anónimas deportivas, la mayoría- pero sí son unas máquinas de repartir cantidades ingentes de dinero a partir de sus casi siempre desmesurados presupuestos. Y los beneficiarios de ese reparto son muy pocos en cada caso, apenas unas decenas, con ingresos astrónomicos que, sin embargo, no son capaces de generar con su actuación como profesionales. Del presupuesto de un club de fútbol profesional, casi el setenta por ciento de los gastos van destinados a los ‘artistas’. Y eso, sin entrar en el proceloso mundo de las comisiones y sus perceptores, escándalo permanente contemplado con pasividad y tolerancia sorprendentes. Una desmesura. No habría nada que objetar a las remuneraciones elevadísimas si los beneficiarios, como en cualquier negocio o actividad, fueran capaces de autofinanciarse, en este caso con las aportaciones del público que acude a los estadios o contempla el espectáculo por otros medios, además de los ingresos llamados atípicos. Pero cuadrar las cuentas para pagar millonadas a esos ‘artistas’ a base de empufarse con Hacienda y la Seguridad Social es aparatosamente obsceno, máxime en estos tiempos de crisis económica global en que se piden sacrificios al conjunto de la sociedad.

Parece razonable esperar que haya tolerancia cero en cuanto a la deuda fiscal del fútbol profesional, lo que no significa más que aplicar la misma vara de medir que a cualquier otro contribuyente, incluso a los parados forzosos, a cuyos nada abundantes ingresos alcanza también la larga mano de Hacienda en forma de retenciones del IRPF.