El Comercio
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PROPIEDAD INTELECTUAL: Contrato de edición personal.
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-11-2008 | 13:21| 0

Florentino entregó hace unos meses el texto de una breve biografía a una editorial ubicada en Madrid, que debía encargarse de la edición personal de la obra conforme a un presupuesto previamente acordado. En el presupuesto se indica que este incluye “todas las labores para la correcta edición de la obra”. Tiempo después le devuelven la obra editada de forma parcial, con sólo veintitrés artículos publicados y once sin publicar, sin explicación alguna. Nos pregunta si puede recuperar el dinero invertido.

No sabemos si el único documento que firmó con esta editorial es el presupuesto que se adjunta a la consulta. Si es así, en realidad no vemos que se trate de un contrato de edición en los términos legalmente previstos por el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Por el contrato de edición el autor cede al editor, mediante compensación económica, el derecho de reproducir su obra y el de distribuirla. El editor se obliga a realizar estas operaciones por su cuenta y riesgo en las condiciones pactadas y con sujeción a lo dispuesto en esta Ley. Sin embargo en su caso parece entenderse que la editorial se encarga de revisar sus textos e imprimir el número de copias solicitadas, pero no las distirbuye, limitándose a hacer una referencia a las mismas en su página web. En cualquier caso y puesto que en el presupuesto se indica que se incluyen “todas las labores para la correcta edición de la obra” como mínimo hay que entender que las pruebas de tal “edición” debieran someterse a la aprobación del autor antes de proceder a la impresión. De hecho así se indica expresamente en la página web de esta editorial cuando habla de sus servicios. Si lo que le han devuelto son estas pruebas y no está conforme con las mismas, hágalo constar expresamente para se realicen los cambios oportunos antes de imprimir las copias. Si lo que le han entregado son los ejemplares de la obra impresos sin haber sometido a su aprobación las pruebas de edición entendemos que han incumplido el contrato y tiene usted derecho a reclamar.

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ARRENDAMIENTOS: Sustitución de ventanas en contrato antiguo.
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-11-2008 | 13:19| 0

Marga es arrendataria de una vivienda con un contrato de arrendamiento del año 1974. Resulta necesario sustituir las ventanas y las puertas de la vivienda, que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo. Entiende que la propietaria debiera pagar al menos parte de esta reforma y que el criterio de lo que debe o no pagar pudiera ser que la arrendataria abonase los gastos de mantenimiento pero no los de sustitución.

Muchas veces hemos hablado de las reparaciones necesarias en las viviendas de alquiler. Lo cierto es que sobre este asunto hay que distinguir dos tipos de contratos: los anteriores a 9 de mayo de 1985 y los posteriores. Ten en cuenta que siendo el contrato anterior a esta fecha, en materia de reparaciones necesarias resulta de aplicación lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos a la que te remitimos, pues no podemos aquí desarrollarla con detalle. No obstante te adelantamos que siendo obras solicitadas por el arrendatario, el arrendador ha de realizarlas si son necesarias para mantener las condiciones de habitabilidad de la vivienda, pero podrá repercutir su coste al inquilino. Eso sí, esta repercusión se hará de forma progresiva, pagándose un porcentaje anual hasta el completo pago. Si llegáis a alguna otra forma de acuerdo en cuanto a la forma de hacer frente a tales obras, es fundamental que se haga constar por escrito y se firme por ambas partes.

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Un castigo por “Luna”
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Cuervo Alfageme Abogados | 17-11-2008 | 13:16| 0

Hace poco más de un año conocimos a “Luna” a través de los distintos medios de comunicación. Aparecía en las fotos herida y triste. Había sido arrastrada durante dos kilómetros por el asfalto de la carretera atada al coche de su propietario como castigo por haber vomitado dentro del maletero del vehículo. Las consecuencias de semejante hecho se mostraban en su cuerpo claramente: tenía quemado el cuarenta por ciento y arrancada la piel en diversas partes. Las reacciones no se hicieron esperar. Fueron muchas las personas que se interesaron por Luna, muchas las que pidieron adoptarla y muchas más las que mostraron su más intenso rechazo ante una situación de maltrato semejante.

El castigo de Luna por vomitar en el coche había sido desmedido hasta el absurdo. Quedaba por saber si también su propietario iba a tener su castigo. La respuesta ha tardado un año en llegar y ha sido en forma de sentencia. Y es que maltratar un animal doméstico con ensañamiento y de forma injustificada hasta el punto de causarle la muerte o provocarle lesiones que le produzca un grave menoscabo físico es un delito previsto en el artículo 337 de nuestro Código Penal al que le corresponde una pena de prisión que puede ir de tres meses a un año e inhabilitación especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales.

En este caso, al propietario de Luna un juzgado de lo penal de Oviedo le ha condenado a seis meses de prisión y un año de inhabilitación. Claro que, como no tiene antecedentes penales, no tendrá que pasar por prisión, esta vez. La pena de prisión ha sido sustituida por una multa de 1.080 euros. Quizás escaso castigo y desproporcionado con el que él, por mucho menos, le infligió a Luna. De cualquier modo nosotras queremos sacar una lectura positiva de todo este asunto: Luna ha conseguido una nueva familia que la cuida y el delito de maltrato de animales domésticos, al que sin duda se le pueden hacer muchas críticas, al menos, se aplica. Ahora, si alguien piensa en maltratar un animal doméstico debe pensar antes que puede estar cometiendo un delito. La función de los demás es, obviamente, denunciarlo.

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La libertad de opinión de la reina.
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Cuervo Alfageme Abogados | 10-11-2008 | 09:45| 0

Es curioso como la publicación de un libro en el que se cuentan detalles relativos a doña Sofía ha levantado tanta polémica. Concretamente el conflicto tiene que ver con la opinión de la reina sobre la denominación del matrimonio entre personas del mismo sexo y otras cuestiones, como el aborto o la eutanasia. Es evidente que lo que la reina opine no tiene más valor que lo que opine cualquier otro ciudadano, pues sus opiniones no son vinculantes en absoluto y no se han hecho de forma oficial en nombre de la casa real, sino a título particular. A fin de cuentas es el parlamento el que legisla y establece la legalidad de los matrimonios homosexuales y mientras no se modifique la regulación todos sabemos a que atenernos.

La sensación general que parece existir es que la reina no debiera tener opinión propia, a menos que fuera para decir que opina justamente lo mismo que lo que las leyes establezcan. En otro caso debería guardarse sus opiniones.

En realidad, no se puede obviar un detalle importante: la libertad de expresar y difundir libremente ideas y opiniones es un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos lo cual no excluye ni tan siquiera a la reina. Nadie debiera ofenderse si otro expresa lo que piensa y lo hace desde el respeto, utilizando formas correctas y sin vulnerar los derechos del resto de los ciudadanos.

Cierto es que cuando quién opina es una persona con relevancia pública sus declaraciones trascienden y generan una mayor polémica, pero no dejan de ser opiniones y todos debiéramos tener suficiente criterio para formarnos la nuestra sin vernos influenciados por la de los demás.

Tan solo una cosa más: ¿acaso los que protestan cuando la reina manifiesta su forma de pensar preferirían vivir en la ignorancia de creer que todos piensan como ellos? A nosotras nos parece que conocer la opinión de los demás siempre aporta algo, incluso aunque con esa opinión no salgamos beneficiados, siempre que se emita desde el respeto.

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Nombramiento de administrador en una comunidad de propietarios.
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Cuervo Alfageme Abogados | 10-11-2008 | 09:43| 0

Belarmina es presidenta de su comunidad y el próximo mes de diciembre se producirá el cambio de los cargos de manera que, por turno rotatorio, será su vecino de abajo el que acceda al cargo de presidente. Este propietario no quiere encargarse de las responsabilidades de la comunidad alegando que tiene mucho trabajo y pretende que se nombre un administrador de fincas. Con tal finalidad ha enviado a Belarmina una carta certificada en la que exige que la elección de administrador se incluya como punto del orden del día de la junta que se celebrará en diciembre, advirtiendo que llevará los presupuestos correspondientes. Belarmina nos pregunta qué es lo que le pide este propietario y si tiene que hacerle caso y además aceptar sus presupuestos.

Ya que un propietario ha solicitado que se incluya como punto del orden del día la contratación de un administrador de fincas así ha de hacerlo: en la convocatoria de la próxima junta incluya este tema como asunto a tratar. Por supuesto que este propietario al igual que cualquier otro o usted misma pueden llevar los presupuestos que tengan por conveniente, pero será la junta de propietarios quien, por mayoría, tome la decisión de contratar o no al administrador y, en su caso, elegir el presupuesto que le parezca mas conveniente.

El hecho de que hasta ahora no hayan tenido administrador y se emplease un turno rotatorio para la elección del presidente no implica que no pueda modificarse este sistema, siempre y cuando la decisión la adopte la junta de propietarios por mayoría. Ahora bien, aunque elijan a un administrador de fincas, que podrá encargarse de las funciones propias del secretario y administrador, igualmente hay que designar a un propietario para el cargo de presidente.

Si finalmente la junta de propietarios decide nombrar presidente al propietario que por turno corresponde (ya sea para todas las funciones, ya sea nombrando un administrador de fincas para administrar la comunidad), este estará obligado a aceptar su cargo y si cree que tiene alguna excusa ha de hacerla valer ante el Juez de Primera Instancia quien decidirá lo que resulte conveniente.


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Los vales de devolución a examen.
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Cuervo Alfageme Abogados | 03-11-2008 | 13:08| 0

Es muy importante conocer nuestros derechos como consumidores cuando acudimos a comprar a cualquier establecimiento pero también es igual de importante conocer las limitaciones de estos derechos.

Estos últimos días se ha hablado mucho y en muy diversos medios de comunicación de una sentencia que ha dictado la Audiencia Provincial de Barcelona en la que se resuelve una situación conocida y vivida por todos los que en alguna ocasión hemos comprado y devuelto posteriormente un producto a una tienda. Esta sentencia señala que, ante una devolución, el vendedor debe entregar al comprador el precio en dinero en efectivo no mediante “vales” que obliguen a éste a gastar ese dinero en la misma tienda en otros productos. La entrega de estos vales se considera una actuación abusiva que se agrava cuando se establece una fecha de caducidad con lo que, pasado el tiempo previsto en los mismos, perderían además todo su valor comercial.

Aunque el contenido de la sentencia es claro, es preciso delimitar claramente el campo en el que el consumidor puede ejercitar estos derechos. El derecho a devolución, cuando no se deriva de la existencia de defectos o deterioros en el producto adquirido sino simplemente de una decisión personal del comprador, es una garantía adicional que puede o no ofertar cada establecimiento comercial. La famosa frase “si no queda satisfecho le devolvemos su dinero” que publicitan muchos comercios no es una obligación para éstos sino una posibilidad. Ahora bien, si tal oferta existe, entonces surge para los consumidores el derecho a solicitar la devolución en el plazo que cada establecimiento fije y, si se ejercita este derecho, entonces el precio deben devolvérnoslo en dinero en efectivo.

Esto es lo que dice la Audiencia Provincial de Barcelona que, aunque no crea jurisprudencia, sí constituye un importante precedente que es interesante conocer para reclamar en cada momento nuestros derechos. Ahora bien, en la otra cara de la moneda se sitúa el derecho de los comerciantes de poner a nuestra disposición esta garantía adicional.

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Reparación necesaria en un local.
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Cuervo Alfageme Abogados | 03-11-2008 | 12:18| 0

Ana Prego nos cuenta en el blog que el propietario de una tienda contigua al portal tiene sellada una arqueta con el suelo del local lo que genera graves daños a su comunidad, a un garaje y a otra comunidad, existiendo incluso riesgo de que se filtre agua contaminada en la tubería general. El dueño del local se niega a levantar el suelo para acceder a la arqueta y solucionar el problema. La empresa municipal de aguas dice que al ser un problema comunitario ellos no pueden intervenir y en el Ayuntamiento no les dan soluciones. Nos preguntan que pueden hacer.

En este tipo de problemas, lo primero que hay que hacer es determinar la causa u origen de los daños y ver cuáles son las reparaciones necesarias para solucionarlo. Esta parte evidentemente es más técnica que legal y ha de ser un perito con la cualificación adecuada el que ha de certificarlo. Por lo que nos cuentas tu comunidad tiene claro que el origen de los daños se encuentra en una tienda contigua al portal (entendemos con ello que pertenece a tu comunidad) y que resulta necesario levantar el suelo de este local para acceder a la arqueta y reparar lo que proceda. Si este propietario no quiere colaborar, la comunidad puede iniciar un procedimiento judicial.

Nuestro consejo, para evitar sorpresas, es que la comunidad solicite un informe técnico sobre el problema, su causa y su solución, pues será necesario de cara a la reclamación judicial. También hay que conservar los justificantes de todas las actuaciones que la EMA haya realizado. Antes de presentar la demanda, para agotar las posibilidades de solución amistosa es recomendable enviar una comunicación al causante de los daños invitándole a poner solución al problema y dándole un plazo para ello, comunicación que debe realizarse de forma fehaciente (por ejemplo, a través de burofax). Es importante que todas estas actuaciones se decidan por la junta de propietarios, pues afectan a la comunidad.

Para reclamar judicialmente deben contar con un abogado de su confianza, que será quien a la vista de los datos concretos decida el procedimiento mas adecuado y les informará del coste y duración previstos.

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El abogado y sus limitaciones.
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Cuervo Alfageme Abogados | 27-10-2008 | 12:41| 0

Ya estamos acostumbradas a escuchar con estos u otros calificativos que el sistema judicial es injusto, que las leyes son inaceptables y que los abogados somos poco menos que unos ladrones.

Cada cual cuenta las cosas según las siente, las vive o las entiende. Lo que sucede, es que muchas veces no se conoce la realidad y esto dificulta, cuando menos, la objetividad.

Los jueces han de aplicar las leyes y han de hacerlo tomando en consideración los hechos y los fundamentos de derecho que las partes les presentan y han de cumplir la ley aunque la solución no sea del todo “justa” según la particular idea de la justicia que tenga cada cual. La cosa se complica porque ciertamente los hechos no son siempre claros ni fáciles de demostrar. Las leyes tampoco son del todo “justas”, sino que responden a la necesidad de resolver los problemas que se van planteando en la sociedad y como mucho consiguen ir tapando agujeros, pero nunca alcanzan a prever todos los matices que se van a dar en la vida real. Por todo ello se puede decir que el sistema judicial no es ni mucho menos perfecto y que las leyes tienen lagunas. Y esto en el mejor de los casos y sin tomar en cuenta otros problemas añadidos como la falta de personal o de medios, los retrasos en los procedimientos, los errores judiciales, etcétera.

Los abogados en este sistema somos, por explicarlo con un símil, jugadores que han de conocer sus cartas y las reglas del juego e intentar hacer la mejor jugada posible, tomando en consideración el sistema que tenemos, las normas con las que contamos y los hechos que se presentan en cada caso. Ese es nuestro trabajo y no robar al cliente ni empujarle al vacío animándole con falsas promesas, a pesar de la mala fama que muchas veces parece perseguirnos. Los principios y la ética profesional son el cable a tierra de esta profesión y afortunadamente nos consta que hay muchos compañeros que las respetan.

A pesar de lo que pueda parecer ni es un trabajo fácil, ni siempre está bien pagado, ni siquiera puede decirse hoy día que esté socialmente bien considerado. Sin embargo, de nosotros depende que el cliente entienda la situación por la que atraviesa, comprenda sus expectativas reales y tenga suficiente información para tomar la decisión correcta en cada caso. Es importante que alguien haga esa labor, pero no puede esperarse del abogado que solucione todos los problemas del sistema cuando no es más que un pequeño engranaje.

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Fin del contrato de arrendamiento.
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Cuervo Alfageme Abogados | 27-10-2008 | 12:37| 0

Beatriz y su novio van a casarse y piensan vivir en un piso que sus padres tienen ahora alquilado, en cuanto los inquilinos se vayan. El problema es que se quieren casar en julio y el contrato no termina hasta octubre de 2009 que es cuando acaban los cinco años de duración mínima. Nos pregunta si hay alguna manera para dar por terminado el contrato antes del mes de octubre y de esa forma ocupar ellos la vivienda, ya que no disponen de ingresos suficientes para comprar o pagar un alquiler.

En el caso que nos comentas no vemos ninguna posibilidad de extinguir ese contrato, a no ser que los inquilinos quieran colaborar de forma voluntaria, pues el hecho de que tus padres quieran cederos el uso no es justificación suficiente.

La Ley de Arrendamientos Urbanos solamente prevé la posibilidad de que un contrato que tenga por destino vivienda habitual pueda tener una duración inferior a cinco años y es cuando el propietario necesite para si mismo ese inmueble antes de esa fecha y así se haya hecho constar en el contrato de arrendamiento desde un primer momento.

Como puedes ver, en la situación actual no son tus padres quienes necesitan la vivienda y además, no estaba previsto en el contrato.

Tema distinto sería que los arrendatarios incumplieran sus obligaciones, lo que podría dar lugar a la extinción del arrendamiento.

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Pensiones alimenticia y compensatoria.
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Cuervo Alfageme Abogados | 19-10-2008 | 22:02| 0

Eladio nos comenta que su hija piensa divorciarse aunque tiene una situación económica complicada. Su marido es el único que trabaja, tienen dos hijos y viven en un piso que han comprado y del que están pagando mensualmente una determinada cantidad en concepto de “hipoteca”. Eladio, que se encuentra preocupado por su hija, nos pregunta si ésta tendría derecho a quedarse con el uso de la vivienda y cuánto debería abonarle al mes su marido.

No hay una única solución válida ni posible cuando se produce un divorcio. Ahora bien, en la situación que nos comenta Eladio lo más probable es que el divorcio de su hija se resuelva de la siguiente manera. En primer lugar, es posible que sea ella quien se quede con la custodia de sus hijos, habida cuenta que no trabaja y tiene más tiempo disponible para hacer frente a su cuidado mientras que el padre tendrá a su favor un derecho de visitas.

En segundo lugar, y respecto a la parte económica, si la madre se va a encargar de la custodia de los menores, el padre deberá abonar una pensión de alimentos para cada uno de los hijos cuya cuantía se fija en atención a su sueldo y a las necesidades de los menores. Dado que la esposa no trabaja podría tener derecho a una pensión compensatoria aunque la duración y el importe de la misma va a depender de su edad, su preparación, la duración del matrimonio, sus posibilidades de acceder a un trabajo, etcétera.

Por último, en cuanto a la vivienda, también en esta hipotética solución que planteamos, el derecho de uso se otorgaría a la madre y a los hijos mientras que el préstamo hipotecario deberían abonarlo al cincuenta por ciento cada uno, aunque, como indicamos, caben otras muchas soluciones.

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