Firmas falsificadas en facturas y una sentencia que no se recurre pese al daño que origina al Conservatorio y a los profesores

Dos concejalías del Ayuntamiento han sido noticia en los últimos días y en las dos la primera conclusión que se saca es que sus responsables van a tener que dar muchas explicaciones para aclarar lo que, a simple vista, ‘suena’ mal. En el área de Festejos se reconocen de entrada los pagos irregulares de 6.138 euros, correspondientes a la partida de premios del Antroxu desviada a otras actividades del mismo área. Un asunto feo que sale a la luz porque los integrantes de una charanga, Los Diañus, reciben un requerimiento de la Agencia Tributaria para que en sus respectivas declaraciones de Hacienda hagan constar el «premio» recibido por cada uno, tal y como desveló en exclusiva LA VOZ DE AVILÉS.

Fachada del Conservatorio Julián Orbón. Foto: Marieta

Nada extraño en tiempos en los que Hacienda escudriña nuestras vidas económicas hasta el último céntimo, pero sorprendente cuando los propios «diañus» revelan que hace cuatro años que se disolvieron y que por lo tanto no participan desde entonces en ningún Antroxu.

La alcaldesa ordenó el pasado 25 de mayo una investigación por parte de Intervención sobre lo sucedido en esas partidas de premios desde 2013, una vez que llega la primera denuncia por parte de los propios interesados. Habrá que esperar a ver los resultados de esa investigación, pero de entrada estamos ante un hecho muy grave. Aún admitiendo que ese dinero, como se ha dicho, haya servido para cubrir otras actividades que se hicieron, y salvando el aspecto personal –Ana Hevia, la concejala de Festejos, es una de las ediles más asequibles de este Ayuntamiento, se ha sentido sola en muchas ocasiones dentro de su propio grupo y el balance de su trabajo está ahí para mostrar si nos atenemos al resultado de los programas festivos en cuanto a respuesta popular se refiere–, lo que es evidente es que de entrada en su departamento se han falsificado firmas, supuestamente para que alguien pudiera cobrar sus servicios. Ese solo dato hace saltar ya todas las alarmas sobre el funcionamiento de ese departamento, por lo que, de momento, sólo cabe esperar el dictamen de la interventora municipal, pero la alcaldesa haría mal si solo se conformara con los datos de los premios del Antroxu.

Cuando en un departamento se llegan a falsificar las firmas de unos particulares, lo exigible es llegar hasta el final para que no quede la más mínima duda sobre los procedimientos administrativos. Y a partir de ahí, exigir las responsabilidades correspondientes sin ninguna dilación.

Sentencia del Conservatorio

Una sentencia del Contencioso Administrativo número 5 de Oviedo ha anulado el nombramiento de la actual directora del Conservatorio Julián Orbón al no cumplir con las bases que debe regular el proceso de selección de este cargo en los centros educativos sostenidos con fondos del Principado. La sentencia dice, básicamente, que no se cumplió el requisito de la Ley Orgánica de Educación que establece que es necesario ser funcionario de carrera, del cuerpo docente, para dirigir un conservatorio como éste. En el caso de este requisito que señala el texto judicial, se da la paradoja de que ningún profesor del Conservatorio de Avilés reúne esa condición ya que todos, sin excepción, son empleados con contrato laboral.

La sentencia, en principio, ofrece alguna duda, ya que da por sentado que el conservatorio avilesino está sujeto a la normativa del Principado, cuando en Asturias hay tres conservatorios municipales –Avilés, Mancomunidad del Nalón y Occidente– y dos que pertenecen a la comunidad autónoma –Oviedo y Gijón–. Desde luego no parece lógico aplicar la misma vara de medir para los conservatorios autonómicos y los municipales. En el primer caso son enteramente sufragados económicamente por el Principado, y en el segundo la Administración regional aporta una subvención –que no debe pasar del 20 por ciento–, mientras que el resto de los costes corren por cuenta de los ayuntamientos respectivos. Estos últimos están en las mismas circunstancias del de Avilés.

Por eso no deja de sorprender la celeridad con la que la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, ha anunciado que no se va a recurrir la sentencia porque es «clara». Una posición que casa mal con lo que debería ser la defensa de los intereses del Ayuntamiento, que si se aplica la sentencia deberá contratar a un profesor de fuera, con el coste correspondiente, y con la nula defensa de los intereses de todos los profesores del Conservatorio Julián Orbón, que quedan imposibilitados para aspirar a la dirección del centro.

Es un secreto a voces en esta ciudad que la concejala de Cultura no apoya a la actual directora del Conservatorio, con la que mantiene serias discrepancias, pese a que ella –y así lo avala una sentencia judicial y un informe jurídico del Ayuntamiento– es la que está capacitada para organizar el funcionamiento del Conservatorio, según la normativa educativa oficial. Es más, la concejala de Cultura es consentidora de la grave anomalía que se está produciendo en la Asociación de Padres y Madres del centro, al permitir que la presidenta actual –también enfrentada a la directora– sea una alumna del conservatorio y no la madre de un alumno, como está estipulado. Legalmente está incapacitada para ostentar ese cargo. Lo mismo ha dado que la Federación de Padres y Madres haya mostrado su rechazo por esta situación. La presidenta-alumna ahí sigue sin que la concejala haya hecho algo para corregir esa irregularidad. Y por cierto, no parece que ésta sea la única que esté admitiendo.

A los políticos hay que exigirles siempre que tengan claro, sobre todo cuando tienen responsabilidades sobre determinadas áreas, que su primer deber será siempre velar por los intereses de los ciudadanos que los eligieron para que en su labor no aparezca nunca la más leve sospecha de arbitrariedad o irregularidad.

Publicado en La Voz de Avilés el 12 de junio de 2016.