El problema sindical es mayúsculo en nuestro país, precisamente en un momento histórico en el que las organizaciones obreras son más necesarias que nunca para poner freno a la pérdida de derechos que está muy lejos de haber terminado. Pero resulta que nos encontramos con unos sindicatos que cada vez tienen menos afiliados y que se vienen ganando un desprestigio creciente.

¡Qué lejos quedan aquellos tiempos en los que los ateneos obreros querían facilitar el conocimiento mediante bibliotecas y clases que impartían maestros a todos aquellos que no habían tenido oportunidad de adquirirlo! Frente a aquello, se descubre que en algunos casos no está clara la administración de los dineros que se hace en los llamados cursos de formación, en los que, de otro lado, no siempre están ausentes organizaciones empresariales que incurren en prácticas muy similares. Hay ciertos hermanamientos que recuerdan mucho al sindicato vertical del antiguo régimen.

Pero, en lo que se refiere a los llamados cursos de formación, sin entrar en casos concretos que hacen barruntar lo peor, me cuesta mucho entender cómo es posible que nadie se haya manifestado en la vida pública en torno a algo que es muy elemental: ¿No debe estar la formación en el ámbito de las instituciones educativas, en lugar de dispersarse por otras organizaciones, sean éstas empresariales o sindicales?

No sólo nos preguntamos por el modo en que se administran los dineros, sino también por los criterios que se siguen a la hora de elegir a las personas que se encargan de impartir esa formación. ¿Con qué baremo se seleccionan? Aquí, cabría exigir la transparencia con el mismo rigor que para otras cosas.

Hablamos de dinero público y de formación de muchos ciudadanos. ¿No se está cayendo en la contradicción de que aquí no sólo se acepta sino que además se demanda una especie de privatización que se rechaza para otras muchas por parte de los principales sindicatos?

¿No tendría que tener presencia la Formación Profesional en esto, que cuenta con un profesorado idóneo y titulado? ¿No se vino haciendo de estos cursos de formación una especie de enseñanza privada financiada, una vez más, con dinero público? ¿Por qué nunca se ocupó de esto la opinión publicada?

Miren, no nos encontramos sólo en los cursos de formación, en los que participan organizaciones empresariales y sindicales, con algunos episodios que dieron y dan lugar al escándalo, sino también con el hecho de que no se sabe muy bien con qué criterios se elige a las personas que se ocupan de impartirlos.

Se diría que esto forma parte del mundo al revés: sindicatos que, de algún modo, privatizan la enseñanza, mientras que al Estado, es decir, a todos, le toca poner dinero y no intervenir en nada, ni siquiera en la selección del profesorado.

Y, una vez más, la opinión publicada permanece silente, y la autocrítica, si la hubiere, se siente y se sabe amordazada.