Estamos en vísperas de un juicio que, en muchos sentidos, nos sobrepasa. De entrada, don José Antonio Soto-Jove, presidente de la Audiencia Provincial de Asturias, declara que el espacio del que se dispone se quedará pequeño, por lo que habrá que arbitrar otras medidas para albergar todo lo que el caso conlleva. Y, por otra parte, según se van conociendo noticias acerca de las facturaciones irregulares en muchos centros de enseñanza, además de sonrojo e indignación, nos vamos haciendo a la idea de las dimensiones escandalosas del asunto que aquí nos trae.

Miren, sin entrar en otras consideraciones que ya habrá ocasión de abordar, estamos hablando de un tiempo en el que se cerraron colegios rurales, aduciendo para ello que el número de escolares no era el suficiente para mantenerlos abiertos, y, al tiempo que se hacía eso, se perpetraban las presuntas irregularidades con pagos y obras. De aquello no se beneficiaba la comunidad escolar, desde luego, sino empresas y cargos públicos, cargos públicos que además se reclamaban de izquierdas y se declaraban heroicos defensores de la enseñanza pública. Si esto no es vomitivo, que vengan los referentes históricos de la izquierda y lo vean, los dirigentes históricos y el gran número de personas que lucharon por defender unas ideas, arriesgando en ello en su momento sus libertades, cuando no sus vidas.

En efecto, el tamaño sí que importa. Asturias es muy pequeña para que determinados comportamientos hayan generado un juicio de esta envergadura. En efecto, se cerraron colegios en localidades muy pequeñas como el que había en el pueblo tinetense de Los Semellones, obligando a los escolares a madrugar más para acudir al colegio donde los destinaron. Y aquello en su momento provocó que el entonces alcalde de Tineo, que pertenecía también al PSOE, se manifestase en contra de semejante medida a la que, según atestiguan las hemerotecas, calificó de «ratería». ¡Qué cosas!

Lo dicho: el tamaño sí que importa. En una comunidad autónoma, pequeña y ya entonces en pleno declive demográfico, tuvo lugar un descomunal saqueo a las arcas públicas. Y tiene un enorme significado simbólico que esta tierra no cuente con espacios los suficientemente amplios para dar cabida a la liturgia judicial que el caso que nos ocupa provocó. Y es que, si dejamos de lado, carencias y necesidades, que, desde luego, también hay, se supone que carecer de unas infraestructuras que cuenten con la cabida que el caso requiere, además de otras cosas, significa que se trata de algo que, también en cantidad, nos sobrepasa. Digo en cantidad, porque la mera existencia de una sola irregularidad financiera con el dinero público destinado a la escuela es algo lesivo, intolerable y crispante. Pero aquí los excesos son cuantitativos y cualitativos.

¿Cómo podrá vivir internamente esto la cúpula de la FSA, que, a su vez, llegado el momento, no le tembló el pulso a la hora de aplicar recortes tanto a las necesidades de la escuela pública como al profesorado?

Vergüenza y oprobio que diría el Zola del ‘Yo acuso’. Vergüenza y oprobio que nos sobrepasan, también en cantidad.