«Otro aspecto importante de la política video-plasmada es no solo que la televisión ha llegado a ser la autoridad cognitiva más importante de los grandes públicos, sino que al mismo tiempo atribuye un peso desconocido y devastador a los falsos testimonios» (Sartori).

El último gran escándalo de corrupción política que, entre otras cosas, ha llevado a todo un expresidente de la Comunidad de Madrid a prisión, tendría que significar un antes y un después en nuestra vida pública. Y ese punto de inflexión debería partir del convencimiento de que tienen que acabarse muchas cosas, no solo las puertas giratorias y los privilegios de la mal llamada clase política, sino que también urge legislar de tal forma que no pueda haber fisuras en lo que se refiere a que determinados nombramientos de jueces y fiscales tendrían que hacerse por criterios puramente profesionales sin que el poder político pudiese intervenir en ello.

Y es que en el caso que nos ocupa, presuntamente, no solo se ha sustraído dinero público, sino que además algunas de las conversaciones telefónicas que salieron a la luz ponen claramente de manifiesto que se pretende ejercer presión sobre el ámbito judicial desde el poder político. O sea, que se sigue asesinando a  Montesquieu. O sea, que las garantías democráticas y procesales tendrían que asegurarse mucho más.

Quede claro que no pongo en duda la honestidad y la profesionalidad de nadie. El tema no es ése, sino otro muy distinto: que el poder político no tenga influencia alguna en determinados nombramientos. Que ningún alto cargo de la Fiscalía y del Poder Judicial le deba el puesto al Gobierno de turno, al político de turno.

¿Cómo no recordar a don Eligio Hernández, cuando ejerció de Fiscal General del Estado en tiempos del felipismo? ¿Cómo pasar por alto que hubo y sigue habiendo determinados nombramientos que, a la hora de ejercer su cargo, pusieron y ponen difícil creer que su actuación es de todo punto independiente?

Y, como ven, me remonto a una época pasada para poner de manifiesto que la acuciante necesidad que planteo en este artículo tiene ya un largo recorrido, viene de muy lejos.

Y, volviendo al presente más inmediato, no sé si, al final, tendrá lugar la moción de censura que anunció el líder de Podemos. Pero, en todo caso, me parece que se dan todas las circunstancias favorables para que la mayoría de los partidos políticos acuerden modificar la legislación en lo que se refiere a determinados nombramientos. No sería un pacto ideológico, sino algo mucho más profundo: un pacto por la decencia, en el que no tendría que haber discrepancias si, de verdad, los partidos emergentes apuestan por la regeneración política; si, de verdad, lo que queda del PSOE pretende recuperar ante su electorado y ante la sociedad la credibilidad perdida.

¿Para cuándo un cortafuegos contra la corrupción que, por así decirlo, asegure la independencia del poder judicial? ¿A qué se puede estar esperando?