¿LA REFORMA CONSTITUCIONAL COMO PUENTE?
«Es urgente respetar el principio básico de la igualdad ante la ley en materia territorial»
Me sorprende que no se haya reparado en la metáfora que supone que los fastos constitucionales vayan asociados a un puente, toda vez que dos días después del día de la Carta Magna se rinde culto a la Inmaculada Concepción. La coincidencia, teniendo en cuenta el fervor mariano de España, es innegablemente llamativa, pues se une una efeméride cívica a una festividad religiosa. Esto, a Ganivet, no le hubiese pasado desapercibido.
Parece indiscutible que hay que reformar la Carta Magna y adaptarla al momento presente, corrigiendo y actualizando muchas cosas, que eviten, además de los desgarros y rupturas en el ámbito territorial, el desapego hacia la vida pública por parte de la ciudadanía que se viene incrementando en los últimos años.
Desde luego, una de las cuestiones más urgentes es ese principio básico, teóricamente irrebatible, de la igualdad ante la ley también en materia territorial. Se está debatiendo acerca de lo que debería ser un nuevo sistema de financiación. Pues bien, antes que ninguna otra cosa, lo que se pone de manifiesto es que se acaben las diferencias en materia impositiva, así como en los sueldos de los funcionarios públicos, por territorios. No es de recibo que, en la práctica, en asuntos de este calado, se rompa ese principio de igualdad.
Otro aspecto transcendental es la igualdad en materia de servicios públicos. En su momento, Maragall, siendo presidente de la Generalitat, habló de «un federalismo asimétrico». Esto habría que traducirlo con toda claridad: el busilis del asunto no está en quién y dónde gestione esos servicios públicos, sino en su calidad. Podría aceptarse que no todas las comunidades autónomas haya la mismas competencias, pero sería innegociable que hubiese diferencias en la calidad de los servicios públicos como la sanidad o la enseñanza.
A todo esto, debería añadirse otro asunto de la máxima urgencia, como es la necesidad de una regeneración política. ¿Sería mucho pedir que se alcanzase un pacto para acabar con los privilegios de la mal llamada clase política? ¿Acaso no es prioritario que en instituciones y organismos públicos como el Consejo General del Poder Judicial y RTVE, entre otros muchos, dejasen de ser los partidos políticos los que decidan unos nombramientos que despiertan sospechas acerca de la necesaria neutralidad que exige que no haya condicionamientos?
El problema está no solo en la capacidad de llegar a acuerdos necesarios, sino también en la voluntad de corregir y de evitar situaciones que llevan al desapego y al escepticismo. Sin duda, se podrían apuntar otras muchas necesidades de cambio y reforma, pero, como punto de partida, me limito a señalar lo que considero más urgente.
