Destino asturias

Mariano Rajoy, Alfredo Pérez Rubalcaba y Cayo Lara coincidieron en la mañana de ayer en el vuelo que les trajo al Principado para participar en la campaña electoral de las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo domingo. No se vieron afectados por las cancelaciones de los últimos días, causadas por las nieblas, pese a los modernos sistemas para facilitar el aterrizaje y el despegue instalados en el Aeropuerto de Asturias. No pudieron utilizar todas la ventajas que el AVE pondría a disposición de los viajeros, aunque el viaje en tren a Madrid ya ha ido acortando su duración, dado que parte del trazado discurre por vías de alta velocidad. Si hubieran elegido la carretera, habrían podido hacer el viaje íntegramente por autopista y autovía, con parada en los peajes de Guadarrama y del Huerna.

No se puede afirmar que hoy día nuestra región sufra de aislamiento, una de sus señas geográficas históricas. Aunque la localización periférica en la península, unida a determinadas carencias en comunicaciones, cuyo reparo a través de la culminación de las infraestructuras ha ido aplazándose a los largo de los años (la citada alta velocidad ferroviaria, con los túneles de Pajares horadados y sin uso, y para la que el tramo Lena-Gijón ni siquiera cuenta con previsión; o la autovía del Cantábrico, que lleva un cuarto de siglo en construcción), así como el coste de los vuelos, consiguen mantener viva la percepción de que los obstáculos orográficos se mantienen en su integridad, y de que Asturias está aún más distante de los centros de decisión de lo que verdaderamente se encuentra.

Las elecciones anticipadas del 25 de marzo, fuera del calendario habitual, y que han coincidido con las andaluzas, están teniendo la virtud de hacer visible Asturias y sus problemas de una forma diferenciada a los de las demás regiones para el resto de España. Ayer, Rajoy insistió en Oviedo en la inconveniencia de que la región quede convertida «en una isla», refiriéndose, en su caso, a que fuera una de las pocas comunidades que quedara al margen del mapa azul que rige en casi toda España y al que es previsible que se sume también Andalucía por vez primera. Aunque ante la división del electorado asturiano, en el mejor de los casos para su partido, el de conseguir remontar el resultado de hace diez meses de Foro, necesitase de algún tipo de apoyo de la formación de Álvarez-Cascos. Rubalcaba, por su parte, prefiere, como es natural, la diferenciación de Asturias por la vía de la resistencia a la ola popular, y basó su discurso en Pravia en la alternativa que representa frente a «la casa de los líos» del Gobierno de Asturias y «los destrozos que hace el Partido Popular allí donde manda». Finalmente, Cayo Lara en Gijón prefirió apoyar la campaña a través de su respaldo a la huelga general, confiando en que de camino a la protesta del 29, recoger votos el 25.

Y como la visión proyectada desde Asturias pasa por el relato que de ella se hace, Álvarez-Cascos criticó ayer en Ribadesella la distribución de los tiempos en los informativos de TVE, en los que habría resultado perjudicado Foro Asturias frente a quienes vinieron de Madrid a participar en la campaña electoral, que vendría a ser un ejemplo de la marginación a la que alude habitualmente el presidente del Principado para sustentar la necesidad de una formación independiente a los grandes partidos para defender los intereses de Asturias.

Opciones ante el 25M

Por tercera vez en diez meses, Asturias se ve inmersa en una campaña electoral. Tras las autonómicas del 22 de mayo de 2011 y las generales del 20 de noviembre, el Principado vive las elecciones anticipadas por el presidente Álvarez-Cascos para poner fin al bloqueo al que el Gobierno en minoría se veía sometido por la mayoría parlamentaria, cuya principal y definitiva manifestación fue el rechazo de los presupuestos de 2012. Bien haya sido debido a un pacto entre socialistas y populares, según unos, o a la incapacidad para llegar a acuerdos, como argumentan otros, o por ambos motivos en la proporción que cada uno asigne, el hecho es que en apenas dos semanas las urnas establecerán una nueva composición de la Junta General. Aún en el caso de que el resultado no muestre diferencias significativas con los anteriores comicios regionales, buena parte de los diputados sí habrá sido relevada, dada la sustancial renovación con la que el PSOE y sobre todo el PP, que también sustituye al cabeza de lista, acuden a la convocatoria, lo que hace suponer, quizá con demasiada ingenuidad, que algún acuerdo que dé estabilidad a la cámara asturiana, ante la improbable mayoría de ninguna de las fuerzas, pueda ser posible.

Foro Asturias, aunque cargará con parte de la responsabilidad de la frustración de su mandato, ha pasado demasiado poco tiempo en el gobierno como para evaluar una gestión que por lo general se desarrolla en el plazo de cuatro años. Alguna consejería, y no sencilla, como la de Sanidad, ha podido, incluso, comenzar a apuntar resultados positivos. Paradójicamente, la participación en las filas de Foro de una buena porción de neófitos de la política ha obligado también a invertir energías en iniciarse en ella. El optar por no rehuir ninguna decisión sobre las propuestas de su programa, por impopular que fuera, ha hecho estallar sonoros conflictos (Niemeyer, RTPA) que determinado electorado no siempre valorará en sentido negativo.

El PP se beneficiará, por un lado, de la estela de la victoria de Mariano Rajoy, quien aunque comienza a percibir el rechazo de las medidas que ha empezado a aplicar (sobre todo, la reforma laboral), todavía no se ve gravemente afectado por la desconfianza de sus electores, pese a que con la presentación de los presupuestos, justo después de las elecciones asturianas y andaluzas, tendrá que incrementar los ajustes. También se verá favorecido el PP por la sustitución de las figuras más ‘tocadas’ en la batalla con Álvarez-Cascos y antes por las sucesivas derrotas electorales.

El PSOE no ha podido alejarse de la herencia de Zapatero, de la que el mismo Rubalcaba, aún pasando por la reválida de un congreso, es rehén, pues ejerció un significativo papel en todos sus gabinetes. El partido mantiene una fortaleza y una estructura que ninguna otra fuerza ha conseguido desarrollar en Asturias, con una base social amplia que quizá ahora esté en sus mínimos (en cuanto a sufragios, así ha sido). Su candidato y líder ha vinculado su continuidad al resultado del 25-M.

IU, quien pese a formar parte de los gobiernos socialistas de Asturias ha ido recogiendo parte del descontento de la izquierda, vive su momento dulce, y es previsible que experimente un incremento en votos, que habrá que ver cómo se traduce en escaños. Como UPyD, sin verse afectada por el desgaste del poder, y tampoco el que propicia la estancia en la oposición, aspira, con serias opciones, a ser la quinta fuerza con representación en el Principado, una de las regiones en las que, desde un primer momento, tuvo un respaldo más nítido.

Hacia el pacto sanitario

Ha tenido que ir alargándose la sombra de la crisis, y creciendo el fantasma de la duda sobre el mantenimiento de los servicios públicos tal y como se prestan en la actualidad, para que haya podido llegar a plantearse la puesta en marcha de determinadas medidas de racionalización en algunos de ellos. Así ha ocurrido en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado el pasado miércoles en Madrid. El órgano destinado a coordinar la política sanitaria nacional ha abordado, a iniciativa de la ministra Ana Mato, la necesidad de establecer «una hoja de ruta para avanzar hacia un pacto sanitario», según sus propias palabras. Un acuerdo aún en fase embrionaria pero que trataría en los próximos meses de unificar los criterios y las actuaciones de los diecisiete sistemas de salud que funcionan en España, y conseguir uniformizar así la cartera de prestaciones de todas las autonomías.

No tiene ningún sentido seguir distintos calendarios de vacunación, ni que las tarjetas identificadoras se vuelvan inservibles a partir de los límites de la comunidad autónoma, ni que se desperdicie la posibilidad de utilizar las economías de escala para, por ejemplo, beneficiarse todas ellas del ahorro que facilita la coordinación de las compras.

El consejero asturiano del ramo, Jose María Navia-Osorio, se ha apresurado a valorar muy positivamente el planteamiento, que ha definido como el «primer intento serio de cohesión sanitaria» desde que en 2003 culminó la descentralización y traspaso de la atención sanitaria en España, que fue en 2002 en el caso del Principado. Desde ese momento, los gobiernos regionales, en el uso de las competencias que recibieron, fueron adoptando decisiones y, pretendiéndolo o no, emprendieron caminos divergentes en muchos aspectos, los que ahora pretenden hacerse converger.

La coordinación que se busca no sólo ha de afectar a la gestión administrativa o médica, muy relevantes ambas, sino que ha de ampliarse a la definición a futuro del modelo de sanidad pública nacional y a las decisiones estratégicas para llegar a él. Aunque la cuestión trasciende al sector y requiere la concurrencia de instancias superiores, como son los parlamentos nacional y autonómicos, las propuestas que al respecto emanen del consejo interterritorial, junto con las de los representantes de los profesionales y las de los especialistas, deberían aproximar en buena medida las soluciones que finalmente sean adoptadas.

Son estos últimos, los estudiosos de los mecanismos de las administraciones y sus economías, quienes han advertido una y otra vez de la necesidad de adoptar medidas encaminadas a salvaguardar la pervivencia de las prestaciones públicas. Sirva como ejemplo, por su exhaustividad y las múltiples perspectivas desde las que fue abordado el problema, el ciclo de conferencias celebrado en 2009 en el Real Instituto de Estudios Asturianos, promovido por el ex presidente asturiano Juan Luis Rodríguez-Vigil, sobre la sostenibilidad del sistema sanitario regional.

Ademas del interés en su pervivencia por la vía de la racionalización y la eficiencia y, en su caso, del establecimiento de los servicios prioritarios y las vías para su mantenimiento, se presenta, como asunto de fondo, la consideración de la sanidad pública como una de las traslaciones prácticas, tangible para el ciudadano, de los principios de igualdad y solidaridad que nuestra democracia propugna y que al Estado, sin menoscabo de las competencias territoriales, le corresponde garantizar.

Ante la justicia

El marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, compareció ayer en medio de una excepcional y comprensible expectación en los juzgados de Palma para declarar ante el magistrado que instruye la pieza derivada del ‘caso Palma Arena’-en el que se investiga entre otros al ex presidente balear Jaume Matas-, que indaga en las actividades desarrolladas en torno al Instituto Nóos. El duque de Palma recorrió a pie los últimos metros de acceso a la sede judicial y defendió en una breve alocución ante los periodistas su «inocencia y honor en mi actividad profesional», llevada a cabo «de manera correcta y con total transparencia», y aseguró que acudía «con intención de aclarar la verdad de los hechos». Dos gestos de dignidad encaminados a tratar de rehacer una imagen pública muy afectada por las revelaciones que han ido conociéndose. Durante el interrogatorio, Urdangarin señaló a su exsocio Diego Torres, con quien no mantiene relación, como responsable de la administración del instituto, al que él sólo aportaba su imagen.

Sin ninguna intención de anticipar el fallo, y ateniéndonos al momento procesal en el que nos encontramos, esto es, las declaraciones de los imputados sobre los hechos que son materia de la investigación judicial, el listado de cuestiones sobre las que el duque y sus colaboradores están respondiendo ante el juez José Castro son de una evidente gravedad: adjudicaciones millonarias sin concurso, amparo en instituciones sin ánimo de lucro y fundaciones benéficas, irregularidades contractuales y contables, simulación de operaciones mercantiles, contrataciones falsas, evasión fiscal y fraude a la seguridad social, todo ello amparado y multiplicado en su repercusión por la utilización de la imagen la Corona.

Constituyen todo un catálogo de usos que, por desgracia, han sido de una habitualidad más que sonrojante en nuestras administraciones públicas. Véase, sin ir más lejos, el ‘caso Renedo’, uno de los pocos de supuesta corrupción que han llegado a sede judicial en Asturias, y que ha hecho pasar por la prisión al ex consejero de Educación Iglesias Riopedre, así como a su mano derecha María Jesús Otero y a la alta funcionaria Marta Renedo, además de a dos empresarios. Aunque los implicados son una minoría dentro de la clase política y del funcionariado, a los que es injusto acusar indiscriminadamente, la repetición a lo ancho de la geografía nacional sirve para explicar la creciente desconfianza entre la ciudadanía. En medio de la situación de aguda crisis, en la que la alegría y dispendio con las que ahora se constata que ejercieron su labor determinados gobernantes tuvo un papel significativo, el saqueo del erario público adquiere un cariz más reprobable.

En el ‘caso Nóos’ las consecuencias van aún más allá de las que moral o penalmente puedan llegar a corresponder. La relevancia nuclear del vínculo familiar en la Monarquía; su carácter hereditario, al margen del sufragio, por más que mayoritariamente aceptada por los españoles; y los componentes de tradición y confianza, que dotan al comportamiento de sus miembros de un valor ejemplar y otorgan a los hechos enjuiciados de una perspectiva política de calado. La Casa del Rey, en la primera declaración judicial de un componente de la familia real, hace frente a una situación inédita con firmeza, apartando por el momento a Urdangarin de la agenda oficial y apelando también a la igualdad ante la ley y a la presunción de inocencia, como corresponde, y lo que contribuirá sin duda, sea cual sea el veredicto, a su aún mayor legitimación entre los españoles.

Candidatos

Los partidos políticos afinan sus organizaciones en Asturias con vistas a los comicios autonómicos del 25 de marzo y en los últimos días las tres principales fuerzas han aprobado los candidatos con los que concurrirán a las elecciones. La convocatoria anticipada decidida por el presidente del Principado fue duramente criticada por el resto de opciones, aunque tanto PSOE como PP han aprovechado la inesperada ocasión para llevar a cabo una profunda renovación de las personas que proponen a los asturianos para que les representen en la Junta General.

El primer partido en presentar sus candidaturas fue el PSOE, que consiguió un apoyo casi absoluto entre los miembros de su Comité Autonómico, pese a que significados miembros de gobiernos socialistas, muchos cercanos a Álvarez Areces, quedaron excluidos de la lista, así como secretarios locales de la organización de plazas tan relevantes como Gijón, Avilés, Langreo y Mieres. El respaldo de Pérez-Rubalcaba, flamante secretario general del PSOE, en correspondencia a la temprana adhesión de los principales responsables de la FSA, y el escaso margen que el calendario otorgaba facilitaron sin duda las cosas. En su segunda oportunidad para optar a presidir el Principado, Javier Fernández ha asegurado que se juega «todo en este desafío», lo que apuntaría a que la confianza solicitada a su militancia tendría la caducidad establecida en los próximos comicios.

Tres días después, el pasado martes, el Partido Popular vivió una jornada maratoniana en la que la transformación de su candidatura llegó aún más lejos, ya que empezó por el presidente de la organización en Asturias, siguió por la cabeza de lista y continuó por el resto de nombres. El Comité Ejecutivo, la Junta Directiva y los comités electorales regional y nacional sellaron los cambios en pocas horas. Mercedes Fernández, tras su victoria en las generales de noviembre, sustituye a Ovidio Sánchez en el partido y a Isabel Pérez Espinosa como candidata y elabora un listado con muy pocas repeticiones respecto al presentado hace ocho meses. La junta local de Gijón quedó apartada, así como el portavoz parlamentario y presidente del PP en Avilés y, como golpe de efecto, incluye a la interventora general del Gobierno de Álvarez-Cascos. Tuvo ayer Fernández la ocasión de recibir a su vez el apoyo de su organización en el congreso nacional, y Mariano Rajoy propugnó un gobierno para Asturias «moderado y tranquilo».

El jueves fue Foro Asturias quien dio a conocer sus candidatos al parlamento regional, con pocas variaciones respecto a mayo: Álvarez-Cascos al frente, mayoría de ex populares, apenas algunos descartes y reubicaciones en el orden, con preferencia por aquellos con experiencia política y lealtad probada. Las principales modificaciones promovidas por la formación que ostenta el Gobierno de Asturias no están en sus propias filas, como acabamos de repasar, sino en las ajenas. Tanto PSOE como PP se han vito obligados a reaccionar a la sangría de diputados en la Junta General que sufrieron hace ocho meses acelerando sus renovaciones internas.

Pero las próximas elecciones en el Principado no son cosa de tres, sino que otras dos formaciones pueden representar un papel sustancial en un previsible juego de alianzas. Jesús Iglesias, al frente de Izquierda Unida y al margen de la batalla del centro-derecha, aspira a ver reforzada su presencia en la cámara regional, y José Ignacio Prendes, liderando UPyD en Asturias, cuenta con una oportunidad única de ser la quinta fuerza con representación parlamentaria, algo que tuvo al alcance de la mano en las autonómicas del 22 de mayo.

Gijón, estación término

Con inusual unanimidad, todos los partidos con representación en Asturias, incluido el PP gijonés, hicieron, cada uno con sus particulares apreciaciones, una reclamación común: el tren de alta velocidad (comúnmente conocido por las siglas comerciales AVE) entre Asturias y Madrid debe llegar hasta Gijón, la prevista estación terminal. Lo que parecía evidente, tal como se venía haciendo, que el recorrido ferroviario rápido con la capital española tomara como referencia la línea actual Madrid-Gijón, con parada en Oviedo, parece no serlo tanto para el Ministerio de Fomento. O no lo será antes de 2024, a falta de las previsibles ampliaciones de la información ofrecida el pasado jueves por la ministra Ana Pastor en la comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados.

Pastor adelantó en su comparecencia parlamentaria las líneas maestras del Plan de Infraestructuras, Trasporte y Vivienda (PITVI) que su departamento propondrá para los próximos años. Un programa muy marcado por las restricciones, que se agudizan en una materia en la que a los compromisos se suman los proyectos truncados y las promesas de los años en los que las infraestructuras fueron ofrecidas, y reclamadas, con la alegría propia de quienes consideran los recursos ilimitados.

Es razonable que el plan se enfrente en primer lugar a las obras en marcha, y plantee de forma realista su terminación. Pero, aún así, será necesario establecer prioridades, pues son demasiados los proyectos iniciados como para poder abordarlos todos. En el caso de Asturias las preferencias vienen determinadas por la Autovía del Cantábrico con -un cuarto de siglo después de su inicio- cuatro tramos aún pendientes, dos en Oriente y dos en el Occidente, en los que Fomento calcula una inversión de 484 millones de euros para completar los 40 kilómetros que interrumpen su trazado a lo largo de la costa. En segundo término figuran los 44 kilómetros sin construir de la autovía Oviedo-La Espina-Canero.

El ministerio también recoge como estratégica la culminación del trazado ferroviario de alta velocidad hacia Asturias en el recorrido de Venta de Baños a Pola de Lena (1.719 millones de euros), lo que acortaría notablemente el tiempo de viaje y resuelve, contra la anterior previsión de José Blanco, que tendrá todo él un único ancho, el internacional.

Pero nada recoge el PITVI acerca del resto del trayecto, de Lena a Gijón, un recorrido complejo, caro, que discurre por zonas angostas y habitadas y que debe resolver su entrada en Oviedo y enlazar con el soterramiento en Gijón, incluidas las nuevas estaciones en ambas ciudades. A falta, por tanto, de aclaraciones o rectificaciones, el AVE Madrid-Gijón terminaría en Pola de Lena, al menos hasta 2024, con lo que quedaría apartada la posibilidad de que la parte final del trayecto, incluso en un nivel de prioridad inferior a los tramos que progresivamente vayan ampliado el actual trazado de la alta velocidad, vaya a ser construida en al menos doce años.

La planificación del AVE se desarrolla en paralelo a las soluciones de soterramiento del ferrocarril y las estaciones para recibir la alta velocidad. Las sociedades públicas constituidas para ello basan buena parte de su financiación en la liberación de suelos y en las plusvalías urbanísticas que estos generen. Es obvio que la situación del mercado inmobiliario, como la de la inversión disponible en las arcas públicas, no lo hará factible en los próximos tiempos, pero aplazar de un plumazo durante más de una década una parte esencial del trazado así como su entronque en el entorno urbano es cercenar de antemano proyectos trascendentales para el desarrollo de Asturias.

Elecciones anticipadas

El pasado lunes, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, un presidente asturiano hizo uso de la potestad que le confiere el Estatuto de Autonomía para disolver la Junta General y convocar elecciones anticipadas. Apenas han transcurrido ocho meses después de los comicios regionales del 22 de mayo, y dos de las generales del 20 de noviembre, de tal forma que el próximo 25 de marzo los asturianos habrán sido llamados a las urnas en tres ocasiones en diez meses. Huelga recordar que la actuación se atiene a la legalidad estricta, y que responde a la reforma estatutaria llevada a cabo en 1999 gracias a la cual el máximo representante político e institucional asturiano adquiere la relevante facultad de adelantar la votación, lo que otorga madurez a la capacidad de autogobierno del Principado. La disolución no puede decretarse en el primer periodo de sesiones de la legislatura, por lo que Álvarez-Cascos ha hecho uso de ella al poco de tener la posibilidad de hacerlo.

Tal profusión de procesos electorales no es habitual, y pueden parecer excesivos, dado que durante la espera del nuevo gobierno numerosas iniciativas quedan aparcadas, pueden causar en el electorado cierto hartazgo y contribuir a desanimar la participación. El líder de Foro Asturias justificó su decisión en las «alarmantes y amenazadoras» circunstancias que se ciernen sobre nuestra región, así como en la imposibilidad de llevar a cabo la «acción renovadora» que los votantes le reclamaron debido a lo que denominó «complot parlamentario» de populares y socialistas, que llegó a impedir la aprobación del presupuesto para 2012. Por supuesto, PP y PSOE negaron la existencia de dicho pacto, y ambos atribuyeron a la incapacidad de Cascos para llegar a acuerdos el «fracaso» de su Gobierno.

Con complot o sin él, PP y PSOE en estos seis meses y medio ya habían pactado la Presidencia de la Junta General, un resorte esencial en una situación de minoría parlamentaria en la que Foro Asturias no ha sabido, o podido, navegar. Posteriormente acordaron impedir los recortes en la televisión autonómica y otras empresas públicas. Y, finalmente, sumaron sus votos para enmendar a la totalidad las cuentas del Gobierno, haciendo efectiva la prórroga del presupuesto anterior, el pactado por el PSOE e IU para 2011. Todo ello, por supuesto, también plenamente encauzado en las opciones que la legalidad permite.

La situación caminaba, efectivamente, en una dirección que la hacía insostenible. Cada modificación sustancial en las partidas presupuestarias de unas cuentas que no atienden a las prioridades del Ejecutivo debería haber pasado por la Junta General, y el Gobierno no podría haberse permitido ver sus iniciativas permanentemente derrotadas. Tampoco el PP habría resultado beneficiado, pues el electorado que comparte con Foro Asturias es de suponer que esperaba el acuerdo con quienes tiene en común buena parte de su programa. Solo el PSOE es quien políticamente podría haber extraído algún rédito, pero a costa de contemplar como el enrarecimiento del clima político acabara causando cada vez mayores perjuicios a todos.

A pesar de tener que reconocer de hecho el revés tras poco más de seis meses de gobierno, ha sido preferible para el Ejecutivo asumir los inconvenientes del adelanto y dejar que sean los asturianos los que se pronuncien otra vez. La probabilidad de que, con mayores o menores variaciones respecto al resultado anterior, del 25 de marzo no surja ninguna nueva mayoría es alta. Aún así, también cabe que el pronunciamiento de las urnas sirva para otorgar una oportunidad renovada a nuestros representantes para que antepongan los intereses compartidos a los particulares, el bien común al cálculo, el poder como medio antes que como objetivo en sí mismo. Confiemos en que no sea demasiado esperar, y que la conflictiva política asturiana acabe dando paso a el entendimiento suficiente para promover la recuperación económica e institucional del Principado.

El espectáculo del presupuesto

El rechazo de la Junta General del proyecto de presupuestos para 2012 elaborado por el Gobierno del Principado deja a Asturias sin el principal instrumento de un Ejecutivo para llevar a término sus políticas, mediante el que ordena y dispone el gasto en las cuestiones que considera prioritarias. La enmienda a la totalidad presentada por el Partido Popular, a la que el PSOE sumó sus votos, consiguió una mayoría parlamentaria que, además, tiene el efecto de mantener vigente el presupuesto de 2011, ya en vigor desde el 1 de enero al llegar el nuevo año sin unas nuevas cuentas públicas aprobadas. La enmienda total apunta hacia una decisión previa de no aceptar las cuentas, y es comprensible en quienes muestran un antagonismo de raíz, PSOE e IU, no por parte de quien ha manifestado la voluntad de participar en ellas, y que manifestaría sus correcciones a través de cuantas enmiendas parciales hubieran sido consideradas necesarias.

La continuidad del presupuesto elaborado en 2010 por el equipo del presidente Areces, fruto de una dura negociación entre PSOE e IU, será el punto de partida a partir del que, mediante traspasos de partidas, tras la puesta al día de los ingresos y una vez atendidos los requerimientos del Gobierno central, con las pertinentes modificaciones que la cámara autorice para los casos que lo requieran, deberá plantearse el gasto público del Principado.

El presupuesto prorrogado recoge unas prioridades políticas muy distintas a las de la formación gobernante y, paradójicamente, también a las del PP. Tampoco cumple los requisitos de contención del gasto y de deuda, ni las previsiones de ingresos, que pecaron de optimistas en su día, se acercan a las que corresponderían en la actualidad. La batalla política que se libra en la Junta tiene como principal beneficiario al PSOE, que con su apoyo a un PP crecido tras la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, facilita la revancha popular ante Foro Asturias, y ve como «las dos derechas» se desgarran en su lacerante conflicto.

Si el estado de cosas no se reconduce mediante un entendimiento estable, o mediante la tramitación de un nuevo presupuesto, como solicita el PP, de lo que no parecen vislumbrarse señales, el Gobierno verá notablemente disminuida su capacidad de maniobra, que puede incluso llegar a resultar obstruida y su acción paralizada. El viernes, el Gobierno de Asturias anunció que iniciaba el trabajo de adaptación del presupuesto prorrogado a los límites que establecerá el Gobierno central, tal como el ministro Cristóbal Montoro solicitó a todas las regiones, unas condiciones que, a falta de la concreción detallada, obligan a que sea inferior al precedente, así como a adaptarse a las variaciones del PIB. La previsión de transferencias del Estado a las comunidades autónomas, que constituye el principal ingreso, tampoco ha sido aún comunicada.

Mientras el espectáculo se desarrolla en las cortes regionales, los agentes sociales, los empresarios, y en general los ciudadanos inquietos por las cuestiones públicas asisten a él con perplejidad y preocupación creciente, dado que no es previsible que las hipotéticas salidas alternativas -el establecimiento de una mayoría parlamentaria con otros protagonistas, o incluso la disolución de la cámara y el adelanto electoral- vayan a servir para clarificar el panorama asturiano.

Cien museos

Asturias cuenta con más de cien centros dedicados a exponer la riqueza de su patrimonio cultural. Museos, centros de arte, culturales o de interpretación, aulas e instalaciones análogas se reparten por el Principado en un repertorio variado que va desde las instituciones asentadas (el Bellas Artes, incurso en una ampliación y completa reforma; el Arqueológico, recién rehabilitado; la Casa Natal de Jovellanos,…) hasta las nuevas propuestas de todo tipo (Museo Jurásico, Laboral Centro de Arte, el paralizado Niemeyer,…), pasando por todo un repertorio de instalaciones, decenas de ellas dedicadas a contenidos etnográficos con trascendencia local o regional: el oro, el pan, la sidra, los lavaderos, los vaqueiros de alzada,… con el Etnográfico de Grandas de Salime y el Pueblo de Asturias como enseñas. En Gijón es característico el interés por la pintura (Barjola, Piñole,…). No faltan los que se ocupan de actividades económicas relevantes en la región (Minería, Industria, Ferrocarril,…). Algunos son verdaderas joyas arquitectónicas y paisajísticas, véanse el Evaristo Valle y el Archivo de Indianos, entre otros; o únicos por su especialidad, como la recopilación de cerámica negra de Avilés. El Patrimonio de la Humanidad que constituye el arte rupestre tiene abundancia de establecimientos junto a las cuevas: Tito Bustillo, el Pindal o Candamo, y también alejado de ellas (Teverga). Adjunto a casi cada yacimiento arqueológico de cierta relevancia se alza la correspondiente aula de interpretación.

Es tal la profusión de centros que no es de extrañar que varios, como el del Parque Natural de Ponga o la Casa del Agua de Rioseco permanezcan cerrados. Y que la ampliación del de la Minería o las obras del de la Lechería de Morcín estén paralizadas. Aún así siguen construyéndose: el de la Pesca de Candás ha iniciado las obras. Algunos de los privados, verdaderas maravillas, no tienen regladas las visitas, como la Fundación Selgas-Fagalde; el Tabularium es una excepcional colección de arte asturiano,… sin museo. Asistimos a incongruencias como que el centro del Prerrománico del Naranco, dependiente de la Administración regional, esté al margen de las visitas a los bienes culturales que promueve, San Miguel de Lillo o Santa María, a cargo de la Iglesia.

Los principales museos y centros públicos son habitual objeto de debate político y social: su dotación presupuestaria, la orientación y Dirección, la contabilidad de las visitas que consigue atraer, los hitos de su programación. Pero todos ellos, hasta los más modestos, tienen un indudable interés, qué duda cabe. Salvaguardan y muestran una parte de la cultura asturiana, tanto por su contenido como, en su caso, por los edificios que recuperan y a los que confieren un uso que permite su conservación. Su papel turístico es también incuestionable, y es lícito que los concejos busquen dotarse de elementos de atracción de visitantes que entronquen con la idiosincrasia local, que sirven a su vez de escaparate del municipio.

Pero alguna de las circunstancias mencionadas, como el cierre, la dispersión y la descoordinación, así como la carga que supone para las endebles cuentas de los ayuntamientos, deberían llevar a la racionalización de las aulas y pequeños museos, y sólo promoverlos con su sostenimiento a largo plazo garantizado y un plan museístico suficientemente atractivo. Con horarios adaptados a la previsible demanda y personal eficaz y formado, dispuesto a impulsar el equipamiento. A la Administración regional le compete una aún mayor responsabilidad tanto con los que de ella dependen como con el resto, al margen de la titularidad del centro: en la medida en que constituya un bien social, ha de favorecer la coordinación con otros con los que pueda hallar relación, su inclusión en la promoción institucional, así como en rutas y guías impulsadas por ella y en la señalización oficial.

Nuevos sacrificios

Lo anunció el presidente Mariano Rajoy esta semana: más de la mitad del ajuste necesario para contener el déficit público está aún pendiente. De los 90.000 millones de euros que España gasta más de lo que ingresa (el 8% sobre el PIB), en el ejercicio en curso corresponde recortar unos 40.000 millones para conseguir la previsión del 4,4%, de los que más de 20.000 todavía no han sido aplicados y que por medio del aumento de ingresos o de la disminución de gastos es necesario ahorrar en las cuentas públicas de 2012. De ellos, 15.000 corresponderían a las comunidades autónomas, ya que todas ellas superaron los límites previstos. Los Presupuestos, que deberán presentarse antes del 31 de marzo, recogerán las nuevas medidas, muy centradas en las regiones, que para conseguir la disciplina requerida habrán de aplicar una sustancial poda en su gasto. Y, aún cumpliendo rigurosamente las previsiones, todavía faltará encajar el recorte previsto para 2013, que deberá dejar el déficit en el 3% del PIB.

La profusión numérica tiene una concretísima traslación a la vida cotidiana de las familias españolas. Aquellas que hayan conseguido esquivar por el momento el golpe del paro en alguno de sus miembros, están viendo los salarios contenidos, cuando no menguados, tanto en la función pública como en el sector privado, y enseguida, excepto aquellas con ingresos menores, comenzarán a notar el incremento de las retenciones del IRPF, del que no se librarán las exiguas pensiones, y también el del IBI, así como la cuota de las hipotecas. En Asturias contamos ya con una de las presiones fiscales mayores de Europa, al añadir el tramo autonómico y el recargo de los hidrocarburos, aunque es previsible que otras autonomías sigan el mismo camino.

Los autónomos y pequeños empresarios, directamente dependientes del consumo de bienes y servicios, tampoco se encuentran, por lo general, en una situación muy favorable. Algo similar, en su escala, a lo que ocurre en las grandes empresas, afectadas además por la merma del gasto público y por otros factores como los gravosos costes de la energía eléctrica (véase el caso de Alcoa, pero también los de ArcelorMittal y Asturiana de Zinc), con las excepciones, sobre todo, de aquéllas compañías en las que tiene gran peso el negocio internacional.

La previsión para los próximos tiempos no deja por tanto lugar para el optimismo, ya que en tanto el ajuste se completa y la confianza regresa el paro seguirá subiendo, la actividad retrayéndose y la ciudadanía tendrá que asumir nuevos sacrificios. Tienen los gobiernos central y autonómicos la enorme responsabilidad de ser muy certeros en el gasto, para con los limitados fondos de los que dispondrán ser capaces de hacer frente a las situaciones de necesidad social, al tiempo que impulsan la economía en aquellas materias en las que pueden ser más eficaces: promoviendo el retorno del crédito, creando el clima que recupere las inversiones, alentando el emprendimiento empresarial. No pueden pedir nuevos esfuerzos si las administraciones no lideran el ejemplo en cuanto a eficiencia y transparencia, por lo que no les puede temblar el pulso a la hora de dejar aparcados para siempre no sólo los gastos suntuarios, sino todos aquellos poco rentables social o productivamente.

El Gobierno ha anunciado que controlará los presupuestos autonómicos para garantizar la disciplina de las cuentas regionales, una función que nunca debió eludir y que, sin interferir en las competencias que a cada entidad constitucionalmente le corresponden, debe extenderse a la coordinación de determinadas actuaciones públicas. Es el caso de la sanidad, con un catálogo de prestaciones y de protocolos unificado en todo el territorio nacional, a partir del que cada comunidad fije los servicios a los que pueda hacer frente.

El Comercio Digital

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