Que en Asturias llueva no es una novedad reseñable. Las abundantes precipitaciones caracterizan el clima del Cantábrico, que cuenta con la contrapartida de sus temperaturas benignas y con el verdor que la alta humedad favorece. Sí ha sido digno de resaltar el balance pluviométrico del primer cuatrimestre del año, en el que los aguaceros hicieron presencia en 78 de las 120 jornadas, el mayor número de días desde que se conservan datos; y, sobre todo, los más de novecientos litros por metro cuadrado recibidos en el mismo periodo, un récord histórico según los cómputos de la hoy Agencia Estatal de Metereología (Aemet), iniciados en 1931, que supera ampliamente los 749 litros de 1979, el anterior mayor registro.
Aunque las inundaciones no han tenido las consecuencias del pasado año, y mucho menos las de junio de 2010, cuando la mayor parte de los cauces de la región se vieron desbordados y provocaron grandes destrozos, el agua ha anegado en los últimos días viviendas de Salinas, en las cercanías del río Raíces, y de Lugo de Llanera, con la capacidad de su red de saneamiento desbordada, e incluso obligó a cerrar a las visitas la cueva de Tito Bustillo, dado el caudal alcanzado por el río San Miguel que horada el macizo de Ardines. Los efectos de las aguas se han dejado notar en construcciones públicas tan dispares como el teatro de la Universidad Laboral de Gijón, cuajado de cubos para contener las goteras, y el Calatrava de Oviedo, que hubo de ser desalojado durante unas horas.
El enorme caudal, unido a las características orográficas del Principado, ha hecho de los habituales desprendimientos del terreno una de las señas del invierno y la primavera, y los argayos han dejado notar su presencia en caminos, carreteras y autovías de toda Asturias. En el corredor del Aller; en la autovía del Cantábrico, en Colunga; en la senda litoral de Carreño; y en la parte final de la ruta del Alba, por citar algunos de los más sonados, sólo unos pocos de las decenas que salpican la geografía astur, con el caso más dramático del del pasado septiembre, en el que la rotura de un canal en Arenas de Cabrales se cobró una víctima mortal al arrasar su vivienda. En lo que va de año, la Consejería de Fomento se ha ocupado de reparar nada menos que 63 hundimientos.
Es, precisamente, la inestabilidad de una enorme ladera el último obstáculo, tal como dio a conocer EL COMERCIO el viernes, que se ha interpuesto en la construcción de la variante de Pajares, según los técnicos del ministerio. Los 1.500 metros de monte que amenazan el trazado ferroviario en Campomanes precisan de un laborioso proceso de consolidación, y es un impedimento de mayor calado que las filtraciones de agua, acrecentadas por las altas precipitaciones, que serán canalizadas con relativa facilidad.
Los planes de Fomento para la variante pasan por el aprovechamiento progresivo de la infraestructura, aunque aún deberán transcurrir al menos dos años para que este se inicie. Primero uno de los túneles, en tanto se termina el del sentido contrario. Y en ancho ibérico mientras entra el servicio el resto del trazado hasta Madrid, para posteriormente adoptar el ancho internacional propio de la alta velocidad. Y combinando el uso para pasajeros y mercancías. Bien está que, si es posible acortar el viaje, vaya utilizándose la vía, siempre y cuando no implique nuevos retrasos para la puesta en marcha definitiva del AVE asturiano. Porque el peor argayo es el que no se disponga de los recursos necesarios para avanzar en la construcción de una infraestructura clave para el desarrollo de Asturias.
El comentario del director
Por Íñigo Noriega
Aguas y argayos
Lo público y lo privado
El debate sobre la titularidad pública o privada de determinados servicios está casi siempre marcado por posturas ideológicas previas. Mientras la izquierda muestra una preferencia hacia una Administración fuerte, dotada de competencias y medios, la derecha aspira por lo general a traspasar parte de la gestión a la iniciativa privada. Ambos sistemas cuentan con ventajas e inconvenientes, pero ni ‘lo público’, solo por serlo, garantiza una prestación con la suficiente calidad, ni el sector privado la ha de descuidar en su búsqueda de resultados. Tampoco la eficiencia es exclusividad de la gestión privada, ni en la pública encontramos sistemáticamente derroche e ineficacia.
En los últimos años de bonanza las administraciones españolas vivieron una etapa de crecimiento justificada tanto por la asunción y desarrollo de competencias en las comunidades autónomas como por la extensión de las coberturas sociales. Las empresas parapúblicas florecieron para esquivar las rigideces de la Administración: más flexibilidad para ejecutar distintas tareas, pero también para eludir los controles que la gestión de los asuntos comunes ha de necesariamente acatar.
Llegado el momento de la contracción del ciclo, con los ingresos menguados y la capacidad de endeudamiento agotada, los gobiernos se ven en la obligación de ajustar sus cuentas, pero las estructuras puestas en marcha, que acaparan buena parte del gasto, muestran una gran resistencia a su reducción. Resistencia que afecta por igual a los Ejecutivos de todos los signos políticos, porque ningún organismo acepta con facilidad su autoliquidación; se trata además de entidades públicas o semipúblicas, con características asimilables a las del funcionariado; y, desde luego, afecta al empleo de personas que tratarán, como es comprensible, de defenderlo y mantenerlo. Las autonomías miran para otro lado, y han dirigido la contención de las cuentas antes hacia las inversiones, más difícil de justificar en unas circunstancias económicas necesitadas de estímulo, pero más fácil de aplicar. El Gobierno central, por su lado, lanza una reforma de la Administración local que de mantenerse en sus términos, aboca a la disolución de miles de ayuntamientos, pero aplaza la propia.
La reforma que prepara el Principado, y que identifica como una primera fase, prevé obtener el refrendo parlamentario en la Junta General esta semana. Aunque pueden hacerse pocas objeciones a sus propuestas concretas (fusiona organismos con fines similares, liquida otros que han cumplido su objeto o ya no lo tienen, pone a la venta algún activo o sociedad), si cabe una fundamental, ya que más que una reestructuración amplia en varias etapas, y dirigida a encarar el fondo del problema, apenas propone una reorganización de algunas de sus entidades. Necesaria, desde luego, pero que en ningún momento pretende definir los servicios nucleares en los que mantener la gestión pública y aquellos que sometidos a las leyes de la oferta y la demanda obtendrían resultados aceptables y más económicos.
Está claro que Asturias está lejos de las regiones más endeudadas y con estructuras administrativas mayores, pero los más de sesenta mil empleados públicos de la región, de los que casi dos tercios lo son del Principado, dan cuenta de una Administración que, entre los extremos del intervencionismo estatalista y la liberalización a ultranza, debe hallar un punto de equilibrio que le permita mantener las prestaciones esenciales abaratando su coste. Y ello con las suficientes garantías para que los empleados públicos no queden al albur de los cambios de gobierno y ejerzan su función con implicación, objetivos claros y eficacia en el servicio.
Más paro, menos población
Dos indicadores dados a conocer en los últimos días, el del paro y los datos sobre la población española, contribuyen a añadir una buena dosis de desaliento a la realidad económica y social de Asturias. Así, la Encuesta de Población Activa desbordó las más pesimistas previsiones y con los 8.500 nuevos desempleados en el Principado dejó en 122.700 las personas las que no tienen trabajo en la región, y en más de seis millones, 6.202.700 en concreto, las que se encuentran en esta situación en toda España. Las cifras son desorbitadas, nunca ha habido tantas personas sin empleo, ni en la comunidad autónoma ni en el conjunto nacional, y cualquier análisis parcial muestra parecidas conclusiones: crecen el paro juvenil, las familias con todos sus miembros en paro y el desempleo de larga duración. La tasa de paro de Asturias, que hace poco más de un año se encontraba cuatro puntos por debajo de la nacional, supera ya el 25% (uno de cada cuatro asturianos en disposición de trabajar no encuentra empleo) y acorta distancias con el 27% español. Nuestro puesto a la cola en cuanto a la tasa de actividad (el porcentaje de población que está activa) agrava aún más los números precedentes.
El Instituto Nacional de Estadística, por su parte, adelantó los datos provisionales de 2012 sobre la población española, en los que Asturias vuelve a destacar por la disminución de sus habitantes, una de las mayores de todas las autonomías. Al estancamiento de los primeros años del siglo le siguió un ligero repunte en 2007 y 2008, para iniciar el declive que ahora se agudiza al perder 9.480 residentes, casi el 1%, que deja el Principado a 1 de enero de 2013 con 1.067.880 habitantes. La baja natalidad, la fuerte emigración en busca de empleo –que además se lleva buena parte de los jóvenes más cualificados– y el regreso de los inmigrantes a sus lugares de origen están socavando el relevo generacional, con graves consecuencias para el sostenimiento de nuestro sistema a medio y largo plazo.
Ambos problemas tienen compleja solución. El desempleo, agudizado por la fijación de prioridades en la reducción del déficit público y en el saneamiento financiero, seguirá siendo el gran lastre de la economía española en los próximos años, tal como reconoció el Gobierno español el viernes. La relajación de los objetivos de déficit ante la mejora de las condiciones de financiación de nuestra deuda permitirá aflojar ligeramente la mordaza del gasto, pero se echa en falta, tanto en el Ejecutivo nacional como en el autonómico, una auténtica decisión de dirigir los recursos públicos hacia el estímulo de la economía productiva, con una fijación de prioridades clara hacia los sectores en alza y la reducción en aquellos que menos aporten a la comunidad. Ni la educación, ni una sanidad sostenible, ni el respaldo a los más débiles de la sociedad deberían discutirse en la distribución de los medios disponibles, aunque tampoco puede soslayarse que estos capítulos acaparan la mayor parte del gasto.
La recuperación del empleo es también el mejor estímulo de la demografía, porque frena la emigración, atrae mano de obra y facilita un clima social en beneficio de la natalidad. Hay también otras medidas que por su propia índole deben aplicarse en periodos mayores que los que establecen las legislaturas electorales, dado que sus objetivos y efectividad se plantean con vistas al futuro, pero no por eso pueden postergarse.
Las redes del acoso
Las denuncias de la familia de una adolescente, cuyo cadáver fue rescatado del mar cerca de los acantilados de La Providencia, contra cuatro compañeras y el colegio gijonés en el que estudiaba, llevan una vez más a la reflexión sobre el problema del acoso escolar y, por añadidura, al uso por los menores de las omnipresentes redes sociales. Los familiares, en las demandas presentadas ante la Fiscalía de Menores y en el Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, acusan a las condiscípulas y al centro de haber provocado que la adolescente se quitara la vida por el «hostigamiento» del que supuestamente era objeto, y plantean la posible comisión de los delitos de «inducción al suicidio, lesiones, amenazas, coacciones y tortura y contra la integridad moral», algunos de ellos a través de mensajes en las redes sociales.
La justicia determinará las responsabilidades que correspondan, si es el caso, una vez que los hechos sean investigados y esclarecidas las circunstancias en las que tuvieron lugar. No conviene anticipar las conclusiones de un asunto en el que, además, los recovecos de la mente contribuyen a velar las motivaciones últimas, y en el que la edad y la etapa vital de algunas de las protagonistas añaden un componente de emotividad que tampoco ayuda a discernir con objetividad las certezas de la nebulosa de suposiciones y rumores que las oscurecen.
Pero sí es ineludible el análisis riguroso de los distintos frentes que el desgraciado suceso plantea. En primer lugar, el debate experto sobre el suicidio infantil, sus causas y la forma de combatirlo. En segundo, el de la necesidad de no decaer en la prevención y lucha contra todas las formas de acoso, y mucho más las que tienen lugar en el ámbito escolar, en el que la inculcación de los valores relativos al respeto mutuo y a la convivencia ha de ser, como en el entorno familiar, cuestión prioritaria, ya que aquí es donde una sociedad se juega la trasmisión a las nuevas generaciones de los principios de ciudadanía. Y, por último, la reflexión acerca del papel y aprendizaje del uso de las redes sociales, y la conveniencia de la formación en esa materia, que deben compartir la familia y la escuela.
No es necesario insistir en las ventajas que, desde hace ya un par de décadas, el enorme flujo de comunicación que se mueve a través de internet está haciendo posible. El boom de las redes sociales, más reciente, y su extrema facilidad para que cualquiera que tenga acceso a la red y al dispositivo necesario difunda lo que desee, ha multiplicado las opciones de interactuación de personas y grupos.
En las redes sociales las barreras entre la comunicación privada y la pública, tal y como las conocíamos, pueden llegar a quedar difuminadas, de manera que las consecuencias de mensajes que en un ámbito interpersonal serían inocuas o previsibles adquieren una dimensión inesperada. Los riesgos de la exposición pública de cuestiones privadas, que es lo que a su vez hace factible la identificación de las comunidades de intereses y el enriquecimiento de la información compartida, no pueden ser ignorados, y si los usuarios son menores de edad, con especial prevención.
El caso de la adolescente que nos ocupa es excepcional, pero subraya la necesidad del aprendizaje de las posibilidades de estos entornos de comunicación y de las pautas de convivencia que también han de imperar en ellos, con las dificultades añadidas de que son medios en permanente evolución, se construyen a medida que se emplean y con su uso desvelan sus utilidades e inconvenientes.
Vuelos de lujo
La crisis de las compañías aéreas, con el resultado de cierres empresariales y la supresión de las líneas menos rentables, ha vuelto a reducir la competencia en el Aeropuerto de Asturias. Una tras otra, Spanair, Air Europa, Ryanair y Air France han ido retirándose de la terminal de Santiago del Monte, con la consecuencia de que el precio de los vuelos se ha disparado. El coste habitual del viaje de ida y vuelta a Madrid –destino imprescindible por sí o como vía para otros destinos–, que únicamente puede hacerse con Iberia, supera los trescientos euros y, en determinadas ocasiones, se acerca a los seiscientos. Sin necesidad de aludir a los momentos de más demanda, el Principado bate, con diferencia, el nada deseable récord de poseer los vuelos a Madrid más caros de toda España, como ha comprobado Chelo Tuya y relata hoy en LA VOZ-EL COMERCIO.
Estas prohibitivas tarifas son una permanente rémora a la competitividad de las empresas: muchas, sencillamente, no pueden asumirlas, y se convierten en un impedimento a la tan necesaria movilidad en busca de mercados y clientes. No digamos ya la de los particulares desplazados por trabajo, o de los viajes de turismo, para el que la barrera de entrada por vía aérea parece insalvable. De hecho, el Aeropuerto de Santander, a poco más de hora y media de automóvil desde la zona central del Principado, engrasado con jugosas ayudas a cargo de los Presupuestos de Cantabria es, hoy día, la terminal internacional de los asturianos, y no es probable que sirva como entrada de visitantes a nuestra región. La inyección de fondos públicos –que al fin y al cabo implica asumir parte del coste de los vuelos entre todos los contribuyentes– no parece ser la forma idónea de incentivar los tráficos aéreos, salvo casos concretos, con límite temporal y con el fin de captar o apoyar nuevos negocios. La experiencia de nuestra comunidad así lo demuestra. Las compañías surgen al calor de las subvenciones, y desaparecen cuando estas menguan, en un tira y afloja que no excluye, en ocasiones, las presiones a la Administración bajo la amenaza de retirar las rutas.
Probablemente sea más interesante para la región tratar de empujar la competencia por otros caminos, como los del transporte por carretera y por ferrocarril. El tren, con los túneles de Pajares ya horadados, puede ser una de las opciones para conseguirlo. La puesta en marcha de la Variante es, hoy por hoy, uno de los objetivos estratégicos para Asturias, ya que haría aún más competitivo el ferrocarril frente al aeropuerto sito en Castrillón. Cada kilómetro que se ponga en uso en Castilla y León contribuirá también a acercar la capital de España al Principado, aunque el recorrido final, Lena-Oviedo-Gijón, dado el ritmo de los estudios previos, mantenga su situación de estancamiento durante un periodo indeterminado, pero que se antoja largo.
No puede considerarse a Asturias una región aislada: en las dos últimas décadas, a mayor o menor ritmo, ha ido mejorando las vías de comunicación. Pero situaciones como la del coste y la escasez de vuelos, la tan reclamada y aún pendiente terminación de los últimos tramos de la Autovía del Cantábrico, a Oriente y Occidente del Principado, así como el peaje que grava el tránsito del Huerna, son obstáculos que, sumados a las imperativas circunstancias de la ubicación periférica y la orografía, sí llegan a constituirse en obstáculos para el desarrollo.
Imputación real
La imputación de Cristina de Borbón por el magistrado José Castro, ante la suma de indicios de que habría podido participar en los supuestos delitos de su marido, ha acaparado la agenda pública nacional en los últimos días. El hecho de que por vez primera un miembro de la Familia Real se vea inmerso en una causa judicial y, sobre todo, por lo que pueda afectar a la institución misma, dan razón de la trascendencia de la decisión del juez, justificada más que en una evidencia concreta, en el cúmulo de indicios, hasta catorce según el instructor, de que prestó «su consentimiento a que su parentesco con el Rey fuera utilizado por su marido o por Diego Torres», y todo ello «a sabiendas de que lo era para propiciar un trato generoso por parte de empresas privadas y tan pródigo como generoso por parte de las administraciones públicas».
La imputación no presupone culpabilidad, aunque sí acerque a ella. Pero no debería anticiparse el fallo, ni siquiera en un caso con una comprensible exposición pública como este, dados los protagonistas y la materia a la que se refiere. Así lo apunta el magistrado cuando en su auto justifica la citación a la infanta en el interés en despejar las incógnitas que de no llamarla a declarar pudieran quedar abiertas; también la rápida presentación del recurso por el fiscal, o la circunstancialidad de los indicios, o el simple principio general de la presunción de inocencia. Una cuestión es la ‘condena social’ y las suposiciones más o menos fundadas de lo que la infanta pudo conocer y en lo que colaboró en las actividades de su marido, y otra la condena penal, que forzosamente ha de estar asentada en otros presupuestos.
En el contexto económico y político en el que España se desenvuelve, los asuntos relacionados con la corrupción tienen la comprensible facultad de provocar una creciente irritación en la opinión pública. El paro galopante, los recortes de sueldos y prestaciones, la devaluación general de haberes de las clases medias, la emigración forzosa de los jóvenes cualificados, el cada vez más complicado día a día de tantos ciudadanos, se contraponen al enriquecimiento milagroso en virtud de privilegios, justificables en determinadas funciones y fines pero cuya legitimidad se desvanece en el momento en el que son empleados para provecho propio y como medios para el lucro ilegítimo. Las continuas revelaciones del ‘caso Bárcenas’, el ‘caso Renedo’ a escala asturiana, y otros muchos a lo ancho de la geografía nacional son los principales gérmenes que hacen prosperar el cultivo del descrédito institucional en el propicio caldo del descontento social.
Tanto Iñaki Urdangarin como la infanta se encuentran desde hace meses apartados de los actos oficiales, para desvincular las actividades del yerno y, en su caso, su esposa, de las de los Reyes o los Príncipes. Pero la imputación de Cristina de Borbón es un salto cualitativo que requiere estrechar la barrera de protección en torno al núcleo de la Familia Real. Por eso la Casa Real ha actuado con celeridad encargando a una personalidad de la historia reciente de España, Miquel Roca, la defensa de la infanta, a la vez que don Felipe, que multiplica su presencia en convocatorias sociales para cubrir la baja médica de don Juan Carlos, defiende la labor de los profesionales de la justicia ante las nuevas promociones de magistrados. El creciente protagonismo del Príncipe de Asturias es la mejor demostración de que la continuidad en la jefatura del Estado está garantizada. Previsión siempre tranquilizadora, pero que no tiene por qué implicar que el relevo sea inminente.
El político discreto
La muerte de Luis Martínez Noval, ocurrida en la tarde de ayer a los 65 años tras una caída accidental el pasado viernes en Oviedo, ha concitado hacia su figura los elogios de sus compañeros de la Federación Socialista Asturiana y del PSOE, y también de dirigentes de otros partidos. Coincidían en destacar en la personalidad pública del político piloñés su honradez e integridad, su capacidad intelectual y su rigor, así como la coherencia con sus ideas. El Gobierno del Principado subrayó lo irreprochable de su trayectoria, más de treinta años en los que ejerció todo tipo de responsabilidades tanto en el partido, en el que fue secretario general en Asturias de 1988 a 2001, como en sus casi veinte años como parlamentario en el Congreso de los Diputados, y en su época de ministro de Trabajo y Seguridad Social con Felipe González al frente del gabinete (1990-1993). También fue consejero del Tribunal de Cuentas y más recientemente, consejero de HC Energía y miembro del Consejo Asesor de Asuntos Económicos de la Presidencia del Principado, el conocido como ‘comité de sabios’. Compatibilizó estas tareas con las de profesor de distintas materias, en virtud de su bagaje como economista, en la Universidad de Oviedo.
Una biografía en la que destaca, además, la discreción con la que Martínez Noval llevó a cabo las distintas funciones que le tocó ejercer, y la naturalidad con la que las abandonó cuando así correspondía, para asumir otras nuevas en etapas sucesivas. Su sentido común, su carácter reflexivo, su ánimo conciliador y su rechazo a cualquier protagonismo personal son otras de las señas que le caracterizaron.
Estas virtudes, en estos momentos de fuerte crítica social a los representantes políticos, son dignas de resaltar y de tener en consideración por cuanto representan una vocación dirigida al servicio público que no busca más recompensa que su propio ejercicio. En una trayectoria política de tres décadas, truncada por la fatalidad y cuando su disponibilidad seguía vigente, hay por obligación aciertos y errores, lo que es comprensible y hasta aceptable. Frente a otros tipos de liderazgo, el que Martínez Noval personificaba es el de la fidelidad a unas ideas, y el de la integración en una organización por encima de otras consideraciones.
Gran defensor del sector público, del sistema de pensiones y de la instauración de medidas de estímulo económico, así como de la flexibilización de los objetivos de déficit y de la revisión de los planteamientos de una Europa que propugnaba más cohexionada en lo político y en lo social, en todas aquellas funciones que desempeñó siempre estuvo situado por su propia decisión en un cierto segundo plano, aunque fuera él quien ejerciera la responsabilidad mayor.
Sin necesidad de descartar la ambición y el empuje como motor de la actividad política, que lo son y de la mayor relevancia, destaquemos hoy el valor de la personalidad de Luis Martínez Noval y del papel de la labor discreta y disciplinada en una organización, en este caso socialista, como medio de llevar a efecto una vocación y un servicio a la sociedad.
Misión en América
Hoy termina el viaje que ha llevado a una delegación del Principado, con el presidente Javier Fernández al frente, en misión comercial a Colombia, Panamá y México durante los últimos días. La representación asturiana, compuesta por una treintena de compañías constructoras, ingenierías, tecnológicas y de la energía, entre otros sectores, y de la que también formaron parte FADE y el Idepa, ha mantenido encuentros a todos los niveles, en foros empresariales e institucionales, con el objetivo de facilitar el acceso de nuestras empresas a los emergentes mercados hispanoamericanos.
La búsqueda de nuevos entornos fuera del ámbito nacional en los que ofrecer nuestros productos y servicios se ha convertido en necesidad imperiosa de las empresas españolas, dada la atonía que embarga la economía nacional. Mientras la embajada regional llevaba a cabo sus encuentros, se dio a conocer que el PIB español se situó en 2012 en el -1,4%, mientras que el asturiano se desplomó hasta el -2,5%, la mayor caída de España, sólo superada por el -3% de Castilla-La Mancha. Un dato dramático, que se personaliza en las casi 115.000 personas sin empleo en el Principado.
En esta situación, cualquier actuación razonable dirigida tanto a orientar nuestras estructuras productivas hacia el futuro como a paliar las urgencias del presente debe ser bienvenida. Los tres países visitados tienen fuertes crecimientos, junto con necesidades que encajan con las capacidades y conocimientos de las empresas de la región. Las carencias en infraestructuras y edificación residencial (sólo Colombia pretende construir un millón de viviendas en cuatro años, y mil kilómetros de autopistas) pueden significar una salida para compañías que tardarán años en encontrar que la demanda interior se reactiva. La avanzada negociación de Astilleros Armón para añadir otros siete buques destinados a México a su cartera de pedidos para los astilleros de Gijón o de Navia de la que hoy informa EL COMERCIO sería la mejor demostración, en el caso de concretarse, de la utilidad de la misión en América. La experiencia en ingeniería energética, en proyectos ambientales y de comunicaciones son otros de los sectores que exploran los mercados emergentes en la América hispana.
El estrechamiento de los múltiples vínculos entre Asturias y Colombia, Panamá y México –es un incuestionable éxito diplomático que Javier Fernández haya mantenido entrevistas con los presidentes Juan Manuel Santos Calderón, Ricardo Martinelli y Enrique Peña Nieto, además de con el empresario mexicano Carlos Slim–, así como con el resto de Hispanoamérica, es un objetivo estratégico de primer nivel para el Principado. El mejor medio para allanar el camino a las relaciones comerciales es el de la confianza entre las partes, lo que pasa obligatoriamente por la seguridad jurídica de las operaciones que puedan plantearse. El respaldo institucional, que sin ningún ánimo paternalista incluye el asesoramiento en aquellos asuntos que empresas o instituciones asturianas puedan aportar su experiencia a las economías emergentes, es definitivo para conseguirlo.
El riesgo del uso partidista de las misiones político-comerciales es real, dado además que, como pudo comprobarse tras las últimas elecciones autonómicas, un puñado de votos de ‘residentes ausentes’ definió el definitivo equilibrio de fuerzas en el parlamento regional. Por eso, su utilidad no ha de darse por supuesta, y debe ser evaluada por los resultados que se consigan. Las exportaciones desde la región a Colombia, Panamá y, sobre todo, a México, aun en cifras modestas (apenas llegan a los cien millones de euros), se han triplicado en los últimos tres años, lo que indica tanto el potencial para las empresas asturianas de los mercados iberoamericanos, como la capacidad que las propias circunstancias internas están haciendo aflorar en nuestro empresariado.
El Papa que habla español
Un mes después de que Benedicto XVI renunciase a seguir al frente de la Iglesia ante la falta de fuerzas para continuar desarrollando su labor, un nuevo pontífice da sus primeros pasos en la cátedra de san Pedro. Los significativos gestos iniciales del argentino Jorge Mario Bergoglio, hasta ahora arzobispo de Buenos Aires, así como su misma designación, muestran la dimensión de la renuncia de su predecesor y el significado y las consecuencias de tal decisión, prácticamente inédita en la historia de la institución.
El primer papa argentino, hispanoamericano y americano también, el primero de fuera de Europa en siglos, venido desde el fin del mundo, como él mismo afirmó poco después de su elección, de allá donde emerge buena parte del catolicismo actual. Un miembro de la Compañía de Jesús, fundada por el español Ignacio de Loyola, que inaugura para los jesuitas ejercer la responsabilidad papal, y que además convivirá con su predecesor. Muchas novedades para una entidad milenaria poco dada a ellas, que se unen a la personalidad abierta y cercana, ajena al boato y a la suntuosidad, del que es ya el Papa Francisco, sin ordinales, por ‘el pobre de Asís’, pero también por san Francisco Javier, el misionero por antonomasia y estrecho colaborador de san Ignacio.
Resaltó el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, el carácter del nuevo Papa, junto con su perfil intelectual y el «compromiso social de primer orden» y, en su trayectoria personal, la coincidencia franciscana.
Augura el cúmulo de circunstancias que confluyen en el nuevo líder cierta revolución en el seno de la Iglesia, o algo que se parezca a ella, y que encare con vitalidad los problemas que la aquejan. No será, desde luego, una transformación de los aspectos doctrinales: Bergoglio no incluye en su ideario nada contradictorio con las cuestiones de fondo que propugnaron Wojtyla y Ratzinger. Pero sí podría aventurarse, pese a lo reciente de su designación –de hecho, el pontificado comenzará oficialmente con la entronización del próximo martes– que no es previsible que las disposiciones del Papa Francisco se vayan a quedar en simples formalidades, pues su biografía y sus primeras actuaciones son significativas, directas, elocuentes. Su desafección por el cargo, al que se sintió incapaz de acceder en el anterior cónclave; la austeridad y naturalidad de las que hace gala, frente a la pompa vaticana y la afectación; la radical identificación con los que menos tienen, en cada acto concreto; un espíritu de recuperar los valores primeros; la cercanía con los representados, a los que pide la bendición antes de dársela; una gestualidad nada contenida; las continuas, en fin, señales de humor. No se puede negar que estamos ante un papa distinto.
Aunque el ministerio del que acaba de hacerse cargo el Papa Francisco sea universal por su propio ámbito y naturaleza, y que todos los últimos papas incluían en su poliglotía el castellano, es una gran noticia para la comunidad hispanohablante que el flamante pontífice tenga el español como lengua materna. Tanto por el empuje que significa para nuestro idioma que una de las autoridades religiosas más relevantes del mundo se exprese en él, como por lo que implica de cercanía vital y cultural compartir el vehículo de expresión del pensamiento con este papa llamado por lo que apunta a romper moldes.
Las críticas al Rey
Una serie de acontecimientos ocurridos en los últimos años, a caballo entre el desempeño de la labor pública del Rey y su vida privada, pero sobre todo debido a la investigación judicial de las actividades del marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, han alterado de forma sustancial el tratamiento que la familia real recibe por parte de la sociedad española y, por extensión y como representantes de ella, los medios de comunicación. Desde el inicio de la democracia un pacto no escrito hizo que, salvo excepciones, las cosas regias fueran vistas siempre desde la más aséptica institucionalidad, que llegaba incluso a cierto envaramiento, y que los programas audiovisuales dedicados a las noticias del corazón fueran ocupados en lo referido a la información regia por edulcoradas crónicas. Muy diferente a lo que era habitual en otros países con amplia tradición monárquica, como Gran Bretaña, en los que la extendida visión más o menos respetuosa de la familia real no libraba a la reina de agudas críticas políticas, que podían llegar hasta convertirse en según qué espacios en burlas y sarcasmos.
Con los años y la consolidación de las libertades, el retrato público de la familia real española fue combinando la información oficial y el afecto que buena parte de la población le profesa con la crítica política a actuaciones concretas y su función, esto último sobre todo a partir de las ideas de quienes se muestran partidarios de otras formas de organización de la Jefatura del Estado. La opción republicana, ensayada históricamente en España en los dos siglos precedentes, cuenta con indudables defensores, que están en su derecho a propugnar en las instituciones y en las instancias sociales que decidan. La república sería, en principio, más estrictamente acorde con los presupuestos democráticos, ya que no deja a salvo del sufragio ni la la figura del jefe de Estado. Pero a su vez, la monarquía ofrece una amplia serie de ventajas para nuestro país, y quienes así lo consideran, que en las encuestas conservan la mayoría, se basan tanto en convicciones personales como en motivos prácticos, o incluso en la aceptación que la personalidad que la representa sigue concitando entre los españoles.
Pero eso no significa que dotar de determinado estatus al monarca para el desarrollo de su labor, en cuanto símbolo de todos, tenga que comportar, para él y su familia, ningún tipo de ventaja en otros aspectos, y mucho menos acerca de las responsabilidades legales en las que, por el motivo que sea, puedan incurrir. La causa en la que Iñaki Urdangarin se encuentra incurso, en la que está pendiente de dilucidar la imputación de la infanta Cristina como copropietaria de sociedades investigadas, es prueba de ello.
Con origen en precisamente esta investigación, junto con otros posibles errores que don Juan Carlos haya podido cometer, en un ambiente de extremo descontento social determinado por la incidencia de la crisis y agudizada por los casos de corrupción, la figura regia y la institución están recibiendo los reproches más enérgicos de toda su historia reciente. Buena parte razonados y más o menos rigurosos. Otros, bien sonoros, en una suerte de indiscriminada e irresponsable apertura de la veda, por usar el símil de la afición cinegética, que van desde interpelaciones de tertulianos repentinamente reconvertidos a la caza mayor, hasta políticos oportunistas reclamando condescendientes la abdicación en el Príncipe.
