El pasado lunes, por primera vez en la historia de la comunidad autónoma, un presidente asturiano hizo uso de la potestad que le confiere el Estatuto de Autonomía para disolver la Junta General y convocar elecciones anticipadas. Apenas han transcurrido ocho meses después de los comicios regionales del 22 de mayo, y dos de las generales del 20 de noviembre, de tal forma que el próximo 25 de marzo los asturianos habrán sido llamados a las urnas en tres ocasiones en diez meses. Huelga recordar que la actuación se atiene a la legalidad estricta, y que responde a la reforma estatutaria llevada a cabo en 1999 gracias a la cual el máximo representante político e institucional asturiano adquiere la relevante facultad de adelantar la votación, lo que otorga madurez a la capacidad de autogobierno del Principado. La disolución no puede decretarse en el primer periodo de sesiones de la legislatura, por lo que Álvarez-Cascos ha hecho uso de ella al poco de tener la posibilidad de hacerlo.
Tal profusión de procesos electorales no es habitual, y pueden parecer excesivos, dado que durante la espera del nuevo gobierno numerosas iniciativas quedan aparcadas, pueden causar en el electorado cierto hartazgo y contribuir a desanimar la participación. El líder de Foro Asturias justificó su decisión en las «alarmantes y amenazadoras» circunstancias que se ciernen sobre nuestra región, así como en la imposibilidad de llevar a cabo la «acción renovadora» que los votantes le reclamaron debido a lo que denominó «complot parlamentario» de populares y socialistas, que llegó a impedir la aprobación del presupuesto para 2012. Por supuesto, PP y PSOE negaron la existencia de dicho pacto, y ambos atribuyeron a la incapacidad de Cascos para llegar a acuerdos el «fracaso» de su Gobierno.
Con complot o sin él, PP y PSOE en estos seis meses y medio ya habían pactado la Presidencia de la Junta General, un resorte esencial en una situación de minoría parlamentaria en la que Foro Asturias no ha sabido, o podido, navegar. Posteriormente acordaron impedir los recortes en la televisión autonómica y otras empresas públicas. Y, finalmente, sumaron sus votos para enmendar a la totalidad las cuentas del Gobierno, haciendo efectiva la prórroga del presupuesto anterior, el pactado por el PSOE e IU para 2011. Todo ello, por supuesto, también plenamente encauzado en las opciones que la legalidad permite.
La situación caminaba, efectivamente, en una dirección que la hacía insostenible. Cada modificación sustancial en las partidas presupuestarias de unas cuentas que no atienden a las prioridades del Ejecutivo debería haber pasado por la Junta General, y el Gobierno no podría haberse permitido ver sus iniciativas permanentemente derrotadas. Tampoco el PP habría resultado beneficiado, pues el electorado que comparte con Foro Asturias es de suponer que esperaba el acuerdo con quienes tiene en común buena parte de su programa. Solo el PSOE es quien políticamente podría haber extraído algún rédito, pero a costa de contemplar como el enrarecimiento del clima político acabara causando cada vez mayores perjuicios a todos.
A pesar de tener que reconocer de hecho el revés tras poco más de seis meses de gobierno, ha sido preferible para el Ejecutivo asumir los inconvenientes del adelanto y dejar que sean los asturianos los que se pronuncien otra vez. La probabilidad de que, con mayores o menores variaciones respecto al resultado anterior, del 25 de marzo no surja ninguna nueva mayoría es alta. Aún así, también cabe que el pronunciamiento de las urnas sirva para otorgar una oportunidad renovada a nuestros representantes para que antepongan los intereses compartidos a los particulares, el bien común al cálculo, el poder como medio antes que como objetivo en sí mismo. Confiemos en que no sea demasiado esperar, y que la conflictiva política asturiana acabe dando paso a el entendimiento suficiente para promover la recuperación económica e institucional del Principado.
