La muerte de Sergio Marqués Fernández, ocurrida el pasado martes en Gijón a los 65 años, ha concitado sobre su figura un singular consenso de todas la fuerzas políticas asturianas. Quien fue presidente del Principado entre 1995 y 1999 ha atraído sobre sí los elogios unánimes de unos y otros: de entre quienes siempre mantuvieron la cercanía con el abogado gijonés y, sobre todo y más significativos, desde partidos rivales, o del mismo Partido Popular, que se convirtió en adversario tras la ruptura en plena Presidencia del Ejecutivo regional.
El fallecimiento de una persona convoca habitualmente los elogios, por gesto de humanidad, y también en tanto que la trayectoria vital se cierra, permite hacer balance de lo hecho, atribuir los méritos que puedan corresponder y discernir el legado. Algo así ha ocurrido con Marqués, quien había elegido el apartamiento de la vida pública y el regreso a sus tareas profesionales en la abogacía desde que su proyecto al margen del PP, Unión Renovadora Asturiana (URAS), no consiguiera cuajar.
El primer presidente del Principado que no pertenecía al PSOE, y el único del PP hasta ahora, consiguió en las elecciones autonómicas de mayo de 1995 una victoria inesperada con 21 diputados, pese a que socialistas e IU sumaban los 23 necesarios para conseguir la mayoría absoluta de la cámara. La doctrina impuesta por Julio Anguita en esos años impidió que sus escaños respaldaran a los socialistas, con lo que quedó expedita la vía para que Marqués accediera al Ejecutivo regional, para el que necesitó carambolas y acuerdos, como el abandono de un diputado de IU y su apoyo junto al PAS para conseguir sacar adelante los presupuestos de 1996.
Los logros de su único periodo de gobierno fueron varios: un plan de infraestructuras que arrancó la autovía minera y la del interior; más de dos mil millones de euros en fondos mineros; unas cifras de crecimiento nada desdeñables, que consiguieron resultados contra el paro arrastrado a partir de la crisis de principios de los 90; y también cierto impulso de lo asturiano y de la estima por la cultura regional, entre otros. Y más meritorios porque lo fueron sin mayoría parlamentaria y en el último año y medio de su mandato con la abierta oposición del partido que lo llevó al Ejecutivo -con De Lorenzo y Fernández Rozada como hombres fuertes de la organización asturiana, en estrecha sintonía con la Dirección nacional, con Álvarez-Cascos como secretario general-, hasta plasmarse en una moción de censura promovida por el propio PP, que no prosperó pero que le dejó arrinconado en el grupo mixto junto con los cuatro diputados afines.
El origen del conflicto que desangró al Gobierno y al partido que lo sustentaba no está del todo explicado, pero es de suponer que responde a las batallas por el poder y a las obediencias reclamadas y no satisfechas. Por eso se ha destacado estos días la coherencia y la dignidad de quien entendió como obligación primera responder al mandato de los electores frente a la satisfacción de otros intereses, fuera cual fuera la consecuencia que comportara, y aún a costa de su carrera política. Durante el mandato de Marqués la parte de la política que se ocupa de la obtención y el mantenimiento del poder eclipsó esa otra a la que le corresponde administrar las cosas comunes. La lección de aquellos días sigue hoy vigente, en tanto que las formaciones ensimismadas confundan sus problemas con los de la sociedad a la que representan. Por eso, aunque la imponente aunque discreta figura de Sergio Marqués ya no vaya a ser habitual en las calles de Gijón, su legado político merece ser tenido bien presente.
