Tras la resolución del Tribunal Constitucional que devuelve al PSOE el escaño del Occidente, un solo diputado, el de UPyD, ha vuelto a tener en sus manos la capacidad de dirimir el signo de la Presidencia del Principado. La falta de entendimiento entre PP y Foro Asturias, junto a la advertencia de intervención por parte de Ministerio de Hacienda, han contribuido a despejar las dudas y a que el voto Ignacio Prendes, sumado a los diecisiete del PSOE y a los cinco de IU, otorgue a Javier Fernández la mayoría absoluta en la primera votación de investidura, prevista para el próximo miércoles en la Junta General, y devuelva a un socialista al frente del Ejecutivo asturiano.
La decisión inclina y significa a la formación de Rosa Díez hacia el bloque de izquierdas, y los interesados la defienden por la «estabilidad» y la «solvencia» que procura, cualidades necesarias en un momento como el que España, y Asturias con sus particularidades, están viviendo: el de mayor gravedad, al menos por el momento, en la crisis económica y social que nos golpea. Confiemos en ello, y en que las virtudes perseguidas consigan hacerse realidad a lo largo de los tres años que quedan de mandato, y que el Principado no sufra nuevas provisionalidades. Aunque los tiempos y sus circunstancias sean proclives a lo contrario, esto es, a la indefinición y a la duda, y los gobiernos se tambaleen con facilidad. Lo estamos viendo en Europa, víctimas de los vaivenes y de las decisiones que se ven obligados a adoptar, y lo vemos en España, con las sacudidas que el gabinete de Mariano Rajoy está experimentando en su corta existencia.
La estabilidad, por tanto, vendrá dada por la continuidad y firmeza del respaldo. El de UPyD en forma de acuerdo de legislatura, una vez atendidas las pretensiones enfatizadas por Prendes: la reforma de la normativa electoral, con la eliminación de las tres circunscripciones asturianas, la investigación parlamentaria del “caso Renedo” y la fusión de ayuntamientos, tres propuestas muy razonables pero que ninguna constituye ahora prioridad, en este estado de emergencia nacional en el que las claves están en otro lado, en el de garantizar el mantenimiento del sistema. Habrá que atajar las vías de agua antes de corregir el rumbo, pues si no, no habrá destino al que llegar. Una vez llevado al papel, todo queda en una aceptación voluntariosa, excepto la comisión en la Junta General, para la que el magistrado Ángel Sorando tiene una vía mucho más contundente abierta, la penal. El acuerdo entre PSOE y UPyD es más amplio, desde luego, pero los otros tres partidos con representación en la Junta podrían suscribir sin problemas la mayor parte de los epígrafes en él recogidos. Veremos hasta qué punto la pretendida transparencia, el punto más exigente, se lleva a cabo y no queda en otra declaración grandilocuente.
El apoyo de IU es más relevante aunque haya captado menos atención, quizá porque desde el primer momento la coalición anunció su respaldo a la investidura del candidato socialista, y porque ya cuentan con experiencias de gobierno conjunto. Lo que queda por dilucidar es si el sostenimiento se mantendrá a lo largo del mandato o si conseguirá cuajar con la entrada en el ejecutivo de IU, y en qué materias. Todo ello con la inminencia del recorte de los 616 millones, imposible de aplicar sin que afecte a los servicios sociales, la sanidad y la educación, tal como demanda el ministro Montoro, y el Principado ha recurrido, en una de las últimas actuaciones como presidente de Álvarez-Cascos.
La estabilidad y la solvencia también vendrán dadas por la capacidad de Javier Fernández y su equipo de hacer frente a las obligaciones que asumen, por ahora demostradas al frente de la Federación Socialista Asturiana, como artífice de su pacificación por la vía de la negociación y también del puño de hierro. Pero un gobierno es otra cosa, y la sociedad asturiana a la que el nuevo presidente representará, más amplia que las familias del partido.
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