El recién constituido Gobierno del Principado aún no ha designado la mayor parte de sus altos cargos, ni siquiera ha hecho pública su estructura definitiva, pero ya se ha enfrascado en la primera tarea, la del recorte exigido con tanta sonoridad por el ministro Cristóbal Montoro para ajustar el presupuesto regional a los requisitos de contención del déficit. El Consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, estableció en 498 millones de euros la cifra que, por el momento, debería sustraerse de las partidas de gasto o compensarse mediante nuevos ingresos, frente a los 616 millones que el Ministerio reclamaba. La reducción, que de entrada indicaría una disminución de la presión sobre las cuentas regionales, no mengua la relevancia del tijeretazo, que seguiría afectando a una octava parte de los cuatro mil millones que aproximadamente suman los presupuestos de Asturias.
El Gobierno de Álvarez-Cascos dejó un saldo en teórico superávit, pero con numerosos pagos plurianuales pendientes tras el rechazo por la Junta General del presupuesto y de los créditos extraordinarios presentados para su aprobación. Una vez que los nuevos responsables determinen los compromisos que habrán de ser atendidos y establezcan sus prioridades, tendrán ante sí la dura tarea de detraer del presupuesto prorrogado en vigor, el del Gobierno de Álvarez Areces para 2011, aquellas materias que consideren susceptibles de aplazarse, reducirse o eliminarse. Y, enseguida, elaborar las nuevas cuentas, las de 2013, que, aunque con mayor capacidad de maniobra, deberán experimentar similar mengua. Y, para todo ello, conseguir el respaldo parlamentario preciso.
El presidente Javier Fernández, sin concretar aún los capítulos que se verán afectados, ya avanzó en su investidura que ninguno de ellos podrá librarse del ajuste. Los expertos llevan años advirtiendo de ello -estas páginas lo han recogido en incontables ocasiones- ya que es matemáticamente imposible hacer frente a la mengua de ingresos debida a la contracción de la actividad sin tocar las principales bolsas de gasto. Cualquier otro planteamiento sería voluntarista e irreal. Asunto aparte es, como también dice el sentido común y resulta exigible, conseguir que la incidencia en los servicios sociales básicos sea la menor posible y, al mismo tiempo, utilizar los reducidos recursos disponibles para tratar de impedir que la actividad se desplome, en una coyuntura en la que casi todos los sectores se encuentran directa o indirectamente afectados y todas las miradas están dirigidas hacia el papel impulsor que las administraciones puedan ser capaces de desplegar.
Puede haber consenso, o al menos un acuerdo amplio, tanto de los expertos como de los políticos, en algunos campos. En la necesidad de avanzar en la eficiencia, hacer más y mejor con menos: algo evidente, pero con un recorrido limitado y con las peculiaridades del ámbito en el que se lleva a cabo, el de la Administración. O en la precisa reducción del sector público, que sólo descartarían a priori algunos partidos por principio ideológico. Pero en el momento en el que la aplicación se concreta, la herida comienza a sangrar y las dudas se disparan. ¿Reducir el sueldo de los funcionarios o su número? ¿Ampliar el copago de la sanidad o cerrar servicios y hasta hospitales? ¿Qué entes sobran, los de control que no controlan, las televisiones al servicio del mandatario de turno? ¿Más alumnos por aula o más horas lectivas por profesor? ¿Subir (más) el IRPF, el IVA o ambos?
Para dotar de solidez todas estas decisiones, que corresponden a los representantes elegidos, es necesario, más que nunca, el concurso de la ciudadanía. Gastar energías en exponer, negociar, tratar de convencer y de compartir la responsabilidad. Explicar todo lo que sea preciso en el parlamento, ante instituciones y agentes sociales para hacer copartícipe al mayor número de ciudadanos posible de la necesidad de las medidas que se están adoptando. Y reducir los gastos de los partidos y del funcionamiento institucional es algo más que un gesto simbólico hoy día.
