El no reconocer en su día la crisis que comenzaba a afectar a España tuvo innegables consecuencias, ya que agudizó sus efectos y contribuyó a retrasar la recuperación. Confiemos en que denominar la operación aprobada ayer por los ministros de Finanzas de la zona euro a petición de España «un apoyo financiero que no tiene nada que ver con un rescate», o «un préstamo en condiciones muy favorables», como hizo el ministro De Guindos, no acabe también entorpeciendo el fin último que se pretende, el de culminar el saneamiento de la banca española.
Es cierto que los cien mil millones que la Europa del euro inyectará como máximo en la banca española a través del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (FROB) están destinados al sector financiero, y dentro de él al grupo de entidades con problemas de capitalización, estimado en una tercera parte del sector. Casi todas ellas son antiguas cajas de ahorros, ahora fusionadas y transformadas en bancos, víctimas de esa combinación explosiva de gestión imprudente y exposición al clima general que les llevó a competir alocadamente, despreciando los riesgos que asumían y empujadas por responsables políticos que trataron de dirigirlas hacia intereses contrarios a los que deben regir una entidad financiera, sea cual sea su titularidad.
No todas sucumbieron a las tentaciones, que fueron desde la concesión de préstamos a quienes con dificultad podían hacerles frente hasta financiar proyectos megalómanos, pasado por expansiones o compras alocadas. Entre las que se encuentran en una posición más decorosa está Cajastur, quien lidera desde Liberbank la fusión que junto a Ibercaja y otras cajas constituye el séptimo banco español. Con las dificultades a las que ha de hacer frente, que continuarán en el futuro en tanto la situación no acabe de asentarse y comience el camino de la recuperación, el papel de la entidad asturiana ha sido significativo en todo el proceso de reestructuración, aportando fórmulas que luego se han adoptado en las soluciones elegidas.
Lo más relevante de la decisión de ayer, en cuanto a las consecuencias que pueda trasladar al conjunto de la sociedad, radica en la medida en la que se haya sido capaz de llegar al fondo del problema, y que la muralla de contención en forma de disposición multimillonaria de fondos sea lo suficientemente sólida como para alejar cualquier duda sobre la solvencia de las sociedades dañadas. El gran “banco malo” tantas veces también negado que, de hecho, será el FROB, deberá responder de ello ante sus prestatarios.
Los informes que los próximos días los valoradores independientes entregarán, junto con el del FMI adelantado a la madrugada de ayer, que establecía en una horquilla de entre 37.000 y 58.000 millones de euros las necesidades de recapitalización del sector financiero español, han de fijar, de una vez por todas, el tamaño del “agujero” y disolver las dudas para conseguir el retorno de la confianza, del flujo crediticio a empresas y familias, y el inicio de la lenta digestión de activos inmobiliarios. No es Asturias la comunidad más golpeada por el problema inmobiliario, pero sí está inmersa en el clima general de restricción del crédito, además de sus particularidades, sobre todo en cuanto a la situación de la industria y los riesgos reales de deslocalización, además de la creciente conflictividad motivada por los ajustes presupuestarios. A la vez que se encarrile el problema financiero, otros que frenan también la actividad han de abordarse. El sector eléctrico en todas sus vertientes o la culminación de las reconversiones históricas pendientes son dos de los que tienen un mayor peso en el futuro de Asturias.
