El ‘crescendo’ de recortes y sacrificios a los que los gobiernos -actual y anterior, nacional y autonómicos- están sometiendo a los ciudadanos ha llegado esta semana a una nueva cima, que empequeñece todos los ajustes anteriores. Si hasta ahora prácticamente ningún sector social lograba eludir el varapalo (las sucesivas subidas del IRPF afectan a asalariados, el copago de medicamentos se ceba en quienes más los necesitan, los pensionistas, y los funcionarios ven disminuir sus salarios,…), con especial incidencia en las clases medias, las medidas anunciadas en el Parlamento el miércoles y aprobadas en el Consejo de Ministros del viernes -celebrado en parte con la inusual presencia del Rey para dotar a las decisiones de la solemnidad que la presencia del monarca aporta- superan y multiplican todas las anteriores, en la restricción más dura del gasto público llevada a cabo en la democracia española.
La subida generalizada del IVA y las bajadas de sueldo a los funcionarios, de las prestaciones por desempleo y dependencia, y de la desgravación por compra de vivienda, entre otras, van dirigidas, de todos es sabido, a contener las cuentas públicas en una situación en la que ninguno de los remedios aplicados ha conseguido hasta ahora el efecto pretendido: rebajar la presión sobre la deuda española e iniciar el saneamiento de la economía nacional. En esto no hay mucha diferencia entre los números de una familia, una empresa o un gobierno: la dinámica que lleva a gastar más de lo que se ingresa y a deber más de lo que puede afrontar, con los intereses de la deuda en imparable progresión, conduce a la insolvencia y a la quiebra. Así que el Gobierno, con puesta en escena y argumentos que apelan tanto a lo inevitable de las medidas como al patriotismo de su aceptación, ha optado por atender todas las recomendaciones que las instancias europeas e internacionales han propuesto para garantizar la viabilidad de las ayudas al sector financiero.
Los técnicos de Hacienda han valorado en cerca de quinientos euros la incidencia anual, sólo del incremento del IVA, en una familia media asturiana, al margen de en lo que puedan afectarle el resto de disposiciones. El Gobierno del Principado, en palabras de su portavoz, Guillermo Martínez, ha tildado de «injustas» las medidas, y rechazado la necesidad de nuevos ajustes, poco antes de que el Ejecutivo nacional volviera a aplicar una corrección de los objetivos de déficit para las comunidades autónomas, con la correspondiente restricción en los presupuestos de los dos próximos años… Incluso autonomías del PP han planteado un conato de rebelión.
El funcionariado se ha lanzado ante las sedes populares, y también del PSOE, del mismo modo que el miércoles la protesta de los mineros en Madrid arrastró consigo una multitud descontenta. Todo apunta a que el enrarecimiento progresivo del clima social contribuya a agravar la desconfianza.
Vaya o no a funcionar a medio plazo, la cura de caballo que el Gobierno de Mariano Rajoy aplica pasa por la inmediata regresión de nuestra trastabillante economía, con el riesgo de que la posibilidad de remontada quede diluida, una vez más. ¿Cuáles serán las disposiciones que se adopten entonces? Sin ánimo de invocar catastrofismos, la espiral de recortes sin fin en la que nos vemos arrastrados habla de un desmoronamiento general, y no sólo de parte del sector financiero. Confiemos en que no sea así, para bien de todos, y que la amarga medicina surta efecto. Porque aunque es obligado tener esperanza en las posibilidades de España, también es cierto que las razones para el optimismo no abundan.
