No es necesario esperar ni veinticuatro horas para que una noticia aún peor anule la anterior, en el desplome de la actividad que la crisis junto a las medidas de contención del déficit están causando, y todo ello sin que España consiga rebajar, todo lo contrario, los tipos a los que los mercados internacionales financian su deuda. Ya son varias las semanas en las que los números resultan insostenibles y cada vez son menos las teclas que quedan por tocar. Tras los sueldos de los funcionarios y la anunciada reducción de interinos (el sector privado hace tiempo que restringe los costes laborales, vía despidos o vía rebaja salarial), los impuestos nacionales y autonómicos, los medicamentos y las prestaciones asistenciales y del desempleo, entre otras, cada vez van quedando menos partidas de gasto a las que aplicar la tijera.
Así que no parece exagerado plantear que, bien por decisión propia, arrastrados por la situación; bien por imposición europea en el caso de que el rescate bancario acabe convirtiéndose en una intervención más amplia, los próximos ajustes apenas pueden venir por la anunciada vía de achicar la Administración –la central, pero sobre todo las autonómicas y sus organismos satélites–, lo que incluye en un lugar destacado la sanidad pública; y el aún más doloroso recurso a recortar las hasta ahora milagrosamente intactas pensiones.
En proporción inversa al frenazo de la actividad económica y a la magnitud de los recortes, España vive una significativa escalada de la conflictividad social. Las apreturas a las que amplias capas de la población se están viendo impelidas, con la enorme incidencia del desempleo en primer lugar, y por la de las restricciones a continuación, está haciendo derivar las protestas sectoriales en el grito de esa mayoría que habitualmente permanece en silencio. Véase la manifestación de los mineros, en Madrid, de hace una semana, o la de Gijón de este jueves (la mayor celebrada en Asturias en muchos años), en las que cualquier observador podía ser capaz de discernir, junto a las pancartas de los organizadores, a numerosos otros grupos, identificados o sin identificar, representativos de todos los estratos sociales, de la gran clase media que compone la mayoría de la población española. Ciudadanos al límite, votantes de cualquier sigla, espontáneamente sumados a la protesta, la de la minería, la de los funcionarios o la de los sindicatos, con los que aún habiendo diferencias en cualquier otra ocasión, en esta se sienten identificados como víctimas de un mismo agravio.
Haría bien el gobierno –el central, y también el autonómico– en tomar muy en consideración estas voces, y no rendirse a la tentación de utilizar las protestas para demostrar la determinación con la que adoptan sus decisiones, ni tampoco para usarlas en sus particulares batallas. Es probable que, tal como el presidente Mariano Rajoy expuso ante el Congreso, no haya muchas opciones más entre las que escoger, y que sólo podamos optar entre lo malo y lo peor. Pero ante las crecientes estrecheces con las que la población ha de seguir lidiando, no sirven los discursos al uso, justificativos y vacuos. Otro mensaje, de forma y de fondo, que evite que los electores se sientan despreciados y que aleje la tentación de considerar que la política sea hoy una actividad incapaz de aportar soluciones, ensimismada en sus propias inconsistencias.
