Mientras Mariano Rajoy sopesa la oportunidad y las condiciones de un eventual rescate de nuestro país, que tantos dan por próximo, su Gobierno aplica a las autonomías la misma medicina que otros preparan para España. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el martes puso sobre la mesa -además de demostrar cierta utilidad para tal organismo, hasta ahora mero lugar de encuentro de los consejeros del ramo- que las comunidades autónomas españolas se hallan bajo tutela. Ya no es solamente que su Plan Económico y Financiero requiera de la aprobación ministerial para garantizar el límite de déficit y las partidas en las que se aplican los ajustes (recuérdese el presentado por el equipo de Álvarez-Cascos en enero, despachado por Cristóbal Montoro de un plumazo, y que seis meses después consiguió sacar adelante el Ejecutivo de Javier Fernández con un ajuste menor). También, como vimos el martes, Hacienda establece y aprueba el límite de deuda sobre el PIB que cada región debe aplicar.
Las comunidades del PP, previamente aleccionadas, evitaron discrepar en esta ocasión en el CPFF, no como en la convocatoria previa, en la que las abstenciones de Castilla y León y Extremadura sonaron a revuelta en las filas gubernamentales. Cataluña, quien simultáneamente suspendía en su territorio los pagos de servicios sociales concertados, y quizá por ello y para distraer la propia responsabilidad ni siquiera se dignó a acudir, mientras Andalucía daba un portazo a mitad de reunión. Asturias, con ese estilo que Javier Fernández va imponiendo de resistencia, digamos, razonable, votó en contra, sin más estridencias, aunque la consejera Dolores Carcedo se encargó de apuntillar que el límite de deuda establecido “penalizaba a Asturias” y beneficiaba a otros, políticamente afines.
Al margen de los modos ministeriales, justificados por Montoro en la urgencia imperante, que no deja margen para relajos ni condescendencias, las comunidades no sólo se han acogido de buena gana al plan de pago de proveedores para hacer frente a parte de las facturas que llenaban sus cajones, sino que la misma Cataluña, y Valencia y Murcia, han manifestado ya su intención de acudir al Fondo de Liquidez Autonómica, algo tampoco descartado por Asturias, aunque es de suponer que también pondrán el grito en el cielo a la hora de negociar las condiciones del acceso al mismo. No deja de ser llamativo, por no decir escandaloso, que a estas alturas de la fiesta las comunidades autónomas reaccionen con indignación, como quien no ha roto un plato. Los mismos que año tras año se han jactado de incrementar sus presupuestos, o que han hecho del recurso a la deuda una cuestión ideológica para disparar el gasto, cediendo a presiones políticas o sectoriales. Aunque está claro que no puede meterse en el mismo saco a todas las comunidades, no hubo quien no promoviera infraestructuras y equipamientos sin tener en cuenta su posterior mantenimiento; o que no subvencionase indiscriminadamente proyectos que en el mercado no resistirían el mínimo embate; o quien, de una o otra forma, ejerciera una gestión relajada, sin considerar que la responsabilidad última no correspondía a otros sino a uno mismo. Por eso no es de extrañar la tutela que, si no a efectos legales en cuanto a titularidad de las competencias, sí de facto, ejerce el Ministerio de Hacienda sobre las regiones, ya que, casi sin excepción, con unas u otras argumentaciones, todas miraron hacia el Estado para sufragar sus proyectos, servicios o las deudas contraídas por los mismos, en vez de prepararse para lo que se les venía encima.
