Aunque pasaron varios meses antes de que sus consecuencias llegaran hasta nosotros, la crisis de las hipotecas de alto riesgo, las ‘subprimes’, con su colocación masiva en los mercados financieros, fue el detonante en EEUU hace ahora cinco años, en agosto de 2007, de la situación que nos aflige. El problema no afectó de inmediato a España, y aún tardó más en notarse en Asturias, pero fue trasladándose de las finanzas y el mercado inmobiliario a las entidades de ahorro y al consumo, y sectores completos han visto que su actividad se desplomaba. Además de la vivienda, la producción industrial, la automoción, el comercio, la hostelería y el turismo, con el paro, con 5,7 millones de desempleados en España y más de cien mil en Asturias, como principal y dramática consecuencia. Apenas aquellas empresas con gran peso de la exportación sobreviven con alguna holgura.
Las debilidades de nuestra economía, con su enorme dependencia de la deuda, pública y privada, y el monocultivo inmobiliario, han quedado puestas de manifiesto. El encarecimiento de la financiación está llevando a nuestro país a la situación cercana a la quiebra, algo que hemos visto próximo en los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, que han necesitado de ingentes cantidades de dinero exterior para evitarla, sin que la situación helena haya aún quedado resuelta. Las instituciones, y la propia actividad política, han visto cuestionadas sus habituales formas de actuar, y han tenido que pasar de la puesta en marcha de proyectos de infraestructuras o servicios al reparto de la escasez, algo a lo que no terminan de hacerse a la idea ni administradores ni administrados. El achicamiento de las estructuras públicas ha dado unos primeros y tímidos pasos en las sucesivas reducciones salariales de los funcionarios, sector que aún deberá enfrentarse a una inédita contración, por medio de las fusiones y enajenaciones de entidades. Algo similar a lo afrontado por las empresas privadas, bien por la vía de las bajadas de sueldos, de la reducción de plantillas o por el mismo cese de la actividad.
Las consecuencias, en fin, en el ámbito europeo están llegando a poner en cuestión la misma existencia de la moneda común, algo que representaría un ajuste aún mayor (no sólo para España, sino que afectaría a todo el entorno del euro, y al resto de economías mundiales), con la vuelta a niveles de hace décadas en la peculiar devalución que la economía española está experimentando por la vía de la riqueza disponible de sus ciudadanos, ante la imposibilidad de hacerlo por el camino monetario.
Uno de los principales elementos de la crisis actual es su capacidad para ir superando las peores previsiones y sumergiéndonos aún más en la espiral del deterioro. Poco puede anticiparse, a unos meses vista, de lo que ocurrirá en el futuro inmediato, aunque en este momento hay pocas dudas de que los últimos ajustes del Gobierno español no traerán sino un desplome mayor, a modo de reacción ante la vacuna, al margen de su hipotética efectividad posterior. Un otoño en el que las consecuencias sociales de los recortes llegarán también a límites desconocidos en la pérdidad de salvaguardas sociales, en plena escalada de conflictividad.
¿Cuánto durará la que, como algunos sostienen, es la mayor depresión económica desde el ‘crack’ de 1929? Uno de los pocos consensos entre los especialistas es que la recuperación en España será lenta y trabajosa, y que la actividad tardará en regresar, pues dependerá del retorno de la fluidez del crédito y este del saneamiento de las entidades seriamente dañadas por los activos devaluados. Dicho de otra forma, cuando nuestra economía digiera las pérdidas, la sociedad acepte su empobrecimiento y vuelva a afluir la confianza. Pero dadas las deficiencias y debilidades que la tormenta económica está poniendo de manifiesto en tantos aspectos de la actividad política, económica y social, parece difícil que el camino vaya a ser sencillo.
