El Comercio
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Fecha: septiembre, 2016
Vamos a contar mentiras
Alejandro Carantoña 25-09-2016 | 4:00 | 0

El pasado lunes, Peter Beinart certificó en The Atlantic la muerte del periodismo declarativo en Estados Unidos: el prestigioso New York Times ha abierto, por primera vez, su cobertura sobre Donald Trump con un artículo de análisis en lugar de con una pieza informativa. El titular del Times era demoledor: «Trump abandona su mentira, pero no se disculpa», contaba en referencia a la afirmación del candidato republicano a la no ciudadanía estadounidense de Barack Obama. El uso del término «mentira» va muchos pasos más allá, señala Beinart, de la tradicional cautela del periódico entre periódicos. Y lo aplaudía: jugando en el terreno de Trump, que exige el despido de informadores sistemáticamente, había que pasar a la acción y abandonar las medianías.

Al cabo de pocas horas, eran varios los periodistas españoles que compartían la pieza de Beinart celebrando, al tiempo, que la biblia de la información escrita hubiese dado barra libre al «análisis». De ahí, se rueda plácidamente hasta la opinión y, con tan solo un pequeño salto más, se abre la veda de orillar la ecuanimidad en pos de una «línea editorial definida», como se presentan cada vez más medios españoles.

En este mismo sentido, el New Yorker publicó el pasado lunes una extensa pieza firmada por Jill Lepore sobre la salud de los debates presidenciales en aquel país, ante el primer cara a cara entre Clinton y Trump que tendrá lugar mañana. El artículo contiene algunos datos que probablemente puedan replicarse aquí: «Uno de cada tres estadounidenses evita hablar de política si no es en privado; menos de uno de cada cuatro conversa con alguien de quien difiere políticamente; menos de uno de cada cinco ha participado en una reunión de solución de conflictos, siquiera en línea, con personas con puntos de vista diferentes. ¿Qué clase de democracia es esa?»

En España, que somos muy dados a entender lo que nos apetece, un gran sector de la opinión pública y de los medios de comunicación ha preferido quedarse con la parte de que la opinión es libre que con la preocupación, sincera y creciente, de que el ruido está suplantando a las buenas maneras. En el mismo artículo, Lepore advierte cómo las redes sociales se parecen cada vez menos a la vida real y cómo la vida real se parece cada vez más a las redes sociales, haciendo crecer hasta el espanto a un personaje como Trump, perfecto rey de la barrabasada.

Un ligero retorcimiento adicional nos ha conducido, a nosotros, a la situación de bloqueo político en la que nos encontramos. Y este varamiento de las cosas incluye, por supuesto y ante todo, el atasco de los discursos, que van creciendo en intensidad y ruido y tapan los problemas esenciales. Nadie da su brazo a torcer; en cambio, anega de culpa y escándalos al adversario en la medida de lo posible. Tanto ha sido así últimamente que no pocos analistas se han mostrado sorprendidos por lo limpio (léase aburrido) de las campañas gallega y vasca, casi como si perdiesen el gracejo por la ausencia de peleas, demandas o insultos velados.

En cambio, una buena dosis de aforamientos a la valenciana y de procesos andaluces sirven de recambio, aderezados con una pizca de cursos universitarios y radios podemitas. Con eso, podemos tirar una semana más, con la esperanza de que llegue mañana y, cerradas las urnas autonómicas, podamos volver a pegarnos gritos a gusto en el ruedo nacional. Si todo sigue así, tenemos bronca disfrazada de cordial intercambio de impresiones al menos hasta Navidad. Barra libre para contar mentiras.

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Todo nos parece bien
Alejandro Carantoña 18-09-2016 | 4:00 | 0

Hace tan solo unos días, cuatro osados abrieron un nuevo teatro en Madrid. No se llama como una marca de helados, ni de seguros, ni de teléfonos móviles: se llama Kamikaze. Detrás tienen el sustento de sus respectivos públicos (Miguel del Arco, uno de los fundadores, es un influyente director de teatro y, desde junio, de zarzuela: se presentó con concurrencia inusitada en Oviedo su ¡Cómo está Madriz!). Su motivación, cuentan, es más cultural que comercial. O, al menos, equilibrada.

La alegría con que esta iniciativa ha sido recibida por la prensa especializada contrasta, y bastante, con otras aventuras de corte joseluismorenesco: esto es, teatro privado sin más, tratado con la condescendencia que se le confiere al entretenimiento. La diferencia entre lo uno y lo otro, entonces, parece estribar en las intenciones: el Teatro Pavón Kamikaze ha sido planteado casi como un acto de resistencia, como un «teatro privado con vocación de teatro público», como lo definía el actor Israel Elejalde.

Este tipo de iniciativas, fuera de la esfera de lo público y de la tan cacareada subvención, han proliferado como setas en estos años de crisis y en Madrid sobre todo, desde el boom de las salas de microteatro hace poco más de un lustro. Últimamente, con el paulatino retorno de las grandes salas (ha reabierto el Teatro de la Comedia, a pocos metros del Español), han cerrado muchas de ellas.

Algunas lo han hecho entre protestas y lamentos por las trabas burocráticas al proyecto; otras, como La casa de la portera, lo han hecho en un silencio mucho más discreto: han reconocido que el modelo no era sostenible por más tiempo. Sin embargo —y esto también ha ocurrido con innumerables periódicos digitales, editoriales y salas de cine— un sector del público se ha llevado las manos a la cabeza por el rodillo que nos está dejando sin cultura, en lugar de apoyar, con dinero contante y sonante y una asistencia continuada, estos pequeños actos de rebelión.

Es como si todo nos pareciese bien, pero no estuviésemos dispuestos a mancharnos las manos, a meter el brazo hasta el codo en el esfuerzo que supone desplazarse hasta el teatro con este frío incipiente o rellenar las estanterías de lujosos y atrevidos libros. En el caso de este nuevo teatro, sus responsables cuentan que necesitan una asistencia media del 65% como mínimo, lo cual no es un exceso pero, desde luego, sí es un reto.

El aplauso, en cualquier caso, es unánime: ese público cómodo estampa su sello de aprobación en la oferta creciente; las administraciones o partidos políticos apuntan a todas las iniciativas como señal del irrefrenable vigor creativo que prospera en España a pesar de todo. Y, así, todo nos parece bien, pero los datos, cierres y estados de excepción evidentes apuntan en sentido opuesto: muestran un panorama de fragilidad en el mejor de los casos, y de precariedad manifiesta en el peor (que es la mayoría).

Estos nuevos atrevimientos merecen el aplauso al valor (a las intenciones), pero también un escrutinio serio y riguroso por parte de público, especialistas y profesionales. Esa es la única manera de saltar por encima de la odiosa frase «para ser española, no está tan mal» y de que teatros y kamikazes sirvan no solo para rellenar las aburridas tardes de fin de semana, sino para impulsar un modelo de creación y consumo nuevo, rompedor, estable, sólido, resistente a la adversidad y a prueba de manoseos políticos. Todo nos parece bien: que haya más, pero sobre todo, que lo haya mejor.

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Traductores y delincuentes
Alejandro Carantoña 11-09-2016 | 4:00 | 0

Hace casi diez años, saltó un escándalo que sigue sin ser tal para la opinión pública: el Ministerio del Interior tenía contratadas, para tareas de traducción con cierto grado de seguridad, a personas con antecedentes penales. Esta semana, al fin, la Defensora del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada en julio por varias asociaciones de profesionales del ramo: en muchos juzgados de España (Asturias, entre ellos) no está garantizada la prestación del servicio de traducción por personal cualificado.

Coincide esta reclamación con el retorno del curso literario, en el cual predominan, en la sombra, no pocos traductores: sin ir más lejos, Volar en círculos, las memorias de John Le Carré, han aparecido esta semana en España simultáneamente a su lanzamiento mundial —y suponen el pistoletazo de salida a una jugosa selección de títulos extranjeros—. Cualquiera de los innumerables estudios realizados sobre este ámbito en España es desolador: el precio medio de la traducción literaria se sitúa en unos 3,6 céntimos por palabra, una cantidad irrisoria. Y en el caso de la especializada —la mejor remunerada, como la de los juzgados por la que ahora se lamentan las asociaciones—, los precios finales son muy superiores pero también hiperpoblados de intermediarios, con el consiguiente perjuicio para usuarios y profesionales. Al final, resulta que apenas la mitad de los traductores profesionales de España viven exclusivamente de su trabajo. Y un número elevadísimo no declara sus ingresos, dicen que por escasos.

Muchas voces, incluyendo el Ministerio de Cultura (que en 2010 publicó un Libro Blanco de la Traducción en España), lo achacan a la falta de visibilidad del trabajo: en la crítica nunca se comentan las traducciones salvo que sean una catástrofe; y en el caso de la ópera o del teatro, tan solo el crítico Luis Gago (que es, a la sazón, traductor) desliza algún comentario sobre los sobretítulos en sus textos. En general, de nuevo, cuando contienen errores.

Como oficio, es casi tan desagradecido como el de periodista o árbitro de fútbol: la labor se da por supuesta y solo se vuelve visible cuando se cometen fallos. El grado de tolerancia a la chapuza es, sin embargo, altísimo en España, donde se aceptan resultados mediocres siempre y cuando el precio sea más bajo; y donde, no nos engañemos, la cultura crítica sobre la traducción está en pañales: un número enorme de lectores cree que muchos de sus libros favoritos fueron escritos originalmente en español.

Esta deriva, infinita, ha terminado por alcanzar a las facultades (hasta hace apenas cinco años nos «regalaban» la acreditación de traductor jurado con la Licenciatura) y ha embarrancado, inevitablemente, en juzgados y servicios públicos: tan solo algunas instituciones de primer orden cuentan con traductores propios, mientras que la inmensa mayoría subcontratan el servicio sin supervisión efectiva en el mejor de los casos; y se lo encargan al mejor postor, en el peor.

Que esta queja sea aceptada a trámite es tan solo un pequeñísimo paso, pero sin duda uno que merece ser reivindicado y destacado a bombo y platillo: solo así es posible que desde quien se compra una lavadora y necesita consultar las instrucciones hasta el inmigrante que busca reconstruir su historial médico puedan tener garantizadas cosas que, de tan básicas, se dan por hechas. Y, justo por ese motivo conviene no olvidar que su existencia y buen hacer no se deben a la intervención divina, sino a un esfuerzo perpetuo y excesivo de una generación que aún espera ser reconocida.

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[Un fallo lo tiene cualquiera: Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2016] Un servicio público
Alejandro Carantoña 07-09-2016 | 8:00 | 0


Cuando hace cuatro años los Bancos de Alimentos recibieron el Premio Príncipe de la Concordia se esforzaron en dejar muy clara una idea: ellos ayudan a la gente, no hacen política. Venía esto al hilo de que, en plena cresta de la crisis y con la mayoría del PP recién instalada, resultaba muy goloso conseguir que la organización emitiese algún titular en torno al latigazo de los recortes a los más desfavorecidos. No lo hicieron, por una sencilla razón explicitada por ellos mismos en la semana de la ceremonia de entrega: el objetivo tan solo era conseguir sumar. No querían pisar ningún callo.

Con Aldeas Infantiles, a la que ayer se otorgó el Premio Princesa de la Concordia 2016, posiblemente ocurra algo similar. El jurado ha tenido a bien otorgar el galardón a la matriz internacional, y no a la asociación española. En caso de que hubiera sido así, el foco podría desplazarse hacia un lugar bastante más espinoso que la pura celebración de la solidaridad: en España, Aldeas Infantiles es, en gran medida, un servicio público externalizado.

Presente en siete comunidades autónomas (entre las cuales no se encuentra Asturias), la organización cuenta con ocho «aldeas», esto es, enclaves en los que se crean entornos familiares para niños que, por cualquier motivo, carecen de ellos. Lo hacen siguiendo una serie de principios fundacionales y comunes a todas las Aldeas del mundo, pero lo hacen, también, siguiendo una mecánica muy particular: Aldeas Infantiles no elige a los niños a los que ayuda, sino que provienen derivados de los organismos públicos del lugar en el que trabajan. Así, como explican en su página web, son los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente los que detentan la tutela de los niños, mientras que Aldeas Infantiles asume la guardia y custodia.

Esto se concreta en que la organización tiene suscritos los respectivos convenios, según los cuales el gobierno autonómico paga una cantidad determinada a cambio del «servicio» que prestan las Aldeas. De este dinero, la organización destina un 76% a su actividad directa, un 5% a su administración y el 19% restante a captación de fondos, socios, voluntarios, etc.

Es decir, la labor que aquí se premia es una espinosa, valiente y de especial relevancia en los tiempos en que vivimos —tal y como destaca el jurado—, dada la importancia del cuidado de los niños en situaciones de conflicto, catástrofe o crisis. El hecho, con todo, es que en España estas acciones se concretan tras el paso por el filtro de lo público, después de que la Administración haya priorizado y derivado a quienes más lo necesitan hacia la organización que mejor pueda atenderlos.

Igual que ocurre con otras muchas asociaciones que trabajan con otros muchos colectivos, hay que advertir (y aplaudir) el valor que tiene un trabajo en apariencia independiente y privado, pero que viene a cubrir las necesidades que el sistema no puede, no quiere o no sabe soportar. El debate está servido y, esperemos, avivado con este galardón.

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Leña al youtuber
Alejandro Carantoña 04-09-2016 | 4:00 | 0

En febrero de este año, al ya famoso usuario de Youtube ElRubius le hicieron un no menos famoso perfil en un diario nacional. Enviaron a realizar la operación a un redactor destacado que no usa las redes sociales, como explicaba en el propio texto. El resultado estaba esencialmente centrado en las percepciones personales del redactor, lo cual provocó un cabreo monumental por parte del autor de los vídeos en cuestión y, como derivada, acusaciones (reiteradas) de conspiración por parte de los medios de comunicación contra él y contra el resto de autores de estos vídeos, que atesoran millones de espectadores —muchos de ellos, dicen, jóvenes que ya no ven la televisión: es el nuevo nicho audiovisual—.

Luego llegó una madre de Tenerife y declaró que el espectáculo en directo de otro youtuber era una apología de la pederastia, con otro circo monumental. El último escándalo, en los estertores de este verano, ha sido un clamor (?) de varias empresas madereras, que acusan a dos youtubers (uno de ellos, el de Tenerife, etcétera) de azuzar unas bromas telefónicas que los tienen colapsados, debido a la proliferación de imitadores.

En la televisión pública andaluza se cubrió la noticia dando por buena la versión de algunos empresarios: que se ha promovido una campaña de acoso y derribo contra ellos, como si los adolescentes de este país fueran un lobby antimaderero de primer orden. Los youtubers, por su lado, se han defendido diciendo que en su broma original no revelaban la identidad de los empresarios; que les habían pedido permiso para publicar las bromas; y que no es su culpa que el mundo esté lleno de gente ociosa. Y, por supuesto, añaden que hay un complot de los medios de comunicación.

La teoría de la conspiración cunde sin parar entre estos nuevos ídolos digitales y entre sus seguidores, que han empezado a sustituir los medios de información convencionales que en teoría van a por ellos por otros supuestamente independientes, democráticos y horizontales (o sea, redes sociales).

Probablemente la explicación sea menos retorcida y bastante más simple: que las dos facciones viven en una confusión de dimensiones bíblicas. Aún este viernes, a la hora de la cena, al menos una televisión nacional aprovechaba que ha pasado un año de la foto del niño muerto en una playa mediterránea para repetir las imágenes hasta en cinco ocasiones y desde todos los ángulos. Podrán excusarse en que así se sensibiliza sobre el problema; pero no podrán ocultar que, a a la vez, la justificación deontológica les ayuda a trabar piezas sensacionalistas, impactantes y brutales.

Así, que ciertos programas sigan copando las parrillas y que las noticias televisadas se alimenten, bajo el epígrafe de «curiosidades», de vídeos absurdos en una calidad infame podrían ser la respuesta, en lugar de pensar que los nuevos líderes de opinión son unos terroristas catódicos. Sin embargo, el común de los informadores encuentra más cómodo hacer leña del árbol caído, y cubrir una historia que no se sostiene (que estos youtubers tienen algo contra la industria maderera) como si estos chavales fueran un demonio de cola puntiaguda. Resulta que lo más conveniente para los unos es afirmar que existe un complot informativo contra ellos y, para los otros, que ElRubius, Wismichu y demás fauna están fundando la primera gran secta del siglo XXI. Profundizar en lo uno, o en lo otro, no es una opción, al menos de momento. Y sigue la barrena.

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Sobre el autor Alejandro Carantoña
Letras, compases y buenos alimentos para una mirada puntual y distinta sobre lo que ocurre en Asturias, en España y en el mundo. Colaboro con El Comercio desde 2008 con artículos, reportajes y crónicas.