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Audiencia Nacional

Música y delito
Alejandro Carantoña 25-06-2017 | 4:00 | 0

A pocas semanas de que la cuota de autónomos vuelva a subir, reptando paulatinamente hacia los trescientos euros mensuales, y con la vendimia musical veraniega recién abierta, se ha destapado la caja de los truenos: la SGAE y la Agencia Tributaria —cuando no la Audiencia Nacional— tienen mucho que ver en el florecimiento de varios esperpentos empresario-musicales para esta temporada primavera-verano.

La primera historia empieza a escribirse hace dos años, cuando el principal promotor de orquestas de romería en Galicia y Asturias recibió una acusación formal y pública de prácticas fraudulentas en su empresa. Se le acusa de un delito fiscal de proporciones futbolísticas. La instrucción por la primera de las cuatro causas que tiene abiertas se cerró este mismo mes con la petición de doce años de prisión y multas de en torno a cincuenta millones de euros. Aún quedan otras tres.

Casi simultáneamente, y ya en Asturias, Perlora tomaba la decisión de prescindir de su romería a partir del próximo año, puesto que la SGAE le reclama doce mil euros que había dejado de ingresar en concepto de derechos de autor durante los cinco años precedentes. Los responsables, a cuya boca acudió la palabra «mafia» en la amarga despedida, denuncian la asfixia a la que la entidad de gestión los tiene sometidos (aunque no pone en tela de juicio la legitimidad de la demanda, toda vez que todo es prístino y legal).

Como una sociedad de festejos no es una televisión, no contaban con la infraestructura necesaria para paliar «legalmente» la factura de la SGAE: así llegamos a la tercera historia, también de hace pocos días. En este caso, se trata de la Operación Rueda, que desde la Audiencia Nacional ha puesto sobre la mesa las técnicas empleadas en el seno de las televisiones para recaudar derechos de autor a espuertas. Las sospechas de la Policía se centran en la emisión, en las madrugadas televisivas, de refritos musicales trabados sobre piezas libres de derechos y vueltas a registrar por misteriosos personajes, con el único fin de que generasen derechos y así produjesen ingentes cantidades de dinero. Hubo dieciocho detenidos y constancia de que altos ejecutivos de entes públicos estaban al tanto. Dos grandes grupos mediáticos, por su lado, han reconocido que es una manera «legítima» de minorar el mordisco de la Sociedad General de Autores.

Todo esto ha ocurrido en menos de tres semanas, con la campaña recién inaugurada. Nótese que nuestras tres historias no hablan de los músicos ni de los autores; que ninguna versa sobre el advenimiento de nuevas tasas ni sobre el impacto en la forma de vida: que todas giran en torno al vil metal y a la gente (casualmente, ninguno músico) que se lucra o ha lucrado con la música de maneras, ahora sí, originalísimas. Los grandes damnificados en todos los casos son intérpretes; los grandes culpables, gestores o intermediarios o representantes.

A lo mejor todos estos episodios no son sino la constatación de que el modelo musical no funciona, o que está corrompido hasta el tuétano. Ejemplifican que una regulación tan coja como la que existe en España, en cualquier nivel administrativo, solo sirve para que los más avezados busquen la trampa, y para que los menos hábiles (o más preocupados por montar un grupo, una ópera o una romería) se acaben dedicando a cualquier otra cosa.

Qué difícil dar con una receta, revertir lo presente. Qué complicado —es la gran asignatura pendiente de los ministerios implicados— hincarle el diente a las artes que escapan a la cuadrícula acostumbrada. Y qué urgente, a la vez, es darle una buena sacudida.

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Libertad de tuiteo
Alejandro Carantoña 02-04-2017 | 3:00 | 0

La guarnición es una sentencia de la Audiencia Nacional contra una tuitera por bromear con el atentado que mató a Carrero Blanco; y el filete, el símbolo que ha nacido: una chica de 21 años a la que, según ha declarado estos días, le han «arruinado la vida» con este proceso. No ha rechazado ninguna petición de entrevistas, no ha escatimado en calificativos para con la sentencia y, así, ha contribuido involuntariamente a alimentar un rifirrafe ya desvirtuado, desnortado y enquistado. Ha completado el plato que unos y otros necesitaban para alimentar el griterío una semana más.

Una condena como esta es de lo peor que le podría haber ocurrido. Ahora bien, a partir del momento en que su nombre saltó a la palestra ha empezado el otro juicio, que casi es peor: en las últimas horas hemos podido leer análisis que van desde el «se lo merecía» hasta una oscurísima conspiración transfóbica en las altas esferas de la judicatura, cuando lo que ocurre es que la libertad de expresión y el Código Penal son asuntos tan complejos y llenos de matices que resulta complicado enfocar el debate e intercambiar opiniones con algún fundamento. (Huelga decir que prácticamente nadie se ha leído la sentencia.)

No obstante, se antoja muy difícil compartir que en España sea posible semejante dureza y semejante condena. A partir de ese punto, y con eso claro, solo cabe intentar que algo así no vuelva a suceder. Y de todos los caminos posibles para lograrlo —se entiende que ese es el objetivo de la tuitera condenada a partir de este momento—, posiblemente el peor de todos sea dejarse retratar con un líder político (sea quien sea: esta vez, el más rápido ha sido Pablo Iglesias) y alimentar la inquina: o bien se sabe muy bien en qué liga y con qué oponentes se está jugando, o bien aceptar el grado de exposición que le han propuesto a Cassandra Vera conduce únicamente a abundar en el daño causado.

El jueves, por ejemplo, a las pocas horas de ser condenada, Carlos Alsina la entrevistaba en la radio. Y, toda vez que había dejado clara su oposición a la sentencia, le preguntó a la tuitera si acostumbraba a desear la muerte de quien no pensaba como ella, al hilo de un supuesto tuit en el que deseaba que a Cristina Cifuentes le clavasen un piolet en la cabeza (dijo que no recordaba haberlo escrito, que seguramente era falso). Terminada la entrevista, Vera presentó en su Twitter la pregunta como afirmación y, por tanto, puso en boca del periodista una afirmación. Este le respondió por el mismo medio, pidiéndole que reconociera que le había hecho una pregunta y no una acusación, ante lo que ella volvió a arremeter con que estaba «fuera de lugar y basada en rumores».

Al cabo de pocas horas, la tuitera en cuestión dejó de negar tan categóricamente que nunca hubiese escrito aquel mensaje, y en su lugar se enzarzó en un duelo dialéctico con Cifuentes acusándola de transfóbica. El tuit sobre la entrevista de Alsina ha desaparecido.
Total, que ninguno de estos dos episodios restan un ápice de injusticia a lo que le ha ocurrido pero, visto y aclarado que el otro juicio se ha desatado ahora, es posible que esta forma de conducirse (a medio camino entre la mentira, el olvido y el desorden) no haga sino brindar argumentos a quienes ya la tienen en su punto de mira; obstaculice una movilización social unánime, firme y clara contra la sentencia y a favor de su indulto; y en último término no sirva sino para agravar la situación.

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Era una excusa
Alejandro Carantoña 15-02-2016 | 10:00 | 0

En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

En contra de lo que dicta el sentido común —u opinólogo, al menos— he aquí la locura de esperar una semana para escribir sobre el espectáculo de títeres que tan revuelto tiene Madrid y alrededores.

Este tiempo ha bastado para que el IBEX subiese y bajase —más bien lo segundo— lo indecible y, como ya es costumbre, para que el mundo apenas se desplazase de su eje, a pesar de aquello que están empeñados en vendernos como catarsis final.

Lo del chiringuito tiritero- madrileño-carmenero a pie de calle olía a fiasco informativo desde el minuto dos, pero eso no ha supuesto ningún inconveniente para que se organizase la mundial en portadas, tertulias e incluso prodigiosos programas televisivos muchísimo más largos de lo debido, para al final quedar en agua de borrajas.

Pasados los días, parece que ya empieza a decantarse el meollo del asunto, divido a su vez en dos partes jugosas y, como siempre, muy alejadas de donde se suponía que iba a estar el debate en un momento inicial: primera: ¿Hacían apología de algo estos anarquistas titiriteros? Segunda: ¿Es proporcionado el castigo?

La respuesta a la primera cuestión parece un rotundo no. Se trata más bien de una «boutade», tan frecuente como prescindible en el mundo artístico. Y que además gozaba, potencialmente, de un impacto irrelevante y frívolo. Pescozón por jugar con las cosas de comer pero, por lo demás, debate inexistente donde los haya. Sí conviene llamar la atención, no obstante, sobre el hecho de que buena parte del guirigay se haya organizado por la costumbre podemita de jugar a un discurso agresivo y contundente durante demasiado tiempo: tanto amenazar con que viene el lobo que, cuando uno entra disfrazado de ídem, lo muelen a palos sin preguntar.

Segunda cuestión: el castigo es desproporcionado y vacuo. Absurdo. Durante muchos años —y aquí mismo lo escribí con motivo del estupendo documental Ciutat morta hace un año— ha valido la pena evitar frivolidades en torno a ciertos asuntos, como el terrorismo o la violencia policial. Había que tomárselo muy en serio —critiqué a los autores del documental por aprovechar un premio como plataforma de reivindicación— y había que evitar, sobre todo, que las voces críticas para con lo peor del sistema abriesen la puerta a verse desautorizadas: una reflexión anulada es una reflexión perdida.

Es exactamente lo que ha ocurrido: que más que cometer un error garrafal con su espectáculo, los programadores y el Ayuntamiento de Madrid han abierto la puerta a que el establishment político que quieren combatir entre en tromba contra ellos. En concreto, han sustanciado el mensaje —que no es baladí— de que si bromas, frivolidades o reflexiones parecidas se hubiesen producido en sentido opuesto (el bebé de Bescansa) sí se hubiese exigido y justificado un acto de censura igual o mayor al que se han visto sometidos ellos.

Después de todo, de todo el ruido y las portadas y las tertulias, posiblemente este artículo no contenga nada de novedoso o de disonante con respecto a lo que alguien haya escrito ya. Nada más que esa inconsciencia, en los tiempos en que vivimos, de esperar algo más de siete días para formarse una opinión (y expresarla) sobre algo que prácticamente nadie ha visto, sobre lo que la mayoría no sabe prácticamente nada y sobre lo que, ay, pesa la sospecha clara de ser más una palanca de opinión que un asunto realmente importante. En fin: era una excusa.

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Sobre el autor Alejandro Carantoña
Letras, compases y buenos alimentos para una mirada puntual y distinta sobre lo que ocurre en Asturias, en España y en el mundo. Colaboro con El Comercio desde 2008 con artículos, reportajes y crónicas.