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Dineros

Cervantes en la ruina
Alejandro Carantoña 09-10-2016 | 4:00 | 0

Tiene gracia que, justo en el cuarto centenario de Miguel de Cervantes, sea probable que no se falle el premio que lleva su nombre. Sería la primera vez en sus cuarenta años de historia que ocurre. Ni ese, ni el resto de Premios Nacionales: según el Ministerio de Hacienda, porque al de Cultura se le ha olvidado solicitar los fondos; según el de Cultura, porque esto nunca ha hecho falta y hay mala fe por parte de Montoro y sus secuaces.

En realidad, poco importa: nadie se va a enterar. Esta semana, también se ha publicado el último barómetro del CIS, que revelaba que a un 42% de españoles no le gusta leer. El 36 % no lo hace nunca o casi nunca. Así que ¿qué más dará que no se entreguen los premios a la Cultura más prestigiosos del país si nadie los va a consumir?

Ocurre con estas pequeñas rencillas —que han ido creciendo en intensidad a medida que crecía la incertidumbre en el seno del Gobierno en (eternas) funciones— que despojan a la Administración, al Estado y al Gobierno de cualquier clase de autoridad, ya mermada de por sí, en la cosa lectora y cultural. Es absolutamente imposible que se promueva el consumo de lo uno y de lo otro, que está por los suelos, si no es posible ofrecer una imagen monolítica, firme y autorizada sobre la relevancia que tienen los museos, teatros y librerías en nuestro día a día. Esa imagen nunca va a terminar de cuajar cuando el premio más importante de las letras españolas anda pendiente de un quítame allá ese burofax.

Por completar el panorama, a mediados de la última semana de septiembre nos llegaba otro titular no menos interesante: la mitad de los actores profesionales de España cobra menos de 3.000 euros al año por su trabajo; y solo un 8,17% vive de él —entendiendo por «vivir de él» cobrar 12.000 o más euros al año—. Estos, que tampoco son forzosamente la «gauche divine» que se deja ver por los sitios de moda de Madrid y Barcelona, viven sumidos en un vacío de atención tremendo, que es directamente proporcional a la que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el de Hacienda le dispensan a sus respectivos gremios y el asco que la Seguridad Social —de esto hace bien poco— les profesa a artistas jubilados o en vías de hacerlo.

Posiblemente no valga la pena siquiera preguntarse quién tiene la culpa. Cómo es posible que no uno, sino dos ministerios, con sus sedes, sus secretarías, sus boes y sus alarmas en el móvil hayan podido incurrir en semejante error. No pocos querrán achacar todo lo anterior a un Gobierno concreto o a un partido en particular, pero lo peor de todo es que la respuesta ni siquiera reside ahí: lo peor de todo es que, de momento, solo caben dos opciones posibles cuando hablamos de gestión y fomento de la cultura. Primera: recorte y orillamiento, porque no es algo ni importante, ni estratégico, ni crucial, aunque sí bastante decorativo. Segunda: ministerios solo para cultura, con profusión de altos cargos para llevar con mano firme el timón de las artes y alimentar el espíritu de toda una nación.

Ni la una ni la otra, que se acaban ensimismando ora en pequeñeces administrativas, ora en elevados debates sobre el devenir de la narrativa mundial, poseen la respuesta. Todo debería ser más tranquilo, más sencillo y por supuesto, más natural: que siquiera se siembre la duda sobre la posibilidad de que no haya Cervantes ya supone un daño irreparable.

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Traductores y delincuentes
Alejandro Carantoña 11-09-2016 | 4:00 | 0

Hace casi diez años, saltó un escándalo que sigue sin ser tal para la opinión pública: el Ministerio del Interior tenía contratadas, para tareas de traducción con cierto grado de seguridad, a personas con antecedentes penales. Esta semana, al fin, la Defensora del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada en julio por varias asociaciones de profesionales del ramo: en muchos juzgados de España (Asturias, entre ellos) no está garantizada la prestación del servicio de traducción por personal cualificado.

Coincide esta reclamación con el retorno del curso literario, en el cual predominan, en la sombra, no pocos traductores: sin ir más lejos, Volar en círculos, las memorias de John Le Carré, han aparecido esta semana en España simultáneamente a su lanzamiento mundial —y suponen el pistoletazo de salida a una jugosa selección de títulos extranjeros—. Cualquiera de los innumerables estudios realizados sobre este ámbito en España es desolador: el precio medio de la traducción literaria se sitúa en unos 3,6 céntimos por palabra, una cantidad irrisoria. Y en el caso de la especializada —la mejor remunerada, como la de los juzgados por la que ahora se lamentan las asociaciones—, los precios finales son muy superiores pero también hiperpoblados de intermediarios, con el consiguiente perjuicio para usuarios y profesionales. Al final, resulta que apenas la mitad de los traductores profesionales de España viven exclusivamente de su trabajo. Y un número elevadísimo no declara sus ingresos, dicen que por escasos.

Muchas voces, incluyendo el Ministerio de Cultura (que en 2010 publicó un Libro Blanco de la Traducción en España), lo achacan a la falta de visibilidad del trabajo: en la crítica nunca se comentan las traducciones salvo que sean una catástrofe; y en el caso de la ópera o del teatro, tan solo el crítico Luis Gago (que es, a la sazón, traductor) desliza algún comentario sobre los sobretítulos en sus textos. En general, de nuevo, cuando contienen errores.

Como oficio, es casi tan desagradecido como el de periodista o árbitro de fútbol: la labor se da por supuesta y solo se vuelve visible cuando se cometen fallos. El grado de tolerancia a la chapuza es, sin embargo, altísimo en España, donde se aceptan resultados mediocres siempre y cuando el precio sea más bajo; y donde, no nos engañemos, la cultura crítica sobre la traducción está en pañales: un número enorme de lectores cree que muchos de sus libros favoritos fueron escritos originalmente en español.

Esta deriva, infinita, ha terminado por alcanzar a las facultades (hasta hace apenas cinco años nos «regalaban» la acreditación de traductor jurado con la Licenciatura) y ha embarrancado, inevitablemente, en juzgados y servicios públicos: tan solo algunas instituciones de primer orden cuentan con traductores propios, mientras que la inmensa mayoría subcontratan el servicio sin supervisión efectiva en el mejor de los casos; y se lo encargan al mejor postor, en el peor.

Que esta queja sea aceptada a trámite es tan solo un pequeñísimo paso, pero sin duda uno que merece ser reivindicado y destacado a bombo y platillo: solo así es posible que desde quien se compra una lavadora y necesita consultar las instrucciones hasta el inmigrante que busca reconstruir su historial médico puedan tener garantizadas cosas que, de tan básicas, se dan por hechas. Y, justo por ese motivo conviene no olvidar que su existencia y buen hacer no se deben a la intervención divina, sino a un esfuerzo perpetuo y excesivo de una generación que aún espera ser reconocida.

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Poderoso caballero
Alejandro Carantoña 14-08-2016 | 4:00 | 0

Cuando hace unos meses se abrió el debate, en Gijón, sobre qué usos darle al edificio de la Tabacalera, por el barrio de Cimavilla empezó a correr una hoja para que los vecinos anotasen sus sugerencias. Las dos primeras consistían en montar un hotel de cinco estrellas y en poner piscinas y pistas de pádel (?). La primera, porque con ello acudirían hidroaviones privados a dejarse los cuartos en el barrio —¿por qué no hay hoteles de cinco estrellas en Gijón?—; la segunda, por pura comodidad de algunos.

De un tiempo a esta parte, y sobre todo desde que se creó el pionero mercadillo de Laboral Centro de Arte (imitado, fotocopiado y multiplicado en diversas versiones), en la ciudad ha cundido cierta obsesión por la cuestión económica: algo parecido ha venido sucediendo con el Niemeyer y su restaurante; y con Oviedo y su mayúscula cultura, que vive en el difícil equilibrio entre justificar su rentabilidad y ser de utilidad pública.

El último episodio ha sido sonado: el conde de Revillagigedo ha puesto el grito en el cielo por los usos que se le estaban dando al palacio cedido en la Plaza del Marqués, en pleno centro de Gijón, que hace tiempo que dejó de ser estrictamente cultural. El Mercazoco, no celebrado este fin de semana por una cuestión tan administrativa y económica como ciudadana y legal, ha sido la gota que ha colmado el vaso, después de muchísimas otras: ¿según qué criterios se puede ceder un espacio de todos a unos? Nadie ha respondido a esto, ni en un sentido ni en otro.

Con esta pregunta sobre la mesa, ya de forma explícita, amigos y enemigos se cuestionan sin tapujos desde la Semana Negra hasta Metrópoli, desde el mercado de la Plaza Mayor hasta los conciertos de Arte en la Calle, desde los usos de Tabacalera hasta los de Laboral. El batiburrillo es inmenso, sin límites, monstruoso, pero ha acabado por tener un denominador común de lo más pernicioso: el poderoso caballero, don dinero. Con razón, el conde planteaba que el objetivo original de cederle a una caja, ahora banco, ese fantástico enclave no era que nadie se lucrase.

Desde que llegaron las estrecheces económicas y los presupuestos empezaron a escasear, resulta que en Asturias —sin que sea explícito, ni objetivo, ni del todo bien trabado— se aplica un turbio criterio que mezcla la rentabilidad económica con el vaporoso bienestar y cultivo de los ciudadanos. Al final, resulta que o bien se organizan cosas que atraigan, renten o conciten grandes masas o bien se permite (no sin trabas de toda clase y condición) que iniciativas más pequeñas y recoletas se organicen por su cuenta.

El resultado final es una región renqueante en lo cultural (Gijón languidece en invierno; Oviedo, en verano; los demás, hacen lo que pueden) y que termina por contraprogramarse a sí misma. En estos cuatro años hemos visto espectáculos hacer giras por un área de veinte kilómetros cuadrados y conciertos (hasta siete) coincidir en una misma ciudad un mismo día a la misma hora, cuando el público objetivo de todos ellos no supera los pocos miles.

El motivo principal es ese, el dinero y los permisos y la infraestructura deseada, pero también una dejadez absoluta por parte de quien debiera velar por la cultura en la región: se ha pasado de copar la programación a dejarla en manos de quien quiera, pueda o se proponga poner en pie cualquier iniciativa, con resultados tan irregulares como contradictorios. No estaría de más que, en lugar de apresurarse a justificar gestiones y ahogar a presuntos competidores (sean ciudades, partidos o particulares), nos sentásemos y charlásemos un rato.

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Un chagall en la oficina
Alejandro Carantoña 29-02-2016 | 10:00 | 0

En funciones es la serie de artículos de opinión que, cada domingo desde noviembre de 2014, aparecen en la sección de Cultura de la edición impresa de El Comercio, y cada lunes siguiente, aquí.

Dmitry Ryboloblev era un oligarca ruso, millonario como un estereotipo, que se mudó a Suiza hace veinte años. Cuenta la anécdota, recogida por el New Yorker, que cuando se compró la mansión correspondiente en el mejor barrio de Ginebra descubrió que el anterior propietario la había acondicionado para su colección de arte. Por eso, ya que había unos apliques en la pared, estimó que era el momento de comprar alguna cosita para que le diese la luz y no desperdiciarlos. Como no tenía mucha idea, acudió a la esposa del dentista de su mujer para que le hiciese las gestiones oportunas. Al punto, se decantó no por un póster de alguna película de Tarantino o por una marina de tres al cuarto, no: Aunque no le sonaba ni de oídas, acababa de adquirir Le Cirque, de Chagall, por seis millones de dólares para que hiciese bonito en el salón.

Nadie duda de lo que un chagall puede costar, pero en este caso resulta bastante obvio que gastarse seis millones en él equivale a hacerse una tortilla con caviar y regarla con kétchup. Sobre esto mismo reflexiona un estupendo documental de 2006, Who the fuck is Jackson Pollock? (¿Quién coño es Jackson Pollock?): esa es precisamente la pregunta con la que arranca la historia de una camionera que, por accidente, acaba teniendo lo que quizás sea un pollock en el salón. Por cinco dólares. A partir de ahí, una cruzada por saber si las manchas sobre el lienzo son genuinas o imitaciones, sin método científico que valga para acreditarlo y sin más argumentos que los aportados por expertos en Historia del Arte. A la buena señora, en cualquier caso, le parecía un horror.

Así, el mercado del arte es el mejor para ejemplificar un mal endémico, y uno que últimamente tiene contra las cuerdas judiciales a no pocos políticos españoles: que si aeropuertos, que si loterías, que si obras de arte, que si sobrecostes… El último, ayer mismo, cuando en las páginas de este periódico Ana Moriyón devolvía al primer plano el misterioso caso de la web electoral de Isabel Pérez-Espinosa, del PP, para su campaña de 2011: con motivo de la declaración de Mercedes Fernández en el juicio por el caso Pokémon, recordamos que una empresa de comunicación facturó 25.000 euros por hacer esta página, mientras que off-the-record se reconocía que no valía ni una octava parte.

Aunque en este asunto concreto las sombras de corrupción son evidentes, tenemos otros casos de servicios artísticos, creativos o literarios de dudosa tarificación a mansalva, o, al menos, poco establecidos. Por ejemplo, cuando en 2009 el Principado sacó a concurso la traducción al asturiano y al inglés de su portal informativo, lo hizo con un presupuesto tope de 600.000 euros (IVA excluido), a razón de 200.000 euros al año, a razón de 547 euros al día. (El presupuesto adjudicado para los servicios de traducción jurídica al español para toda la administración de justicia asturiana otorgado en 2015 es casi una cuarta parte.)

El problema de todo este maremágnum poco regulado y sin colegios de ninguna clase (solo los periodistas han hecho un esfuerzo en este sentido) es que resulta en una liberalización desbocada, opaca y sin apenas criterios técnicos que establezcan qué, cómo o por qué contratar a un traductor, comprar un cuadro o subvencionar un concierto de rocanrol, tanto en la esfera pública como en la privada: no sabemos cuánto cuesta nada porque tan pronto una web vale 3.000 como vale 25.000; y traducirla, cinco veces lo que costó hacerla. Y salvo debacle, viaje subvencionado o causa judicial, así seguimos. Y seguiremos.

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Sobre el autor Alejandro Carantoña
Letras, compases y buenos alimentos para una mirada puntual y distinta sobre lo que ocurre en Asturias, en España y en el mundo. Colaboro con El Comercio desde 2008 con artículos, reportajes y crónicas.