El Comercio
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FACULTAD DE ESPIAR
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Guillermo Díaz Bermejo | 11-12-2017 | 09:01| 0

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

Pero, no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decidió apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y sacó adelante la Ley Orgánica 13/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la aprobación de esta reforma, se vuelve a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Esta Ley, abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y además de los delitos de terrorismo y crimen organizado, que eran el objeto de SITEL, los amplía a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información, comunicación o servicio. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos dolosos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

Lo más preocupante es que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos y existan razones fundadas que hagan imprescindible la investigación, la medida de interceptación podrá ordenarla el Ministerio del Interior, o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Una vez aplicada la medida, se comunicará inmediatamente al Juez competente, dentro del plazo máximo de 24 horas.

¿Qué ha pasado con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?  Pues lisa y llanamente, el legislador, al haber ampliado el abanico de delitos, está conculcando los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice, e introduciendo nuevos supuestos y nuevos tipos de delitos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue la reforma de la ley, es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente introduce delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se ha establecido, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora ha introducido la ley reformada.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que ha introducido el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

 

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LA REVOLUCIÓN PENDIENTE
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Guillermo Díaz Bermejo | 04-12-2017 | 17:40| 0

Me sirve de pie para hilvanar este artículo, lo que dijo el dramaturgo y premio nobel, Bernard Shaw: No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos. Envejecemos porque dejamos de jugar.

Las generaciones de mi edad, mayores de 65 años y hoy jubilados, hemos nacido en una dictadura, en la que luchábamos por defender unos derechos y unas libertades. Luchábamos por alcanzar una democracia. Luchábamos por defender la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres o por combatir el racismo. Luchábamos por conseguir mejores servicios y una mayor calidad de vida Nos esforzábamos, trabajábamos duro, sufríamos estrecheces económicas, sacábamos a nuestros hijos adelante dándoles la mejor formación posible. Y en esa lucha continuada y muchas veces difícil, casi sin darnos cuenta, llegamos a la edad de la jubilación.

En esta nueva situación aceptada, pero muchas veces no querida, creo que las personas jubiladas tenemos ante nosotros una revolución pendiente y debemos de luchar por ganarla. Por suerte (no por desgracia, como algunos economistas sostienen, al decir que somos un problema para el sistema de pensiones y una amenaza en ciernes para el sistema económico), los españoles somos mucho más longevos y tenemos más calidad de vida que generaciones anteriores, gracias al buen sistema sanitario que tenemos y que seguro está entre los mejores del mundo, aunque algunos lo critiquen.

Aceptamos que el sistema económico o político decidiera que a los 65 años hoy y a los 67 dentro de un tiempo, todos tenemos que jubilarnos y por tanto ya tenemos que ser viejos, porque, según dicen, estamos obsoletos y amortizados. La cuestión es ¿a qué edad envejecemos?, porque una cosa es el envejecimiento y otra muy distinta es la longevidad. La longevidad (que por suerte para nosotros, es de las más grandes del mundo, debido a  que tenemos un claro incremento de nuestra esperanza de vida), es una cuestión de años cumplidos en el calendario, pero el envejecimiento no es sólo una cuestión de calendario, es sobre todo una actitud mental.

Desde mi punto de vista, los jubilados tenemos que tener una visión positiva del envejecimiento y tenemos que luchar para seguir manteniéndonos activos tanto física como mentalmente, ya que estamos ante el hecho constatable de que la población está viviendo muchos más años y con mucha más calidad de vida que otras generaciones anteriores. Con esta visión positiva, los jubilados tenemos que volver a luchar en esta nueva revolución que está ante nosotros y que tenemos que ganar. En modo alguno podemos asumir y aceptar la definición que la Real Academia de la Lengua hace sobre la jubilación o la vejez, cuando dice que nos cesan y nos dan un derecho a pensión por razón de vejez. O que nos dispensan del trabajo, por razón de nuestra edad o decrepitud que no nos permite realizar las actividades que teníamos o que nos incumbían, o cuando coloquialmente se nos dice que nos desechan porque somos inútiles. O sencillamente porque llegamos a una edad, donde ya tenemos derecho a la pensión de jubilación.

Tampoco podemos asumir ni aceptar que nosotros, los jubilados o los viejos, somos un problema porque generamos muchos gastos en pensiones, en sanidad, en dependencia o en otras muchas cosas. Muy al contrario, nosotros somos una gran oportunidad de negocio para el mundo empresarial donde pueden focalizarse nuevas inversiones dirigidas a los jubilados. Frente a este real hecho demográfico de una mayor longevidad, seguro que aparecerán nuevas actividades empresariales dirigidas a este sector de la población, que sin duda alguna van a generar muchos beneficios para ellas. Por tanto, nosotros no somos una carga. Somos una oportunidad de negocio.

Me niego a que se hable de nosotros como unas personas que tras la jubilación, tenemos toda clase de achaques, manías propias de los viejos, que se nos olvidan las cosas, que ya somos analfabetos digitales, que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a pasear para molestar lo menos posible, o a hacer viajes con el IMSERSO con bailes de salón incluidos, o que, como no tenemos nada que hacer, nos dediquemos a pasear a nuestros nietos.

Es cierto que, por mi edad de calendario, yo ya me estoy haciendo mayor, pero en modo alguno por mi manera de ser y de actuar.  No pretendo tener una segunda juventud cuando sigo haciendo buenas y largas rutas en bicicleta, esquiando o haciendo toda la serie de actividades  que mi estado físico me permite, aunque sea mayor. La etapa de la juventud ha quedado atrás y ya la tengo superada. No pretendo emular por tanto, todas aquellas actividades que hacía cuando era joven, pero si pretendo  romper esos estereotipos que se dan a la vejez. Pretendo vencer actitudes viejistas.

Quiero seguir haciéndome mayor cultivando mi aspecto físico, cultivándome intelectualmente a través de la formación, reciclando mis conocimientos profesionales e incluso emprendiendo nuevos procesos formativos. Me gusta sentirme orgulloso de mi edad y de haber llegado a donde he llegado. Pero esto no es suficiente y de ahí que quiera luchar por esa revolución pendiente que implica que siga preocupado y critique la política y la injusticia social.

Quiero resistirme a que algunos jóvenes me digan que nosotros ya estamos obsoletos y por eso reto a esos jóvenes a que en buena lid debatan conmigo sobre el uso por ejemplo de las nuevas tecnologías o que debatan conmigo sobre esa formación académica reglada en la que estoy inmerso ahora mismo, o que debatan conmigo sobre cuestiones empresariales o profesionales.

Nosotros somos un grupo muy numeroso y heterogéneo. Cada uno somos diferentes y también tenemos necesidades diferentes, pero hay algo importantísimo que nos une y es que tenemos la serenidad de la madurez, experiencia, sabiduría e independencia. Pero diría aún más, muchos seguimos teniendo coraje y fuerza. Y por eso considero que una sociedad coherente, debe de dar protagonismo a las personas que venimos de esta generación, ofreciéndonos la posibilidad u oportunidad de que podamos seguir estando activos.

Mi edad ya no importa, lo que importa es que ya tengo bastantes años y bastantes experiencias vitales para no tener miedo y para hacer aquello que quiero y siento. Y lo que quiero sencillamente es iniciar la revolución contra el envejecimiento, pasando a un envejecimiento activo en esta etapa de la vida en la que podemos seguir creciendo personalmente. Como alguien dijo. “tenemos que dar vida a los años y no solamente año a la vida. La población no envejece. Lo hacen las personas”.

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¿POR QUÉ NO VIOLENCIA DOMÉSTICA?
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Guillermo Díaz Bermejo | 25-11-2017 | 08:52| 0

Hoy, con ocasión del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en todos los medios de comunicación corren ríos de tinta hablando de la violencia machista. La portada del diario El Comercio recoge cuarenta mensajes por cuarenta víctimas y aparecen asturianos relevantes, levantando sus carteles contra la violencia sobre las mujeres. En prensa, radio y televisión se habla sin parar de “crímenes machistas”, “violencia machista”, “acabemos con la violencia machista”, “basta ya de violencia contra las mujeres”.

Va por delante que repudio todos esos brutales asesinatos de mujeres, que claramente sitúo en el ámbito del crimen machista o de la violencia de género. En lo que no puedo estar de acuerdo es que sólo se proteste, se chille, se hagan concentraciones, se guarden minutos de silencio o se pongan pancartas,  contra la violencia llamada de género o machista, pero se calle o silencie toda la violencia que se da en el ámbito doméstico. Parece que se ignora que también hay hombres maltratados e incluso asesinados, que hay hijos o hermanos maltratados y asesinados, que hay padres y abuelos maltratados. Por esto, debería se eliminarse la excluyente expresión de violencia machista o de género y sustituirla por la más genérica de “violencia doméstica”.

Voy a tratar de justificar lo que sostengo  a renglón seguido, tomando como referencia la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y empiezo diciendo que no sólo hay mujeres maltratadas. También hay hombres maltratados, hay padres maltratados, hay hermanos maltratados y hay otros familiares maltratados. Tomo como referencia también la Ley de Igualdad de 2007 que pretende conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En esta ley, que conceptúa la violencia de género como un tipo de violencia contra la mujer, cometida por un hombre, el legislador ha considerado que el hombre siempre se encuentra en una situación de superioridad sobre la mujer, porque suele ser el que tiene más fuerza física y con ello crea una presunción de culpabilidad que difícilmente admite prueba en contrario. Así, a título de ejemplo, no considera que pueda haber casos en que el hombre físicamente puede ser más débil que la mujer. Un sector de la judicatura sostiene que <> y esto, evidentemente, se opone a la idea de considerar a la mujer, por definición, especialmente vulnerable ya que también podemos encontrarnos con hombres y otros familiares, especialmente vulnerables. El propio Juez Serrano, Magistrado titular de un juzgado de familia, habla de una falsa violencia machista y habla de una realidad silenciada, diciendo que hay muchos hombres condenados porque sus mujeres los denunciaron falsamente. Este Juez informa también que sólo en la Comunidad de Madrid, hubo un total de 2.589 delitos de violencia femenina sobre sus parejas masculinas.

Parece más que evidente, que esta ley discrimina a los hombres heterosexuales por razón del sexo, al no considerar la violencia contra el hombre como un delito, como lo hace con la mujer, y esto, sin duda contradice el artículo 14 de nuestra Constitución que establece el “principio de igualdad” sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.  Pero es que además, desde que en 2005 se permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, también los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas, van a quedar discriminados por la Ley de Violencia de Género. Y diría también que incluso discrimina a las propias mujeres que en el siglo XXI luchan por una igualdad de oportunidades ya que la ley lleva expresamente a que la mujer está en inferioridad de condiciones frente al hombre.

A mi juicio, la actual Ley de Violencia de Género fue promovida por un gobierno que no quiso mantener el concepto amplio de violencia familiar o doméstica, que antes englobaba a todos los maltratos que se daban en el hogar, sin distinguir ni el sexo ni la condición de las víctimas. Aunque la violencia en el ámbito familiar está prevista en el Código Penal Español, esta a mi juicio discriminatoria Ley, limita el término de violencia, sólo a la que ejercen los hombres y padecen las mujeres, negando así cualquier opción a que la situación pueda ser distinta. Por tanto, si la Constitución nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, esta ley tiene todos los visos de ser inconstitucional porque como se decía antes, discrimina a los hombres, a los homosexuales o a las lesbianas.

Entiendo que la violencia contra el hombre por parte de la mujer, tiene una incidencia menor, pero eso no quiere decir que no la tenga y los datos así lo demuestran y por tanto, también debería ser objeto de atención. Sin embargo este es un tema tabú, quizá porque alguien puede lanzar rápidamente la acusación de machismo. Probablemente este tabú tiene que ver con el rol estereotipado que ve a los varones como el sexo fuerte.

Concluyo por tanto sosteniendo que esta ley debería de ser modificada y volver a un estado anterior en que se perseguía la violencia doméstica. El ámbito de la violencia doméstica engloba por supuesto a la violencia de género o machista, pero también a toda la violencia doméstica en la que quedan incluidas mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, padres, hijos, abuelos y resto de la familia. Pudiendo englobar el todo, discrimina, sólo considera débil a la mujer y por tanto sólo la protege a ella. ¿Bastante injusto no?

 

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NO HE LEÍDO PERO ACEPTO
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Guillermo Díaz Bermejo | 22-11-2017 | 17:31| 0

Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con  jóvenes emprendedores que recurren a nosotros, en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo  sobre la necesidad de redactar de modo claro, los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: “y eso que más da si nadie los lee”.

Al principio te quedas sorprendido por esas afirmaciones, pero después reflexionas y te das cuenta de que ciertamente tienen razón.  Yo mismo reconozco que, aun cuando tengo formación jurídica y conozco las consecuencias legales que implica ese precipitado click que hago para aceptar algo, en muchas ocasiones, por prisa o  por ese qué más da,  he aceptado unos términos y condiciones que no he leído previamente.

Cualquier usuario que se mueva por la red, cualquier persona que esté utilizando las redes sociales como Facebook, Twiter o Google, cualquier usuario que utilice la banca electrónica, reserve hoteles, compre billetes de avión, cualquier usuario que haga compras por internet, o en definitiva, cualquier usuario que utilice la infinidad de servicios que se ofrecen en la red, indubitadamente se va a encontrar con una casilla en la que tiene que hacer click y con ello aceptar los términos y condiciones que se le imponen si quiere hacer uso de esos servicios. Instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores, nos registramos en redes sociales, nos damos de alta en todo tipo de servicios y firmamos una y otra vez de modo indubitado, sabiendo que esas empresas y proveedores, lo que hacen es redactar avisos legales sin arriesgarse a dejar ningún resquicio legal y sobre todo cuidándose sus espaldas.

Probablemente, aceptamos de modo mecánico estas condiciones, por pereza, por falta de tiempo, por buena fe, por comodidad o incluso porque alguna vez intentamos leer un largo y farragoso texto, lleno de formulismos legales que, al no tener conocimientos jurídicos, en vez de resultar clarificador, te dejan aún más confundido. En esta situación tan confusa, como lo que nos interesa es utilizar el servicio que nos ofrecen, dejamos a un lado la lectura del texto y nos limitamos a aceptar de modo mecánico. Es decir, hemos dado un consentimiento “desinformado”.

Y ¿qué es lo que hemos aceptado? Aunque no hayamos leído nada, lisa y llanamente hemos aceptado un contrato, con la misma validez legal y con los mismos efectos jurídicos que si lo hubiéremos firmado en un documento escrito en presencia de las partes. Así que, a partir de ahí, poco podremos hacer si alguno de esos servicios abusa de nosotros, por ejemplo, cediendo o vendiendo nuestros datos personales a otras empresas. Y podremos hacer poco o nada, sencillamente porque de modo expreso hemos aceptado esas condiciones.

Antes de escribir este artículo, me he tomado tiempo para leer a fondo las condiciones de Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Estuve toda una tarde leyendo e interpretando términos y condiciones y la conclusión que he extraído es muy clara. He regalado todos mis datos personales y de mis amigos, he regalado mis derechos de propiedad intelectual sobre lo que escribo o sobre las fotos que publico, he consentido que me rastreen esté donde esté y que con técnicas de bigdata sepan todo lo que hago, donde estoy, con quien estoy, que gustos o aficiones tengo, cual es mi ideología, cual es mi tendencia sexual, e incluso pienso que también llegan a saber si tengo una aventura o una relación extramatrimonial.

He aceptado también que cuando les venga en gana, a su criterio y sin mi consentimiento, puedan cambiar estas condiciones de uso. Y si todo esto no me gusta y deseo presentar contra ellos una demanda judicial, he aceptado expresamente que me someto a los Tribunales americanos donde están ubicados estos gigantes tecnológicos. Incluso, en algún caso he aceptado que expresamente renuncio a llevar a los tribunales al prestador de esos servicios.

Es cierto que en España, legalmente, las empresas que operan en nuestro país tienen la obligación de informar a sus usuarios mediante avisos legales, sobre sus políticas de privacidad, usos de cookies, o condiciones generales de contratación. Pero ¡qué más da que tengan esta obligación legal!. Estas operadoras cumplen con la ley, pero el problema es que hacen un minucioso redactado con un solo objetivo: No asumir ninguna responsabilidad y de paso limitar o reducir las garantías de los usuarios.  Como saben que el usuario quiere utilizar sus servicios, lo hacen prisionero provocando que hagan ese click de aceptación, cuando en realidad saben que ese usuario está prestando un consentimiento desinformado, por muy exhaustivo que sea ese aviso legal. En resumen, ese famoso “he leído y acepto los términos y condiciones” es esa gran trampa en la que nos meten los diferentes operadores, ya que aceptamos pero desconociendo todos los detalles.

Como muestra de esa aceptación mediante un precipitado click de algo que no he leído, en Londres, una empresa de seguridad, con la colaboración de la Europol, hizo un experimento para poder probar que los ciudadanos no saben lo que aceptan. El resultado del experimento fue que muchas personas aceptaron entregar a sus hijos para toda la vida, al aceptar los términos de la conexión a una red wifi pública. Probablemente esto ocurre porque tenemos prisa, porque no queremos perder el tiempo. Además, realmente, leer todos los términos y condiciones de todo lo que usamos, implicaría muchas horas e incluso muchos días para leer todo. Y si a eso añadimos los lenguajes con cierta complejidad jurídica que no está al alcance de las personas que no hayan estudiado derecho, mal vamos.

El gran problema es que los operadores de estos servicios, nos ponen ante el dilema de “o lo tomas o lo dejas” y si quieres usar sus servicios, indubitadamente no tienes más remedio que aceptar. Y al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación de tus gustos, en definitiva de toda tu vida. En conclusión, en internet nada es gratis.

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NO SON PRESOS POLÍTICOS
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Guillermo Díaz Bermejo | 09-11-2017 | 08:10| 0

Como leí por una red social en sentido jocoso, decir que los independentistas catalanes son presos políticos por sus ideas, es lo mismo que decir que los violadores están en la cárcel por practicar el sexo.

Es verdad que en la Unión Europea, probablemente, por primera vez se ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos, no por corrupción o por delitos comunes, sino por una manifiesta insurrección institucional. También es cierto que estas decisiones judiciales pueden resultar traumáticas y que de hecho están provocando muchas reacciones de todo tipo. Pero, en lo que en modo alguno puedo estar de acuerdo es que ciertos dirigentes como Iglesias, Colau y otros más, digan que España hoy es una dictadura, donde hay presos políticos porque se detiene a los opositores. Concretamente Pablo Iglesias recrimina aquí lo que en sentido contrario aplaude que se haga en Venezuela. Tampoco puedo estar de acuerdo con esas consignas de “libertad para los presos políticos” que utilizan propagandísticamente los independentistas para convencer a no sé quién, de que en España tenemos un estado opresor que encarcela a los disidentes políticos por sus ideas.

Lo que sabemos con certeza, porque se ha comprobado, es que los hechos por los que se les juzga, son que todos los miembros del Gobierno de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para llevar a cabo un referéndum independentista, para declarar el estado catalán independiente en forma de república. Utilizaron violencia intimidatoria de sectores independentistas de la población, llamaron a la insurrección y vulneraron descaradamente tanto nuestra Constitución, como todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional vino dictando ya desde el pasado 2015. Es cierto que tenían la mayoría absoluta de diputados, pero no así de votos. Estos personajes públicos también se valieron de las asociaciones civiles independentistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana,   a las que pertenecen un gran número de los diputados y miembros del Govern.

Elaboraron un documento titulado “reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica” que era la hoja de ruta para llegar a la independencia y que definía el papel que cada uno debería de jugar en el plan establecido. Este documento, en realidad, lo que recogía es todos los pasos que terminó ejecutando el gobierno de la Generalitat y el Parlament.

En este proceso, aprobaron leyes y resoluciones para dar aparente cobertura legal al proceso. Estas leyes y resoluciones fueron declaradas todas inconstitucionales. Cataluña no tenía competencia ni para declarar el referéndum ni para ejecutar el proceso de desconexión. Pese a todo esto, Pugdemont lideró la movilización de los sectores independentistas y se saltó a la torera la Constitución. Promovieron actos, manifestaciones, proclamas para inyectar en la sociedad la idea de que existía un derecho de autodeterminación y que todo lo que estaban haciendo estaba legitimado.

El gobierno de Puigdemont, para conseguir efecto intimidatorio, asumió de modo exclusivo el mando de los Mossos d`esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos. Se mandaron cartas a los alcaldes catalanes para que pusieran a su disposición los locales municipales necesarios para celebrar el referéndum, mandado que algunos alcaldes desatendieron. En mítines se hicieron llamamientos al enfrentamiento. Se promovieron movilizaciones y concentraciones tumultuarias para oponerse a la ejecución de órdenes judiciales, para impedir que policía y Guardia Civil cumplieran sus funciones, así como actos de acoso o “escraches” en sus lugares de trabajo y de descanso. Se trataba de conseguir la secesión de modo coactivo.

El pleno del parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que como sabemos, provocó la aplicación del art 155 de nuestra Constitución. El gobierno organizó y financio con fondos públicos, todo el proceso. Se habilitaron partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades derivadas del proces. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas partidas.

Pese a eso Puigdemont hizo posible la realización de pagos por importe de 6.207.450 €, no ya por llevar adelante un acto contrario a derecho, sino que además, es constitutivo de un delito, en cuanto que vulnera una orden constitucional. Se ordenaron gastos para algo que era delictivo. Eran gastos que nada tenían nada que ver con la función pública y que nada tenían que ver con el correcto funcionamiento de la Comunidad.

Y todo esto,  amigos míos, lisa y llanamente,  constituye delito de rebelión del artº 472 de nuestro Código Penal, de sedición del  artículo 544, de malversación del 432, de prevaricación del 404 y de desobediencia del 503. Estamos hablando no de uno, sino de cinco delitos claramente tipificados en nuestra Ley penal. Y además de todo esto, también deberíamos de hablar de la gran fractura social que se ha provocado en Cataluña, unida a unas desastrosas consecuencias económicas y a una falta total de reconocimiento internacional de este procés que ojala olvidemos pronto.

Por tanto, los que ya están en prisión provisional y los que han huido a Bruselas que confío pronto estarán en prisión también, en modo alguno son presos políticos, son presos en prisión preventiva hasta que se les juzgue por los cinco delitos de los que se les acusa.

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¿DE DONDE SALE EL DINERO?
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Guillermo Díaz Bermejo | 08-11-2017 | 17:36| 0

Todo el mundo sabe lo que cuestan las estancias en hoteles, los billetes de avión o las comidas, desayunos y cenas que se hacen cuando uno viaja al extranjero. A estos gastos que está soportando el Sr. Puigdemont y sus Consejeros, además, hay que añadir el pago de unos cuantiosos honorarios profesionales del Abogado que los defiende, así como los costos de alquileres de salas y de otros medios que están utilizando para su propaganda política ¿Cuánto costará entonces la estancia en Bruselas, que me temo va a ser larga, del Sr. Puigdemont y sus cuatro consejeros? ¿tienen dinero para pagar todo esto?. ¿De dónde lo sacan? Teniendo como tienen sus sueldos congelados, me temo que, como siempre, este dinero ha salido y sale de las arcas de la Generalitat.

Hasta donde yo llego, y por la pública declaración de bienes y de patrimonio que el Sr. Puigdemont proporcionó al área de transparencia del Govern, cuando ocupó su cargo de president, este señor declaró que tenía un patrimonio valorado en 280.000 euros (vivienda unifamiliar en San Juliá de Remis), un dinero en cuentas corrientes de 14.000 euros y un coche Renault megane. Tenía pendiente de amortizar un crédito hipotecario de esa vivienda del orden de 127.000 euros. Los cuatro consellers que lo acompañaron, aún tienen menos dinero y patrimonio que él.

En esta situación, ¿alguien se puede creer que estos personajes, con cargo a su bolsillo pueden soportar los ingentes gastos que están generando tras su huida a Bruselas? Yo no me lo creo. ¿Alguien se puede creer, de otra parte, que los 200 alcaldes que ayer fletaron un vuelo chárter para ir a arropar a este fugado, con el propósito de hacer ruido, para provocar que la Comunidad europea se involucre en el problema catalán, lo hayan pagado de su bolsillo?. Sólo este vuelo chárter ha costado 112.000 euros, a los que hay que añadir el coste de la manutención y de los traslados en taxi desde el aeropuerto. –en esta situación, con todo el cinismo del mundo, alguno de estos alcaldes ha dicho que ha tenido que pagar 300 euros de su bolsillo,  por este vuelo.

Yo no pienso mal si digo que, previamente a esta huida, desde Barcelona ya se había planificado previamente todos los movimientos que se iban a realizar e igualmente se habían previsto y presupuestado las cantidades de dinero que se iban a necesitar. Tampoco pienso mal si digo que esa partida presupuestada, ya se había trasladado a Bélgica y estará depositado enalguna sociedad oculta,  para hacer frente a todos los gastos que se generaran. Estoy convencido que la Guardia Civil ya estará investigando y que terminará por averiguar dónde está y cómo se ha desviado ese dinero que ahora mismo está escondido el algún lugar.

Estoy convencido también, que en previsión de que la puesta a disposición del juzgado español que instruye el procedimiento, pudiere durar tres o más meses, para hacer frente a las ingentes cifras de dinero que se necesitan para mantener su estancia en Bruselas, con la correspondiente logística, e incluso con los fondos suficientes para hacer frente a los altos honorarios de su abogado defensor (1.000€ por hora de trabajo) o para hacer frente al pago de su seguridad personal, se necesitaba disponer del necesario fondo de dinero.

Ya es un secreto a voces que Omnium y la Asamblea Nacional Catalana, cuyos líderes se encuentran en prisión, han recibido subvenciones y donaciones de la Generalitat que superaron los 20 millones de euros. Es más que probable que muchos de esos dineros han ido a parar a Bruselas para sustentar allí la estancia de los fugados. Tarde o temprano, tras la investigación de los movimientos bancarios que ordenó la Juez Lamela, se terminará averiguando cómo y en qué cuantía se habrá evadido el dinero necesario. También es posible que tiempo atrás, utilizando las estructuras de sus embajadas exteriores, camuflando conceptos, se hayan ido trasladando fondos, destinados a este fin y no al normal funcionamiento de la embajada.

Sea como fuere, la realidad es que los fugados están utilizando dinero público que han sustraído para su uso personal y esto constituye otro delito más, cual es el de malversación de caudales públicos.

Qué ganas tengo de que, cuanto antes, se acabe este vodevil, se juzgue y condene a estos delincuentes, metiéndolos en prisión y embargando todos sus bienes para responder de todo lo que han defraudado. Sé que esto va a ser lento, pero confío en que el final sea este. Ojalá pronto nos olvidemos de este mal sueño catalán.

 

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UNA INSTITUCIÓN DE ROBO A GRAN ESCALA
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Guillermo Díaz Bermejo | 05-11-2017 | 10:39| 0

Decía el filósofo americano Murray Rothbard que “el Estado es una institución de robo a gran escala y que los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que políticos y burócratas roben el dinero de los ciudadanos y lo despilfarren de manera vergonzosa”.  ¡¡Qué gran verdad!! Creo que a estas alturas, en España podemos decir que esta afirmación es más que correcta.

A la vista de los balances  sobre los delitos cometidos por políticos y funcionarios, que el Poder Judicial vino elaborando, podemos ver que sólo en los dos últimos años, los juzgados y tribunales han procesado o abierto juicio oral a 3.218 políticos. De ellos, hasta ahora, sólo 134 han ingresado en prisión y 633 han sido ya condenados. Pero esto no es nada nuevo, ya que desde que se aprobó nuestra Constitución, la corrupción política ha sido una constante que ha pervertido nuestro sistema democrático.  Cuando Felipe González llegó al poder, anunció una serie de auditorías para descubrir algunos casos de corrupción en el gobierno de UCD. Terminó su legislatura  con 55 casos de corrupción política. En el gobierno de Aznar se registraron 7 casos, en el de Zapatero otros 32 casos y ahora en el de Rajoy ya llevamos 17 casos.

Esta es una muestra de los niveles de corrupción que tenemos en España,  y que a diferencia de otros países, no tiene su origen en policías corruptos, o narcotraficantes, o empresarios mafiosos. En nuestro país el origen de la corrupción está claramente localizado en las castas políticas que incurren en delitos como la prevaricación, la revelación de secretos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y quizá algún que otro tipo penal que en este momento estoy olvidando. Sin control efectivo del gasto público, los tentáculos de la corrupción se han extendido a todos los niveles de las administraciones públicas, hasta el extremo que la propia Unión Europea, ante este desmadre, ha publicado un informe del GRECO (Grupo de Expertos sobre la corrupción en España), donde nos critica abiertamente al tiempo que exige que de modo urgente se restaure la credibilidad de las instituciones.

Por si fuere poco, a estos niveles de corrupción, tenemos que añadir los gigantescos despilfarros que se han realizado con gigantescas obras faraónicas que no se necesitaban para nada y que, además, en muchos casos, ni han llegado a inaugurarse.  Sin ánimo de ser exhaustivo quiero referirme a los aeropuertos fantasmas como son los de Ciudad Real, Huesca, Castellón o Corvera en Murcia. En ellos se han despilfarrado más de 4.000 millones para que sólo tengan algún vuelo testimonial y alguno de ellos, además, ha terminado cerrado por falta de uso.  De modo concreto, en el de Castellón, aunque no sirviera para nada, se gastaron 300.000 euros para construir una estatua inspirada en Carlos Fabra.

Podemos hablar también de la construcción de puertos sin barcos, como es el caso de Laredo en Cantabria, o de hospitales que aún siguen sin abrir sus puertas. Podemos referirnos a esos proyectos faraónicos como son la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, el Centro de Artes de Alcorcón, la Ciudad de las Artes en Valencia, e incluso de nuestro centollu (Palacio de Congresos de Calatrava), o a algunas líneas y estaciones de AVE, como son las de Tardiente en Huesca, Guadalajara.Yebes, Puente Genil Herrera en Córdoba, Antequera-Santa Ana en Málaga, o Calatayud en Zaragoza. Se trata de unas costosísimas infraestructuras ferroviarias, con unos costes de mantenimiento brutales, y que sólo sirven para recibir a unos muy pocos pasajeros. En este aspecto de paradas de AVE ruinosas, el primer puesto del ranking lo lleva la parada de Tardiente que en 2003 costó algo más de 211 millones de euros y que sólo recibe a cinco o seis pasajeros a la semana. Pero no sólo se trata de paradas de AVE ya que también podemos hablar de vías férreas como por ejemplo los 15,3 km de alta capacidad, que Gallardón decidió construir para unir Madrid con el parque temático Warner. Se invirtieron más de 85 millones para que tras su puesta en funcionamiento, Esperanza Aguirre decretara su cierre ya que costaba 3,3 millones al año y sólo transportaba unos pocos viajeros al día.

Podemos hablar asimismo de las ingentes cantidades de dinero que se invirtieron para pagar grandes diseños a afamados arquitectos como Calatrava, Moneo o Foster y que finalmente no llegaron a ejecutarse.

Pero, las cosas no acaban aquí, ya que como los políticos consideran que somos ricos, según los datos de que se dispone, España es el sexto país del mundo en número de coches oficiales, al disponer de una flota de más de 35.000 vehículos de los que 5.000 están destinados al uso exclusivo de los políticos de turno. ¿se imaginan ustedes cuánto costará el combustible y el mantenimiento de esta mastodóntica flota?.

Y qué decir de nuestras Cámaras de representación, ya que el Parlamento y el Senado también son una fuente de despilfarro con sus privilegios. Yo no puedo entender que estén sentados en sus escaños, sentando cátedra, hablando de subir impuestos a los ciudadanos, o hablando de evasión fiscal, cuando son ellos los que pagan menos impuestos porque tienen unas exenciones fiscales que no tenemos el resto de los ciudadanos. Tampoco se puede entender tampoco que hablen de contenciones salariales o de dificultades con nuestro sistema de pensiones, cuando ellos tienen unos ingresos muy superiores a los de los asalariados más cualificados, con unas asignaciones, unos complementos y unos beneficios para alcanzar el cobro de su pensión vitalicia, que para sí quisieran todos los trabajadores españoles. Hablo de ayudas para el alojamiento, para taxis, para manutención, para gastos de representación o incluso para que puedan tomarse copas en las cafeterías de las instituciones, con precios subvencionados por todos los ciudadanos. Y, además, sin que fiscalmente tengan que tributar por esos ingresos extras. Se da la circunstancia además que, en muchos casos, pueden compatibilizar varios sueldos públicos.

Puedo terminar hablando de nuestros representantes políticos tanto en el gobierno central como en las autonomías o en los ayuntamientos, donde la situación también es indignante, ya que muchos de ellos se han enriquecido a costa de nosotros los ciudadanos, han estado implicados en todo tipo de tramas corruptas, han cobrado comisiones por la construcción de esas obras faraónicas que después no sirven para nada y que siguen ahí, negando descaradamente cualquier tipo de acusación.

Estos políticos que hemos tenido, creyeron que los ciudadanos españoles éramos unos corderitos y que aquí no iba a pasar nada. Pues no, no somos tontos y basta ya. A ver si, tras todo lo que ahora está ocurriendo en Cataluña, donde se están gastando ingentes cantidades de dinero público para volver a la normalidad, estos politócratas y partitócratas que nos han estado gobernando, empiezan a irse a sus casas para permitir que otros políticos, con altura de miras y con sentido de estado, empiecen a gobernar pensando en los ciudadanos y no en ellos o en sus intereses de partido. Por favor, tengan la dignidad de marcharse antes de que los ciudadanos los echemos.

¡¡en qué país vivimos!!.

 

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COMUNIDADES HISTÓRICAS
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Guillermo Díaz Bermejo | 01-11-2017 | 09:19| 0

Muchos políticos nacionalistas, independentistas y algún que otro oportunista, vienen hablando en estos últimos tiempos, de nación histórica, de nacionalidad histórica, de comunidad histórica o de región histórica. De modo concreto hablan de Cataluña, de Euskadi y algunas veces también de Galicia. Fundamentan sus alegatos en que estas tres comunidades, tienen lenguas e identidades culturales y políticas, diferentes a las del resto de España. Primero fue el lehendakari Ibarretxe el que en 2003 propuso un nuevo estatuto basándose en la identidad propia del pueblo vasco y su derecho a decidir y a la autodeterminación. El Parlamento le dio un buen revolcón y se acabó el plan Ibarretxe.  Ahora fue  el Sr. Puigdemont el que, utilizando esos mismos argumentos de identidad propia, saltándose a la torera el orden jurídico establecido, decidió meterse en la declaración unilateral de independencia.  Frente a esto, en aplicación de los principios constitucionales, se puso en marcha del artículo 155, para restaurar los desmanes de tal despropósito.

Frente a esas grandes falacias argumentales, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico y frente a tanto despropósito, voy a tratar de desmontar esos argumentos, que a mi juicio, caen en una manifiesta e interesada tendenciosidad. Voy a centrar mis argumentos en esos hipotéticos derechos históricos. Y para ello empiezo diciendo que  la disposición adicional primera de la Constitución española establece que «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La cuestión es que, históricamente, los territorios forales, que yo sepa, sólo son los del País Vasco y Navarra y de ahí viene, como hecho diferencial, el concierto económico aplicable sólo a estas comunidades.

Nuestra Constitución Española de 1978, reconoce la existencia de regiones, comunidades y nacionalidades y en base a ello les concede autonomía, pero sin establecer diferencias administrativas entre unas y otras. La expresión “Comunidad histórica” no está en el texto constitucional.  El concepto de “comunidad histórica” fue aplicado de modo pacífico al País Vasco, a Cataluña, a Andalucía y a Galicia, única y exclusivamente porque eran territorios que durante la segunda república, habían plebiscitado proyectos de estatuto de autonomía propio, antes de que estallase la guerra civil. Sólo podemos calificar de histórico por tanto, que lo único que tenían en común y que las distinguía de las demás, es que estas cuatro comunidades, entre 1931 y 1936, antes de estallar la fratricida guerra, tenían en marcha unos proyectos de autonomía (no de independencia). Sólo por este hecho y por nada más, es por lo que se las calificaba como comunidades históricas.

Y llegados a este punto, me pregunto ¿Cuántas comunidades tanto desde el punto de vista jurídico como histórico, pueden sostener que son naciones históricas? Y va por delante que nuestra Constitución y nuestro Tribunal Constitucional declaran que sólo hay una nación y esta es la Nación Española. En el desarrollo estatutario posterior a la Constitución, algunas comunidades, en la redacción de sus estatutos de autonomía se definieron como nacionalidades o naciones históricas. Otras como es el caso de Asturias, se definen como comunidades históricas.

Si partimos de las bases comúnmente aceptadas por los historiadores, ha de decirse que, tras el fin del estado visigodo, provocado por la derrota en la batalla de Guadalete del año 711, que inició la invasión musulmana de la península ibérica, fue el Reino de Asturias el que empezó a reconquistar, primero los territorios musulmanes de la cornisa cantábrica así como los territorios adyacentes y se convirtió en la primera entidad política cristiana tras el hundimiento de ese reino visigodo. Los reyes asturianos se fueron expandiendo de modo que a principios del siglo X ya habían alcanzado el río Duero. Se dice  por eso, que el Reino de Asturias ha sido el embrión de España, embrión que fue creciendo hasta ser el precedente de la Corona de Castilla y el Reino de Portugal.

Los asturianos lucharon primero contra los romanos, después contra los vándalos y más adelante iniciaron la reconquista y forjaron una identidad propia, identidad que se fue trasladando a medida que avanzaba la reconquista al reino de León, a la Corona de Castilla y al Reino de Portugal. ¿Acaso no es esto tener identidad propia y por tanto el derecho a lucir con todo honor, el distintivo de comunidad histórica?.

En cambio, si hablamos de Galicia, ¿dónde está su identidad propia, si tras la insurrección de los gallegos, estos fueron sometidos al monarca asturiano Fruela I y después al Rey Silo?  Si hablamos de Euskadi, ¿dónde está su identidad propia, si resulta que los vascones, estaban sometidos al a la monarquía asturiana de los reyes Alfonso I y Fruela?  Y por último, si habláramos de Cataluña ¿dónde está su identidad propia si resulta que formaban parte de la Marca Hispánica, como condado dependiente del imperio carolingio, para más tarde quedar integrados en la Corona de Aragón?

Así que por favor, menos identidades propias y menos presumir de derechos históricos, porque, al margen de espúrios  intereses políticos, la relación de comunidades verdaderamente históricas, tras la desaparición de el Al Andalus, ha de empezar por Asturias, continuando por León, siguiendo por Castilla y terminando en Aragón.  La Comunidad autónoma catalana o la Comunidad autónoma vasca, son eso, comunidades autónomas, al igual que lo es el Principado de Asturias que, como he dicho antes, quizá sea la comunidad histórica de más peso en la historia moderna. Asturias, por las raíces de su historia, sí podría ser una nación histórica si se utilizaran las falacias argumentales de los nacionalistas e independentistas.

Dicho todo esto, es lamentable que viviendo como vivimos en una democracia que ya tiene más de 40 años, que viviendo en uno de los países de más larga historia de Europa,  que viviendo en uno de los países económicamente  más destacados de Europa y del mundo, una casta de indecentes políticos, con una infinita bajeza moral, tergiversando la historia y saltándose a la torera tanto nuestra Constitución como sus propios estatutos de autonomía, estén provocando tamaños disparates. Estos oportunistas dirigentes nacionalistas e independentistas, bajo el pretexto de hechos diferenciales, derechos históricos o amenazas de independencia, lo que pretenden, sin lugar alguno de duda, es chantajear al Estado español  para seguir catando la teta de la vaca del estado, para obtener ventajas y privilegios que otras comunidades por muy históricas que sean, no van a tener, porque constitucionalmente hablando todas las comunidades han de ser iguales en derechos.

También es cierto que, durante muchos años, esa bestia nacionalista e independentista, ha estado siendo alimentada y bien alimentada, por los diferentes gobiernos que hemos tenido en España, ya que para poder gobernar, como necesitaban el apoyo de esos partidos nacionalistas, les fueron concediendo unas ventajas y unos privilegios que otras comunidades no tenían.

Así que ¡basta ya! Creo que ha llegado el momento. Utilizando las experiencias de esta difícil situación que se vive en Cataluña, el Estado español, con mano firme y rechazando el chantaje nacionalista, debe de avanzar con paso seguro y sin titubeos, hacia la igualdad de todas las Comunidades sin excepción. Basta ya de hechos diferenciales. Llega la hora de que políticos, con altura de miras, empiecen a gobernar para que todos seamos iguales y para erradicar esas desigualdades comunitarias. Quizá haya que pensar en volver a centralizar la sanidad, la justicia o la educación. Y para bajar la tensión de mis palabras, en lo que se refiere a comunidades históricas, termino con ese dicho tan popular de ¡Asturias es España, lo demás es tierra conquistada!

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RADARES
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Guillermo Díaz Bermejo | 25-10-2017 | 15:23| 0

Ayer, en el Diario El Comercio, leía la noticia de que la justicia obligaba a apagar los radares de Oviedo. Sorprendentemente ahora leo, que tras tener que apagar los radares fijos,  la Policía Local pasa a controlar la entrada por la Y utilizando un radar móvil.

Tras estas informaciones y por lo que yo mismo he vivido y sufrido, tengo más que claro que la prioridad del Ayuntamiento de Oviedo, no es velar por la seguridad del tráfico o facilitar la movilidad circulatoria dentro de la ciudad.  Movido por su gran voracidad recaudatoria, lo que pretende es seguir nutriendo a las arcas municipales con las injustas e ilegales sanciones que está imponiendo a los incautos conductores. Y si yo estoy equivocado, que alguien me explique por qué, tras verse obligado a retirar los radares fijos,  debido a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso, de modo inmediato, al día siguiente, coloca un trípode con un radar móvil para seguir cazando infractores que superan esos 50 km de velocidad máxima que hay en esos dos quilómetros del tramo final de la autopista Y griega. Tratándose como se trata de una autopista con dos carriles, con accesos cerrados a peatones, qué sentido tiene que se limite a 50 por hora ¿acaso es que se piensa que se trata de un tramo urbano o especialmente peligroso?. No tiene ningún sentido.

Tampoco tiene ningún sentido que, pese a la reiterada jurisprudencia existente, se sigan utilizando las cámaras llamadas foto/rojo, que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo. Por qué se siguen utilizando esas cámaras que incumplen las normas UNE existentes para regular determinados procedimientos para la gestión del tráfico en las ciudades.

Y qué decir de la ilegalidad de las multas que se están poniendo en calles peatonales, aun cuando tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo, se haya apresurado para publicar a toda prisa, una ordenanza municipal que maquille estas sanciones. Y qué decir de la sospechosa ilegalidad de esos radares móviles, como el que, a toda prisa, se está usando ahora en la zona de Santullano, que probablemente está siendo manejado por un Policía Local, que no tiene capacitación técnica homologada y que instala un trípode, según su leal saber y entender,  sin conocer si ese equipo, a su vez sin homologación técnica, está correctamente instalado, está correctamente calibrado y está correctamente programado.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar esos ilegales radares e ilegales cámaras para pillar al conductor. No se necesitan muchos Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

En los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, el Ayuntamiento se niega a proporcionar los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones de captación, que no cumplen las necesarias normas UNE.  El Ayuntamiento también sabe que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero aun así, como también sabe que ese ciudadano no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más.

El ciudadano tiene que saber que, esta comunicación precipitada que ha hecho a la Dirección General de Tráfico y que ha provocado que en su historial de antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar),  es un claro atentado contra el honor y que por eso el ciudadano tiene el derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Es lamentable que, en vez de tanto afán recaudatorio y en vez de tantas prisas para sustituir los radares fijos ilegalizados por los tribunales, por otros móviles probablemente también ilegales, no se dedique a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretendan estrujar al conductor.

Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando el Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente puede estar incurriendo en un delito de prevaricación. Por eso, al menos en lo que a mí se refiere, si en algún momento vuelvo a ser captado por alguno de esos instrumentos y se me abre expediente sancionador, ya no me limitaré a formular recurso ante los Juzgados de lo Contencioso. Iré directamente al Juzgado de guardia para formular denuncia por delito de prevaricación contra el concejal que dicte la resolución sancionadora contra mí. He dicho.

 

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LA INTERNET PROFUNDA
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Guillermo Díaz Bermejo | 17-10-2017 | 16:57| 0

Hace unos días, después de cenar, harto de tanta tertulia televisiva sobre el problema catalán, harto de tanto tertuliano que habla y opina de todo lo que se le ponga delante, decidí ir al PC para ver lo que se cocía por las redes sociales y para darle un poco a la tecla. De pronto, me encontré con el comentario de un colega que decía estar pensando seriamente en abrir un despacho en la Deep Web, ya que allí probablemente encontraría a muchos clientes que, seguro necesitarían los servicios de un abogado. Aun cuando me considero un estudioso y un usuario bastante avanzado de las nuevas tecnologías, no recordaba haber visto u oído algo sobre la Deep Web, así que, como soy un cotilla, me puse a investigar por la red. Tras varios días moviéndome por ese oculto subsuelo, he de decir que me quedé hondamente preocupado.

Está claro que, hoy en día, en el ciberespacio conviven miles de millones de internautas, ordenadores, empresas, organizaciones de todo tipo y como no, los propios Estados, sus gobiernos y sus policías  que, ante este gigantesco mundo digital que no tiene barreras, tratan de intervenir tanto para vigilar como para regular jurídicamente su funcionamiento, regulación que, por la ausencia de barreras geográficas y con un desarrollo tecnológico muy acelerado, es harto difícil de lograr.

Lo que he averiguado es que, en este gigantesco ciberespacio, los ciudadanos normales que nos movemos por la red, utilizando buscadores estándar como son Google, Explorer, Yahoo o Bing, sólo conseguimos acceder al 6 o 7% de todo lo que hay en la red. Es como si estuviéremos en la punta de un iceberg en la que solo vemos la parte que está encima del agua. Todo ese mundo sumergido al que nosotros no accedemos, es la Deep web o internet oculta. Es como una cebolla a la que tienes que ir quitándole capas para llegar al centro.

¿Cómo pude acceder entonces a ese mundo oculto que los usuarios no podemos ver? Tras buscar información, me encontré con una aplicación llamada Start Tor Browser, que es la puerta de entrada a ese mundo oculto que se esconde detrás de los dominios Onion (dominios anónimos accesibles sólo por medio de la red Tor). La descargué y en cinco minutos ya había entrado en un mundo para mi desconocido e inquietante.

Y ¿qué es lo que se esconde en ese mundo oculto? Es cierto que me encontré con interesantes informaciones de centros de investigación universitarios, grandes bibliotecas y una muy prolija información para las comunidades científicas y de investigación. Me encontré con muchos datos financieros y comerciales y también con muchas iniciativas legislativas de la comunidad internacional.

Pero también es cierto que me encontré con un entramado de enlaces a los temas más inimaginables posibles: Comunidades pro-suicidio, pro-ateismo, pro drogas duras o blandas, pro de todo tipo de cosas. Puedes encontrarte con un entramado de servicios pseudofinancieros, donde puedes traficar con bitcoins, con tarjetas de crédito robadas o clonadas, con cuentas de PayPal robadas, con mesas de dinero, con cuentas anónimas con las que puedes comerciar, con lavados de dinero o con otras operaciones difícilmente imaginables. A través de FakelID puedes encontrar servicios para obtener todo tipo de documentos falsos, como títulos universitarios, pasaportes, carnets de conducir, etc.

También se esconde un pseudomercado comercial donde puedes comprar todo tipo de armas y su munición, puedes comprar drogas (puedes llegar a Silk Road  que es conocida como el Amazón de la droga) Se esconden  todo tipo de servicios sexuales, como por ejemplo Lolita City, que pueden incluir hasta lo más aberrante. Se esconde toda una telaraña de servicios de alojamiento (hosting) donde puedes subir todo tipo de archivos, sean legales o no, ya que no existe ninguna restricción.

Te puedes encontrar con toda clase de foros donde puedes intercambiar pornografía de todo tipo, documentaciones robadas, archivos censurados por las autoridades,  activismo político (la página hacktivismoy organiza “magnicidios financieros en masa”). Da la sensación de que todo lo que predomina en este mundo, es la ideología anárquica.

Te puedes encontrar con anuncios de hakers por encargo, que puedes contratar para echarte una manita y pinchar por ejemplo, el teléfono de Mariano Rajoy. Hay varios servicios y foros de Haking en los que mediante un simple clik, accedes a ellos. Me sorprendió Rent-A-Haker que anuncia tener veinte años de experiencia en ingeniería social, en hakeos ilegales y que ofrece ataques informáticos, troyanos altamente personalizados y operaciones de phising. Otros hakers ponen sus tarifas por hakear un servidor web, un perfil de Facebook, un ordenador personal, hacer una ciber extorsión o investigar a alguien. Hay también detective check para tener información de cualquier persona

Para los amantes de la lectura te puedes encontrar con todo tipo de publicaciones con contenidos pedófilos, pederastas, homófonos, xenófobos, y todos los fobos que ni tan siquiera te puedes imaginar. Títulos sobre temas de cómo enviar droga por correo,  cómo fabricar bombas, cómo cortar un cadáver,  cómo matar un hombre con tus manos, cómo incendiar una casa por encargo, cómo dar una paliza a alguien o cómo tener sexo con un perro. Me quedé impresionado con el Slayers Assassination and Life Running Service que ofrece servicios con prepago de asesinatos por encargo, con arma de fuego, cuchillo, veneno, tortura de muerte o vida, ataque por acido, cicatriz en la cara, ceguera, castración y muchas cosas más. Hay tablas de precios por ejemplo para matar a alguien pareciendo un accidente y que varía si el “matado” va a ser una persona del montón o un alto cargo. (En esa lista no se define si puedes contratar para dejar paralíticos, sólo matan). 

En resumen, te encuentras con una barra libre para todo tipo de desmanes en los que, muy probablemente predominan las estafas. El timo del nigeriano que está aquí, ya se pasó algo de moda, así que evoluciona y llega el “exit scam” que es cuando un vendedor que vendió ya ciertos productos y logra una reputación, cierra su negocio virtual, pero sigue recibiendo pedidos que cobra y que no suministra. Ojo que también puedes encontrarte un “honeypot” que es una web falsa montada por la policía para que piques y puedan pillarte.

Así que, si alguien se da un paseo por la Deep web que lo haga el plan turístico como yo, pero que no se quede en ella. En mi caso, bastante asustado tras  una semana en ese pequeño paseo virtual, eliminé rápidamente la aplicación Tor que me había bajado, pasé el antivirus que tengo instalado, por si acaso, y traté de olvidarme del asunto, ya que, tratando de saciar mi curiosidad, tuve que pagar el precio de dejar herida mi susceptibilidad. Me asusta pensar en qué clase de mundo vivimos y en los riesgos que corremos frente a estas desconocidas tecnologías.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.