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UN RUFIAN EN EL CONGRESO
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Guillermo Díaz Bermejo | 19-04-2017 | 08:16| 0

Se suele calificar de rufián, a una persona vil,  despreciable, infame, que carece de honor y que vive del engaño. Ahora, en los escaños de nuestro Congreso se sienta un joven, apellidado Rufián que, por lo que vengo escuchando y leyendo, está en el camino de hacerse acreedor con todos los méritos, a ese calificativo. Está haciendo honor a su apellido.

La única opinión que tenía de él, es la que me formé oyéndolo en la Tribuna del Congreso, donde con un tono retórico medido y pausado, provoca, insulta, descalifica, apabulla y acosa al rival, llama gánster al contrincante, con unos estilos y con unos tonos propios de una discusión de taberna. En el escaño ha dicho frases como estas: “Buenos días a todos menos a los Corleones sin honor que conspiran desde los despachos” “Vale, cambio mamporrero que tanto le ofende, por lacayo”. “Yo no soy gallo, lo que no soy es gallina como Vd.” “Prefiero parecer bruto para que me entiendan, a pasar desapercibido”. “veo que no tiene vergüenza”. “usted es idiota”. Ha llegado a tal extremo de desmesura, que tiene el honor de ser el primer Diputado al que la Presidenta de la Cámara le ha  retirado la palabra en un debate.

Me he documentado para saber algo más de este Diputado de 35 años y veo que ha nacido en Santa Coloma de Gramanet, hijo y nieto de trabajadores andaluces que emigraron a Cataluña, procedentes de Jaén y Granada. Obtuvo la diplomatura en relaciones laborales y posteriormente, en la Universidad privada Pompeu Fabra, hizo un master en Dirección de Recursos Humanos. Este master no oficial, tiene un coste que ronda los 7.000€ e incluye prácticas en empresas destacadas.

Dice que trabajó en una empresa de selección de personal, pero el diputado de ERC nunca ha querido desvelar el nombre de la misma, lo que hace que existan muchas sospechas sobre la veracidad de su trayectoria académica y profesional. Lo que sí es público, es que ha sido despedido por la empresa donde trabajaba y a partir de ahí pasó a formar parte de las listas del paro. Cuando Rufián llegó al Congreso, estaba percibiendo una prestación de desempleo de 613 euros mensuales. En 2014 inició su andadura política vinculándose al activismo independentista, como miembro de Sumate (plataforma que reivindica el independentismo expresado en castellano). En un momento determinado conoció a Oriol Junqueras y pasó a ser miembro de ERC donde resultó elegido para encabezar la lista de Esquerra Republicana por Barcelona. Resultó elegido en las elecciones del 20 de Diciembre y actualmente es Portavoz adjunto del grupo ERC en el Congreso.

En este momento, con tan pocos meses como parlamentario, es probablemente el político catalán que ocupa más titulares. Sus provocadoras e insultantes intervenciones, se convierten en virales e igualmente, sus declaraciones son “treending topic”. De lo que no hay duda es que su agresividad y su estilo barriobajero, le están dando una gran notoriedad.

En las redes sociales suelta cosas como estas: “banderas a media asta por la muerte de la aconfesionalidad”.. Amancio Ortega es un explotador, aunque después en un plató televisivo porte una americana de Zara.

Como el mismo confesó, no quiere pasar desapercibido, pero a qué precio. Por lo que veo, para el todo vale con tal de conseguir notoriedad. En todo lo que he oído y leído, aparte de exabruptos, insultos, tonos provocadores y jactancia, nunca he oído nada de cuáles son sus propuestas parlamentarias, porque si quiere cambiar las cosas, lo lógico que ponga encima de la mesa propuestas concretas para debatir, pero parece que eso ya es más complicado, o porque no tiene propuestas o porque no sabe.

Termino diciendo, Sr. Rufián, deje a un lado esas actitudes propias de los matones arrabaleros, compórtese conforme a las reglas parlamentarias, y hombre, a ver si algún día, se le ocurre poner encima de la mesa una propuesta concreta. Creo que el sueldo mensual que ahora percibe, de más de 7.000 euros, ha de servir para que aporte algo útil y no para que insulte a los contrincantes parlamentarios que no piensan como usted.

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NEGLIGENTE GESTIÓN DEL SALARIO SOCIAL
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Guillermo Díaz Bermejo | 14-04-2017 | 22:01| 0

El diario EL COMERCIO vino informando tiempo atrás, tanto de los problemas que ha generado y genera la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias, como de las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. De modo concreto, hace unos días, se hacía eco de la Memoria 2016 que presentó Cáritas y que volvía a incidir en este problema.

Sintéticamente he de decir que  la Ley de Salario Social Básico, tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social básico es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Tratando a ayudar a esas familias que tanto lo necesitan, colaboro como voluntario en Cáritas y en Cauce. En mis labores, entrevistando y asesorando a las personas que llegan en busca de apoyo, veo de primera mano las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo presente es alargarlo lo más posible. De modo concreto, tan sólo hace unos días, he atendido a una persona que presentó su solicitud en la Consejería de Bienestar Social, el día 3 de Agosto del año 2015. Ha transcurrido más de año y medio desde esta solicitud y aun no se ha dictado resolución. Esta persona, tras insistir mucho, sólo ha conseguido una certificación de la Jefe del Negociado, donde se certifica que la solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse una fecha probable de resolución del procedimiento.

Yo a esto, lisa y llanamente lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Estos días de atrás, la Consejera de Bienestar Social comunicó que iba a tomar medidas para regularizar la situación (más de 2.000 expedientes atrasados, pendientes de resolver) y que iba a incrementar la plantilla de funcionarios para  dinamizar el trámite de las solicitudes. Me gustaría creerla y me encantaría que esas medidas se pongan en marcha cuando antes. El problema es que, cuatro años atrás, la anterior Consejera también anunció una serie de medidas y además de eso, se comprometió con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera.  Todo quedó en promesas y en palabras huecas, porque todo sigue igual.

Sólo podrán eliminarse las listas de espera, si hay auténtica voluntad política, para pagar el salario social a las personas necesitadas, dentro del plazo legalmente establecido de tres meses. Se trata sólo de cumplir la Ley. Todos los l ciudadanos  sin excepción, estamos obligados a cumplir la ley, so pena de incurrir en sanción, y todas las Administraciones Públicas, sin excepción, están obligadas a cumplir con los preceptos legales. Entonces, por qué el Principado ha de tener bula para no cumplir.

Estas pobres gentes que no tienen ningún tipo de ingresos, quedan desamparadas por el Gobierno del Principado de Asturias y como único recurso sólo les queda el de recurrir a las ONGs para que les faciliten alimento básico y ropas de segunda mano. Por ello, si al Gobierno del Principado le quedada algo de dignidad, debería de resolver el problema ya. Y si no lo hace, debería de pensar que en cualquier momento, algún solicitante, harto de tanto negligente retraso, podría recurrir al Juzgado correspondiente para perseguir un posible delito del Funcionario o de la Autoridad que no cumple con una obligación legal. Aunque, claro, como sabe que ese pobre solicitante no tiene ni recursos para comer, menos recursos va a tener para solicitar la tutela judicial.

Por favor, Gobierno del Principado, no sigan manteniéndose impasibles ante lo que ocurre. Tengan un poco de dignidad e implementen todas las medidas que se requieren para cumplir con la Ley.  Menos palabras huecas y más hechos. Termino diciendo que, sería bueno que algún gobernante recibiera a una de esas personas y mirándole a los ojos, escuchara y comprobara de primera mano cuál es su penosa situación. Probablemente, su sensibilidad social sería otra y se lanzaría a tomar medidas inmediatas. ¿Es mucho pedir para cumplir la ley? Igual sé lo es para los políticos.

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CURSO SOBRE MOSQUITOS
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Guillermo Díaz Bermejo | 11-04-2017 | 12:41| 0

Definitivamente creo que nuestros gobernantes han perdido el norte. Pienso que, o porque no saben, o porque se dedican sólo a sus intereses de partido, son incapaces de hacer frente, atajar y resolver los grandes problemas que tenemos. Y en este estado de cosas, para justificar sus sueldos, o para justificar que hacen algo, se dedican a gastar nuestros dineros en auténticas paridas. Y si estoy equivocado, amigo lector, juzgue usted mismo lo que voy a contar.

Entre el los días 3 al 7 de este mes de Abril, se ha celebrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, un Curso Regional de Capacitación en Detección y Vigilancia de los Mosquitos y Registro y Análisis de Datos con miras a la Gestión Integrada Zonal de los Mosquitos en la Zona de Europa . La finalidad del curso era crear capacidad y transmitir aptitudes básicas de detección y vigilancia del mosquito. (Me limito aquí a transcribir literalmente la convocatoria de este extraño engendro).

Este curso, ha tenido 24 participantes procedentes de diferentes países europeos y el idioma  de instrucción ha sido el inglés, lo que ha exigido el empleo de varios intérpretes.

Para que este curso mosquitero pudiere celebrarse, nuestro magnánimo gobierno, se comprometió con la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) a proporcionar locales, servicios, equipos técnicos (proyectores, pantallas de cristal líquido, fotocopiadoras, ordenadores portátiles, etc.). Se comprometió también a proporcionar un director del curso que había de servir de enlace con la OIEA. A proveer la necesaria dotación de personal administrativo, auxiliar e intérpretes que sean necesarios para el desarrollo adecuado del curso, incluido un Oficial de Finanzas. A suministrar el material didáctico y las publicaciones necesarias para el curso.

Como esto parece poco y nos sobra el dinero, nuestro gobierno también se comprometió a proporcionar los conferenciantes e instructores que se precisaban, a adoptar las disposiciones necesarias para el transporte, alojamiento y desplazamientos locales que estos necesiten. A sufragar los gastos de viaje y estancia, así como dietas y honorarios de los conferenciantes que sean contratados por el OIEA. A sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta a Valencia, así como un estipendio que cubra los gastos de alojamiento, alimentación e imprevistos, de los participantes seleccionados por el OIEA. Y para terminar, a asumir los gastos de una recepción para un máximo de 35 personas que asistan al curso en calidad de participantes, conferenciantes o personal directivo.

En el canje de notas intercambiado entre nuestro Gobierno y la OIEA –esto no nos costaba dinero- nuestro gobierno deberá de guardar las normas del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los asistentes de la OIEA de 1 de Julio de 1959. Además deberá de facilitar de modo gratuito los visados de todas las personas que asistan al curso. Y además de todo esto nuestro Gobierno también se comprometió a actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los locales y de las personas asistentes al curso

No tengo noticia alguna del costo final de este curso mosquitero, pero, teniendo en cuenta que han viajado a España 30 personas, que han estado alojadas en un hotel de cinco estrellas durante una semana, que hemos pagado todos los gastos de estancia y desplazamientos. Que además hemos tenido que contratar a conferenciantes a los que además de honorarios profesionales, también les hemos tenido que proporcionar el alojamiento, como cualquiera puede imaginar, esto ha costado un pastón a las arcas públicas.

¿Cuál ha sido el retorno de esta inversión? No sé si las personas de los diferentes países que han participado en el curso, habrán aprendido algo sobre mosquitos. Supongo que algo sí habrán aprendido. Pero a nosotros, españolitos de a pie, que con nuestros impuestos, pagamos esos estipendios, ¿nos ha servido de algo este curso? Deduzco que esto habrá sido interesante para el único español que ha participado en el mismo, pero caramba, hubiere sido más barato contratar a los conferenciantes y que le dieren clases particulares a ese solo participante.

Igual estoy equivocado y alguien más instruido que yo puede rebatir esta mi opinión, pero me quedo con la sensación de que, una vez más, con este engendro de curso mosquitero, alguien ha despilfarrado nuestro dinero, lo ha tirado por la alcantarilla y no se sabe a quién ha podido beneficiar.

Claro, como el dinero público no tiene dueño….Mas despropósito no cabe.

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EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
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Guillermo Díaz Bermejo | 07-04-2017 | 17:15| 0

Hace unos pocos días, el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, dijo sin sonrojarse, que el buen funcionamiento de la Justicia es una demostración de la cercanía entre la Administración y la sociedad. Y hace esta afirmación precisamente en el momento en que los datos que registra el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, se ha disparado subiendo siete puntos en relación al mes anterior. Antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y pese a esta seria preocupación de los ciudadanos por la corrupción, que según el CIS, es el problema nacional más importante tras el paro, el Sr. Catalá aseguró que confiaba en el buen funcionamiento de la Justicia y en relación a los casos de corrupción, afirmó que los tribunales aclararán los asuntos, someterán a enjuiciamiento a los que tengan que juzgarse y condenará a los que así se acredite.

Pues qué quiere que le diga, Sr. Catalá. Yo estoy el radical desacuerdo con usted. El funcionamiento de la justicia no es bueno. Es más, diría  que es absolutamente deficiente. La sociedad en general y los ciudadanos que recurren al auxilio de la justicia en particular, percibimos y sufrimos la exasperante lentitud, ineficiencia y pobre calidad de la justicia. La Justicia funciona mal, no por culpa de jueces, fiscales, secretarios y personal al servicio de la Administración. La justicia funciona mal, porque aunque a usted, Sr Ministro, se le llene la boca diciendo que defiende una justicia del Siglo XXI más ágil, con buenas leyes, con mejores medios y con mejores plantillas, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho.

La cruda realidad está en que las permanentes injerencias de los poderes políticos, injerencias que están siendo abiertamente criticadas por el Consejo de Europa, por no querer garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, desde el mismo momento en que es el Congreso, en Senado, el Gobierno o las Comunidades Autónomas, los que eligen a los Magistrados con cargo de mayor nivel. Pero, la injerencia más importante del poder político, se produce en el mismo momento en que, con los presupuestos generales del estado, facilita o dificulta el buen o mal funcionamiento de los tribunales.

La asfixia presupuestaria que tiene la justicia, contrasta con los grandes avances producidos en sectores públicos como la sanidad, la Agencia Tributaria o la educación, por ejemplo. La justicia sufre un sistémico retraso, retraso que se puede calificar de tercermundista, si vemos el informe emitido por el Word Economic Forum on Judicial Independence, que sitúa a España en la posición sexagésima de un ranking de calidad de la justicia en diferentes estados.

Es inadmisible que tengamos una justicia totalmente fragmentada, con una absoluta descoordinación en la que, por un lado está el Poder Judicial elegido por los políticos y del que dependen los Jueces, por otro el Ministerio de Justicia del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) y por otro los cuerpos de gestión y auxilio procesal dependiendo de las diferentes Comunidades Autónomas, comunidades que a su vez, son las responsables de otorgar las necesarias dotaciones de medios materiales.

Una justicia lenta, no es justicia, ya que el ciudadano se ve privado de una tutela judicial efectiva. No es de recibo que si a mí me deben un dinero y presente en el Juzgado una demanda en reclamación de cantidad, el Tribunal tarde casi dos años en resolver ese sencillo procedimiento monitorio. Que si una vez el Secretario está de vacaciones, que si otra vez la oficial que lo lleva está de baja, que si hay mucho papel pendiente, que hay que señalar la vista para dentro de ocho meses porque el juzgado no da abasto.

Y si para los asuntos sencillos y de trámite ordinario, los retrasos son los que son, imaginemos lo que está pasando con todos esos casos de corrupción que andan por ahí pendientes y que tardan tantos años en resolverse. Si no hay medios personales y materiales suficientes para hacer frente a estos grandes y complejos procedimientos, el resultado no puede ser más que lo que estamos viendo día tras día. Procesos que duran una eternidad y que hacen que, por esas carencias, muchos corruptos terminen yéndose de rositas.

Si de verdad el Ministro quiere que la justicia empiece a funcionar bien, va a tener que convocar a todas las fuerzas políticas y tratar de llegar a un Pacto de Estado. Pacto que urge alcanzar y que debería de pasar por volver a centralizar la Administración de Justicia, eliminando su actual fragmentación. Es necesario también que ahora que se van a discutir los Presupuestos Generales del Estado, se dote de mayor independencia económica permitiendo presupuestariamente, el incremento de los medios personales y materiales que se necesitan, ya que esto y sólo esto, será lo que permita conseguir agilidad, eficiencia, eficacia y reducción en la duración de los procesos. Y de paso, en ese pacto de Estado, que se aproveche para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, para conseguir una verdadera independencia del Poder Judicial.

El buen funcionamiento de los Juzgados no se consigue con buenas y bonitas palabras de un Ministro, como tampoco se consigue promulgando leyes o decretos que digan, porque lo dice una ley, que los procesos tienen que durar tantos o cuantos meses. Los procesos tendrán que durar el tiempo que se requiera en razón a su complejidad y en razón a los medios con los que cuente el Juzgado. Así que, Sr. Ministro, menos palabras huecas y más mas dotaciones presupuestarias y más independencia del poder judicial. Si no lo hace así, el funcionamiento de la justicia seguirá siendo malo

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AGRAVIO A ASTURIAS
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Guillermo Díaz Bermejo | 30-03-2017 | 12:56| 0

El Sr. Rajoy ha ido a Cataluña y ha anunciado un novedoso plan de inversiones públicas en infraestructuras catalanas, cifrado en la gigantesca cantidad de 4.200 millones de euros, en los cuatro próximos años. Con todo y con esto, al único Consejero que asistió al acto, representando al gobierno catalán, esta desproporcionada cantidad le pareció insuficiente. A mi juicio, este plan de inversiones, que sólo sirve para tratar de contentar a los independentistas, a los que, ofrézcase lo que se les ofrezca, siempre van a entender que es poco, constituye un claro y manifiesto agravio a Asturias que, como otras Comunidades, es leal a la legalidad constitucional.

Antes del anuncio de Rajoy, Cataluña ya era la comunidad autónoma más beneficiada por el FLA (Fondo de liquidez autonómico) y ahora se les concede esto que, seguramente, los independentistas catalanes seguirán considerando una propina. Entre tanto se regala este chorro de dinero a Cataluña, con una estrategia totalmente irresponsable, el PP llegó a acuerdos diferentes para la variante de Pajares, con Foro Asturias y con Ciudadanos. Acuerdos que, dicho sea de paso, están siendo manifiestamente incumplidos. Creo que en esta materia, el PP está sobrepasando muchas líneas rojas y en vez de dedicarse a que los independentistas cumplan las leyes, lo que está haciendo es incumplir de modo manifiesto los pactos a los que ha llegado con Foro y Ciudadanos. No es de recibo que el partido gobernante diga que con estas inversiones desea solucionar las carencias en infraestructuras que tiene Cataluña, y que  en sentido contrario,  incumpla los pactos a los que llegó con sus aliados políticos, y de la espalda a Asturias que tiene enormes carencias, comparadas con las catalanas.

Mientras que Cataluña tiene conectadas por AVE a sus cuatro capitales, en Asturias ni tan siquiera se intenta llegar a algún pacto con la empresa adjudicataria, para que se reanuden las obras y se instalen las vías y catenarias en los túneles de la cordillera, para que la alta velocidad  llegue al menos a Pola de Lena.  Mientras que el servicio de Cercanías catalán pasa a ser prioridad, las cercanías tanto de Renfe como de Feve en Asturias, cada vez más degradadas y deterioradas, entran casi en su desmantelamiento, con un descarado abandono. No hay conductores de tren suficientes, no hay máquinas, no hay mantenimiento de vías ni de estaciones. La velocidad media de nuestras cercanías, no llega a los 45 Km/h, velocidad que es superada por cualquier ciclista en una etapa.

Y para qué hablar de ancho europeo, de Ave, de Albia o de lo que sea, si los túneles siguen estando como están, o los tramos de la Robla a no sé dónde, o el fondo de saco de León, o del intercambiador de vías de Lena. O del acceso ferroviario a los puertos de Gijón y Avilés, o del túnel del metro tren en Gijón. Es indignante que, en vez de utilizar los instrumentos jurídicos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho, para frenar las desmesuradas ambiciones del independentismo catalán, el Sr. Rajoy, haciendo gala de una gran debilidad o cobardía, vaya a Cataluña a intentar apaciguar los ánimos ofreciendo ingentes cantidades de dinero, que dicho sea de paso, son de todos los españoles, y después como las arcas públicas no dan para todo, incumpla los pactos firmados con Foro Asturias o con Ciudadanos, que son sus aliados para la gobernabilidad.

Tengo que criticar abiertamente la pasividad y la cobardía del Presidente del Gobierno, que en vez de ir a Cataluña para poner las cosas en su sitio, para comunicar con datos y sacar a la luz pública la nefasta gestión de la Generalitat, gestión que directamente, en términos económicos, la llevaría a un concurso de acreedores, en vez de eso, va a ofrecerles más dineros para tenerlos contentos. Señor Rajoy, hay un aforismo jurídico que dice “pacta sunt servanda” (lo pactado obliga). En Asturias usted ha firmado unos pactos para hacer que el Ave llegue al menos a Pola de Lena y para mejorar nuestras infraestructuras. Lo está inclumpliendo de modo manifiesto. Por tanto, yo no me puedo fiar de alguien que no cumple lo que pacta.

 

 

 

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ESTIBADORES -1- POLITICOS -0-
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Guillermo Díaz Bermejo | 21-03-2017 | 12:52| 0

Los estibadores portuarios, conforme a los convenios pactados con el sindicato mayoritario (Coordinadora de Trabajadores del Mar), se organizan a través de las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios), que tienen como misión, la selección, formación y gestión de los trabajadores portuarios que realizan las labores de estiba. Tienen el monopolio de la contratación y ninguna empresa puede contratar otros trabajadores fuera de esa organización. En este momento, tienen fijados turnos de trabajo de seis horas y una retribución garantizada muy por encima del salario medio. Concretamente, conforme a las cuentas anuales publicadas por las Sagep, con la suma de salario, pluses de jornada, sistema de primas, remates, plus de penosidad, toxicidad y peligrosidad, el salario bruto medio anual de un estibador, es de 68.200€ (5.600€ mensuales). Según la auditora PwC, la estiba representa el 51% de los costes de manipulación de mercancías en puerto.

Este sindicato tan opaco, cerrado y monopolístico, donde los puestos de trabajo pasan de padres a hijos, ha conseguido unos privilegios que, hasta hoy, ningún gobierno ha podido o querido controlar. Ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la UE el que en sentencia de fecha 11 de diciembre de 2014, diga que España está vulnerando el artº 49 del Tratado, al “obligar” con carácter general a las empresas estibadoras que operan en los puertos, a inscribirse en una Sagep y al no permitirles recurrir al mercado libre para contratar su propio personal, ya sea de forma permanente o temporal. Esta sentencia, considera ilegal la situación monopolística existente, ya que se mueve en unas condiciones de privilegio, totalmente inaceptables en la UE y condena a España a pagar 134.000€ al día, entre tanto no se ponga fin a este monopolio.

Antes de esta sentencia, aun conociendo esa situación tan abusiva, que ponía en jaque a la economía española con sus reivindicaciones, ni el gobierno del PSOE primero, ni el del PP después, hicieron absolutamente nada. Y probablemente no lo hicieron, por miedo a generar un conflicto que les restara votos en las urnas. Después de la sentencia de Diciembre del 2014, el gobierno del PP, en su estilo habitual de pasividad, en espera de que las cosas se resuelvan solas, tampoco hizo nada. Acuciado por las presiones de la UE, el Gobierno, sin negociar nada con nadie, prepara un Real Decreto que somete en este mes de marzo, a la aprobación del Congreso y que le es rechazado. El Gobierno sólo contaba con el apoyo del PNV, a cambio de que en el País Vasco, el PP apoyara el presupuesto de aquella Comunidad. CS, para castigar al Gobierno por no cumplir los pactos de investidura que habían suscrito, da una larga cambiada y se abstiene. El PSOE, como tiene que demostrar que hace oposición dura, lo rechaza. Y, Podemos, como ya es su estilo habitual, consistente en rechazar sistemáticamente todo lo que proponga el Gobierno, también lo rechaza.

¿Qué ha quedado demostrado en este debate parlamentario que rechazó el Real Decreto regulatorio de la estiba? Ha quedado demostrado que a los políticos les importa un comino que los españoles tengamos que pagar la cuantiosa multa impuesta, o que haya sido Bruselas quien tuvo que venir a enmendarnos la plana. Les importa un comino que la economía portuaria se vea seriamente perjudicada por un sindicato monopolístico. Les importa un comino que muchas empresas de transporte marítimo, dejen los puertos españoles para irse a otros donde los tratan mejor. Sólo les importan sus juegos de partitocracia, que no de democracia. Por encima de todo, les importa defender sus intereses de partido y ante esto, qué más da que se meta la mano en el bolsillo de los españoles para pagar multas,  o que más les da defender intereses estratégicos y evitar que nuestra economía se resienta porque los embarques vayan a otros puertos fuera de España.  Les trae sin cuidado por una razón muy clara: Anteponen sus intereses egoístas a todo lo demás. La economía y los ciudadanos les traemos sin cuidado.

Acaso no se han enterado estos ruines partitócratas, carentes de ética y de altura de miras, que tras una brutal huelga que tuvo lugar en el puerto de Algeciras (el más importante de España), el Gobierno de Marruecos realizó una gran inversión y construyó Tangermed, un nuevo puerto construido por holandeses al lado de Ceuta y que este nuevo puerto está recibiendo tráfico, que antes llegaba a Algeciras y que lo hacía ser el mayor centro de distribución de tráfico marítimo de contenedores. Antes, a Algeciras llegaban todos los barcos procedentes del Atlántico y del Pacífico y desde allí, en barcos de menor tamaño se distribuía la mercancía hacia el Mediterráneo, el Cantábrico, puerto de Senegal y otros africanos.  Ahora, Tangermed se sigue ampliando y se está llevando gran parte de este tráfico.

Este despropósito de los inútiles políticos que padecemos, no solo va a costarnos la multa que se nos ha impuesto por la UE. Nos va a costar grandes pérdidas en la economía de los puertos españoles.  Pero no importa, esto sólo es una menudencia comparado con la defensa a ultranza, de los intereses partitocráticos.   ¡¡vergonzoso!!.

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LA INDUSTRIA DEL FUTBOL
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Guillermo Díaz Bermejo | 17-03-2017 | 18:05| 0

Hace ya años que el fútbol como deporte, ha dado paso a una lucrativa industria, entendiendo como tal, ese gran negocio que ha sustituido los clubes de fútbol, por sociedades anónimas deportivas. Hoy en día, ciertamente, el fútbol sigue siendo un gran espectáculo, pero más que eso, es un gran negocio que genera enormes beneficios.

De modo concreto, en España el juego del balompié mueve más dinero que todos los demás deportes federados que existen. Pero es que, además, es el que también genera unas deudas desproporcionadas. Resulta difícilmente entendible que un jugador de 2ª B esté cobrando mucho más dinero que campeones del mundo de otros deportes, y en sentido contrario, el club que lo ha fichado esté manteniendo importantes deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.

Hoy en día, fútbol y dinero van cogidos de la mano. Se van olvidando los orígenes del deporte para convertirse en unos suculentos negocios que generan enormes beneficios, gracias al espectáculo que dan, a todas las campañas de márketing  y de mercadotecnia que llevan aparejado. Fichajes multimillonarios, sueldos enormes, cláusulas que bordean el delito fiscal, grandes ingresos por publicidad, derechos de imagen, patrocinios de todo tipo. En resumen, una gran industria del deporte. Más que el deporte en sí y la valoración de si un jugador lo ha hecho bien o mal en un partido, ahora, lo importante y lo que más se valora, es la imagen, la vida social, o las tonterías que pueda decir ante las cámaras, una estrella del balompié.

Y con este desmadre, cómo es posible que muchos equipos de primera división, tengan grandes deudas porque no pagan las cuotas de la Seguridad Social o porque no paguen sus impuestos, y estén solicitando moratorias continuadas a la Agencia Tributaria. Si yo estuviere equivocado con mis apreciaciones, me pregunto ¿por qué jeques árabes, magnates mejicanos o chinos, financieros rusos, etc. quieren entrar en este boyante negocio? Evidentemente no es para perder su dinero ya que, muy al contrario, lo que pretenden es inyectar dinero en equipos de fútbol para mejorar sus capacidades deportivas y de márketing y con ello generar todavía más beneficios.  Hace ya años que el fútbol dejó de ser un espectáculo deportivo para convertirse en una gigantesca industria que mueve desorbitadas cifras de dinero.

Pero, el problema no está sólo en España. La UEFA no hace más que estrujar las posibilidades del fútbol para generar más dinero. Y en la misma línea la FIFA, en vez de velar por la pureza de la competición, presa de una gran voracidad, lo que hace de modo reiterado, es engordar el gran negocio que rodea a este deporte, ingresando ingentes cantidades de dinero por taquilla, por derechos televisivos y por negocios publicitarios de todo tipo. Hoy en día, los clubes de las cinco principales ligas europeas, ingresan 631 millones de euros anuales, sólo por mercadotecnia y licencias (con esta desorbitada cifra muchos países podrían combatir el hambre y la miseria de sus ciudadanos).

Está más que claro, que hoy en día, la competición deportiva no es más que una pura competición mercantil, controlada por la monopolística FIFA que sólo persigue intereses económicos. Sólo basta ver que entre 2012 y 2015, el volumen de negocio de esta organización, superó los 6.000 millones de dólares. Más concretamente, sólo por derechos audiovisuales, en el último mundial ingresó casi 2.500 millones de dólares.

Y si a esto añadimos todas las sospechas de corrupción que existen sobre este organismo, con grandes escándalos que provocaron dimisiones y la entrada en prisión de parte de su cúpula dirigente,  o el descubrimiento de sobornos a directivos para decidir la sede de algunos de los campeonatos mundiales, qué más se podría decir. En el fútbol se mueve muchísimo dinero, existen ingentes cifras de dinero negro, se bordean los delitos fiscales, y además se generan grandes deudas tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria..

Por qué en vez de esto, esas masas de dinero no se destinan, por ejemplo, a promocionar y fomentar el deporte entre los escolares y universitarios. Por qué la Liga de fútbol profesional (LFP) no limita los presupuestos de los clubes, evitando esos indecentes fichajes y esos indecentes derechos de imagen y de todo tipo. Con la situación económica que tenemos en nuestro país, por qué estos despilfarros no se destinan a mejorar nuestro sistema educativo, nuestra sanidad o nuestros servicios públicos. No es de recibo que un grupo de individuos en pantalón corto, con ingresos multimillonarios, corran detrás de un balón, mientras que ocho millones de personas están en el paro y otros tantos millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Me parece indecente. Futbol, sí, por supuesto, pero apartado o alejado de inversores que especulan, explotadores, blanqueadores de dinero y mafias futbolísticas, que muchas veces se esconden con la complicidad de muchos políticos, asociaciones de todo tipo y algunos medios de comunicación.

El fútbol ya no es deporte. Antes las estrellas se movían dentro de los terrenos de juego y deleitaban con sus habilidades balompédicas. Ahora salen del campo, actúan como estrellas publicitarias, venden su imagen y siguen generando dinero fuera del ámbito deportivo.  El fútbol es poder y además un suculento negocio. A mí personalmente, esta negocio me parece realmente indecente.

 

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CARTA ABIERTA AL ALCALDE DE OVIEDO
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Guillermo Díaz Bermejo | 03-03-2017 | 08:34| 1

Estimado Sr. Alcalde:

En Junio del año 2014 dirigí una carta abierta al entonces alcalde del PP, Sr. Iglesias Caunedo, protestando por las injustas e ilegales multas de tráfico que se estaban imponiendo en Oviedo. Como era de esperar, no me contestó. Ahora, como las circunstancias no sólo no cambiaron, sino que van tomando mayores dimensiones, le mando esta carta a usted que, como está tan ocupado, probablemente no la leerá, pero es igual, yo me quedaré muy satisfecho si muchos de los conductores indignados como yo, por la voracidad recaudatoria del Ayuntamiento que preside, la leen y adquieren conciencia de que estamos siendo objeto y víctimas propiciatorias de su afán recaudatorio.

Por lo que he vivido y sufrido, tengo muy claro que la prioridad del Ayuntamiento de Oviedo, en modo alguno es (como debería de ser),  sancionar a los conductores para velar por la seguridad del tráfico o para facilitar la movilidad dentro de la ciudad. Su prioridad es incrementar descaradamente la recaudación por multas de tráfico. Y si yo estoy equivocado, explíqueme por favor por qué se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2012, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos previstos para 2016. Ni más ni menos se ha incrementado el presupuesto en un 100%  respecto al que había hace cuatro años. ¿acaso cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante?.

Necesito también que me explique por qué se mantienen cámaras en semáforos, que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo. Necesito también que me explique por qué estas cámaras no cumplen las normas UNE que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. O que me explique  la ilegalidad de las multas que se ponen en las calles peatonales, aun cuando se ha apresurado a publicar a toda prisa, una ordenanza  que las maquille, tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo. O que me explique por qué en el famoso bulevar de la Y, donde no hay ningún problema de seguridad vial, se ha instalado una cámara que ya ha sido declarada ilegal por los Tribunales por no cumplir las normas técnicas, algo que explícitamente ya ha reconocido el propio concejal del ramo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

Señor Alcalde, usted sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, ustedes se niegan a proporcionar los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE.  Usted sabe también que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero aun así, como también sabe que ese ciudadano no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. Sr. Alcalde: Sepa usted que esa comunicación precipitada que ha hecho a la Dirección General de Tráfico y que ha provocado que en mi historial de antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar),  es un claro atentado contra mi honor y que por eso tengo el derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, señor alcalde, en vez de tanto afán recaudatorio, dedíquese a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretenda estrujar al conductor.  Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando su Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente está incurriendo en un delito de prevaricación. No he extraña por tanto que en una noticia que recoge el Comercio en el día de hoy, haya un despacho de abogados en Oviedo dispuesto a llegar al Ayuntamiento al Juzgado de lo Penal, para perseguir este tipo de delito. Tenga usted muy claro que en mi caso,  si en cualquier momento vuelvo a ser captado por alguno de esos instrumentos y se me abre expediente sancionador, ya no me limitaré a formular recurso ante los Juzgados de lo Contencioso. Iré directamente al Juzgado de guardia a formular una denuncia por delito de prevaricación contra el concejal que dicte la resolución sancionadora contra mí. He dicho.

 

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DESPUÉS DE LA JUBILACIÓN
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Guillermo Díaz Bermejo | 19-02-2017 | 08:42| 0

La palabra jubilación, proviene del vocablo latino “iubilatio” que significa expresarse con alegría, gozo o, en definitiva,  júbilo. Significa por tanto, el gozo de no tener que soportar el esfuerzo que implicaba trabajar duro, toda una vida. El problema es que,  normalmente,  la jubilación o retiro de la vida activa, se convierte en el envoltorio edulcorado de un proceso de defunción laboral que te lleva a un periodo de inutilidad social, algo que, por cierto,  tiene muy poco de júbilo o gozo. Lo que sí está claro, al menos en mi caso, es que para evitar frustraciones, las personas jubiladas necesitamos reacomodarnos en un nuevo ciclo de vida, que nos debería de llevar hacia un proceso de jubilación lo más activo posible.

Los jubilados, pertenecemos a una generación que quiere resistirse a envejecer y dejarse llevar por la inactividad del retiro laboral. Por suerte para nosotros, vamos a tener una vida más longeva y nos apetece disfrutar con plenitud, la vida que nos queda por delante. Antes, a los 65 años éramos viejos, pero hoy estamos en buena forma física e intelectual y quizá por eso, se dice  que estamos en la  “madurescencia”.

Después de muchos años de trabajo, carencias, aprietos económicos para pagar la hipoteca del piso, desvelos por cuidar, educar y sacar a nuestros hijos adelante, ahora, ante nosotros, se abre un horizonte diferente, que también puede ser muy activo e interesante. Nosotros, los jubilados nacidos en torno a los 50, ya no somos esos padres o suegros que queremos que los hijos nos estén llamando todos los días. Nosotros tenemos nuestra propia vida y ya no tenemos que vivir en el mundo de nuestros descendientes. No tenemos que seguir preocupándonos por la situación económica de nuestros hijos o nietos. Ya les hemos dado todo lo que necesitaban y ahora es el momento de que ellos asuman su responsabilidad.

Creo que es hora de que empecemos a utilizar ese dinero, que hemos venido ahorrando en toda nuestra vida laboral. No tiene ningún sentido que lo guardemos, para que más adelante lo disfruten otros que no conocen el sacrificio que hemos tenido que hacer para conseguirlo, o que sirva para generar peleas y conflictos entre herederos. No tengamos reparo en comprar cosas que nos gusten. Tampoco es cuestión de que a estas alturas, pensemos en hacer inversiones maravillosas con esos ahorros, que sólo nos van a servir para preocuparnos por lo que pase con ellas o para que seamos engañados por cualquier entidad financiera que nos venda preferentes, derivados u otros productos financieros de los que sólo van a sacar beneficios ellos. Sencillamente, disfrutemos ahora de ese dinero, sin ser egoístas pero tampoco usureros.

Nosotros, los de la generación de los 50, tenemos que proponernos aprender cosas nuevas y útiles y en modo alguno tenemos que quedar al margen de los adelantos tecnológicos. Tenemos que manejar con soltura el ordenador, la Tablet  o los teléfonos inteligentes y a través de esas tecnologías a través del Skype podremos tener videoconferencias con nuestros hijos o nietos cuando estén lejos. Y con el WhatsApp compartiremos cosas con nuestros hijos, familiares y amigos. Nos comunicaremos por correo electrónico con compañeros y amigos, abriremos cuentas en las redes sociales y nos moveremos con soltura en internet para reservar hoteles, comprar billetes de avión o de tren, o para comprar productos mediante comercio electrónico.

Tenemos que ser algo vanidosos y compartir la devoción por mantener y cultivar un cierto estilo personal y cuidado y para eso necesitaremos ir frecuentemente al peluquero, o usar moderadamente cremas o colonias. Pero eso sí, siendo clásicos, ya que los modernismos en la indumentaria, no van a encajar con nuestra edad. No es cuestión que hagamos el ridículo yendo vestidos con atuendos o peinados propios de los jovencitos.  Es absurdo que los hombres pretendamos mantener la figura de los jóvenes astros del deporte o que vistamos trajes de Armani, o que las mujeres sueñen con tener la figura tuneada de una vedette. Ya no somos jóvenes, pero mantenemos un aspecto cuidado.

Deberíamos de resistirnos a la tentación de vivir con hijos o nietos. Lo razonable es que los visitemos, que vayamos a sus casas como invitados, que compartamos vivencias con ellos, pero que no pretendamos refugiarnos para que terminen cuidándonos. Cuando nuestra situación física o psíquica empiece a ser complicada, es mejor que busquemos ayudas externas, y si nuestro dinero nos lo permite, que busquemos cuidadores que nos asistan. Con ello, evitaremos ser una carga para nuestros hijos o nietos, que han de tener su vida propia.

Es bueno que utilicemos nuestros conocimientos o habilidades y para ello nada mejor que practicar el voluntariado social, ya que por experiencia propia sé, que haciendo esto en una ONG, además de ayudar a personas que lo necesitan, me estoy ayudando a mí mismo, puesto que estoy activo física y mentalmente, y además estoy reciclando conocimientos que me permiten mantenerme actualizado. Cultivemos hobbies, tengamos una vida saludable, caminando, haciendo deporte moderado y alimentación equilibrada. Mantengámonos ocupados cuidando el jardín, haciendo bricolaje, teniendo tertulias con amigos. Es bueno que nos mantengamos al día, leyendo libros, incluso matriculándonos en los cursos que algunas Universidades y centros de formación, tienen para mayores. Es bueno que nos hagamos miembros de asociaciones, que participemos y nos impliquemos en sus actividades y en definitiva que nos mantengamos activos. Participemos en eventos sociales y culturales puesto que lo importante es que salgamos de casa y que cultivemos las relaciones.

Salgamos, viajemos, y démonos los gustos de los cuales antes nos privamos para dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Por qué tenemos que tender a angustiarnos con pequeñeces? En la vida todo pasa y los buenos momentos deben de ser recordados, pero los malos momentos, mejor que los olvidemos cuanto antes. Tratemos de no vivir de los recuerdos hablando siempre de cosas como “en mis tiempos”. Mi tiempo es hoy y ahora. Y si en ese tiempo de hoy y ahora, tenemos dolores y molestias propias de la edad, no las acrecentemos hablando de ellas. Este sólo es un problema mío y de mi médico y a nadie más le interesa. Y sobre todo, seamos disfrutones y riamos mucho. Para terminar, si alguien le dice, como yo ya he oído, que nosotros ya estamos obsoletos, no le haga ningún caso, ignórelo. Nosotros ya hemos hecho muchas cosas en la vida y además las seguimos haciendo entre tanto nuestra salud nos lo permita.

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JUSTICIA IMPARCIAL Y MODERNA
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Guillermo Díaz Bermejo | 03-02-2017 | 08:56| 0

Últimamente, el Ministro de Justicia Sr. Catalá parece mostrarse muy activo, defendiendo en público la necesidad de que la justicia sea más rápida, que sea más ágil y que haya Jueces y Fiscales independientes, para que actúen con autonomía y para que puedan desempeñar bien su trabajo. El 28 de Enero pasado se expresó en estos términos, en una ponencia que tuvo lugar en Riojaforum y ayer, en un encuentro que tuvo con representantes de las asociaciones de Jueces, volvió a insistir en la necesidad de revisar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, así como los nombramientos de los presidentes de tribunales y magistrados del Tribunal Supremo, introduciendo criterios de transparencia y objetividad en los procesos selectivos.

Los ciudadanos venimos percibiendo y muchas veces sufriendo, la exasperante lentitud, ineficiencia y baja calidad de la justicia y por eso, resulta esperanzador escuchar al Ministro defendiendo una Justicia del siglo XXI más ágil, con buenas leyes, con mejores medios materiales y con mejores plantillas. El problema, como dice el refrán, es que del dicho al hecho hay un trecho.

Yo tengo bastante claro que los jueces en sí, cuando ejercen la acción jurisdiccional, tienen sus propias ideas políticas y que en base a esos sesgos ideológicos, aplican el derecho dentro de ese margen razonable de interpretación que han de tener, ya que la ciencia jurídica no está desconectada de las ideologías.

Pero, el problema no está ahí. El problema está en las permanentes injerencias de los poderes políticos, injerencias que ya han sido denunciadas por el Consejo de Europa, que critica abiertamente a España, por no garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, desde el momento en que permite que todos los magistrados con cargo de mayor nivel, sean elegidos por el Congreso, el Senado, el Gobierno o las Comunidades Autónomas  Otro modo de injerencia del poder político, se produce desde el momento en que es quien, con los presupuestos generales del estado, tiene la facultad de facilitar o dificultar económica y laboralmente,  el buen o mal funcionamiento de la justicia.

A causa de esta asfixia presupuestaria, en contraste con los avances producidos en sectores públicos como en sanitario, el educativo, Agencia Tributaria, etc. la Administración de Justicia no ha podido superar  su ya sistémico retraso, retraso que se calificaría de tercermundista, si vemos el informe emitido por el World Economic Forum on Judicial Independence, que sitúa a España en la posición sexagésima en un ranking  de calidad de la justicia de los diferentes estados.

No es admisible que nuestra justicia esté, como está, totalmente fragmentada y con una descoordinación absoluta, ya que por un lado está el poder judicial elegido por los partidos políticos y del que dependen los jueces. Por otro está el Ministerio de Justicia del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) y por otro están los cuerpos de gestión y auxilio procesal, así como la dotación de medios materiales, dependiendo de las diferentes Comunidades Autónomas.

Si de verdad el Ministro quiere llegar a esa soñada justicia imparcial, independiente, eficiente y rápida, va a tener que ponerse las pilas y a toda prisa reunir a las fuerzas políticas para alcanzar un Pacto de Estado. Pacto que ha de alcanzarse a toda prisa para volver a centralizar la administración de justicia, eliminando así su actual fragmentación. Que permita cambiar el actual sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, por otro en el que sean los propios jueces y magistrados, en votación directa, los que elijan a sus representantes. Igualmente, habría que eliminar la designación discrecional actual de los presidentes de los Tribunales, por otro en el que sean los propios jueces y magistrados quienes los elijan.  Ese pacto  tiene que dotar también de mayor independencia económica a la administración de justicia o en su caso que dote al sistema judicial de los medios personales y materiales que precisa para mejorar la agilidad, la eficiencia y la duración de los procedimientos.

Si no existen esas dotaciones de medios necesarios, tanto para agilizar procesos como para ganar en eficiencia, si no existe una auténtica independencia judicial, de qué pueden servir leyes o decretos que digan que porque lo dice la ley, los procesos van a durar tantos o cuantos meses. Los procesos durarán el tiempo que se requiera, en función a su  complejidad y a los medios con los que cuenten los juzgados correspondientes. Estas leyes sólo serían un canto al sol y ocultarían el verdadero propósito de modernizar o no la justicia, facilitándole todos los medios e instrumentos que necesita.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.