El Comercio
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Fecha: septiembre, 2009
Responsabilidad de las consultoras informáticas
Guillermo Díaz Bermejo 25-09-2009 | 12:20 | 0

Por su interés, transcribo la reseña que el día 23 ha dado “Noticias Jurídicas” sobre una interesante sentencia que declara la responsabilidad de una Consultora Informática por abandono de obra.

“Un Juzgado de Primera Instancia de Vitoria ha declarado ilícita la conducta de una gran consultora informática a la que se había encomendado la realización de una implantación informática de un conocido programa de gestión empresarial y ha calificado como “abandono de obra” ilícito la no terminación del programa, sentando así un importante precedente acerca de la siempre controvertida cuestión relativa a la naturaleza y el régimen jurídico aplicable a este tipo de proyectos informáticos.
El proyecto de implantación informática había sido regulado en un contrato suscrito en el año 2005.
Dicho contrato tenía el doble objeto de, por un lado, realizar un análisis del trabajo realizado por una implantadora anterior y de los procesos de negocio y las necesidades de la empresa cliente, y, por otro lado, llevar a cabo la finalización de la implantación y la entrega del programa adecuado a los procesos de negocio y las necesidades de la empresa cliente conforme al resultado de la fase previa de análisis.
Se discutió en el procedimiento la naturaleza jurídica del contrato, concluyendo la sentencia que se trata de un contrato de arrendamiento de obra y no de un mero contrato de servicios, como sostenía la consultora, y ello con independencia de la denominación otorgada por las partes al contrato.
De acuerdo con esta calificación el contrato de obra obligaba a la consultora a realizar y entregar un resultado, sin consideración del trabajo o servicios que lo crean, resultado que consiste en un cumplimiento perfecto, no defectuoso, que en todo caso se ajuste a las necesidades de la empresa cliente, y siempre dentro del plazo acordado.
Una vez declarada la ilicitud del “abandono de obra”, el juez analiza los daños y perjuicios reclamados por la empresa cliente, otorgando a ésta la cantidad que las partes habían acordado en el contrato como cláusula penal.
La sentencia examina también la petición de la empresa consultora de que le fueran retribuidos los cambios o ampliaciones de requerimientos que alegaba que se habían producido a petición de la compañía cliente, y concluye que, tratándose de un contrato de arrendamiento de obra con precio cerrado a tanto alzado, y siendo éste un elemento esencial del contrato de obra, la empresa cliente no se encontraba obligada a pagar ninguno de los cambios alegados en tanto que no habían sido acordados por las partes.

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Apuestas en Internet y libre prestación de servicios
Guillermo Díaz Bermejo 23-09-2009 | 12:06 | 1

El 11/2/2008 escribí un post titulado ¿son legales las apuestas por internet? en el que entre otras cosas manifestaba que las apuestas on line por internet estaban expresamente prohibidas por la legislación española . La normativa jurídica es clara en cuanto a que estas actividades no pueden realizarse ni dentro de nuestro país, ni incluso por ciudadanos españoles que quieran realizar las apuestas en el extranjero.
Hoy he visto una sentencia de fecha 8/9/2009 dictada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, aunque se refiere a la legislación portuguesa, creo clarifica aun mas esta prohibición española, en cuanto que la Directiva Comunitaria sobre libre prestación de servicios, en modo alguno puede oponerse a la normativa de juegos de un Estado miembro.
Esta novedosa sentencia trae su causa de una sanción impuesta por las autoridades lusas a Bwin y a la Liga portuguesa de fútbol profesional.
Bwin, que en nuestro país esponsoriza al Real Madrid, es una empresa de juegos en línea que tiene su domicilio en Gibraltar. Tiene un sitio en Internet con servidores instalados en Gibraltar y Austria, donde propone juegos de azar y no tiene establecimiento permanente en Portugal (tampoco en España). En el área de apuestas deportivas oferta apuestas de fútbol (nuestra quiniela) y otras competiciones deportivas.
Bwin estableció un contrato de patrocinio (similar al que mantiene con el Real Madrid) con la Liga Portuguesa de Fútbol Profesional, que es una persona jurídica de derecho privado, con estructura asociativa y sin ánimo de lucro. Integra a todos los clubes que participan en las competiciones de fútbol profesional.
Mediante este patrocinio los logotipos de Bwin se exhibían en las equipaciones de todos los jugadores e igualmente en el sitio internet de la Liga se introdujeron enlaces a Bwin para que los usuarios portugueses pudiesen utilizar los juegos de azar propuestos.
La Dirección de Juegos de la Santa Casa , a la que el Estado portugués tiene confiada la explotación de todos los juegos en forma de lotería, loto y apuestas deportivas, incluso utilizando soportes electrónicos (internet), entendió que la actuación de Bwin resultaba ilegal e impuso una sanción a Bwin de 75.000€ y a la Liga Portiguesa de 74.000€. Los sancionados recurrieron al Juzgado de Porto y este decidió suspender el procedimiento para plantear al Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial. El Tribunal portugués planteó la cuestión en los siguientes términos:

¿Constituye el régimen de exclusividad, de que disfruta la Santa Casa, un obstáculo a la libre prestación de servicios que vulnera los principios de libre prestación de servicios, de libertad de establecimiento y de libertad de pagos, consagrados en los artículos 49 [CE], 43 [CE] y 56 [CE], respectivamente, en la medida en que se aplica a Bwin, es decir, a un prestador de servicios que está domiciliado en otro Estado miembro, donde presta legalmente servicios análogos, y que no cuenta con ningún establecimiento físico en Portugal?
¿Se oponen el Derecho comunitario y, en especial, los principios mencionados a un régimen nacional, como el controvertido en el asunto principal, que, por un lado, consagra un régimen de exclusividad, en favor de una única entidad, para la explotación de loterías y apuestas mutuas y, por otro lado, extiende ese régimen a “todo el territorio nacional, con inclusión de Internet?.

El Tribunal de Justicia, tras analizar el marco jurídico portugués que establece el principio general de “prohibición”, aun cuando el Estado se reserva la posibilidad de autorizar la explotación directa de uno o varios juegos por un Órgano del Estado directamente dependiente de el, o de conceder esta explotación a entidades privadas con o sin ánimo de lucro, falló lo siguiente: El art 49 CE no se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal que impide a operadores como Bwin International Ltd establecidos en otros estados miembros donde ofrecen legalmente servicios análogos, proponer juegos de azar por internet en el territorio de dicho Estado miembro.

El paralelismo de la legislación portuguesa y la española es incuestionable. Al igual que ocurre con la Santa Casa lusa, en España los juegos de azar vía Internet, son practicados de modo exclusivo por Loterias y Apuestas del Estado (órgano dependiente del Ministerio de Hacienda) por razones de orden público, de seguridad pública o de salud pública. Por otro lado, la jurisprudencia ha admitido una serie de razones imperiosas de interés general, como los objetivos de protección de los consumidores, lucha contra el fraude y prevención tanto de la incitación al gasto excesivo en juego como de la aparición de perturbaciones en el orden social en general .

Es evidente por tanto que a la vista de la sentencia comentada, en España, ni Bwin ni ningún otro operador puede ofrecer apuestas por internet, amparándose en la Directiva Comunitaria de Libre Prestación de Servicios. Concluyo por tanto confirmando lo que decía en mi primer post: En España sólo son legales las apuestas por internet que ofrece Loterías y Apuestas del Estado.

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La nueva Ley de Extranjería recortará los derechos de los “sin papeles”
Guillermo Díaz Bermejo 22-09-2009 | 8:45 | 2

El pasado jueves, el Gobierno ha conseguido superar en el Congreso de los Diputados, la reforma de la Ley de Extranjería.

Tal y como está redactado el anteproyecto, si sale adelante la reforma, los inmigrantes que se encuentren en España en situación irregular (sin papeles), quedarán privados del acceso a la educación para sus hijos y a la asistencia sanitaria. Esto es así porque, con la nueva redacción, no podrán empadronarse y este es un requisito necesario para acceder a estos servicios públicos.

La exposición de motivos que precede al anteproyecto de ley, identifica el concepto “residencia” con el de “autorización de estancia o residencia legal”. Por ello, cuando el artículo 6.3 del texto dice que los Ayuntamientos incorporarán al Padrón a los extranjeros que “residan” en su territorio, “está excluyendo” a aquellos que se encuentren sin papeles. Esto además hace que los “sin papeles” sean invisibles para los municipios donde estén residiendo de modo irregular.

La duda que nos queda sobre el recorte de estos derechos, es si se trata de un puro “lapsus” o si es una clara “intención del legislador al introducir la modificación del empadronamiento, que quedaría desvirtuado al no poder quedar constancia de las personas que verdaderamente residen en un municipio.

De otra parte, la modificación del precepto relativo al acceso de los extranjeros a la educación, podría rayar la inconstitucionalidad, ya que “la reforma limita de forma clara el acceso a la educación no obligatoria”.

Igualmente, la reforma introduce restricciones en materia de vivienda social, ya que se plantea la residencia de larga duración (más de cinco años legalmente) como condición para el acceso a estas ayudas.

También se produce un “endurecimiento” del régimen sancionador para extranjeros con medidas como la ampliación a 60 días del plazo máximo de internamiento previo a la expulsión, ya que hoy, en la práctica, en la práctica, la media de estancia en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) es de 20 a 30 días, por lo que “no se justifica” la ampliación para agilizar repatriaciones. De otra parte, la Directiva de Retorno europea sobre la materia es de “mínimos” y no obliga a los Estados a imponer condiciones más restrictivas de las que ya tenga en vigor.

Por último, se produce una clara restricción de las reagrupaciones al núcleo familiar (cónyuge o análogo e hijos menores), la falta de soluciones para el problema de los menores inmigrantes que alcanzan los 18 años de edad bajo tutela de la Administración Pública y las “condiciones más gravosas” que impone el anteproyecto a los extranjeros para acceder a la justicia gratuita, por entender que se trata de “retrocesos” que llegan en un “momento inoportuno” porque “asocian crisis e inmigración” y que “no servirán para construir una sociedad más justa a largo plazo”.”

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Gripe porcina ¿pandemia o negocio?
Guillermo Díaz Bermejo 17-09-2009 | 9:03 | 1

Como continuación del post que escribí hace unos días, transcribo a continuación una información que he encontrado, así como el editorial de una revista especializada en temas de salud:

LA INCÓMODA VERDAD SOBRE LA GRIPE A, LAS VACUNAS Y LOS ANTIVIRALES

Mednews ha tenido conocimiento de que la revista Discovery DSALUD (www.dsalud.com) -referencia mundial hoy en el mundo de habla hispana- dará a conocer el próximo 21 de septiembre un amplio dossier en el que se analiza en profundidad lo que hay realmente detrás de la gripe A y que puede resumirse en los siguientes puntos:
1. Es absolutamente falso que por sí sólo el A-N1H1 pueda provocar la muerte de una persona sana.
2. La gripe A es mucho menos peligrosa que la gripe estacional. Se dice que en España han muerto 23 personas en unos meses –para justificar la vacuna- pero se obvia añadir que solo el año pasado la gripe común llevó a la muerte en nuestro país a unas 8.000 personas.
3. Se está sugiriendo vacunar a enfermos, niños y embarazadas -entre otros colectivos- cuando la vacuna no ha demostrado ni su eficacia ni su seguridad. Ni se va a demostrar nunca con los estándares científicos exigibles porque se ha decidido no seguir los protocolos convencionales. En una decisión absolutamente vergonzosa porque la gravedad de la gripe A no justifica en modo algunos tales prisas. Es más, basta repasar la literatura científica para comprobar que la vacunación masiva ni siquiera es eficaz en el caso de la gripe estacional a pesar de lo que se afirma oficialmente.
4. Los antivirales –Tamiflu incluido- no previenen la infección. Ni de la gripe A ni de la común. Y sólo han demostrado ser seguros en personas sanas. Es más, sus efectos se limitan a acortar algo –muy poco- el tiempo de duración de la gripe y pueden provocar problemas de salud graves a las personas que los ingieren.
5. Si la gripe A es una pandemia tan terrible, ¿por qué la OMS no la declara un problema de salud pública mundial y autoriza la fabricación de medicamentos genéricos para combatirla? Porque todo esto se trata de un puro negocio.
El director de Discovery DSALUD, José Antonio Campoy –que es también presidente de la World Association for Cancer Resercah (WACR)- ha declarado a Mednews que “ha llegado la hora de que en los medios de comunicación se deje de hacer el juego a empresas que algunos ven como entidades altruistas preocupadas por nuestra salud cuando solo son industrias que cotizan en bolsa y cuyo principal objetivo es ganar la mayor cantidad de dinero posible recurriendo cuando hace falta a métodos mafiosos. Parece olvidarse –añadiría- que la inmensa mayoría han sido ya llevadas a los tribunales acusadas de multitud de delitos y que para librarse de posibles condenas ‘compran’ el silencio de las víctimas –o el de sus descendientes cuando éstos han muerto- tirando d e talonario. A día de hoy decenas de miles de millones de euros en indemnizaciones han salvaguardo a muchas empresas de ir a la quiebra y a sus ejecutivos de terminar en la cárcel. Hace sólo 24 horas se conocía que el grupo Pfizer ha tenido que comprometerse a pagar una cifra récord de más de 2.300 millones de dólares como base para un acuerdo con el que evitar un juicio en el que hubiera debido hacer frente a cargos penales y civiles por venta fraudulenta de algunos de sus productos. Y no olvidemos que los laboratorios Baxter, junto con altos cargos de la OMS, de distintos laboratorios y hasta de la Administración norteamericana han sido acusados ante la justicia austríaca de “cometer un genocidio en masa contra gente inocente usando una gripe pandémica”. Y no son más que simples ejemplos recientes. Es hora ya pues de que se abandone esa visión infantil q ue hace creer que en ellas lo que hay son sólo científicos abnegados preocupados por los demás ya que no se corresponde en absoluto con la realidad. Pero, sobre todo, ha llegado la hora de que los periodistas se nieguen a hacer el papel de tontos útiles y dejen de ser manejados como marionetas. Que en eso lamentablemente se han convertido buena parte de los profesionales de todo el mundo”.
Adjuntamos el Editorial antes mencionado por su interés:
Editorial
EL PODER DEL MIEDO
La ladina estrategia diseñada por quienes en el ámbito de la salud viven de meter miedo de manera masiva a la sociedad sigue desarrollándose de forma tan implacable como imparable. Y se ha pasado ya a la siguiente fase. Tras repetir las autoridades sanitarias hasta la saciedad que el virus de la gripe A es muy contagioso pero de leves efectos y no hay que preocuparse cuando el estado general es bueno ahora se intenta hacer creer que puede llevar a la muerte incluso a personas sanas. Y se ponen ejemplos ¡que nadie se molesta en investigar! Todo el mundo los da por válidos. La verdad, sin embargo, es que se trata de una falacia. El virus de la gripe A –que es el mismo que el de la gripe aviar y el que intentó endosarse esta vez a los cerdos por mucho que se disfrace ese hecho- se creó intencionadamente en un laboratorio y se transmite por el aire pero no genera ni ngún problema de salud serio. Nadie muere por su causa. Aunque así se intente ahora hacer creer en esta escalada estratégica de ir preocupando más y más a la gente para que cuando se anuncie la llegada de la vacuna se la pongan sin pensárselo dos veces. El virus de marras se está expandiendo intencionadamente con el único objetivo de crear alarma social para vender vacunas como hemos denunciado una y otra vez. Algo que -no albergamos la más mínima duda- conseguirán. Porque las multinacionales farmacéuticas implicadas cuentan con apoyos importantes en todos los gobiernos y son quienes designaron a los responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que por eso están haciéndoles el juego desde el principio. Algo que se elude explicar en los principales medios de comunicación donde la capacidad de discernimiento y crítica de quienes trabajan en ellos es ya prácticamente nula. No en todos los casos pero quienes saben que detrás de todo esto hay mucha podredumbre callan porque quieren conservar sus puestos de trabajo. Así de duro y de simple. Y no lo decimos nosotros: nos lo dicen ¡ellos mismos! Al menos algunos que se sienten abochornados de no hacer nada. En cambio, quienes están al servicio de esta operación hablan con tanta libertad como desfachatez. Como la ex ministra de Sanidad y actual responsable de Política Social del Partido Popular (PP) Ana Pastor que casi a diario reclama en las distintas cadenas de televisión y radio más vacunas, más dosis y más celeridad. Lo mismo que reclamó para la llamada vacuna del virus del papiloma humano. Hablamos de la misma individua que compró a Estados Unidos millones de vacunas para la viruela por si sufríamos un ataque del peligros ísimo acumulador de armas masivas Sadam Husein. Hay impunidad en suma para quienes están al servicio de la industria farmacéutica. Muchos lo saben. Y por eso callan. Y ocultan. Y consienten. Y mienten. Pero las vacunas no son inocuas. Y cientos de millones de personas van a ser vacunadas sin necesidad asumiendo riesgos innecesarios. ¡Sin que se cumplan los requisitos que se exigen normalmente a toda vacuna! ¡Sin valorarse ni su seguridad ni su eficacia! Sólo para que algunos sinvergüenzas sin escrúpulos se enriquezcan. Por eso vamos a denunciarlo una y otra vez hasta el hartazgo.. Aunque sólo sirva para dejar en evidencia a quienes desde la política, la medicina y los medios de comunicación hacen el juego a los instigadores de este montaje. Lo único que falta es que declaren obligatoria la vacuna. Solo que entonces llamaremos directamente a la rebeldía social. Y ayudaremos a inundar los juzgados de denuncias.
José Antonio Campoy Director

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La politocracia es indecente.
Guillermo Díaz Bermejo 11-09-2009 | 8:44 | 4

El pasado 14 de Enero escribí un post en el que argumentaba que nuestra democracia estaba avanzado aceleradamente hacia la politocracia. Hoy, pese a esta crisis económica tan brutal que sufrimos, esos polítócratas no hacen mas que llenarse la boca hablándonos de política social, de derechos sociales, de derechos de los trabajadores, etc.etc. pero, a mi juicio, su comportamiento ante los ciudadanos resulta indecente.

Es indecente que mas de la mitad de la población laboral española sea mileurista, mientras que el sueldo mensual de un Diputado es de 3.996€ a los que hay que añadir dietas y otros gastos de representación que hacen que sus ingresos lleguen a 6.200€ mensuales. O el sueldo de un concejal de festejos de una pequeña ciudad que llega a 4.823€ aun cuando sólo pasa por el Ayuntamiento dos horas al día.

Es indecente que un trabajador necesite una cotización continuada de 35 años para percibir una pensión de jubilación, mientras que a un Diputado le basta con siete, y a cualquier miembro del Gobierno sólo le basta jurar el cargo y aunque esté una semana en su puesto ya tiene derecho al percibo de la pensión máxima de 2.441,75€

Es indecente que un cirujano de un hospital , o un profesor, o un técnico de la Administración, tengan un salario inferior al de un concejal de festejos de un Ayuntamiento, que como decía antes, se pasa dos horas al día en el Ayuntamiento.

Es indecente que los políticos sigan manteniendo las retribuciones y los porcentajes de incremento que ellos mismos establecieron por unanimidad al inicio de sus legislaturas, y que ahora, para frenar el gasto público, no tengan la decencia de reducirlos.

Es indecente que los Diputados sean los únicos ciudadanos que tienen una exención de un tercio del IRPF de sus emolumentos.

Es indecente que estos políticos sitúen en las administraciones públicas a legiones de asesores (mas bien, amiguetes con sueldo), con unas retribuciones que ya quisieran para sí los técnicos de la Administración mas cualificados.
Es indecente que el mas bajo de los funcionarios tenga que superar una dura oposición para conseguir su plaza, y por el contrario a los políticos y a los asesores que ellos nombran, no se les exija superar una mínima prueba de capacidad para ejercer la función que se les encomienda.

Es indecente que muchos ciudadanos tengan que apretarse el cinturón para sortear la crisis económica, mientras que los políticos siguen gozando de sus lujosos coches oficiales, chóferes a su disposición, viajes en bussines class, suculentas comidas en los mejores restaurantes, visas oro, regalitos y otras prebendas.

Es indecente que los Diputados, cuando cesan en sus cargos, sigan percibiendo el 80% de su salario durante dieciocho meses.

Es indecente que ex ministros, ex secretairos de estado y otros altos cargos de la política, tras su cese puedan seguir percibiendo de modo legal dos sueldos del erario público.

Es indecente que ahora quieran atemperar el brutal déficit público que ellos hacen crecer continuadamente, incrementando la carga impositiva a los ciudadanos, pero obviando que ellos tienen garantizados cuantiosos ingresos y otras prebendas, que no están dispuestos a reducir o eliminar.
Es indecente que transmitan a la sociedad a través de noticias en los medios de comunicación, que el incremento de los salarios de los funcionarios son un coste para el bolsillo de los ciudadanos, ocultando que sus enormes sueldos también los pagan los ciudadanos.

Por favor, señores politócratas, dejen de pensar en Vdes. piensen en los ciudadanos y empiecen a actuar con dedencia.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.