El Comercio
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Fecha: mayo, 2013
QUE EL RIGOR DE LA LEY CAIGA SOBRE LOS POBRES SIN RECURSOS
Guillermo Díaz Bermejo 14-05-2013 | 7:05 | 0

Reiteradamente aparecen en los medios de comunicación todos los escándalos de corrupción que tenemos en nuestro país,  las estafas gigantescas, los fraudes de todo tipo, el dinero que se roba a espuertas. Pero, con todo eso, son escasísimos los ladrones de guante blanco -y menos si son políticos-, que terminan condenados por sentencia firme. Las potentes maquinarias de prestigiosos despachos de abogados se ponen en marcha y consiguen que sus clientes eludan la condena. Como vulgarmente se dice, se van de rositas.
 
Pero ¿qué pasa cuando un pobre sin recursos económicos, hurta 8€?. Pues pasa que todo el rigor de la ley cae sobre el. El Fiscal, rigurosamente, interesa la condena del denunciado y el Juez de Instrucción correspondiente dicta una sentencia ejemplar. ¿Qué no se lo creen? ¿exagero?. Pues no. Esto es tan real como la vida misma. Voy a comentar el caso de una usuaria de la ONG Cauce donde colaboro como voluntario, para que cada uno saque sus propias conclusiones.

Soledad es una mujer, víctima de violencia de género, que trabaja a salto de mata en el servicio doméstico y que convive en un pequeño apartamento con su hija de 20 años, la pareja de esta y un bebé de seis meses. Los ingresos mensuales conjuntos de esta familia ascienden a no mas allá de 500€ y como no pueden pagar el alquiler que tienen estipulado de 300€, en este momento están en proceso de desahucio y se quedarán en la calle.

Un buen día, seguramente agobiada por su situación económica, entra en Mercadona, retira de las estanterías dos latas de conservas y una bolsita de detergente. Un vigilante   que controla las cámaras de seguridad del supermercado, ve como Soledad introduce en su bolso de mano estos productos e inmediatamente, sin esperar ni tan siquiera a que pasara por las líneas de caja para ver si iba a pagar los productos o no,  la intercepta en el área de la carnicería y procede a retenerla. A la llamada del vigilante acude la Policía Nacional que procede a su detención. En el atestado se hace constar que el valor de los productos  hurtados, asciende a 8,87€. Se hace constar también que la detenida pidió que la dejaran pagar los productos en la caja y que la dejaran libre, pero que la encargada del supermercado no accedió ya que tenía instrucciones de sus superiores de denunciar todo para que sirviera de escarmiento.

El siguiente paso es que el Juzgado de Instrucción abre el procedimiento correspondiente, se celebra juicio oral, el Ministerio Fiscal interesa la condena de Soledad como autora responsable de una falta de hurto. Resulta condenada a la pena de un mes de multa a razón de seis euros de cuota diaria, con un día de privación de libertad por cada dos cuotas no satisfechas y con la imposición de las costas del juicio. O lo que es lo mismo, como es insolvente y no puede pagar esos 180€ de multa será privada de libertad durante 15 días.

Yo no voy a cuestionar aquí al procedimiento instruido, la solicitud de condena ejercitada por el Fiscal y la sentencia dictada por el Magistrado Juez, ya que en todo esto se ha observado la mas absoluta aplicación de la legalidad vigente. Lo que cuestiono es que si esta mujer hubiere tenido recursos económicos, se habría podido pagar un  abogado que la defendiera (al ser un juicio de faltas no es preceptiva la intervención de Letrado y por eso no se lo designaron de oficio), y lo mas probable es que hubiere resultado absuelta, o bien por falta de pruebas (aun no había pasado la línea de caja), o por la eximente de estado de necesidad. También me cuestiono que por un hurto de 8€ se ha puesto en marcha un procedimiento judicial que ha movilizado unos ingentes recursos tanto de la Policía Nacional como de la Administración de Justicia, que a mi juicio resultan desproporcionados.

Ya sé que alguien me puede decir hay que aleccionar a la gente y que no se pueden consentir estos pequeños hurtos. Pero yo les diría que entonces no se quejen cuando protestan porque la justicia está colapsada, porque es lenta y porque esos grandes defraudadores no son condenados. Todos los recursos que se invierten en perseguir estos pequeños hurtillos,  perfectamente pueden ser resueltos por la propia Policía, porque si se trata de escarmiento y de lección ejemplar, qué mayor escarmiento que por hurtar productos por valor de 8€ es el de estar en los calabozos de la comisaría 24 horas.

Y dicho esto, concluyo como empecé con el título de este artículo: El rigor de la ley sólo se aplica a los pobres sin recursos. Qué injusta puede ser la Justicia.

 
 
 
 
 
 
 

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IGUALDAD DEL HOMBRE Y LA MUJER AL CONTRATAR UN SEGURO
Guillermo Díaz Bermejo 13-05-2013 | 4:40 | 0

Cada día entiendo menos a los políticos. En vez de dedicarse a lo que realmente importa, que es resolver los graves problemas económicos que sufrimos y a combatir el brutal desempleo existente, juegan a perder el tiempo y a moverse demagógicamente en el Congreso para introducir modificaciones legislativas que, desde mi punto de vista, sólo tienen un objetivo: Justificar lo que cobran. Porque, en otro caso, no podría entenderse.
 
He aquí un ejemplo: Hoy el Grupo Popular ha introducido dos enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo de crecimiento y de creación de empleo (nada que objetar si realmente las enmiendas fueran dirigidas a ese fin). El problema es que estas enmiendas pretenden modificar la Ley de Ordenación del Seguro Privado, estableciendo que “en el cálculo de las tarifas de los contratos de seguro, no podrán establecerse diferencias de trato de hombres y mujeres en las primas y prestaciones de las personas aseguradas, cuando aquellas consideren en sexo como factor de cálculo”. De esta manera, entienden los Diputados “se consagra el principio de igualdad de trato” recogido en la Directiva de aplicación del Principio de Igualdad en el acceso a los bienes y servicios y su suministro, aprobado por la Comisión Europea en 2004.
 
Vamos a ver señores diputados, ¿con tantos asesores que tienen y que dicho sea de paso, pagamos todos los ciudadanos, sólo se les ocurre eso? ¿conocen algo el mundo del seguro? ¿conocen algo de cálculos actuariales?. Yo creo que no tienen ni repajolera idea. Así que, voy a darles algunas aclaraciones.
 
Las entidades aseguradoras y reaseguradoras, para determinar lo que en su argot llaman “riesgo”, manejan cálculos actuariales basados en el “cálculo de probabilidades”, “leyes de los grandes números” y las “leyes empíricas del azar”. Concretamente, en el ámbito de los seguros de vida, suelen utilizar elaboradas tablas de mortalidad, entre las que destacan las prestigiosas tablas suizas GKM. 
 
En base a todos estos cálculos actuariales, se puede saber que las mujeres tienen una expectativa de vida ocho años mayor que la de los hombres, o que las mujeres son mas prudentes que los hombres conduciendo y por eso tienen menos accidentes, o que las mujeres viven mas que los hombres, pero en cambio sufren mas intervenciones quirúrgicas, o que las mujeres practican menos deporte de riesgo que los hombres, etc.etc.
Como consecuencia, es lógico pensar que la prima de un seguro de vida para el caso de muerte, sea mas cara para un hombre que para una mujer, e igualmente el seguro de auto será mas caro para el coche que conduce un hombre, que para una mujer. Por el contrario si se trata de seguros de salud, como estadísticamente las mujeres tienen mas intervenciones quirúrgicas y además se quedan embarazadas, las primas por lógica son mas caras para las mujeres que para los hombres.
 
Si además de todo esto tenemos en cuenta que las aseguradoras no son entidades públicas que pueden tener precios políticos regulados por el Estado, si no que se trata de entidades mercantiles que en libre competencia persiguen unos beneficios, sin duda van a aplicar las primas que según sus cálculos corresponden a los riesgos que asumen. Por tanto si los riesgos digamos hombre o mujer, son diferentes, también lo serán las primas que van a pagar por los seguros que contraten.
 
Así que, amigos Diputados, dejen a un lado la demagogia barata y dedíquense a proponer medidas legislativas que de verdad estimulen el crecimiento y la creación de empleo, porque esta chorrimedida de que las aseguradoras cobren igual a hombres o a mujeres, para nada va a influir en este crecimiento o esa creación de empleo. Muy al contrario, estarán coartando la libertad de mercado de las compañías de seguros.
 
 
 
 
 
 

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SOBRE LA ACTUACION DE OFICIO DEL JUEZ FRENTE A CLÁUSULAS HIPOTECARIAS ABUSIVAS
Guillermo Díaz Bermejo 09-05-2013 | 5:14 | 0

Ayer se han celebrado unas Jornadas que ha organizado el Consejo General del Poder Judicial en las que se debatió sobre la aplicación transitoria de la sentencia del TJUE entre tanto no se reforme la legislación hipotecaria española. Al final de las mismas se ha redactado un texto que recoge las conclusiones a las que han llegado y que de modo resumido se recogen aquí:
  • Es necesario adaptar la legislación española para garantizar a los consumidores una protección mas eficaz.
  • Los Jueces, interiorizando la dimensión ética de la función judicial, han de llenar las lagunas legales y dar respuesta a los consumidores desde los principios constitucionales.
  • Aun cuando ya hay una reforma legislativa en curso que responderá a las cuestiones planteadas por el TJUE, los Jueces no quedan eximidos de su deber de completar las lagunas legales, conforme a los criterios generales tanto de nuestro ordenamiento jurídico como del europeo.
  • Las cláusulas abusivas de los contratos hipotecarios no vinculan a ningún efecto y se tendrán por no puestas.
  • Para considerar una cláusula abusiva, deberá atenderse a las circunstancias que concurren en el caso concreto y en particular los considerados en la proposición de reforma de la Ley Hipotecaria presentada por el Gobierno y discutida ayer en el Senado.
  • Deberán de analizarse los distintos tipos de interés referenciados en la normativa interna y en las cláusulas de vencimiento anticipado del contrato, que no deberán declararse nulas en abstracto.
  • Tampoco deben considerarse nulas en principio, las denominadas cláusulas de interés remuneratorio.
  • El deber de “control de oficio” por parte de los Jueces debe de ser especialmente relevante en el proceso de ejecución y el trámite procesal deberá de ajustarse a dicho deber de control, en cumplimiento de la sentencia europea.
  • En el momento de admitirse una demanda, si el juez observa alguna cláusula que pudiere resultar abusiva, debe dar traslado a las partes y plazo de cinco días para que presenten las alegaciones que estimen oportunas, sin necesidad de abrir ningún incidente procesal.
 
 

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LA FE NACIONAL Y LOS PROBLEMAS DE ESPAÑA
Guillermo Díaz Bermejo 08-05-2013 | 6:15 | 0

“Los dos partidos que se han concordado para turnarse pacíficamente en el Poder son dos manadas de hombres que no aspiran más que a pastar en el presupuesto. Carecen de ideales, ningún fin elevado los mueve; no mejorarán en lo más mínimo las condiciones de vida de esta infeliz raza, pobrísima y analfabeta. Pasarán unos tras otros dejando todo como hoy se halla, y llevarán a España a un estado de consunción que, de fijo, ha de acabar en muerte. No acometerán ni el problema religioso, ni el económico, ni el educativo; no harán más que burocracia pura, caciquismo, estéril trabajo de recomendaciones, favores a los amigotes, legislar sin ninguna eficacia práctica, y adelante con los farolitos… Si nada se puede esperar de las turbas monárquicas, tampoco debemos tener fe en la grey revolucionaria (…) No creo ni en los revolucionarios de nuevo cuño ni en los antediluvianos (…) La España que aspira a un cambio radica y violento de la política se está quedando, a mi entender, tan anémica como la otra. Han de pasar años, tal vez lustros, antes de que este Régimen, atacado de tuberculosis étnica, sea sustituido por otro que traiga nueva sangre y nuevos focos de lumbre mental”.
 
Todo lo anterior ha sido escrito en 1912, por Benito Pérez Galdós bajo el título “Fe nacional y otros escritos sobre España”. ¿te recuerda algo esto que decía el Sr.Pérez Galdós?.

 
Han pasado ya mas de cien años y seguimos estando como en 1912.


De modo progresivo, tras la entrada en la nueva democracia, en España se nos ha estado instalando una casta de mediocres politócratas y partitócratas,  que con el  objetivo de dedicarse  única y exclusivamente a la vida política,  en una clara connivencia con los banqueros y con los señores del ladrillo, se ha alejado de los ciudadanos, ha ido debilitando a las clases medias, ha permitido que se deteriorara el tejido económico, nos ha llevado al primer puesto del ranquing de desempleados, aplica recortes de todo tipo a las familias que cada vez se empobrecen mas, aplica amnistías fiscales para favorecer a los mas ricos, rompe el dogma de la separación de poderes politizando el poder judicial , confunde Partido y Estado y se blinda para no renunciar a sus prebendas. 
 
Esta casta de politócratas ha olvidado que la cosa pública es propiedad de la sociedad civil y pretende que los ciudadanos sólo nos limitemos a votar cada cuatro años y que además votemos a unas listas que confeccionan los partidos políticos. Estos políticos profesionales han hecho que los partidos políticos sean patrimonio sólo de unas pocas personas. Y claro, de este modo, es imposible que la voz de los ciudadanos se oiga. Hoy en día el ciudadano sólo es un instrumento para que con su voto se perpetúen las castas políticas, castas de otra parte, que como han nacido profesionalmente en la política y en ella siguen, no tienen ni la mas mínima experiencia en la sociedad civil. Este es el gran problema y la razón del aislamiento que tienen con los ciudadanos a los que teóricamente tendrían que representar.

En definitiva, estos politócratas y partitócratas han ido construyendo un blindaje jurídico para mantener sus privilegios y paralelamente han ido hurtando a los ciudadanos el protagonismo que en democracia les corresponde. 
Frente a esta situación, creo que los ciudadanos no debemos de seguir permaneciendo callados como corderitos. Creo que ya es hora de que empecemos a rebelarnos para que nuestra voz de oiga.  No se trata de generar algaradas callejeras. Se trata de presionar con sensatez en todos los medios y lugares. Entiendo que sin atacar por la base nuestro sistema constitucional salido de la Transición, nada se puede hacer. Por ello se necesita una reforma constitucional, se necesita una nueva legislación que reestablezca la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se necesita eliminar las subvenciones a partidos políticos, sindicatos parasitados y organizaciones empresariales, se necesita una justicia independiente, rápida y eficaz, se necesita atacar el bipartidismo y votar en listas abiertas, se necesita adelgazar las autonomías centralizando sanidad, educación, justicia y obras públicas, se necesita adelgazar el senado (para qué tantos senadores), se necesita eliminar municipios, etc.etc.
Para conseguir esto hay que protestar y reclamarlo permanentemente a los políticos. Ya sé que alguien me puede decir que la única manera de pedirlo está en el Parlamento y que como los parlamentarios salen de unas elecciones controladas por los politócratas, difícil lo vamos a tener. La cuestión es que tenemos que vencer esas dificultades para conseguir cambios y esto sólo se puede conseguir si los ciudadanos en vez de permanecer callados, empezamos a presionar manifestándonos en la calle, manifestándonos en los medios de comunicación. Hoy en día, las redes sociales son un gran instrumento de movilización, son una gran herramienta. Utilicémoslas y que nuestra voz se oiga.. Seguir callados no nos conduce a otra cosa que no sea lo que ya tenemos. Es decir, que los políticos nos sigan utilizando para sus fines personales y de partido. 


 
 
 

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LA REFORMA DEL CODIGO PROCESAL PENAL
Guillermo Díaz Bermejo 08-05-2013 | 5:47 | 0

Ayer el Ministro de Justicia Sr. Ruiz Gallardón ha presentado ante el Congreso de los Diputados las grandes líneas de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (también llamado por los expertos Código Procesal Penal) y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entre las reformas propuestas en los borradores que han elaborado comisiones de expertos, está la de que los Diputados pierdan el privilegio que hoy tienen, de prestar declaración en sus despachos o por escrito, en vez de acudir al Tribunal correspondiente.
 
Destaca también que la acción popular (prohibida para partidos y sindicatos) será gratuita cuando se ejerza contra funcionarios por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o por abuso de poder. O que la acusación podrá pedir la apertura de juicio oral, aun sin el apoyo del Fiscal.
 
Respecto a la Ley Orgánica del Poder Judicial, la gran renovación será el diseño de una nueva organización, creando tribunales de instancia compuestos por salas (una por cada orden judicial), unidades y secciones, con circunscripción provincial. Parece -según ha dicho el Ministro- que esta reordenación no va a suponer el cierre de ningún juzgado y que se aprovecharán los recursos materiales y humanos con criterios de flexibilización y especialización. La Audiencia Nacional se mantiene, pero reduciendo sus salas a tres (Penal, Social y Contencioso Administrativo).
 
Otra novedad de la reforma será que en la carrera judicial desaparecerán las categorías y sólo habrá jueces, manteniéndose la figura del magistrado sólo a efectos honoríficos.
 
Algunas de las novedades que se piensan introducir, a mi juicio van a plantear serias dudas. Por ejemplo la investigación de los delitos se inspira en el modelo actual, de modo que la asunción de la investigación de los delitos y faltas va a ser tutelada por el juez de garantías que resolverá todo lo que afecte a derechos fundamentales o a apertura del juicio oral. Esto deja sin valor las ventajas de una investigación por el Fiscal (habrá ciertos cambios que resultan necesarios pero el sistema de garantías se acomodará para controlar la actuación del Fiscal). Otra duda está en la ampliación de las facultades de la acusación particular a la que se le va a dar la capacidad de instar la apertura de juicio oral, aun sin el apoyo del Fiscal.
 
Y la duda mas importante que me plantea la reforma es la nueva organización judicial ya que si en cuanto a los medios materiales y personales, las competencias están en las Comunidades Autónomas, con unos presupuestos cada vez mas reducidos, cómo se van a poder reordenar esos medios tan necesarios, para los que ni el Ministerio de Justicia ni el Consejo General del Poder Judicial tienen competencias.
 
Todo un reto.
 
 

 
  
  
  

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.