El Comercio
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Fecha: noviembre, 2013
SANCIONADO POR DESPISTADO
Guillermo Díaz Bermejo 30-11-2013 | 6:45 | 0

Ayer, el Consejo de Ministros ha aprobado el polémico anteproyecto de Ley para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que está siendo duramente criticado en diferentes ámbitos. En la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que  “es necesario, conveniente y oportuno” actualizar y mejorar el marco jurídico que regula esta materia con el doble objetivo de garantizar las libertades públicas y responder de manera más eficaz a nuevas conductas que constituyen amenazas para la seguridad ciudadana. El Ministro ha subrayado que la futura ley es consecuencia de una iniciativa despenalizadora del Gobierno, que considera que la respuesta más apropiada a ciertos comportamientos antijurídicos y antisociales no es el Código Penal sino sanciones administrativas.

 
Y yo digo, Sr Ministro, no nos engañe que no somos tontos. Usted no tiene ninguna iniciativa despenalizadora. Muy al contrario, lo que pretende es despenalizar una serie de conductas, para trasladarlas al ámbito de la sanción administrativa de modo que deje a un lado los Tribunales de Justicia para que la administración, actuando como juez y parte, sancione con cuantiosas multas, muchas cosas que le molestan. Y no me sirve que usted diga que los ciudadanos sancionados pueden recurrir al auxilio judicial, ya que previamente el Ministro Sr. Galladón  se encargó de establecer unas tasas judiciales lo suficientemente disuasorias para que los ciudadanos no recurran a los Tribunales de lo Contencioso Administrativos.

Como muestra basta un botón: Si por ejemplo a mi se me extravía o roban el DNI, el carnet de conducir o el pasaporte y no lo denuncio, se me va a aplicar una sanción que puede llegar a 1.000€. Esta misma sanción se me impondrá si pierdo estos documentos tres veces en el plazo de cinco años. O sea que, cuidadín que el ser tan despistado me va a resultar muy caro. Señor Ministro, ¿por qué me va a imponer esta sanción si , cuando vaya a renovar estos documentos, además me van a aplicar unas tasas, carísimas por cierto, por la obtención del duplicado de los mismos?. ¿no son suficiente sanción esas exageradas tasas que cobran a los ciudadanos?.

Señor Ministro, mientras el actual Código Penal tiene un abanico de sanciones económicas que van desde un mínimo de 20€  hasta un máximo de 288.000€ (yo no conozco ninguna sentencia a la que se le haya aplicado esa sanción máxima) usted se descuelga con un escalado de sanciones que van de 100€ como mínimo a un máximo de 600.000.  O lo que es lo mismo, usted despenaliza una serie de ilícitos penales para aplicarles la garlopa administrativa e implantar esas desmesuradas sanciones. Y cuando se apliquen, el que no esté de acuerdo que vaya al Contencioso, que pague las disuasorias tasas y que además se nombre un abogado que lo defienda.

Menos tonterías y menos falacia. Estamos ante un anteproyecto que, si sigue adelante, para nada va a garantizar mas las libertades públicas. Todo lo contrario,   va hacer que el ciudadano esté aun mas indefenso frente al arbitrio y la potestad sancionadora de la administración.

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¡¡ESE CIUDADANO PROTESTA. A POR EL!!
Guillermo Díaz Bermejo 27-11-2013 | 7:00 | 0

Desde que el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, decidió llevar al Congreso el Proyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, surgieron duras críticas de la oposición, de asociaciones de jueces, periodistas y hasta del mismo sindicato mayoritario de la policía. Paralelamente se fue elevando el tono del clamor popular para tratar de frenar esta ley que, con una manifiesta intencionalidad, pretende acallar las voces de esos ciudadanos que se manifiesten para protestar y  denunciar las picias, los incumplimientos o la corrupción de los políticos. Bajo la excusa de que van a despenalizar delitos tipificados por el Código Penal para convertirlos en sanciones administrativas, pretenden imponer desproporcionadas multas que pueden llegar a los 600.000€ .
 
Ante esta lluvia de críticas, sale el Sr. Rajoy a la palestra para defender este proyecto de ley, diciendo que no es una mordaza para los ciudadanos, que es una norma para garantizar la seguridad y la libertad. Sale también en rueda de prensa la Vicepresidenta Sra. Sáenz de Santamaría diciendo que el objetivo que persigue la ley es “proteger la convivencia y delimitar las manifestaciones al marco legal, para no sobrepasar el derecho del resto de los ciudadanos.
 
Vamos a ver, señores del gobierno, que los ciudadanos no somos tontos. No nos engañen. Ustedes lo que están pretendiendo es “restringir los derechos de los ciudadanos”, porque si de verdad quisieran que nadie sobrepasase ese derecho, lo que tendrían que hacer es aprovechar el nuevo Código Penal, (donde ya están recogidas las penas por insultos, agresiones, atentado contra la autoridad, etc.) para introducir en el las correcciones que fueran precisas y punto. Pero claro, eso no les interesa porque saben que entonces la sanción no podría alcanzar las desproporcionadas cifras que pretenden en el ámbito administrativo, ya que se produciría una descomunal incongruencia cuantitativa y además de eso, esa sanción sería aplicada por los Tribunales de Justicia y claro, eso igual se les escapa de sus manos.  Y por su fuera poco el Código Penal, también tienen la ley reguladora del derecho de reunión y de manifestación.
 
Ustedes saben perfectamente que la mayoría de los ciudadanos que se manifiestan, no cometen delitos y que lo que pretenden es expresar su malestar o insatisfacción por la gestión de gobierno, por la corrupción política, o por los recortes sociales. Y como esto no entra en ámbito coercitivo de la legislación penal, pretenden acabar con esas protestas sociales imponiendo estratosféricas y disuasorias sanciones económicas en vía administrativa, sabiendo que el ciudadano común no va a poder defenderse contra eso, porque cualquier recurso administrativo no iba a prosperar y además, si tuvieren que llegar al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, la ley de tasas que el Sr. Gallardón impuso, iba a ser lo suficientemente disuasoria.
 
Señores del Gobierno, como dentro del Parlamento o dentro de sus partido, los ciudadanos no pueden ir a protestar,  les molesta enormemente oír  esas protestas que sólo pueden hacer en la calle y que a ustedes no les gustan nada porque esas verdades dichas a la cara, no gustan a nadie.
 
Concluyendo, si un escrache (palabrejo que se utiliza ahora para referirse a una manifestación), ya ha sido definido por el Tribunal Supremo como un “ejemplo de libertad de manifestación”, por qué pretenden coartar mi libertad para que yo junto con otros afectados pueda manifestarme delante de la puerta del banquero que me engañó con las preferentes, o delante de la puerta del político imputado o condenado por prevaricación, para que devuelva al dinero que me robó a mi como contribuyente, o delante de la puerta de su partido para protestar porque me hizo unas promesas electorales y después no las cumplió.
 
Es evidente, ustedes no quieren eso y como no le gusta, legislan con un claro objetivo: “ese ciudadano protesta.. A por el….”

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GALLARDON HA DADO UN PASO MAS PARA POLITIZAR LA JUSTICIA
Guillermo Díaz Bermejo 21-11-2013 | 7:13 | 0

Cuando el Partido Popular acudió a las pasadas elecciones, al considerar que el gobierno de los Jueces estaba excesivamente politizado y que tenía muchos defectos, se proponía regular el sistema para  devolver a la carrera judicial su independencia. Pues lisa y llanamente estamos ante una promesa mas incumplida por el PP.
 
Muy al contrario de ese compromiso de despolitización, el partido gobernante, con el único apoyo de su grupo parlamentario, sacó adelante la reforma del 27 de Junio por la que se establece una nueva regulación de la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo General del Poder Judicial. Como consecuencia de esa reforma, algo tan esencial como es el funcionamiento de uno de los tres poderes del estado que ha de controlar a los otros dos, ha quedado aun mas politizado.
 
 El Sr. Gallardón ha diseñado un modelo que refuerza aun mas la politización de este órgano judicial. Y prueba de ello es lo que hemos estado viendo estos últimos días en los que de modo totalmente indecente e impúdico los dos grandes partidos PP y PSOE negociaron y se repartieron la composición del órgano de gobierno del Poder Judicial y no solamente de sus vocales. Ya es vox pópuli  quien va a presidir dicho órgano llegando al extremo  de decidir hoy qué presidente votarán esos vocales cuando en su día tomen posesión de sus cargos. Por consiguiente nos encontramos ante una mayor politización.
 
Los vocales elegidos a dedo, no van a ser convocados al Parlamento como sería preceptivo,  para que expongan sus proyectos, su capacitación jurídica y su trayectoria profesional para ser reconocidos como juristas de prestigio, sino que el partido gobernante y la oposición, tras negociar a puerta cerrada quienes van a ser los doce candidatos, irán al Parlamento para tener la convalidación de la decisión que de antemano ya tienen adoptada. Por tanto, sin duda alguna, estos vocales y quien los presida, van a actuar como meros instrumentos del partido que los ha elegido. En definitiva, serán auténticos testaferros del poder político.
 
 
Y en este escenario tan polítizado ¿qué puede pasar con los Jueces y Fiscales de a pié?.  Estoy convencido que habrá muchos jueces y fiscales que lucharán por su independencia, pero también estoy convencido que llegará un punto en el que sufrirán tantas insatisfacciones profesionales, que decidirán tirar la toalla porque sabrán que si no se alinean con el partido A o el partido B, su carrera profesional puede quedar muy limitada. Y los que no se alineen en la esfera de ningún partido, puede que se encojan de hombros, se acomoden y digan…yo me limitaré a cumplir y punto.
 
Pese a este horroroso escenario, quiero creer que muchos abnegados jueces y fiscales seguirán luchando por su independencia judicial y puedan quitarse de encima las presiones políticas.

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¿JURISTA DE RECONOCIDO PRESTIGIO O POLÍTICO RECONOCIDO?
Guillermo Díaz Bermejo 21-11-2013 | 2:42 | 0

Por si quedaba alguna duda, las cosas ya están mas que claras. Montesquieu ha muerto y eso de la separación de poderes en España es una quimera. Los polítócratas y partitócratas siguen avanzando con paso firme y seguro hacia la total politización y desprofesionalización de la justicia.
 
Es lamentable que mientras la mayoría de los jueces luchan cada día en sus juzgados buscando su independencia, en el Consejo General de Poder Judicial, que es su órgano de gobierno, se están colando con el acuerdo casi unánime de todo el arco parlamentario, politócratas afines a sus respectivos partidos. Para  tratar de explicar qué digo cuando hablo de “politócratas”, me voy a referir concretamente al socialista Alvaro Cuesta que acaba de ser elegido vocal del CGPJ, como jurista de reconocido prestigio,  mediante el pacto político alcanzado entre PP, PSOE, CiU, PNV, IU y UPN.
 

Coincidí con Alvaro en la Facultad de Derecho de Oviedo, donde ambos nos licenciamos. Ya en aquellos tiempos era miembro activo del PSOE y junto con su compañera de aquella época a la que llamábamos La Pasionaria, como representante de los estudiantes promovía asambleas y manifestaciones. Finalizados sus estudios universitarios entró directamente en la política activa y se integró en el Comité Federal de los socialistas asturianos. Entre 1978 y 1979 fue secretario de Agricultura de la preautonomía asturiana.  Concurrió a las elecciones generales de 1982 y fue Diputado por Asturias durante casi treinta años (1982 a 2011). En el interín también fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo y candidato a la alcaldía en 1995. A lo largo de su extensa vida parlamentaria presidió diferentes Comisiones, fue portavoz en las Comisiones de justicia e interior, Secretario General adjunto del Grupo Parlamentario, etc.etc.

Por tanto, si desde la propia facultad de Derecho estuvo dedicado a la política y si además estuvo treinta años ocupado en sus actividades como Diputado, ocupando cargos parlamentarios relevantes, ¿Cuándo se dedicó a ser jurista?. Porque la Ley de Incompatibilidades es clara desde que dispone que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. Es decir, si estuvo dedicado con exclusividad a la política, en modo alguno pudo ser jurista y menos aun de reconocido prestigio.

Antes de ser elegido como Vocal del CGPJ, la Federación socialista asturiana ya lo había propuesto para cubrir una vacante de Magistrado de la Sala de lo Civil que por cuarto turno había vacante en la Audiencia Provincial. Esa candidatura generó una gran polémica y quedó sin efecto. Para los legos en derecho ha de aclararse que además de los Magistrados de carrera, pueden ser nombrados Magistrados por una vía llamada del “cuarto turno” regulada en el artículo 313 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Esta vacante se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con mas de diez años de ejercicio profesional y que además superen el curso de formación que hay establecido. En este concurso los méritos a valorar son: Título de Doctor, años de ejercicio en la Abogacía o como catedrático y profesor de disciplinas jurídicas, publicaciones científico jurídicas, cursos de especialización jurídica o haber aprobado alguno de los ejercicios de la carrera judicial.

El Sr. Cuesta por su reconocida actividad parlamentaria durante treinta años y con su consiguiente incompatibilidad para realizar otras actividades, en modo alguno pudo ser jurista durante diez años y menos aun, jurista de reconocido prestigio, condiciones estas exigibles para entrar en la carrera judicial por el cuarto turno. Pues hete aquí que los partidos políticos se ponen de acuerdo, se reparten entre ellos el pastel, y “cuelan” como vocal del CJPJ a un político reconocido y no a un jurista de reconocido prestigio.

En resumen, un politócrata reconocido, sin ser jurista de reconocido prestigio, va a estar en el órgano de Gobierno de la justicia española. Y dejémoslo claro, que esto no lo digo porque el Sr. Cuesta sea militante del PSOE ya que si hubiera sido militante del PP o de otros partidos, sostendría lo mismo.. Los políticos están logrando sus objetivos. Están acabando con la separación de poderes, politizando y desprofesionalizando a la justicia.

 Sin justicia realmente independiente, no puede haber democracia

 

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LA PARTITOCRACIA/POLITOCRACIA AHOGA A LOS CIUDADANOS
Guillermo Díaz Bermejo 20-11-2013 | 7:19 | 0

Acabo de leer  la última encuesta del INE sobre condiciones de vida y veo que el 21,6% de los ciudadanos españoles vive por debajo del umbral de la pobreza (tiene ingresos anuales inferiores a 7.040€). Según cálculos del Consejo General de Trabajo Social  en 2013 las peticiones de ayuda de clases medias venidas a menos, se incrementaron un 72,1%.A este escalofriante dato hay que añadir que tenemos seis millones de parados, que el 55% de los jóvenes está desempleado, que casi dos millones de esos jóvenes se han marchado a otros países en busca de oportunidades. Hay que hacer notar también, por si fuera poco, que hay mas de un millón de personas (en su mayor parte ancianos) estafados por bancos. 
 
 
Con esta realidad, la clase media cada vez mas empobrecida, está soportando sobre sus espaldas el fuerte peso de la crisis económica, achicharrada a impuestos y sufriendo sobre sus carnes fuertes recortes sociales de todo tipo (A título de ejemplo de 2011 a 2013 los presupuestos destinados a servicios sociales, se han reducido un 33,1%).
 
Y frente a esta preocupante y penosa situación ¿qué hacen nuestros políticos?. Poner todo el peso en las espaldas de los ciudadanos y de ese modo  garantizarse que ellos van a seguir manteniendo sus privilegios, sus prebendas y su red de clientelismo y de ese modo garantizan su poder. Tenemos una casta de politócratas y de partitócratas, muchos de ellos carentes de formación adecuada y con un bajo grado de ética,  que han vivido en connivencia con la gran banca y con los señores del ladrillo, y que literalmente están ahogando a los ciudadanos
 
Los partidos políticos, sindicatos y patronales,  han recibido y reciben dinero a expuertas, tanto a través de partidas presupuestarias directas como de subvenciones para fundaciones de todo tipo, cursos de formación, etc.etc. (estamos hablando de mas de 800 millones de euros en un año y además, para 2014 los presupuestos generales del Estado prevén un nuevo incremento del 28% bajo la excusa de que va a haber elecciones europeas).
 
Resulta indignante que pese a esas escandalosas cifras de dinero público, los principales partidos políticos están en quiebra técnica y pese a ello tienen una red clientelar de enchufados que supera los 145.000 militantes. Las tramas de corrupción alcanzan a todos los partidos, de todos los colores, alcanzan también a los propios sindicatos UGT y CCOO y a las patronales. Resulta indignante que por ejemplo en Asturias, los diputados se hayan subido el sueldo de modo descarado y al mismo tiempo se hayan opuesto a la reducción del número de diputados de la cámara.
 
Resulta igual de indignante que ex presidentes como Camps o Jaume Matas o Urdangarín, implicados en tramas corruptas, sigan teniendo escoltas pagados por las arcas públicas. (al Sr. Camps no lo localizó un Juzgado para declarar, porque había dado permiso a sus escoltas). Resulta indignante que se sigan manteniendo partidas presupuestarias para tener traductores de euskera, catalán y gallego, en el Senado, Cámara que de otra parte resulta totalmente inoperante y habría que eliminarla. Resulta indignante que se sigan manteniendo numerosas empresas públicas deficitarias que habría que haber cerrado ya.
 
Como es evidente, ni al gobierno anterior, ni al actual, le interesa meter mano en estos agujeros públicos tan negros, ya que si lo hicieren, inmediatamente mandarían a las colas del paro a toda su red clientelar de enchufados. Pues qué quieren que les diga, señores políticos, yo prefiero que en vez de un sueldo, pasen a cobrar las prestaciones de desempleo ya que nos ahorraríamos una buena pasta.
 
Tanto privilegio, tanta prebenda y tanto delictivo derroche, son una bofetada para el ciudadano. Señores politócratas y partitócratas, merecen que nosotros los ciudadanos los abucheemos cuando nos los encontremos por la calle, aunque claro, como son muy previsores, ya se están preparando una ley para imponer al ciudadano que haga esto, una sanción económica que puede llegar a 600.000€. Está muy claro que ustedes tienen todo previsto para seguir impunemente en sus poltronas y a los ciudadanos que les den…..Sólo cuando vuelvan a convocarse elecciones saldrán a la palestra para conseguir votos ofreciendo el oro y el moro. Pero, señores politócratas… los ciudadanos no somos tontos… No nos engañen mas que ya no cuela.
 
 
 
 

 
 

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.