El Comercio
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Fecha: mayo, 2015
DESTRUCCION DE ROPA FALSIFICADA
Guillermo Díaz Bermejo 22-05-2015 | 11:37 | 0

Con harta frecuencia, leemos en prensa noticias como estas: La Agencia Tributaria ha destruido hoy siete toneladas de prendas falsificadas, sobre todo ropa deportiva, que habían sido interceptadas en el aeropuerto de Barajas; 90.000 prendas de ropa falsificada, incautadas por la policía en el mercado vigués de A Pedra, han sido quemadas este lunes en la incineradora de residuos Sogama; El pasado jueves se procedió a la destrucción por parte de la Policía Local, de toda la ropa decomisada en la vía pública a vendedores ambulantes ilegales; Las autoridades aduaneras de la UE confiscaron 115 millones de prendas falsificadas y se destruyeron más del 75% de estos productos. Peñíscola destruye 2.000 artículos del top manta, incautados este año.

Entre tanto leemos estas noticias de destrucción masiva de prendas de ropa falsificada, Cauce, Cáritas y otras muchas entidades benéficas, desbordadas por el cada vez mayor número de personas que acuden a ellas en busca de ayuda, están realizando continuos llamamientos a los ciudadanos, para recoger ropa usada que pueda llegar a sus roperos solidarios, para entregar a esas pobres gentes que acuden a ellas en busca de auxilio.

El problema básico que se plantea con la ropa falsificada y que es decomisada por las autoridades, es qué hacer con ella para preservar la propiedad industrial. ¿se destruye tal y como piden las empresas titulares de los derechos, o se aprovechan para satisfacer las necesidades sociales, tal y como vienen pidiendo muchas Ongs. Lo que las autoridades pretenden cuando destruyen estos productos falsos decomisados, es garantizar que las prendas no vuelvan a los circuitos comerciales ya que, al tratarse de prendas falsificadas, han de proteger los derechos de las empresas propietarias de la propiedad industrial de estos productos. Desde esta óptica, parece una aberración que para garantizar al 100% los derechos de las empresas perjudicadas, se proceda a la destrucción masiva, ante el riesgo de que algunas de esas prendas vuelva a ponerse a la venta, si son cedidas a entidades benéficas para que las distribuyan entre sus usuarios.

Para tratar de clarificar las cosas, vamos a repasar lo que dice al respecto nuestra legislación: De una parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 367, nos dice que podrá decretarse la destrucción de los efectos, cuando  resulte necesaria o conveniente a la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia. Añade también que podrán entregarse los efectos a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas, cuando sean de poco valor o se prevea que la realización o destrucción, pueda ser antieconómica. Ante Un anterior Decreto de 1976 señala que, concluido el procedimiento al que están afectos los objetos intervenidos, se les dará el destino que determine la sentencia.

De otra, el Código Penal, en su artículo 127.5 nos señala que si los efectos no son de lícito comercio (ropa falsificada) se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.En el ámbito comunitario, el Reglamento 608/2013, del Parlamento Europeo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto a los derechos de propiedad intelectual, establece procedimientos para la destrucción de lo incautado, “salvo que se disponga de otro modo en la normativa nacional del Estado miembro en el que vayan a destruirse las mercancías”. 

Por último, la Ley de Marcas nos dice que “la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias de cada caso apreciadas por el Tribunal”. 

Queda claro por tanto que nuestro marco legal permite que las prendas falsas incautadas por las autoridades, pueden ser cedidas a entidades benéficas para ayudarlas a cumplir sus fines humanitarios, siempre que los distintivos de marca sean eliminados. Pese a ello las marcas son reacias a estas entregas ya que dicen que en España hay mucha picaresca y que hay casos en los que se han entregado productos a entidades benéficas que, después, acabaron vendiéndose en mercadillos de las ciudades. Ponen ejemplos de una partida remitida a los refugiados de la guerra de Bosnia y que a los pocos días estaba vendiéndose en mercadillos de  Barcelona.

Yo puedo entender que haya algunos pocos casos en los que esa ropa cedida a entidades benéficas, vuelve a aparecer en los mercadillos. Algunos usuarios de esas entidades también las engañan.  Pero de ahí a destruir toda la ropa para asegurar al 100% que no vuelve al mercado, aun cuando lo que vuelve sólo es un pequeñísimo porcentaje, hay un abismo.

Hace poco tiempo, se ha dictado una sentencia pionera en un Juzgado de Vigo que, desestimando el recurso planteado por las marcas perjudicadas por las falsificaciones (Hugo Boss, Adidas y Levitas) que solicitaban su destrucción para evitar el riesgo de que las prendas falsificadas volvieran a ponerse a la venta, acordó la entrega de la ropa incautada por la policía, a los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo. Para esta entrega, la resolución judicial exigió que los logotipos de las marcas sean borrados con tinta indeleble señalando igualmente que, si lo deseaban, los representantes de las marcas podrían asistir a ese borrado. Creo que esta sentencia da un paso adelante y merece ser considerada, ya que abre la vía a que estas prendas falsas que no pueden volver a los mercados, si pueden llegar a muchas personas sin recursos que las pueden usar.

Hay muchas soluciones para donar esa ropa sin poner en peligro los derechos de la propiedad industrial de las marcas. Por ejemplo, en Inglaterra la institución benéfica Hirs Church, utilizando una maquinaria igual que la de los falsificadores, retoca los logos de las marcas falsas y les añade el de la institución “HIS”. A partir de ahí, dona esa ropa con fines humanitarios. Se trata de una magnífica iniciativa que, con escasísimo coste, resuelve el problema de qué hacer con la ropa requisada. Otro ejemplo, en la República de Corea, las autoridades aduaneras invitan a voluntarios a decorar con dibujos las zapatillas de deporte falsificadas que, posteriormente, son donadas a orfanatos.

A los Jueces y Fiscales pueden dárseles medios para que  sepan lo que se pueda hacer con esa ropa y cómo hacerlo. Con un poco de interés y una pequeña inversión, se puede conseguir que la ropa llegue a personas realmente necesitadas. Sólo falta la voluntad política de hacerlo.

 

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CLICK
Guillermo Díaz Bermejo 08-05-2015 | 11:58 | 0

¿Alguna vez se ha parado usted a  pensar en el enorme potencial que tienen las yemas de sus dedos cuando hacen “click en el ratón de su ordenador?. ¿Es consciente de la gran cantidad de cosas que hace y consigue a golpe de click? ¿Es consciente de los errores que puede cometer por ese click precipitado o poco meditado?.

Hoy en día, millones de ciudadanos accedemos a la red y leemos o enviamos correos electrónicos, leemos periódicos digitales, hacemos reservas de hoteles, sacamos billetes de tren, autobús o avión, compramos cosas por internet, pagamos nuestros impuestos, nos comunicamos con otras personas, etc. etc.También, mediante un click damos nuestra opinión, respondemos a encuestas e incluso votamos electrónicamente en las asambleas generales de ciertas empresas. En un tiempo ya no muy lejano también aprobaremos o reprobaremos la actuación de nuestros políticos y votaremos a golpe de click.

En definitiva, a velocidad de click realizamos una gran cantidad de cosas y operamos con transacciones, muchas de ellas con contenido básicamente comercial. O lo que es lo mismo, el click es el acto supremo que gobierna las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Estamos hablando de la web 2.0 o 3.0 e incluso de la economía 2.0.

Creo que no se le escapa a nadie que el uso de las nuevas tecnologías ha producido cambios importantes tanto en los métodos de trabajo, como en el modo de divertirnos, en la forma en que nos relacionamos con otras personas,  con la Administración, en cómo hacemos nuevas transacciones comerciales y financieras o en definitiva cómo nuestras vidas van cambiando en este apasionante mundo virtual y a la vez global.

Todo esto no se le escapa a los departamentos de marketing de las empresas que buscan fórmulas para comunicarse con este nuevo consumidor que se mueve a la velocidad de click, que tiene acceso a todo tipo de información, que contrasta productos y precios, que da sus opiniones en la red sobre estos productos y precios y que por lo tanto el mismo, además de consumidor final, se ha transformado en uno de los elementos del marketing tradicional, en cuanto que interviene con sus opiniones en el diseño, en el precio, en la promoción (publicidad) e incluso en la distribución.

Es evidente por tanto que las empresas, conscientes de esta realidad, están tratando de manejar las tecnologías de la información para solucionar sus problemas de competitividad. No se trata de innovar, ni de tener unos potentes ordenadores o unos programas sofisticados, si no de saber cómo sacar partido a estas herramientas para llegar más directamente a sus clientes potenciales e influir en ellos para que con el “poder de sus dedos” hagan “click” en su producto o servicio.

En resumen, se trata de que las empresas consigan la mayor rentabilidad posible, teniendo la mejor información de su cliente potencial, acercándose a internet y consiguiendo orientar a ese candidato hacia el “click” sobre su producto. He aquí el poder del click.

 

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FRACASO DEL DNI ELECTRONICO
Guillermo Díaz Bermejo 04-05-2015 | 9:14 | 0

 

Desde que en 2006 se introdujo  el DNI electrónico, hasta este momento, la Dirección General de Policía ha expedido casi 40 millones de documentos. Pese a esa expedición masiva y a las campañas que realizó el Ministerio del Interior para incrementar su usabilidad, al día de hoy su utilización es escasísima y muy inferior a lo previsto  (hay estimaciones que dicen que sólo un 0,02% de los trámites, se hacen con el DNI). Nueve años después de su implantación, la gran mayoría de los ciudadanos no sabe ni para qué sirve. Las razones de su bajo uso a mi juicio son varias:

Por una parte, tras lanzar campañas y llenar de folletos explicativos las Oficinas de Expedición, la Administración en general ha dado un apoyo muy tibio a su utilización, y ha aumentado muy poco los servicios que requieran su empleo. La implantación del DNIe fue encomendada a la Dirección General de la Policía, que se centró desde el principio en crear una herramienta de verificación de la identidad que resolviera sus necesidades de seguridad, pero no tuvo como objetivo gestionar la usabilidad de aplicaciones para el DNI en la administración y en el sector privado.  (Aún hay departamentos en la Administración, y entre ellos la Administración de Justicia que exigen que pases por sus oficinas a poner el conocido sellito de caucho para validar el proceso administrativo).

 

Por otra, la red  está llena de infinidad de servicios online (por ejemplo la banca), a los que se accede identificándose con un nombre de usuario y una clave. Esto es mucho más sencillo para el ciudadano que pierde interés al tener que adquirir un lector de tarjetas, tiene que instalar sus drivers y bajar el lector criptográfico del DNIe y esto es muy complicado para la mayor parte de los ciudadanos. A modo de ejemplo, yo he instalado el Windows 8 en mi PC y me encuentro con el problema de que el módulo criptográfico tiene problemas de compatibilidad con ese sistema operativo.

 

Igualmente se nos plantea el problema de la corta vida útil de los certificados que han de ser renovados cada cuatro años, aun cuando en DNI siga estando vigente. Eso obliga a que el ciudadano tenga que andar controlando la duración de su vigencia y pasarse por la Comisaría para renovar la capacidad de firma digital. Otro problema que no ha ayudado a su uso, es la imposibilidad de utilizarlo para firmar digitalmente correos electrónicos ni para firmar facturas de empresas como apoderado de las mismas, aun cuando la inmensa mayoría de estas facturas han de ser firmadas electrónicamente de modo obligatorio.

 

Y lo más importante a mi juicio,  mientras que los PC del mercado no lleguen de fábrica con el lector de tarjetas incorporado, e instalados los módulos del DNIe,  y los certificados de autorización necesarios, de modo que el ciudadano sólo tenga que limitarse a insertar su DNI en el ordenador (enchufar y usar), el usuario medio tendrá que superar una carrera de obstáculos hasta que consiga que funcione. Tiene que adquirir un lector instalar los drivers y hacer que funcionen, instalar el módulo criptográfico de la DGP, conocer el PIN que le han dado, introducirlo un montón de veces, asegurarse de que no hayan transcurrido 30 meses y ya haya caducado y no sé cuántas cosas más. De nada sirve que el Gobierno difunda las ventajas de utilización, si el ciudadano no es capaz de superar las barreras tecnológicas de uso.

 

Probablemente por todo esto el Ministerio del Interior empieza a moverse para introducir una nueva versión del DNIe en 2016. De hecho en una reunión de altos mandos policiales, el Director de la Policía habló de un plan estratégico para expandir la utilización del DNI desarrollando una nueva tarjeta DNI 3.0 que teóricamente va a suponer una extensión de servicios. Este plan estratégico dice que los ciudadanos debemos de estar en disposición de hacer un uso más generalizado de la firma electrónica.  y para ello implantará el nuevo DNIe 3.0 que contará con medidas de seguridad contra el ciberdelito. Según parece, este nuevo DNI no precisará de un lector especial como ocurre ahora, sino que podrá usarse con conectividad NFC compatible con los teléfonos inteligentes y tabletas existentes en el mercado.

 

Se va a perseguir también que el nuevo documento pueda ser usado con mucha más facilidad por los ciudadanos, eliminando las barreras que ahora existen. Se dice expresamente en el plan, que la nueva tarjeta debe ser empleada por todos los ciudadanos, independientemente de las carencias técnicas que tenga. El objetivo que se persigue es que el ciudadano lo use tanto en la administración electrónica como en el comercio electrónico y en la red.

 

Esperemos que así sea.

 

 

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EL PROBLEMA DE LOS SOPORTALES
Guillermo Díaz Bermejo 01-05-2015 | 9:58 | 0

Hoy he vuelto a leer en la prensa local,  que la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) se ha reunido para tratar de buscar soluciones al problema de los soportales. Trasladan sus quejas  para que el Ayuntamiento sea titular de los soportales de sus Comunidades de Propietarios y hablan del riesgo que tienen de que esos soportales no tengan seguro y que la responsabilidad de lo que pase pueda ser atribuible a esos vecinos. Algún amigo me ha pedido opinión, debido a mis conocimientos jurídico/aseguradores y la dejo plasmada en este artículo..

A mi juicio, este conflicto derivado del uso público del soportal de una propiedad privada, no debería de existir, ni desde la óptica jurídica, ni desde la óptica aseguradora.

Desde el punto de vista jurídico, ese uso público, viene recogido tanto en las normas de planeamiento urbanístico de Oviedo, como en los proyectos de urbanización aprobados o en su caso en la propia realidad consuetudinaria derivada de la utilización general y pacífica, tanto de los propietarios como de ciudadanos ajenos a la propiedad. Normalmente, la controversia aparece en el momento de determinar cómo se acometen los gastos de mantenimiento de unos soportales privados, provocados por el uso público. Este es el conflicto que ha aparecido en Oviedo.

Probablemente el problema surge por la falta de concreción de las obligaciones municipales que se pueden derivar de la constitución de una servidumbre de uso público sobre un bien privado tras la recepción por parte del Ayuntamiento, o de la interpretación de las cláusulas que rigen el ejercicio de esa servidumbre de uso y conservación y mantenimiento municipal del espacio, ya público, recibido.. El principio general del que debemos partir es el de la obligación del propietario de mantener la propiedad en unas condiciones adecuadas, según establece el artículo 19 de la Ley 6/1998, sobre el régimen del suelo. Por otro lado, el municipio tiene obligación de prestar, en todo caso, los servicios públicos, como son la seguridad, el alumbrado, la limpieza o la pavimentación de las vías, según establecen los artículos 25 y 26 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, únicamente en las vías o espacios de carácter público

En el caso de las comunidades de propietarios, el artículo 10.1 del texto consolidado de la Ley 49/1960, sobre Propiedad Horizontal, considera que: «será obligación de la comunidad la realización de las obras necesarias para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus servicios, de modo que reúna las debidas condiciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad y seguridad». Ahora bien, el uso público que en algunos casos grava a la propiedad privada debe conllevar una cierta compensación, al menos por el mero deterioro que, por el propio uso, puede padecer el bien en cuestión, tal y como recoge una sentencia del Tribunal Supremo del 21 de Mayo de 2001 que dice expresamente que esa compensación es necesaria dada la carga que resulta para los propietarios cederla al uso público.

En base a todo esto, parece claro que a los municipios corresponde realizar las labores de limpieza del pavimento y del mobiliario urbano existente, con excepción de las fachadas, paramentos y techos. Igualmente el Ayuntamiento debe de asumir los costos de mantenimiento del alumbrado necesario para una adecuada visión bajo los soportales. O la reposición de los elementos dañados en el pavimento de las aceras o la conservación de los jardines si los hubiese.

Un aspecto que interesa aclarar es la conveniencia de que exista o no, esta clase de espacios. Los inconvenientes están relacionados fundamentalmente con la dificultad de su mantenimiento: Limpieza, alumbrado, posible filtraciones, así como por el incremento que suponen en la superficie viaria a mantener y conservar. Este último inconveniente, visto desde otro ángulo, es precisamente la ventaja de tener  espacios peatonales en la ciudad. Otra ventaja es que dado el rigor del clima húmedo de Oviedo, los soportales y pasajes permiten un tránsito cómodo y a resguardo de las inclemencias del tiempo. A veces también, los pasajes sirven para acortar recorridos o para enlazar circulaciones peatonales. Finalmente, el recurso de un soportal suele ser utilizado como medio de establecer un orden superior en un conjunto de edificaciones heterogéneas. La imposición del uso público a ciertos espacios calificados como privados permite compaginar la utilización del subsuelo para aparcamientos con la utilización pública como espacio libre en la superficie.

En el supuesto de aceptar el mayor peso de las ventajas de esta clase de espacios frente a los inconvenientes que presentan, el Ayuntamiento debe tolerar su existencia, fomentarla e incluso imponerla. La imposición viene dada por vía de planeamiento y el fomento tendrá que ver con las condiciones que se establezcan para su recepción y conservación.

Si nos vamos ahora a lo que preocupa a las Comunidades de vecinos en cuanto al aseguramiento de esos soportales, ha de decirse que tampoco debería de existir conflicto alguno. Por un lado, la Comunidad de Propietarios tiene, o debería de tener un seguro de responsabilidad civil general y este seguro, conforme a las cláusulas generales estándar que existen en el mercado asegurador, va a garantizar las indemnizaciones que les puedan ser exigibles por daños o perjuicios causados por los elementos de la propiedad.  Por otro lado, el ayuntamiento tiene su propio seguro de responsabilidad civil general, que va a garantizar la misma indemnización, si los daños son atribuibles a la culpa de los servicios municipales. Es decir, cualquier tercero perjudicado que sufra un daño al transitar por uno de esos soportales, va a ser indemnizado o por la aseguradora de la Comunidad de Propietarios, o por la aseguradora del Ayuntamiento. Serán en su caso las aseguradoras las que plantearán el conflicto entre ellas para dilucidar quien ha de pagar y en su caso, si hay dudas, cualquier Tribunal condenaría a las dos, conforme a la Ley de Contrato de Seguro,  a indemnizar proporcionalmente a la prima que cada aseguradora haya percibido por el riesgo asumido.

Así pues, concluiría diciendo: El uso público de unos soportales privados, no tiene por qué generar conflicto alguno.

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.