El artículo 16 de nuestra Constitución nos dice que “se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los ciudadanos españoles, sin más limitación que la necesaria para mantener el orden público protegido por la ley. Dice también que ninguna confesión tendrá carácter estatal, que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones religiosas”.

Esta libertad que reconoce nuestra carta magna, permite que cada ciudadano tenga sus propias ideologías o creencias y que si quiere, libre y voluntariamente las exteriorice, exteriorización que como es lógico se transforma en libertad de expresión dentro del concepto de un estado democrático. De la lectura del citado artículo 16 se desprende que nuestra Constitución recoge lo que se conoce como “indiferentismo ideológico” en el sentido de que admite cualquier tipo de ideología con el único límite del orden público. Esa libertad religiosa se corresponde con la libertad ideológica y por tanto, cualquier ciudadano es libre de externalizar sus creencias, asistiendo y participando a los actos de culto.

Si acudimos al Código Penal nos encontraremos con los artículos 510 y 512 que protegen abiertamente la libertad religiosa al tipificar como delito las conductas que promuevan el odio o la discriminación por motivos ideológicos o religiosos, o la de los funcionarios, profesionales o empresarios que discriminen por estos motivos.  En el aspecto religioso quedan tipificadas determinadas conductas destinadas a impedir el ejercicio de esas libertades o a escarnecer una religión o a profanar lugares de culto o de enterramiento. El Código Penal distingue entre aconfesionalidad y laicismo al establecer que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española” y en particular “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y con las demás confesiones”. 

En un tercer escalón para favorecer esta libertad religiosa, ha de saberse que el Estado ha firmado acuerdos con distintas Confesiones religiosas. Así, tenemos el acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, económicos, enseñanza y de asistencia religiosa, firmado en 1979. Tenemos también las Leyes 24, 25 y 26 de 1992 por las que se aprobaron los Acuerdos de Cooperación del Estado, con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, con las Comunidades Israelitas y con la Comisión Islámica de España.

Si nuestro sistema legislativo es tan claro, no puedo entender cómo está aflorando tanto sentimiento anticristiano y tanta oposición a los sentimientos y creencias cristianas, dentro de las que no sólo quedan englobados los católicos, sino también los protestantes, los evangelistas o los anglicanos, por ejemplo.Una muestra de ese sentimiento antic ristiano o cristofobia, lo hemos vivido estos últimos días, cuando el Acalde de Valencia por Compromis,  Joan Ribó, de modo absolutamente totalitario, dio instrucciones a los funcionarios municipales para que en un plazo de cinco días retiraran toda la simbología cristiana del cementerio. Ordenó que las capillas fueran sustituidas por “salas de ceremonias”, que se suprimieran todos los crucifijos, que se ocultaran las imágenes de la Virgen de los Desamparados y que con cortinas se taparan unas vidrieras que tenían la imagen de la Madre de Dios.

Menos mal que se impuso la cordura y al final, como consecuencia de la fuerte presión popular, el Alcalde rectificó y dejó las cosas como estaban. Pero lo que sí ha quedado más que claro es ese odio que está surgiendo a todo lo cristiano, tratando de imponer unas dictaduras anticristianas que nada tienen que ver con el laicismo o la aconfesionalidad. Da la sensación de que se quiere implantar un odio hacia todo lo religioso. Bueno, no sé si a todo lo religioso o sólo a todo lo cristiano.

Cada vez tenemos más políticos intolerantes, que se pasan por el arco del triunfo no sólo las creencias de los españoles, sino nuestro propio sistema legal y que para ello mantienen una agenda radical para presionar y despojar a los ciudadanos de sus creencias. Igual les da que en España, por tradición, tenga raíces cristianas. Deduzco que en la misma medida, al igual que pueden tener cristofobia, también tendrán islamofobia, pero aún no he visto ningún ataque contra símbolos islámicos.

No me sirve el argumento de la aconfesionalidad para justificar un ataque a la libertad religiosa y lógicamente no me estoy refiriendo sólo a la libertad de los cristianos, si no a la libertad de los musulmanes o de cualquier otra religión u otros cultos que cada uno quiera practicar, con el único límite, claro está, del orden público.  La aconfesionalidad del Estado español implica respeto a las creencias religiosas o no de todos los ciudadanos ya que de ese modo de puede construir una sociedad respetuosa y tolerante.

Esta falta de tolerancia por algunos de los nuevos políticos, puede llevarnos a conflictos, confrontaciones y luchas que en nada ayudarán al mantenimiento de la necesaria paz y sosiego que necesitamos en un estado del bienestar. Yo diría a esos políticos que el cristianismo hoy en día es la religión más perseguida en el planeta y que esa persecución, lejos de menguar, aumenta cada año. Por tanto, no se empeñen a echar más leña al fuego. Dejen que los ciudadanos crean en lo que quieran, que practiquen la religión que les venga o en gana o que si quieren no practiquen nada. Pero por favor, respeten a quienes la practiquen, sea la religión que sea.