El Comercio
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Fecha: mayo, 2016
REFUGIADOS
Guillermo Díaz Bermejo 27-05-2016 | 9:36 | 0

Siento vergüenza por el comportamiento de nuestro mundo rico. Siento vergüenza porque en Europa y también en España, no hacemos más que protestar, poner el grito en el cielo y poner trabas a la llegada de inmigrantes, seguramente por miedo a los conflictos que nos pueden generar los refugiados que entran en nuestros países ricos. Preferimos que otros países más pobres se ocupen de resolver estas cuestiones, ya que al estar más lejanos, el problema lo van a sufrir ellos  y no van a alterar nuestra sensibilidad y nuestra conciencia.

En la cumbre mundial humanitaria que tuvo lugar en Estambul hace algunos días, se inauguró el acto con esta rotunda manifestación: “Estamos en un momento de la historia en el que las vidas humanas no parecen importar” No hay solidaridad ante los conflictos que asolan el mundo y tampoco hay solidaridad ante la mayor crisis de refugiados que estamos viviendo desde la Segunda Guerra Mundial. Se pidió que Europa hiciera más, se habló mucho, pero no se llegó a ningún acuerdo vinculante. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan, terminó calificando la Cumbre como “decepcionante”.

Turquía, que fue designada para la celebración de esta cumbre, es uno de los países más afectados por estos desplazamientos. En este momento, está acogiendo a dos millones y medio  de refugiados sirios  y a otros cuatrocientos mil de otras nacionalidades. Y para complicar más las cosas, los turcos están sumidos en un serio conflicto interno, que volvió a reactivarse entre el Estado Turco y la milicia kurda PKK. Se está pidiendo a gritos que la Unión Europea acoja a esos millones de refugiados que hay instalados en campamentos de agrupamiento turcos, griegos e italianos,  pero dentro de nuestras fronteras, con excepción de Alemania, no sólo no se está por la labor de colaborar de modo proporcional a las respectivas poblaciones, sino que para caldear más las cosas, en Londres, los partidarios de que el Reino Unido salga de la Unión, no hacen otra cosa que manifestar que esos refugiados van a ser una seria amenaza y más aún si se admite a Turquía en el seno de la UE.

Si nos referimos de modo concreto a España, a final de Septiembre del año pasado, nuestro Gobierno adquirió el compromiso de acoger a 16.231 refugiados, dentro del marco del programa de reubicación de la Oficina Europea de Asilo. Pero, aun con esa cifra tan detallada, supongo que alcanzada tras sesudos cálculos, no parece que haya mucha diligencia en el cumplimiento, y prueba de ello es que hasta el momento, parece que sólo han llegado 58 refugiados. Hace unos días el Ministro del Interior Sr. Fernández Díaz anunció que antes de Julio llegarán otras 586 personas.  Se bailan las cifras, todas ellas muy exactas, se establecen compromisos, se abren calendarios, pero ¿es verdad que vamos a acoger a 16.321 personas?. Me temo que no.

Y digo que me temo que no, porque hasta ahora, las fronteras de Ceuta y Melilla estaban muy tranquilas, pero tal y como se están desarrollando los acontecimientos, cerradas las fronteras turcas o griegas, y con la arribada en tan sólo en 15 días, de más de 14.000 personas que navegan en pateras por el Mediterráneo, provocando una ingente cifra de muertos, en cualquier momento volveremos a ver masivos intentos de asalto a las vallas y, tal y como pudimos observar hace tan solo dos años, nos encontraremos otra vez con las devoluciones en caliente, con las repatriaciones exprés ilegales y con la violación de la Convención de Ginebra sobre derecho de asilo y refugiados políticos y protección de derechos humanos.

En este momento, la Unión Europea es incapaz de responder a las necesidades humanitarias sobre la base de la solidaridad. No se cumplen los objetivos del milenio. Se han reducido los programas de Cooperación y al tiempo se explota a países africanos. Sólo hay una política común que es cerrar fronteras (se buscan fórmulas para evitar las consecuencias, pero no las causas). Europa explota a los países del sur y a la vez les pone barreras.

La consecuencia directa de todo esto es que, si no somos capaces de resolver los mecanismos de la inmigración legal, difícilmente podrá resolverse el problema de la inmigración ilegal. En este momento los derechos humanos sucumben ante la necesidad de imponer el orden público interno y a más abundamiento, nuestras actuales políticas llevan inexorablemente a inmigrantes y refugiados, a la exclusión social. El refugiado va a entrar de lleno en la economía sumergida.

El gran problema que se plantea es que nos están llegando seres humanos y dada la situación de crisis que tenemos ¿qué hacemos? ¿los confinamos cerrando herméticamente nuestras fronteras o les prestamos ayuda humanitaria?. He aquí el dilema.

 

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NO SON DELINCUENTES
Guillermo Díaz Bermejo 25-05-2016 | 1:21 | 0

“No somos delincuentes. Vendemos en los bares y en  la manta para sobrevivir. Voy por la calle a trabajar con mochila y aunque tengo papeles, la policía me para porque soy negro.  A un amigo mío lo detuvieron cuando se bajaba del Alsa y como no tenía papeles lo mandaron a Barajas, lo subieron a un avión y en 24 horas lo deportaron a Senegal. Me han detenido cuando estaba vendiendo Cedes en un bar de la Avenida de Galicia y el Fiscal me pide dos años de prisión”.

Estas son manifestaciones que constantemente  hacen esos pobres senegaleses que llegan en busca de ayuda a las ONG . Probablemente, cualquier lector que me conozca, dirá que no puedo ser imparcial en estos temas, debido a las actividades que realizo ayudando entre otros,  a senegaleses.  No obstante, deseo dar mi opinión sobre lo que está pasando con estas gentes, que llegan a Asturias en busca de trabajo y de una vida mejor, pero que después de cuatro o cinco años entre nosotros, malviviendo y ganándose la vida como pueden, terminan siendo deportados o juzgados por vender CDs piratas

Tras la reforma del Código Penal propiciada por el ex Ministro de Justicia Sr. Gallardón, los artículos  270 a 276 del Código Penal, catalogan como delito la venta con ánimo de lucro, de artículos protegidos por la propiedad intelectual e industrial. Se trata en definitiva de penalizar lo que todos conocemos como “top manta”. Esta injusta reforma va en contra del principio de intervención mínima del derecho penal  y también en contra del ámbito del derecho mercantil, que no comprende la distribución o venta al detalle de estos productos de bajo precio y que dejaría la persecución de estas ventas ilegales en el ámbito del derecho administrativo.

El senegalés que vende estas copias de artículos protegidos por la propiedad intelectual o industrial, es un mero intermediario entre el productor de los mismos (generalmente mafias organizadas) y el cliente final que compra en el bar o en la calle. Y lo que hay que tener claro es que los titulares de esos derechos tienen diferentes medios de protección en el ámbito del derecho administrativo y que por tanto el derecho penal no debería de ser aplicable por ese principio de intervención mínima al que me refería antes. Este principio de intervención mínima ha sido recogido en una sentencia del TS de 24 de Febrero de 2013 que dice “sólo ante los ataques más intolerables o las conductas más graves como la reproducción en masa de una obra amparada por el derecho, puede configurar el delito. La venta callejera es el último eslabón del comercio ilegal y no tiene entidad suficiente para justificar la aplicación del derecho penal”.

La venta callejera de estos productos ilegales, practicada habitualmente por esos senegaleses que vemos en las calles con su top manta, o en los bares de la ciudad, sólo busca la manera de que puedan ganarse la vida y por ello la lucha no ha de pasar por la aplicación del Código Penal, sino por la aplicación de normas de orden público que impidan o restrinjan estas ventas. Pese a esto, un buen día la Policía detiene a Mamadou cuando estaba vendiendo cedes en un bar de la Avenida de Galicia y trasladado el asunto al Juzgado, se solicita para él la condena a dos años de prisión, una multa por valor de 3.000 euros, la expulsión del país y por si fuera poco, una indemnización de 500€ para la SGAE que es en lo que esta entidad valora como precio de las copias ilegales. Se omite por esta entidad que ese sería el precio correcto si se tratara de cedes legales de los que se venden en las tiendas, pero que se trata de burdas y males copias con un valor que en modo alguno superaría los 50 euros. Si uno de los principios básicos de la rama punitiva del derecho, es el principio de la intervención mínima del derecho penal,  por qué el Ministerio del Interior se empeña en criminalizar este tipo de ventas. Por qué  colapsamos  los Juzgados con este tipo de cosas y en sentido contrario, dejamos que todas las tramas de corrupción sigan impunes y sin que ninguno de esos ladrones políticos y de guante blanco que han robado el dinero de los ciudadanos, ni tan siquiera entren en prisión. Ante flagrantes delitos, ni tan siquiera la Fiscalía solicita la aplicación de medidas cautelares. Por el contrario sí que está presto para acusar y condenar a un pobre senegalés que vende CDs piratas.

La cruda realidad de este escenario, es que existe una gran desproporción entre la protección que se concede a entidades como SGAE o EGEDA para preservar sus derechos de autor y la situación que se plantea a estos senegaleses que venden para sobrevivir sin recurrir a las ayudas públicas o a la limosna y que ven arruinada su estancia entre nosotros, perseguidos por la acción policial. La voz de las entidades protegidas se escucha más alta y más fuerte que la de los senegaleses y esto hace que el ciudadano de a pie conozca más los problemas de los músicos o de los cineastas, que la penosa situación de este último y frágil eslabón de la cadena de venta de estas reproducciones ilegales.

Mamadou  aún no ha podido obtener los papeles (permiso de trabajo) y como estrategia de supervivencia, porque en modo alguno está dispuesto a pedir o a vivir de ayudas públicas, compraba a las mafias copias de películas, gorras o gafas falsificadas y trataba de vender para obtener un beneficio de que va de 5 a 10 euros diarios. La mitad de estos beneficios tiene que destinarlos a conseguir más mercancía y el resto lo destina a comprar comida y a reservar lo que puede para contribuir al pago del alquiler en un piso que comparte con otras seis personas.  Ahora está asustado, tiene miedo y ya no sale a la calle. Malvive en un piso patera donde gracias a la ayuda de sus compañeros puede comer diariamente un plato de arroz hervido, lo que hace que cada día esté más flaco.  Pese a esa lamentable situación, si le ofreces algunos alimentos te dice que no, gracias, hay otras personas que lo necesitan más que yo. Mejor es que se lo deis a ellas. En el entorno de los senegaleses que viven en Oviedo hay miedo. Igual da que tengan o no tengan papeles. Si les pillan vendiendo se los pueden quitar y después pueden ser víctima de una redada, los meten en un avión y los deportan a Senegal

¿Hacen daño o molestan a alguien? Parece ser que sí. El Gobierno español llegó a algún inconfesable acuerdo con el Gobierno senegalés y como consecuencia del mismo, más o menos cada dos meses, se pasan instrucciones a la Comisaría de Policía para que proceda a la detención de un cupo de senegaleses que han de ser enviados al aeropuerto de Barajas para llenar un avión y proceder a su deportación masiva. Se calcula que en este último año han sido deportados 5000 senegaleses por el simple delito de “no tener papeles”. ¡¡Qué casualidad!! Con nosotros, en Asturias,  conviven empadronados más de cuatro mil sin papeles de múltiples nacionalidades y algunos de ellos imputados por determinados delitos, pero hete aquí que la Policía, para repatriar, a los que busca es a los senegaleses, no a otros, aunque estén imputados por algo.  Como consecuencia de estas deportaciones selectivas, se ha dado un grotesco caso que conozco, en el que detienen a un chico que convivía aquí con su mujer e hijo de dos años. Al ser detenido, pasa aviso a su mujer y esta rápidamente se persona en la Comisaría para que también la deporten a ella y a su hija de dos años, ya que sin el marido ella no hacía nada aquí. ¿Resultado final de esta detención?: El marido deportado y la mujer con su hijo pequeño aquí, abandonada a su suerte.  Ella tampoco tenía papeles, pero, claro, el cupo ya se había llenado y no cabían más en el avión. Bah,  es una simple cuestión administrativa. Y ante los procedimientos administrativos, para qué hablar de problemas solidarios.

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FOTO-ROJO
Guillermo Díaz Bermejo 11-05-2016 | 9:34 | 0

Las multas impuestas por pasar semáforos en rojo son declaradas nulas si los aparatos de captación no están sujetos a control metrológico. Por tanto, cuando un Concejal o un Alcalde firman una resolución sancionadora en esta materia, podrían estar cometiendo un delito de prevaricación.

Acabo de leer en el Diario El Comercio, que los cuatro semáforos fotorojos instalados en Oviedo, captan el 43% de todas las infracciones de tráfico de la ciudad. Ante esto sale a la palestra el Concejal de Seguridad ciudadana y dice que “estos fotorojos están debidamente señalizados y por tanto hay un gran problema de educación vial y que todos debemos de hacer una reflexión, ya que le parece una cifra exagerada.

Pues tengo que decirle señor Concejal que ciertamente la cifra es exagerada, pero añadiría que además es una cifra deshonesta por la desproporcionada cifra de multas que se están recaudando de modo ilícito y que, o es que usted no tiene la formación o información necesaria sobre esta materia, o si la tiene, entonces estaría haciendo un sonado alarde de cinismo y de descaro, engañando vilmente a los ciudadanos. Usted tiene que saber señor Concejal y si no se lo digo yo, que son ya reiteradas las sentencias que se están dictando por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en toda España, en las que se declara la nulidad de las multas impuestas por los llamados sistemas de cámaras, llamadas foto/rojo, que captan fotográficamente el paso de los vehículos cuando sobrepasan en rojo un semáforo. Los Tribunales, de modo sistemático, están declarando la nulidad de las multas impuestas, cuando los Ayuntamientos deniegan las pruebas metrológicas, técnicas y de homologación de los equipos de captación utilizados. Esas fotografías captadas por dispositivos exentos de control no constituyen un medio de prueba válido para sancionar.

Concretamente, una sentencia dictada por el Juzgado Contencioso/Administrativo nº 4 de Oviedo en Mayo del año pasado,  ha estimado el recurso que promoví actuando en mi propio nombre y representación  y ha anulado la sanción de 200€ y detracción de 4 puntos  que me había impuesto el Ayuntamiento de Oviedo por rebasar en fase roja el semáforo situado en la Avenida de Santander, en la confluencia con las calles de General Elorza y Pepe Cosmen.

La sentencia dice que se ha producido indefensión, al habérseme denegado las pruebas que había solicitado en vía administrativa. El Juez entiende que era preciso tener datos sobre los aparatos con los que se han obtenido las imágenes. Yo en particular solicitaba además de las pruebas fotográficas, certificado informe del sistema de captación así como informe sobre las revisiones que se hubieran realizado en él.  El Ayuntamiento,  al tiempo que exigía 5,1€ para obtener duplicado de las fotos, denegaba las otras dos pruebas, al entender que como se trataba sólo de una cámara fotográfica, esta no necesitaba  ningún control.

Dice el Juez que “es sobradamente conocido que la denuncia formulada por un Agente, goza de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario” y remarca que, entre las garantías constitucionales del sometido a un procedimiento sancionador, está el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa. Al haberse  negado la información precisa sobre las condiciones técnicas de la instalación semafórica y de la homologación de los equipos utilizados para la captación de las imágenes, se ha vulnerado el derecho fundamental de defensa consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Por último, la sentencia no consideró proporcionado el intento municipal de detraer 5,1€ de gastos para la práctica de la prueba fotográfica, respecto de una multa de 200€, cuando está en juego un derecho constitucional.

Rematando esta cascada de sentencias iguales a la que yo he obtenido, tanto de los Juzgados de lo Contencioso, como de los Tribunales Superiores de Justicia cuando eran recurridas estas resoluciones, ahora, concretamente el pasado día 10 de Marzo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo vino a confirmar esta corriente jurisprudencial de los Juzgados ordinarios, confirmando la anulación de una sanción que se había impuesto en San Sebastián en base a la fotografía captada por un dispositivo foto-rojo y en la que al Ayuntamiento donostiarra se le habían impuesto además las costas del juicio.

Esta recientísima sentencia del Supremo decreta que “la sanción no es válida porque no consta el cumplimiento del requisito previsto en el Art. 70.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo cuando señala que los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo…”. Dice igualmente que es exigible que el dispositivo de captación quede sujeto al control técnico para que las fotos que obtiene tengan valor probatorio.  También deja constancia que contrariamente a lo que sostienen los ayuntamientos sancionadores, estos sistemas sí emplean parámetros sujetos a medición, en cuanto que recogen el lapso de tiempo que transcurre entre las fases verde, ámbar y rojo y a más abundamiento el tiempo que transcurre desde que se activa el dispositivo o del tiempo en que se seleccionan las imágenes captadas.

Por lo que sé y ahora veo, el Ayuntamiento de Oviedo, regido ahora por el llamado Tripartito, sigue adelante con su voracidad recaudatoria y de modo contumaz está sancionando diariamente a muchos conductores que son captados por las cámaras que existen en cuatro semáforos de Oviedo. Está más que claro que pese a la ya abundante jurisprudencia existente, el Ayuntamiento siguen haciendo caso omiso a las alegaciones que formulan los ciudadanos cuando son denunciados y como saben que ese ciudadano que ha agotado la vía administrativa, no va a recurrir a los Tribunales para defender sus legítimos derechos frente a sanciones injustas e ilegales, debido a los fuertes costos que va a generar su defensa al tener que pagar los honorarios de un Abogado, hacen caso omiso a las corrientes jurisprudenciales y a recaudar que es de lo que se trata.

Pues amigo lector, yo le diría a usted que si es cazado en uno de estos semáforos y resulta sancionado, a la vista de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, recúrrala, solicite las pruebas metrológicas y en sus alegaciones haga constar que en caso de que el expediente sancionador siga adelante, usted se reserva el derecho de recurrir, no al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sino al Juzgado de Instrucción correspondiente para formular denuncia por un claro delito de prevaricación contra el Concejal o Alcalde que hayan dictado la resolución, ya que como casi todo el mundo sabe, aunque no tenga conocimientos jurídicos, se da este delito cuando un funcionario, a sabiendas, dicta una resolución injusta. Y, evidentemente, estas resoluciones sancionadoras, a la vista de la reiterada jurisprudencia ratificada ahora por el Tribunal Supremo, son injustas. De otra parte, para interponer esta denuncia penal, no se necesita Abogado, con lo que no tendría costo alguno.

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FOTO-ROJO
Guillermo Díaz Bermejo 11-05-2016 | 9:32 | 0

Las multas impuestas por pasar semáforos en rojo son declaradas nulas si los aparatos de captación no están sujetos a control metrológico. Por tanto, cuando un Concejal o un Alcalde firman una resolución sancionadora en esta materia, podrían estar cometiendo un delito de prevaricación.

Acabo de leer en el Diario El Comercio, que los cuatro semáforos fotorojos instalados en Oviedo, captan el 43% de todas las infracciones de tráfico de la ciudad. Ante esto sale a la palestra el Concejal de Seguridad ciudadana y dice que “estos fotorojos están debidamente señalizados y por tanto hay un gran problema de educación vial y que todos debemos de hacer una reflexión, ya que le parece una cifra exagerada.

Pues tengo que decirle señor Concejal que, ciertamente la cifra es exagerada, pero añadiría que además es una cifra deshonesta por la desproporcionada cifra de multas que se están recaudando de modo ilícito y que, o es que usted no tiene la formación o información necesaria sobre esta materia, o si la tiene, entonces estaría haciendo un sonado alarde de cinismo y de descaro, engañando vilmente a los ciudadanos. Usted tiene que saber señor Concejal y si no se lo digo yo, que son ya reiteradas las sentencias que se están dictando por los Juzgados de lo Contencioso Administrativo en toda España, en las que se declara la nulidad de las multas impuestas por los llamados sistemas de cámaras, llamadas foto/rojo, que captan fotográficamente el paso de los vehículos cuando sobrepasan en rojo un semáforo. Los Tribunales, de modo sistemático, están declarando la nulidad de las multas impuestas, cuando los Ayuntamientos deniegan las pruebas metrológicas, técnicas y de homologación de los equipos de captación utilizados. Esas fotografías captadas por dispositivos exentos de control no constituyen un medio de prueba válido para sancionar.

Concretamente, una sentencia dictada por el Juzgado Contencioso/Administrativo nº 4 de Oviedo en Mayo del año pasado,  ha estimado el recurso que promoví actuando en mi propio nombre y representación  y ha anulado la sanción de 200€ y detracción de 4 puntos  que me había impuesto el Ayuntamiento de Oviedo por rebasar en fase roja el semáforo situado en la Avenida de Santander, en la confluencia con las calles de General Elorza y Pepe Cosmen.

La sentencia dice que se ha producido indefensión, al habérseme denegado las pruebas que había solicitado en vía administrativa. El Juez entiende que era preciso tener datos sobre los aparatos con los que se han obtenido las imágenes. Yo en particular solicitaba además de las pruebas fotográficas, certificado informe del sistema de captación así como informe sobre las revisiones que se hubieran realizado en él.  El Ayuntamiento,  al tiempo que exigía 5,1€ para obtener duplicado de las fotos, denegaba las otras dos pruebas, al entender que como se trataba sólo de una cámara fotográfica, esta no necesitaba  ningún control.

Dice el Juez que “es sobradamente conocido que la denuncia formulada por un Agente, goza de presunción de veracidad, salvo prueba en contrario” y remarca que, entre las garantías constitucionales del sometido a un procedimiento sancionador, está el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa. Al haberse  negado la información precisa sobre las condiciones técnicas de la instalación semafórica y de la homologación de los equipos utilizados para la captación de las imágenes, se ha vulnerado el derecho fundamental de defensa consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española. Por último, la sentencia no consideró proporcionado el intento municipal de detraer 5,1€ de gastos para la práctica de la prueba fotográfica, respecto de una multa de 200€, cuando está en juego un derecho constitucional.

Rematando esta cascada de sentencias iguales a la que yo he obtenido, tanto de los Juzgados de lo Contencioso, como de los Tribunales Superiores de Justicia cuando eran recurridas estas resoluciones, ahora, concretamente el pasado día 10 de Marzo, la Sala Tercera del Tribunal Supremo vino a confirmar esta corriente jurisprudencial de los Juzgados ordinarios, confirmando la anulación de una sanción que se había impuesto en San Sebastián en base a la fotografía captada por un dispositivo foto-rojo y en la que al Ayuntamiento donostiarra se le habían impuesto además las costas del juicio.

Esta recientísima sentencia del Supremo decreta que “la sanción no es válida porque no consta el cumplimiento del requisito previsto en el Art. 70.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo cuando señala que los instrumentos, aparatos o medios y sistemas de medida que sean utilizados para la formulación de denuncias por infracciones a la normativa de tráfico estarán sometidos a control metrológico en los términos establecidos por la Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología y su normativa de desarrollo…”. Dice igualmente que es exigible que el dispositivo de captación quede sujeto al control técnico para que las fotos que obtiene tengan valor probatorio.  También deja constancia que contrariamente a lo que sostienen los ayuntamientos sancionadores, estos sistemas sí emplean parámetros sujetos a medición, en cuanto que recogen el lapso de tiempo que transcurre entre las fases verde, ámbar y rojo y a más abundamiento el tiempo que transcurre desde que se activa el dispositivo o del tiempo en que se seleccionan las imágenes captadas.

Por lo que sé y ahora veo, el Ayuntamiento de Oviedo, regido ahora por el llamado Tripartito, sigue adelante con su voracidad recaudatoria y de modo contumaz está sancionando diariamente a muchos conductores que son captados por las cámaras que existen en cuatro semáforos de Oviedo. Está más que claro que pese a la ya abundante jurisprudencia existente, el Ayuntamiento siguen haciendo caso omiso a las alegaciones que formulan los ciudadanos cuando son denunciados y como saben que ese ciudadano que ha agotado la vía administrativa, no va a recurrir a los Tribunales para defender sus legítimos derechos frente a sanciones injustas e ilegales, debido a los fuertes costos que va a generar su defensa al tener que pagar los honorarios de un Abogado, hacen caso omiso a las corrientes jurisprudenciales y a recaudar que es de lo que se trata.

Pues amigo lector, yo le diría a usted que si es cazado en uno de estos semáforos y resulta sancionado, a la vista de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Supremo, recúrrala, solicite las pruebas metrológicas y en sus alegaciones haga constar que en caso de que el expediente sancionador siga adelante, usted se reserva el derecho de recurrir, no al Juzgado de lo Contencioso Administrativo, sino al Juzgado de Instrucción correspondiente para formular denuncia por un claro delito de prevaricación contra el Concejal o Alcalde que hayan dictado la resolución, ya que como casi todo el mundo sabe, aunque no tenga conocimientos jurídicos, se da este delito cuando un funcionario, a sabiendas, dicta una resolución injusta. Y, evidentemente, estas resoluciones sancionadoras, a la vista de la reiterada jurisprudencia ratificada ahora por el Tribunal Supremo, son injustas. De otra parte, para interponer esta denuncia penal, no se necesita Abogado, con lo que no tendría costo alguno.

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VIVIR COMO UN DIPUTADO
Guillermo Díaz Bermejo 08-05-2016 | 11:01 | 0

Tengo muy claro y por tanto no pongo en duda, que nuestra Constitución española dice claramente que los Diputados y Senadores percibirán una asignación económica que será fijada por las respectivas Cámaras. Esta asignación ha de permitirles que puedan cumplir eficaz y dignamente su función e igualmente es lógico que tengan otros derechos y ayudas o indemnizaciones por gastos que sean indispensables para el cumplimiento de su función. Tampoco me cuestiono que dispongan de despachos adecuados, teléfonos, tabletas u ordenadores portátiles. Una dedicación completa y además eficaz a la función pública, precisa de una remuneración digna y de unos recursos materiales adecuados.

Lo que en modo alguno puedo aceptar es que Diputados y Senadores, gocen de unas remuneraciones, de unas ayudas, de unas indemnizaciones y de unos privilegios, aprobados arbitrariamente por sus respectivas cámaras, que exceden en mucho de las retribuciones y derechos que tienen tanto los funcionarios, incluso de nivel alto, como la gran masa de los asalariados.

Los Diputados y Senadores son elegidos por el pueblo español para que realicen su misión por un periodo de cuatro años. Estableciendo un símil laboral, esto es como un contrato de trabajo temporal (4 años) en el que un trabajador es contratado para que realice una obra o preste un servicio concreto en ese periodo. Finalizado el plazo pactado, el trabajador mete en el bolsillo la liquidación que la empresa le hace al finalizar el contrato y que se compone de su último sueldo mensual, más la prorrata de la paga extra de Julio o de Navidad y si ha cotizado el periodo de tiempo suficiente, se va al Inem a percibir la prestación de desempleo. Pero, si no ha tenido tiempo a realizar las suficientes cotizaciones, algo difícil hoy con contratos temporales o a tiempo parcial, se irá a su casa con los las manos en los bolsillos.  Pero lo peor de todo: Si no cumplen correctamente con el trabajo para el que han sido contratados, serán despedidos disciplinariamente.

Tras las  elecciones de Diciembre pasado, el 13 de Enero arrancó la nueva legislatura con la toma de posesión de 350 Diputados y 265 Senadores. Se sentaron en sus escaños con una primera obligación básica y esencial: Tenían que trabajar para formar gobierno eligiendo a un Presidente de entre los candidatos elegidos. Tras cuatro meses del teatro y puestas en escena que ya todos conocemos, estos parlamentarios no cumplieron con su trabajo y nos llevaron a unas nuevas elecciones. Si esto hubiere ocurrido en una empresa, habrían sido despedidos sin más.

Pero el problema no acaba ahí. Los Diputados y Senadores que no formen parte ni como titulares ni como suplentes de la Diputación Permanente (estos continuarán percibiendo sus retribuciones ordinarias), seguirán percibiendo unas retribuciones de 8.345€ brutos hasta que tengan lugar las elecciones del 26 de Junio. Además de no haber cumplido con su trabajo, desde el día en que se convocaron las elecciones, se van de vacaciones a su casa y como premio, con una más que buena retribución por no trabajar. Así lo ha establecido nuevamente la Cámara Alta, que ha fijado en 154,54 euros diarios la llamada indemnización de transición, que cobrarán hasta el día antes de las elecciones.

Añadiendo más leña al fuego, esta retribución digamos extra, es la segunda que van a cobrar del orden de 180 senadores y 250 diputados que ya estaban sentados en la Cámaras en la legislatura anterior, finalizada en Noviembre y que en aquella fecha ya habían cobrado esto mismo, con un coste a las instituciones de prácticamente tres millones de euros. Y por si esto fuese poco, si en las próximas elecciones del 26 de Junio, un diputado no resulta reelegido y, como consecuencia, debe de abandonar el escaño, se le abonará una indemnización por cese compuesta por un mes de salario por cada año de mandato o fracción superior a seis meses, con un máximo de 24 mensualidades

Como ya están de vacaciones hasta final de Junio ( no podría ser de otro modo), ya no se les van a pagar gastos de desplazamientos, pero eso sí, seguirán usando los teléfonos móviles y tablets que se les han asignado, seguirán contando con una póliza de accidentes que tendrán pagada hasta el 26 de Junio, seguirán contando con la asignación para su plan de pensiones individual y seguirán disfrutando de las cotizaciones que las Cámaras hacen a la Seguridad Social para que tras siete años como Diputados o Senadores, perciban una pensión.

¿por qué un trabajador tiene que cotizar durante 35 años para percibir su pensión integra y en cambio un Diputado sólo precise de siete años cotizados para percibir el 80% de la pensión o el 100% cuando acumule 11 años como Diputado o Senador?. Creo que los privilegios de que gozan sus señorías, son bastante bochornosos y máxime cuando como ha ocurrido en esta corta legislatura, no han cumplido con la misión que los ciudadanos les habíamos encomendado. Sueldos muy superiores a la media, asignaciones para uso de taxis, aun cuando muchas veces estas sirvan para llevar a sus hijos al colegio, ayudas para gastos de alojamiento y manutención, aun cuando muchos tienen piso propio en Madrid. Y además de todo eso, se les permite que realicen actividades extraparlamentarias tales como profesor, conferenciante o tertuliano.

Mientras nuestras Cámaras defienden estos privilegios para ellos, en España los salarios medios de los trabajadores se han reducido en un 18% desde la llegada de la crisis. Contratos de trabajo precarios, tres millones de personas que estaban entre las clases medias y que ahora son pobres, incertidumbre sobre un futuro aun peor, pero no pasa nada, los parlamentarios, no hacen su trabajo y no se ponen de acuerdo para formar gobierno, pero eso sí,  se  ponen rápidamente de acuerdo para irse a casa con vacaciones pagadas. ¿cabe mas indignidad?.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.