El Comercio
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Fecha: abril, 2017
SOSPECHAS EN LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Guillermo Díaz Bermejo 29-04-2017 | 9:17 | 0

El ahora en prisión, Ignacio González, expresidente  de la Comunidad de Madrid, mantenía hace tiempo, una conversación con el Exministro Eduardo Zaplana y le decía: “El Fiscal  Manuel Moix es un tío serio y bueno”. “Yo creo que van a nombrarlo a él y si sale es cojonudo”. Hace dos meses, los deseos del expresidente se hicieron realidad y Manuel Moix fue nombrado Fiscal Especial Anticorrupción, por el Fiscal General del Estado.

En el año 2009, cuando era Fiscal Superior de la Comunidad de Madrid, le presentaron  al Sr. Moix, todos los datos de la trama que el expresidente Ignacio González había urdido tres años antes, entre otras cosas para adjudicar la explotación de la instalación deportiva del Canal de Isabel II, a la empresa Tecnoconcret, en la que figuraban como accionistas el hermano y el cuñado del Presidente del Canal. Consecuencia de esto, los vecinos de Madrid presentaron una denuncia ante la Fiscalía, acusando a González de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

El Sr. Moix se posicionó sobre estos hechos, en el sentido que no existía “indicio o rastro alguno que permita, siquiera, la más leve sospecha”. Pero ¡qué casualidad! Estos mismos hechos en los que el fiscal Jefe no veía nada raro, son los que ahora sirvieron al Juez, para motivar el auto que envió a prisión incondicional al expresidente. Pero, por si esto fuere poco, el Fiscal Moix intentó evitar uno de los registros de la operación que llevó a la detención del expresidente de Madrid.  Anteriormente a esto, una vez fue designado fiscal superior de Madrid, por el Fiscal General del Estado, ya había intentado prohibir la divulgación de los correos secretos de Miguel Blesa, piezas clave en la investigación sobre las preferentes y las tarjetas black de Caja Madrid. También había intentado frenar las investigaciones que se pretendían realizar en el Canal Isabel II cuando su presidente era el ex ministro Sr. Gallardón.

Antes de la operación Lezo, considerando que la actuación del Fiscal Jefe no era correcta, los dos Fiscales que estaban llevando el caso, recurrieron al artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (algo que es totalmente inusual). En este artículo se reseña que aquél fiscal que reciba una orden “que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente”, se lo hará saber a su fiscal jefe, mediante informe razonado y que, si este, “no considera satisfactorias las razones alegas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía. Los dos fiscales presentaron informe y mostraron sus discrepancias con su superior, sobre ciertas decisiones relativas al operativo que finalmente concluyó con las detenciones y encarcelamientos ya conocidos, decisiones mediante las que el Sr Moix había intentado vetar determinados registros de empresas filiales del Canal de Isabel II, para investigar operaciones sospechosas. Como era preceptivo, se reunió la Junta de Fiscales y en ella, los dos fiscales discrepantes resultaron apoyados por 19 de los 20 miembros de la Junta.

Tras el varapalo que le dieron sus subordinados, miembros de la junta, el Fiscal Superior no tuvo más alternativa que aceptar la petición de los dos fiscales que llevaban el caso y la operación Lezo se inició al día siguiente, para evitar más demoras que provocaran la eliminación de documentos u otras pruebas, antes de que se realizaran los registros. La operación se saldó con las detenciones y encarcelamientos que ya conocemos.

Como consecuencia de estas presuntas irregularidades del Fiscal Jefe Anticorrupción, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, acaba de pedir al Consejo Fiscal el cese del Sr. Moix “ante las recientes filtraciones de las actuaciones producidas en la Fiscalía Especial Anticorrupción” y después de la celebración de la Junta en la que de forma mayoritaria, los fiscales apoyaron a los dos fiscales que tenían asignado el caso Lezo.  Hacen referencia igualmente en su petición de cese, al relevo por Moix de los fiscales que hasta este momento llevaban el denominado caso del tres por ciento, por las comisiones irregulares cobradas por Convergencia. La Unión Progresista de Fiscales también pide al Fiscal General, que se le informe sobre estas situaciones tan irregulares.

Tras todo lo ocurrido en este incidente de la operación Lezo, tras las irregularidades en la investigación de Caja Madrid, tras le petición de dos de las Asociaciones de Fiscales,  todo apunta a que la actuación del Fiscal Superior no ha sido ni correcta ni adecuada.  Y a la vista de las conversaciones que mantenía el expresidente encarcelado con, el exministro Zaplana y que salieron a la luz, si uno piensa mal, tiene que concluir que ya no se trata de sospecha de parcialidad. Todo apunta a que hay una manifiesta parcialidad en sus actuaciones para defender intereses ocultos y no la legalidad, que es a lo que está obligado.

Por ello, considero que si se quiere recuperar el prestigio de la Fiscalía Especial Anticorrupción y del propio Ministerio Fiscal, como institución, si se quiere detener el claro deterioro de la imagen de los fiscales, si se quiere perseguir una justicia imparcial e independiente, el Fiscal Jefe tiene que ser cesado. Pero añadiría aún más, el Gobierno también debería de sustituir al Fiscal General del Estado que es quien nombró al Sr. Moix.

Por higiene democrática, por hacer frente a la corrupción política sin cortapisa alguna, por tener un Ministerio Fiscal imparcial e independiente, que sólo se ocupe de la   defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social o por garantizar que no reciba presión alguna de los poderes políticos, el Sr. Rajoy, de una vez por todas, debería de dejar mirar a los lados, debería de coger el toro por los cuernos, y provocar el cese inmediato del Fiscal Anticorrupción, e incluso, del Fiscal General del Estado. Si no lo hace, él también podría ser sospechoso de obstaculizar la lucha contra la corrupción.

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NOS HAN SALIDO RANA
Guillermo Díaz Bermejo 25-04-2017 | 10:48 | 0

Las últimas noticias sobre la detención y entrada en prisión, entre otros, del expresidente de la Comunidad de Madrid, me han causado y causan una profunda indignación, que va creciendo a medida que se conocen más detalles de lo ocurrido. Igualmente me siento contrariado con las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos, en este caso concreto, del PP.

A 31 de Diciembre, pese a su exasperante lentitud, los Juzgados y Tribunales españoles han abierto juicio oral o procesado por delitos de corrupción, a 1.378 políticos involucrados en 166 casos. El grave problema es que pese a estas escandalosas cifras, son muy pocos los que han entrado en prisión y se ha impuesto además, una cruda realidad: Estamos viviendo en un sistema corrompido que ha sido generado por nuestro propio Sistema Democrático.

En este momento, la mayoría de los ciudadanos estamos viviendo en una España, en la que hemos soportado y soportamos recortes sociales de todo tipo, en la que soportamos una desproporcionada presión fiscal, mientras que los más ricos eluden o evaden el pago de sus impuestos. En la que sufrimos constantes pérdidas de las libertades públicas, al tiempo que sufrimos la constante amenaza de un estado que nos controla en exceso y del que tenemos que defendernos continuamente.  En el que las clases medias ven mermada su capacidad adquisitiva con reducciones y congelaciones salariales.

Hay además otro grupo de ciudadanos que viven en esta España, aun mucho más desfavorecidos que esas clases medias que aun aguantan como pueden. Se trata de todas esas personas que están en la cola del paro, de esas personas que están en el umbral de la pobreza, que están en riesgo de exclusión social y que tienen que recurrir a las ONGs para que les cubran sus necesidades básicas, ya que los servicios sociales de las Instituciones, aferrados a una rígida burocracia, parece que esto les preocupa poco. Sólo basta ver que el Principado de Asturias, aunque ha mejorado algo, aun tarda más de un año en resolver y por supuesto pagar el salario social básico de todas esas personas que lo solicitan por no tener ningún tipo de recurso. ¿de qué viven pues, durante ese año de espera?.

Mientras que esta España, vivimos la mayoría de los ciudadanos soportando estoicamente lo que ocurre, hay otra España donde viven nuestros gobernantes centrales, autonómicos y municipales, así como diputados  senadores que sólo viven mirándose para sus ombligos, que como todo el mundo sabe, son redondos. Les trae sin cuidado lo que ocurre a los ciudadanos que los han votado y se preocupan sólo por sus guerras de tronos y por aferrarse a las poltronas del poder para gozar con ello de todo tipo de prebendas.

Sólo se preocupan de defenderse y preservar los intereses de sus partidos. Se lían todos los días en guerritas para hacer ruido, puestas en escena, lanzamientos de reproches, como si se tratara de una estudiada obra de teatro.

Pero, entre tanto juegan a defender sus intereses, se olvidan de ocuparse de los ciudadanos a los que representan. Se olvidan de las obligaciones que han contraído para ponerse de acuerdo y gobernar. Se olvidan de poner manos a la obra para reducir el déficit público, eliminando todo ese maremágnum de chiringuitos públicos que son las puertas giratorias para que los políticos apartados de un puesto, entren por otra puerta a seguir en otro puesto. Se olvidan de adelgazar esa mastodóntica Administración Autonómica que solapa competencias tanto con la Administración Central, como con Diputaciones y Ayuntamientos.

Se olvidan de barrer sus casas, legislando convenientemente para eliminar la alarmante corrupción política que padecemos. Se olvidan de reforzar la Administración de Justicia, despolitizándola y dotándola de medios personales y materiales que necesita, para que puedan perseguir a fondo esa lacra de la corrupción que impera en sus filas.

Y además de todo esto, mientras que acosan a las clases medias y dejan en la indigencia a muchas personas, crean entramados para defender los intereses mercantiles de grandes empresas, por ejemplo eléctricas, así como los intereses de los más ricos a los que se les facilitan amnistías fiscales y contra los que sólo se destinan unos pocos efectivos de la Agencia Tributaria para que los persiga. Ha de saberse que la mayor parte de los efectivos de la Agencia, están ocupados en perseguir las pequeñas defraudaciones de asalariados y autónomos.

Señores políticos, los votamos para que fueran servidores públicos y defendieran los intereses de los ciudadanos pero, nos han salido rana. Porque sólo buscan sus intereses personales y de partido, sepan que la mayor parte de los ciudadanos los repudiamos. No era eso lo que habíamos elegido cuando nos llamaron a las urnas. Los ciudadanos les pedimos que se vayan a sus casas y que con ello dejen sitio a nuevos candidatos que lleguen a la política sólo con espíritu de servir al ciudadano y no a sus propios intereses, a los de su partido, a las grandes empresas o a las grandes fortunas.

¿Es pedir mucho?

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UN RUFIAN EN EL CONGRESO
Guillermo Díaz Bermejo 19-04-2017 | 10:16 | 0

Se suele calificar de rufián, a una persona vil,  despreciable, infame, que carece de honor y que vive del engaño. Ahora, en los escaños de nuestro Congreso se sienta un joven, apellidado Rufián que, por lo que vengo escuchando y leyendo, está en el camino de hacerse acreedor con todos los méritos, a ese calificativo. Está haciendo honor a su apellido.

La única opinión que tenía de él, es la que me formé oyéndolo en la Tribuna del Congreso, donde con un tono retórico medido y pausado, provoca, insulta, descalifica, apabulla y acosa al rival, llama gánster al contrincante, con unos estilos y con unos tonos propios de una discusión de taberna. En el escaño ha dicho frases como estas: “Buenos días a todos menos a los Corleones sin honor que conspiran desde los despachos” “Vale, cambio mamporrero que tanto le ofende, por lacayo”. “Yo no soy gallo, lo que no soy es gallina como Vd.” “Prefiero parecer bruto para que me entiendan, a pasar desapercibido”. “veo que no tiene vergüenza”. “usted es idiota”. Ha llegado a tal extremo de desmesura, que tiene el honor de ser el primer Diputado al que la Presidenta de la Cámara le ha  retirado la palabra en un debate.

Me he documentado para saber algo más de este Diputado de 35 años y veo que ha nacido en Santa Coloma de Gramanet, hijo y nieto de trabajadores andaluces que emigraron a Cataluña, procedentes de Jaén y Granada. Obtuvo la diplomatura en relaciones laborales y posteriormente, en la Universidad privada Pompeu Fabra, hizo un master en Dirección de Recursos Humanos. Este master no oficial, tiene un coste que ronda los 7.000€ e incluye prácticas en empresas destacadas.

Dice que trabajó en una empresa de selección de personal, pero el diputado de ERC nunca ha querido desvelar el nombre de la misma, lo que hace que existan muchas sospechas sobre la veracidad de su trayectoria académica y profesional. Lo que sí es público, es que ha sido despedido por la empresa donde trabajaba y a partir de ahí pasó a formar parte de las listas del paro. Cuando Rufián llegó al Congreso, estaba percibiendo una prestación de desempleo de 613 euros mensuales. En 2014 inició su andadura política vinculándose al activismo independentista, como miembro de Sumate (plataforma que reivindica el independentismo expresado en castellano). En un momento determinado conoció a Oriol Junqueras y pasó a ser miembro de ERC donde resultó elegido para encabezar la lista de Esquerra Republicana por Barcelona. Resultó elegido en las elecciones del 20 de Diciembre y actualmente es Portavoz adjunto del grupo ERC en el Congreso.

En este momento, con tan pocos meses como parlamentario, es probablemente el político catalán que ocupa más titulares. Sus provocadoras e insultantes intervenciones, se convierten en virales e igualmente, sus declaraciones son “treending topic”. De lo que no hay duda es que su agresividad y su estilo barriobajero, le están dando una gran notoriedad.

En las redes sociales suelta cosas como estas: “banderas a media asta por la muerte de la aconfesionalidad”.. Amancio Ortega es un explotador, aunque después en un plató televisivo porte una americana de Zara.

Como el mismo confesó, no quiere pasar desapercibido, pero a qué precio. Por lo que veo, para el todo vale con tal de conseguir notoriedad. En todo lo que he oído y leído, aparte de exabruptos, insultos, tonos provocadores y jactancia, nunca he oído nada de cuáles son sus propuestas parlamentarias, porque si quiere cambiar las cosas, lo lógico que ponga encima de la mesa propuestas concretas para debatir, pero parece que eso ya es más complicado, o porque no tiene propuestas o porque no sabe.

Termino diciendo, Sr. Rufián, deje a un lado esas actitudes propias de los matones arrabaleros, compórtese conforme a las reglas parlamentarias, y hombre, a ver si algún día, se le ocurre poner encima de la mesa una propuesta concreta. Creo que el sueldo mensual que ahora percibe, de más de 7.000 euros, ha de servir para que aporte algo útil y no para que insulte a los contrincantes parlamentarios que no piensan como usted.

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NEGLIGENTE GESTIÓN DEL SALARIO SOCIAL
Guillermo Díaz Bermejo 15-04-2017 | 12:01 | 0

El diario EL COMERCIO vino informando tiempo atrás, tanto de los problemas que ha generado y genera la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias, como de las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. De modo concreto, hace unos días, se hacía eco de la Memoria 2016 que presentó Cáritas y que volvía a incidir en este problema.

Sintéticamente he de decir que  la Ley de Salario Social Básico, tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social básico es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Tratando a ayudar a esas familias que tanto lo necesitan, colaboro como voluntario en Cáritas y en Cauce. En mis labores, entrevistando y asesorando a las personas que llegan en busca de apoyo, veo de primera mano las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo presente es alargarlo lo más posible. De modo concreto, tan sólo hace unos días, he atendido a una persona que presentó su solicitud en la Consejería de Bienestar Social, el día 3 de Agosto del año 2015. Ha transcurrido más de año y medio desde esta solicitud y aun no se ha dictado resolución. Esta persona, tras insistir mucho, sólo ha conseguido una certificación de la Jefe del Negociado, donde se certifica que la solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse una fecha probable de resolución del procedimiento.

Yo a esto, lisa y llanamente lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Estos días de atrás, la Consejera de Bienestar Social comunicó que iba a tomar medidas para regularizar la situación (más de 2.000 expedientes atrasados, pendientes de resolver) y que iba a incrementar la plantilla de funcionarios para  dinamizar el trámite de las solicitudes. Me gustaría creerla y me encantaría que esas medidas se pongan en marcha cuando antes. El problema es que, cuatro años atrás, la anterior Consejera también anunció una serie de medidas y además de eso, se comprometió con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera.  Todo quedó en promesas y en palabras huecas, porque todo sigue igual.

Sólo podrán eliminarse las listas de espera, si hay auténtica voluntad política, para pagar el salario social a las personas necesitadas, dentro del plazo legalmente establecido de tres meses. Se trata sólo de cumplir la Ley. Todos los l ciudadanos  sin excepción, estamos obligados a cumplir la ley, so pena de incurrir en sanción, y todas las Administraciones Públicas, sin excepción, están obligadas a cumplir con los preceptos legales. Entonces, por qué el Principado ha de tener bula para no cumplir.

Estas pobres gentes que no tienen ningún tipo de ingresos, quedan desamparadas por el Gobierno del Principado de Asturias y como único recurso sólo les queda el de recurrir a las ONGs para que les faciliten alimento básico y ropas de segunda mano. Por ello, si al Gobierno del Principado le quedada algo de dignidad, debería de resolver el problema ya. Y si no lo hace, debería de pensar que en cualquier momento, algún solicitante, harto de tanto negligente retraso, podría recurrir al Juzgado correspondiente para perseguir un posible delito del Funcionario o de la Autoridad que no cumple con una obligación legal. Aunque, claro, como sabe que ese pobre solicitante no tiene ni recursos para comer, menos recursos va a tener para solicitar la tutela judicial.

Por favor, Gobierno del Principado, no sigan manteniéndose impasibles ante lo que ocurre. Tengan un poco de dignidad e implementen todas las medidas que se requieren para cumplir con la Ley.  Menos palabras huecas y más hechos. Termino diciendo que, sería bueno que algún gobernante recibiera a una de esas personas y mirándole a los ojos, escuchara y comprobara de primera mano cuál es su penosa situación. Probablemente, su sensibilidad social sería otra y se lanzaría a tomar medidas inmediatas. ¿Es mucho pedir para cumplir la ley? Igual sé lo es para los políticos.

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CURSO SOBRE MOSQUITOS
Guillermo Díaz Bermejo 11-04-2017 | 2:41 | 0

Definitivamente creo que nuestros gobernantes han perdido el norte. Pienso que, o porque no saben, o porque se dedican sólo a sus intereses de partido, son incapaces de hacer frente, atajar y resolver los grandes problemas que tenemos. Y en este estado de cosas, para justificar sus sueldos, o para justificar que hacen algo, se dedican a gastar nuestros dineros en auténticas paridas. Y si estoy equivocado, amigo lector, juzgue usted mismo lo que voy a contar.

Entre el los días 3 al 7 de este mes de Abril, se ha celebrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, un Curso Regional de Capacitación en Detección y Vigilancia de los Mosquitos y Registro y Análisis de Datos con miras a la Gestión Integrada Zonal de los Mosquitos en la Zona de Europa . La finalidad del curso era crear capacidad y transmitir aptitudes básicas de detección y vigilancia del mosquito. (Me limito aquí a transcribir literalmente la convocatoria de este extraño engendro).

Este curso, ha tenido 24 participantes procedentes de diferentes países europeos y el idioma  de instrucción ha sido el inglés, lo que ha exigido el empleo de varios intérpretes.

Para que este curso mosquitero pudiere celebrarse, nuestro magnánimo gobierno, se comprometió con la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) a proporcionar locales, servicios, equipos técnicos (proyectores, pantallas de cristal líquido, fotocopiadoras, ordenadores portátiles, etc.). Se comprometió también a proporcionar un director del curso que había de servir de enlace con la OIEA. A proveer la necesaria dotación de personal administrativo, auxiliar e intérpretes que sean necesarios para el desarrollo adecuado del curso, incluido un Oficial de Finanzas. A suministrar el material didáctico y las publicaciones necesarias para el curso.

Como esto parece poco y nos sobra el dinero, nuestro gobierno también se comprometió a proporcionar los conferenciantes e instructores que se precisaban, a adoptar las disposiciones necesarias para el transporte, alojamiento y desplazamientos locales que estos necesiten. A sufragar los gastos de viaje y estancia, así como dietas y honorarios de los conferenciantes que sean contratados por el OIEA. A sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta a Valencia, así como un estipendio que cubra los gastos de alojamiento, alimentación e imprevistos, de los participantes seleccionados por el OIEA. Y para terminar, a asumir los gastos de una recepción para un máximo de 35 personas que asistan al curso en calidad de participantes, conferenciantes o personal directivo.

En el canje de notas intercambiado entre nuestro Gobierno y la OIEA –esto no nos costaba dinero- nuestro gobierno deberá de guardar las normas del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los asistentes de la OIEA de 1 de Julio de 1959. Además deberá de facilitar de modo gratuito los visados de todas las personas que asistan al curso. Y además de todo esto nuestro Gobierno también se comprometió a actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los locales y de las personas asistentes al curso

No tengo noticia alguna del costo final de este curso mosquitero, pero, teniendo en cuenta que han viajado a España 30 personas, que han estado alojadas en un hotel de cinco estrellas durante una semana, que hemos pagado todos los gastos de estancia y desplazamientos. Que además hemos tenido que contratar a conferenciantes a los que además de honorarios profesionales, también les hemos tenido que proporcionar el alojamiento, como cualquiera puede imaginar, esto ha costado un pastón a las arcas públicas.

¿Cuál ha sido el retorno de esta inversión? No sé si las personas de los diferentes países que han participado en el curso, habrán aprendido algo sobre mosquitos. Supongo que algo sí habrán aprendido. Pero a nosotros, españolitos de a pie, que con nuestros impuestos, pagamos esos estipendios, ¿nos ha servido de algo este curso? Deduzco que esto habrá sido interesante para el único español que ha participado en el mismo, pero caramba, hubiere sido más barato contratar a los conferenciantes y que le dieren clases particulares a ese solo participante.

Igual estoy equivocado y alguien más instruido que yo puede rebatir esta mi opinión, pero me quedo con la sensación de que, una vez más, con este engendro de curso mosquitero, alguien ha despilfarrado nuestro dinero, lo ha tirado por la alcantarilla y no se sabe a quién ha podido beneficiar.

Claro, como el dinero público no tiene dueño….Mas despropósito no cabe.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.