El Comercio
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AFÁN RECAUDATORIO
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Guillermo Díaz Bermejo | 12-07-2017 | 07:18

Leo en el diario El Comercio del día 11 de Julio, que el Ayuntamiento de Oviedo planea instalar más radares y fotorojos para el control del tráfico en Oviedo. Sigue la noticia diciendo que actualmente, es en los radares de la rotonda de la Cruz Roja y de la Plaza de Castilla, donde más denuncias se formulan y donde se levantan más atestados por alcance de vehículos. Dice el Concejal responsable, que esto no tiene que ver con recaudar ya que el objetivo es la prevención y agilizar el tráfico.

Si como también se dice en esa noticia, la memoria de Seguridad Ciudadana de 2016, revela la tendencia a la baja de los accidentes, así como la ausencia de atropellos mortales en los cuatro últimos años, qué sentido tiene que se pretenda instalar más radares y más fotorojos,si no es para meter la mano en el bolsillo de los incautos conductores y con ello mejorar su voracidad recaudatoria.

A la vista de los datos que reflejan los presupuestos municipales de los últimos años, se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2012, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos definidos para 2016. Ni más ni menos se ha incrementado el presupuesto en un 100%  respecto al que había hace cuatro años. ¿acaso en el Ayuntamiento de Oviedo se cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante? Todo un contrasentido a la vista de la reducción de los accidentes que ellos mismos recogen en su memoria.

Qué sentido tiene que se pretenda instalar aún más radares y fotorojos, cuando estas cámaras que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que, sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo, tal y como se recoge en la memoria de accidentes ocurridos en 2016 en las dos glorietas comentadas anteriormente.

Qué sentido tiene que se quiera instalar aún más de esas cámaras que no cumplen las normas UNE, que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. Que se explique la ilegalidad de las multas de las cámaras instaladas en las calles peatonales, aun cuando se ha apresurado a publicar a toda prisa, una ordenanza que las maquille, tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo. O que se explique por qué en el famoso bulevar de la Y, donde no hay ningún problema de seguridad vial, se ha instalado una cámara que ya ha sido declarada ilegal por los Tribunales por no cumplir las normas técnicas, algo que explícitamente ya ha reconocido el propio concejal del ramo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

Resulta indignante que se pretendan instalar más fotorojos, aun cuando el Ayuntamiento sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, se le niegan los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE.  Resulta aún más indignante cuando hasta el propio Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero, aun así, como el Ayuntamiento sabe que el conductor pillado, no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata. Y para esto, aunque sean ilegales, qué mejor que instalar mas cámaras.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado indebidamente. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. El Ayuntamiento debería de saber y sabe que esa comunicación precipitada a la Dirección General de Tráfico y que provoca en el historial del conductor sancionado que en sus antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar), es un claro atentado contra el honor y que por eso el conductor tiene derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, en vez de tanto afán recaudatorio, por qué el Ayuntamiento no se dedica a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretendan estrujar al conductor.  Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando el Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora por ser pillado en estas cámaras, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente está incurriendo en un delito de prevaricación.

No entiendo por tanto que, pese a los pronunciamientos de los Tribunales, que declaran nulas de pleno derecho este tipo de sanciones, el Ayuntamiento de Oviedo pretenda seguir ampliando el número de cámaras y fotorojos, si no es para otra misión distinta a la de recaudar de modo fácil. Una cosa es velar por la seguridad del tráfico y la movilidad, y otra distinta es recaudar con unas armas que, además, son ilegales. Lamentable.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.