El Comercio
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Fecha: septiembre, 2017
QUÉ SE OCULTA EN CATALUÑA
Guillermo Díaz Bermejo 16-09-2017 | 8:21 | 0

De un tiempo a esta parte, todos los días, a todas horas, en los medios de comunicación nacional y en las tertulias, se viene hablando sin parar del problema que genera el secesionismo catalán, o del referéndum imposible,  o de las consecuencias que esta independencia tendría para Cataluña, España y la propia Unión Europea. Todo parece indicar que esta situación puede terminar muy mal. En este estado de cosas, lo que me sorprende es, por qué los medios de comunicación y más concretamente los catalanes, no hablan de la desastrosa gestión de Artur Mas, que es el culpable directo de haber metido a los catalanes en esta senda sin retorno.

Para nada se habla ni se critica la desastrosa gestión de este personaje, que perdió cinco años de su mandato defendiendo intereses inconfesables, destrozando a su partido conservador CIU y aliándose con la izquierda republicana, en vez de gobernar para resolver los graves problemas que tienen los catalanes, como son la sanidad, la educación y en definitiva los verdaderos problemas de los ciudadanos. ¿por qué no se habla de esto?

Yo tengo muy claro por qué la prensa catalana enmascara esta desastrosa gestión, y además de eso, por qué nunca, en ningún momento, habló o habla de las necesidades e intereses de ese 50% de catalanes que no quieren la independencia, que quieren ser ciudadanos catalanes y españoles. La razón de ese silencio está sin duda en los más de ocho millones de euros con los que Mas subvenciono, concretamente al diario La Vanguardia, ya que con ese dinerillo que más que una subvención, era un soborno, les cerraba la boca.

¿Por qué no se habla del robo a manos llenas y del expolio que llevó a efecto todo el clan de los Pujol, que es quien apadrinó a Artur Mas?  Por qué no se habla de las 16.000 empresas que tras esta desastrosa deriva, cerraron sus puertas en Cataluña? ¿por qué no se habla de todos los recortes que ha hecho a los catalanes imponiendo por ejemplo el pago de 1 euro por cada receta médica? ¿por qué no se habla del monumental agujero que Cataluña tiene en su deuda pública y que durante el mandato de Arthur Más se duplicó?.

Lo cierto es que, esta huida hacia adelante que inició Más, ha metido a todos los catalanes en un déficit fiscal impresionante. En este momento, los catalanes son los más endeudados de España y así,  cada catalán debe 8.252€ al erario y la deuda pública está situada en 75.443 millones, dato este que sitúa a Cataluña como la comunidad autónoma más endeudada de España. Sólo en los cinco años del lamentable mandato de Mas, la deuda se incrementó en 34.000 millones.

La Generalitat, actualmente al mando de Puigdemont, y con un claro objetivo secesionista, está ocultando maliciosamente que el Estado español, en este momento, está cubriendo el 66% de la deuda de la Generalitat. Está ocultando que desde 2012 se ha cuadruplicado su nivel de dependencia de la financiación del gobierno central y que las agencias de calificación de solvencia internacionales están calificando sus bonos basura y por eso al no poder acudir a los mercados o a la banca para financiarse, tiene que recurrir al Estado español, que es el único prestamista que tiene. Por su total falta de credibilidad, hasta el Banco Central Europeo les ha cerrado sus puertas.

Se oculta también que si Cataluña se independizara, tendría que asumir esa deuda pública y tendría que devolver al estado español los préstamos que se le han dado. Esto sería tanto como asumir el 20% de la deuda española y eso, añadido al 21% del PIB que tiene la Generalitat, pondría a Cataluña en una situación financiera inviable y por tanto de quiebra total.

¿Por qué Pilar Raola va a Tele5 y allí se erige como la única voz de los catalanes hablando en castellano, aun cuando antes, en su condición de política hablaba catalán en el Congreso?  No será porque en esa cadena le dan un cheque cada vez que va?

Ya va siendo hora de que esos medios de comunicación comprados, dejen de ocultar la verdad, ya que si lo siguen haciendo, serán cómplices directos de ese camino sin retorno secesionista. Los catalanes no secesionistas, junto con el resto de los españoles, tienen derecho a expresar sus opiniones también y tienen todo el derecho a que se les oiga y a discrepar de esa ofensiva separatista, que persigue la ruptura definitiva de Cataluña. Esos medios también tendrían que hacerse eco de lo que piensan esos ciudadanos que no quieren que se les obligue a separarse de España y que no aceptan las burdas mentiras de los independentistas que de modo sistemático quieren tergiversar la historia. Estos ciudadanos tampoco aceptan esa mentira nacionalista de que España roba a Cataluña.

Esos catalanes no independentistas, necesitan denunciar y hacer pública esa falta de libertad que sufren en Cataluña, forzándolos a aceptar única y exclusivamente el discurso independentista como si fuere el único válido. Los independentistas pretenden imponer el pensamiento único y para ello, la mejor forma es tapar la boca a los medios de comunicación digamos oficiales, así como a las administraciones autonómicas y municipales, para que siempre, en todo lugar y en todo momento, se hable sólo de las falsas razones del independentismo.

Y por si esto fuere poco, ahora, una vez que ya han iniciado la campaña para ese referéndum imposible, cuando ya está corriendo el plazo dado por el Ministerio de Hacienda para intervenir las cuentas de la Generalitat, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dicen haber remitido una carta al Rey y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que hacen “un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español” para dar una salida a la cuestión catalana. Es paradójico además que esta carta, que según parece no ha llegado a la Moncloa ni a la Zarzuela, ha sido difundida en la televisión autonómica catalana.

 

Quienes han roto descaradamente todos los puentes y vías de diálogo, quienes incumplen flagrantemente nuestro ordenamiento jurídico, ahora, seguramente para despistar a sus militantes, salen con este llamamiento al diálogo. “A buenas horas mangas verdes”.

 

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DRONES
Guillermo Díaz Bermejo 15-09-2017 | 12:01 | 0

Esos artilugios voladores llamados drones, están adquiriendo mucha popularidad, hasta el extremo que, hoy en día, además de su cada vez más extendido uso  profesional, son el nuevo juguete de muchos niños adultos. Desde el punto de vista profesional, vienen siendo utilizados tanto para realizar grabaciones y fotografías aéreas, como para servir de soporte a trabajos técnicos o científicos,  e incluso para labores de vigilancia.  Pero también es cierto que muchos particulares los están comprando para su uso lúdico, si bien, en este caso, jurídicamente, llevan el nombre de aparatos de radiocontrol, habida cuenta de que el nombre de dron está reservado sólo a usos comerciales y profesionales o a su uso por la Administración del Estado.

Lo cierto es que los drones ya están aquí y han llegado tan rápido, que no han dado tiempo a que la Administración regule convenientemente su uso y por ello, la normativa legal es muy escasa. Ante este actual limbo jurídico, no habría nada que objetar a su uso sensato y razonable, pero no se puede ocultar que también se pueden crear muchos problemas, ya que estamos hablando de unos dispositivos aéreos que vuelan con cierta autonomía y que en manos de inexpertos, pueden generar muchos peligros tanto al tráfico aéreo como a los propios ciudadanos, o incluso, con manifiesta intencionalidad, podrían ser usados para violar la privacidad e intimidad de las personas.

Hoy en día, con la actual normativa, no encontramos reglamentado el uso de drones, por ejemplo en  la legislación sobre tráfico aéreo, o en el uso de aparatos de radiocontrol o en cualquier otra categoría en la que podamos imaginar que va a estar regulado el uso de estos artilugios. Sólo en el Real Decreto-Ley 8/2014, que aprueba medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, incluye una regulación para la explotación de estas aeronaves desde un punto de vista profesional, pero aún hay ninguna norma para usos recreativos, usos para los que el regulador sólo da algunas recomendaciones a tener en cuenta para volar drones en España  de modo recreativo.

Hecha esta introducción, pregunto: ¿A usted le gustaría que se use un aparato que puede tomarle fotos en el interior de su casa?, ¿le gustaría que alguien volara un “drone” y lo filmara cuando toma el sol con poca ropa o con ninguna, en la azotea de su casa?

No hay duda alguna que la utilización de estos drones, puede afectar e invadir el derecho fundamental que todos los ciudadanos tenemos a nuestra privacidad. Por lo que he leído, para realizar funciones de observación, supervisión, vigilancia o control, los drones policiales y comerciales, pueden ir equipados con cámaras fotográficas y de video que producen unas imágenes extremadamente nítidas. Incluso pueden llevar instalados equipos de grabación de sonido, muy sensibles y hasta cámaras de infrarrojos o sistemas de interceptación de comunicaciones móviles. Con dispositivos que llevan detectores térmicos hasta pueden ver “dentro de los muros” de las casas, o lo que es lo mismo, pueden monitorizar personas en sus casas o en oficinas y centros de trabajo.

En España aún no hay jurisprudencia al respecto, pero en Estados Unidos ya la hay muy abundante y se sostiene que el uso de un dispositivo de imágenes termales desde un punto de vigilancia público, para monitorizar las radiaciones de calor de la casa de una persona, constituía “un registro” en los términos de la constitución americana y por tanto, requiere una orden judicial para llevarla a cabo.

Además de los dispositivos de vigilancia comentados, los drones pueden llevar instalada una gran variedad de programas y aplicaciones informáticas que pueden ampliar aún más las posibilidades de vigilancia. De modo concreto se les puede equipar con aparatos de reconocimiento facial o biométrico lo que permite que sin muchas complicaciones, se pueda monitorizar o seguir a personas basando en parámetros como altura, edad, raza o sexo. Evidentemente, las invasiones de la privacidad y los altos riesgos que conlleva, son muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que, a diferencia de una cámara de seguridad  fija, instalada en una fachada, por ejemplo, los drones o aparatos no tripulados pueden volar a muchos metros de altura y por tanto pueden pasar desapercibidos para los ciudadanos mientras filman o graban cualquier persona, sin que nadie se entere de la operación.

Estamos pues ante un escenario donde, potencialmente, pueden producirse grandes abusos en el uso de unas tecnologías aún bastante desconocidas para nosotros. Hipotéticamente podría tener cierta tranquilidad si quien usa esos artefactos es un policía o un funcionario habilitado, pero ¿qué pasa cuando quien usa el aparato es una empresa privada que está realizando grabaciones comerciales, o es un particular algo voyeur, que usando un juguetito de esos, fisgonea a los vecinos? O ¿qué pasa cuando el aparato lo utiliza un delincuente con fines criminales?

A todos estos problemas de vigilancia, obtención de fotografías, videos, grabación de sonidos, etc. tenemos que añadir los problemas de seguridad derivados del vuelo de estos aparatos. No es la primera vez que uno de estos artilugios se estrella y rompe una ventana en el mejor de los casos y en el peor hiere a un ciudadano. Y qué decir de la amenaza para la seguridad pública que supone el que, por ejemplo, un terrorista altere informáticamente la señal GPS del dron, toma el control del aparato en vuelo, y lo estrella contra un edificio o contra un grupo de personas.

En nuestro ordenamiento, como decía antes, los drones y los aparatos de radiocontrol están en un limbo jurídico y por tanto, dada la proliferación de estos aparatos, se requiere de una urgente regulación. La Agencia Española de Protección de Datos ya está estudiando los riesgos que general para la protección de la intimidad de los ciudadanos. Igualmente, la Comisión Europea ya ha pedido a los estados que adopten una normativa común para regular el uso civil de los drones y con ello garantizar la seguridad, proteger la privacidad de los ciudadanos, así como establecer un sistema de aseguramiento obligatorio para responder de las responsabilidades que se puedan derivar de un accidente.

Como recuerda el presidente de la Asociación Profesional de la Privacidad, “la frontera de la privacidad comienza cuando acaba la vía pública”. Así que, entre tanto el niño grande  aprende a manejar su aparato de radiocontrol o la Administración instruye  a los funcionarios sobre todo lo relativo al cumplimiento de la legislación y entre tanto espero a que haya regulación concreta que preserve mi privacidad, procuraré cerrar los visillos de las ventanas, y dejaré de ir a tomar en sol en pelota en la terraza mi casa. ¡cachis qué faena

 

 

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CONTROL EMPRESARIAL DEL CORREO ELECTRÓNICO
Guillermo Díaz Bermejo 06-09-2017 | 8:38 | 0

Debido al fuerte desarrollo de los sistemas ofimáticos, las empresas vienen mostrando una gran preocupación, por el uso y en muchos casos abuso, de los ordenadores personales, teléfonos móviles o tabletas que ponen a disposición de sus trabajadores para realizar el trabajo. Los empresarios se quejan de las pérdidas de tiempo que se producen navegando por internet para uso privado, o por el reiterado intercambio de correos electrónicos y archivos que se envían o reciben de amigos. Se quejan también y a mi juicio con mucha razón de que, además de pérdida de productividad,  de la saturación de sus servidores por los correos electrónicos no deseados, o de la apertura de vías para introducir virus informáticos en sus sistemas, cuando se deciden a despedir a ese digamos “abusador”, los Tribunales pueden dictar sentencias que no reconozcan esos motivos de despido.

Y esto es así porque, entre tanto no se produzca una regulación legal de la materia, (hay ausencia de regulación específica así como un manifiesto silencio en los convenios colectivos), se están generando corrientes jurisprudenciales variopintas, de modo que, cuando una comunicación electrónica es interceptada por el empresario para controlar el uso indebido, un tribunal puede declarar lícito el despido y otro puede declararlo improcedente, al haberse vulnerado un derecho fundamental cual es el secreto de las comunicaciones. Se necesita por tanto una solución jurisprudencial uniforme, que clarifique las cosas y que no dé lugar a este debate, ya que actualmente, cuando el conflicto llega a los Tribunales, los Magistrados se ven abocados a interpretar y reinterpretar una legislación que en gran medida ha quedado obsoleta por los rápidos avances tecnológicos, lo que lleva a que se dicten sentencias con fallos totalmente dispares y desiguales.

Lo que está en juego es la solución del conflicto entre el derecho del trabajador al secreto de sus comunicaciones y el derecho del empresario a establecer medidas de control de la actividad laboral, que pueden llevar aparejada la eventual interceptación de esas comunicaciones. Los más altos tribunales discrepan respecto a que una expectativa razonable de confidencialidad, sea un criterio válido para que un empresario pueda interceptar las comunicaciones del trabajador. Así, mientras la Sala IV del Tribunal Supremo, apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, resuelve en una dirección no reconociendo los motivos de despido, la Sala II se aparta claramente de esa doctrina y resuelve en sentido contrario. Por tanto, hasta tanto no exista esa legislación específica los Tribunales irán resolviendo supuestos concretos, con sentencias contradictorias, lo que a todas luces genera una manifiesta inseguridad jurídica.

Estas incertidumbres jurídicas en algún modo quedaron despejadas en una sentencia del Tribunal Supremo en recurso para unificación de la doctrina, en la que se dejan fijadas algunas pautas tanto para la empresa como para el trabajador. Esta sentencia que traía su causa en el despido de un directivo de determinada empresa, al haberse detectado en un registro de los archivos temporales de su ordenador, que con habitualidad visitaba páginas pornográficas. Tanto el Juzgado de lo Social, como después el Tribunal Superior de Justicia reconocieron la improcedencia del despido al considerar inválida la prueba practicada por la empresa, ya que había sido obtenida vulnerando los derechos del trabajador. Igualmente, el Tribunal Supremo da la razón al trabajador pero por razones diferentes a las anteriores sentencias. Así, mientras que las sentencias anteriores sostenían que la prueba obtenida contravenía lo dispuesto en el artº 18 del Estatuto de los Trabajadores para el registro de la taquilla del trabajador y sus efectos personales, sin la presencia del trabajador ni de representante alguno del comité de empresa, el Alto Tribunal vino a considerar que el ordenador que la empresa pone a disposición de los trabajadores no es asimilable a la taquilla del trabajador, y en consecuencia no es aplicable lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto.

Por mi parte entiendo que un derecho fundamental, cual es el secreto de las comunicaciones, no es un derecho absoluto y que ese derecho se debe de modular en atención a las circunstancias concretas, sobre todo cuando este derecho del trabajador entra en colisión con la protección de otros derechos que también tiene la empresa. En esta línea se pronunció el Tribunal Constitucional al señalar que no puede desconocerse que el hecho de trabajar dentro de una empresa,  modula los derechos del trabajador, en la medida imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva.

El derecho del empresario a controlar la actividad de sus trabajadores viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores al disponer que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas, de vigilancia y control, para verificar el cumplimiento por el trabajador, de sus obligaciones y deberes laborales., guardando en su adopción y aplicación, la consideración debida a su dignidad. Esta facultad deriva a  su vez de los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la libertad de empresa. O hay duda que en el curso de una relación laboral, pueden entrar en conflicto los derechos fundamentales del trabajador con el derecho del empresario a controlar la actividad laboral.

Así pues, considero que, para evitar una expectativa razonable de confidencialidad, si el empresario hace una advertencia de prohibición, como consecuencia de su derecho de control y vigilancia, ese empresario ya queda legitimado para poder interceptar de modo razonable a las comunicaciones, navegación o correos electrónicos del trabajador. Lo que está prohibido expresamente, no se puede hacer, y por tanto esa espectativa de confidencialidad deja de existir. Esa prohibición expresa de uso extralaboral y por consiguiente su limitación a fines estrictamente profesionales, llevan aparejada la facultad de la empresa a controlar su adecuada utilización. Si no existe tolerancia al uso personal del ordenador para cosas privadas, no puede existir ninguna expectativa razonable de confidencialidad.

Este es también el criterio empleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna de sus sentencias. Concretamente en la última dictada hace tan solo algunos días, no prohíbe a las empresas vigilar la comunicación profesional de sus empleados, ni tampoco que estos mantengan comunicaciones privadas en el lugar de trabajo, pero sí señala que en ambos casos deben establecerse límites y si se avisa previamente de esos límites, no se contraviene la protección de la vida privada de los trabajadores.

Por tanto, como conclusión, mi opinión es que conforme a la jurisprudencia existente, si la empresa establece previamente unas reglas de uso de los recursos ofimáticos puestos a disposición del trabajador, la interceptación de las comunicaciones hechas dentro de la empresa serán lícitas y por tanto en caso de uso indebido, se producirá causa justa de despido.

Como consecuencia, teniendo siempre presente el principio de la buena fe, lo que debería de hacer cualquier empresa, es establecer y comunicar fehacientemente un código o reglamento de uso de los equipos informáticos en el que se establezcan los usos permitidos así como las prohibiciones parciales o incluso totales. Igualmente se tendrá que informar a los trabajadores de que van a existir controles y de los medios que se van a utilizar para comprobar que los usos personales son acordes al reglamento de uso establecido. Podría incluso informarse de la restricción de accesos a determinadas páginas o a determinados ficheros (hablaré en otro artículo sobre los accesos de trabajadores a datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Entiendo que de cara a la elaboración de estos reglamentos de uso, no deberían de establecerse prohibiciones muy rígidas y debería de concederse una cierta permisividad ya que, un trabajador que se relaje de vez en cuando navegando por internet, quizá sea más productivo a largo plazo. Lo que sí tiene que quedar claro es que esta posible expectativa de confidencialidad no puede transformarse en una eliminación del control empresarial. Bajo ese principio de buena fe al que aludía antes, si se ha dado determinada permisividad la empresa ha de respetar esa parcela de intimidad. Pero, por ejemplo, si la empresa advierte claramente a los trabajadores de que van a existir controles periódicos, ningún trabajador podrá esgrimir su derecho a la intimidad con el fin de eludir sus obligaciones laborales durante la jornada de trabajo.

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.