El Comercio
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Fecha: noviembre, 2017
¿POR QUÉ NO VIOLENCIA DOMÉSTICA?
Guillermo Díaz Bermejo 25-11-2017 | 9:15 | 0

Hoy, con ocasión del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en todos los medios de comunicación corren ríos de tinta hablando de la violencia machista. La portada del diario El Comercio recoge cuarenta mensajes por cuarenta víctimas y aparecen asturianos relevantes, levantando sus carteles contra la violencia sobre las mujeres. En prensa, radio y televisión se habla sin parar de “crímenes machistas”, “violencia machista”, “acabemos con la violencia machista”, “basta ya de violencia contra las mujeres”.

Va por delante que repudio todos esos brutales asesinatos de mujeres, que claramente sitúo en el ámbito del crimen machista o de la violencia de género. En lo que no puedo estar de acuerdo es que sólo se proteste, se chille, se hagan concentraciones, se guarden minutos de silencio o se pongan pancartas,  contra la violencia llamada de género o machista, pero se calle o silencie toda la violencia que se da en el ámbito doméstico. Parece que se ignora que también hay hombres maltratados e incluso asesinados, que hay hijos o hermanos maltratados y asesinados, que hay padres y abuelos maltratados. Por esto, debería se eliminarse la excluyente expresión de violencia machista o de género y sustituirla por la más genérica de “violencia doméstica”.

Voy a tratar de justificar lo que sostengo  a renglón seguido, tomando como referencia la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y empiezo diciendo que no sólo hay mujeres maltratadas. También hay hombres maltratados, hay padres maltratados, hay hermanos maltratados y hay otros familiares maltratados. Tomo como referencia también la Ley de Igualdad de 2007 que pretende conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En esta ley, que conceptúa la violencia de género como un tipo de violencia contra la mujer, cometida por un hombre, el legislador ha considerado que el hombre siempre se encuentra en una situación de superioridad sobre la mujer, porque suele ser el que tiene más fuerza física y con ello crea una presunción de culpabilidad que difícilmente admite prueba en contrario. Así, a título de ejemplo, no considera que pueda haber casos en que el hombre físicamente puede ser más débil que la mujer. Un sector de la judicatura sostiene que <> y esto, evidentemente, se opone a la idea de considerar a la mujer, por definición, especialmente vulnerable ya que también podemos encontrarnos con hombres y otros familiares, especialmente vulnerables. El propio Juez Serrano, Magistrado titular de un juzgado de familia, habla de una falsa violencia machista y habla de una realidad silenciada, diciendo que hay muchos hombres condenados porque sus mujeres los denunciaron falsamente. Este Juez informa también que sólo en la Comunidad de Madrid, hubo un total de 2.589 delitos de violencia femenina sobre sus parejas masculinas.

Parece más que evidente, que esta ley discrimina a los hombres heterosexuales por razón del sexo, al no considerar la violencia contra el hombre como un delito, como lo hace con la mujer, y esto, sin duda contradice el artículo 14 de nuestra Constitución que establece el “principio de igualdad” sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.  Pero es que además, desde que en 2005 se permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, también los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas, van a quedar discriminados por la Ley de Violencia de Género. Y diría también que incluso discrimina a las propias mujeres que en el siglo XXI luchan por una igualdad de oportunidades ya que la ley lleva expresamente a que la mujer está en inferioridad de condiciones frente al hombre.

A mi juicio, la actual Ley de Violencia de Género fue promovida por un gobierno que no quiso mantener el concepto amplio de violencia familiar o doméstica, que antes englobaba a todos los maltratos que se daban en el hogar, sin distinguir ni el sexo ni la condición de las víctimas. Aunque la violencia en el ámbito familiar está prevista en el Código Penal Español, esta a mi juicio discriminatoria Ley, limita el término de violencia, sólo a la que ejercen los hombres y padecen las mujeres, negando así cualquier opción a que la situación pueda ser distinta. Por tanto, si la Constitución nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, esta ley tiene todos los visos de ser inconstitucional porque como se decía antes, discrimina a los hombres, a los homosexuales o a las lesbianas.

Entiendo que la violencia contra el hombre por parte de la mujer, tiene una incidencia menor, pero eso no quiere decir que no la tenga y los datos así lo demuestran y por tanto, también debería ser objeto de atención. Sin embargo este es un tema tabú, quizá porque alguien puede lanzar rápidamente la acusación de machismo. Probablemente este tabú tiene que ver con el rol estereotipado que ve a los varones como el sexo fuerte.

Concluyo por tanto sosteniendo que esta ley debería de ser modificada y volver a un estado anterior en que se perseguía la violencia doméstica. El ámbito de la violencia doméstica engloba por supuesto a la violencia de género o machista, pero también a toda la violencia doméstica en la que quedan incluidas mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, padres, hijos, abuelos y resto de la familia. Pudiendo englobar el todo, discrimina, sólo considera débil a la mujer y por tanto sólo la protege a ella. ¿Bastante injusto no?

 

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NO HE LEÍDO PERO ACEPTO
Guillermo Díaz Bermejo 22-11-2017 | 5:17 | 0

Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con  jóvenes emprendedores que recurren a nosotros, en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo  sobre la necesidad de redactar de modo claro, los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: “y eso que más da si nadie los lee”.

Al principio te quedas sorprendido por esas afirmaciones, pero después reflexionas y te das cuenta de que ciertamente tienen razón.  Yo mismo reconozco que, aun cuando tengo formación jurídica y conozco las consecuencias legales que implica ese precipitado click que hago para aceptar algo, en muchas ocasiones, por prisa o  por ese qué más da,  he aceptado unos términos y condiciones que no he leído previamente.

Cualquier usuario que se mueva por la red, cualquier persona que esté utilizando las redes sociales como Facebook, Twiter o Google, cualquier usuario que utilice la banca electrónica, reserve hoteles, compre billetes de avión, cualquier usuario que haga compras por internet, o en definitiva, cualquier usuario que utilice la infinidad de servicios que se ofrecen en la red, indubitadamente se va a encontrar con una casilla en la que tiene que hacer click y con ello aceptar los términos y condiciones que se le imponen si quiere hacer uso de esos servicios. Instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores, nos registramos en redes sociales, nos damos de alta en todo tipo de servicios y firmamos una y otra vez de modo indubitado, sabiendo que esas empresas y proveedores, lo que hacen es redactar avisos legales sin arriesgarse a dejar ningún resquicio legal y sobre todo cuidándose sus espaldas.

Probablemente, aceptamos de modo mecánico estas condiciones, por pereza, por falta de tiempo, por buena fe, por comodidad o incluso porque alguna vez intentamos leer un largo y farragoso texto, lleno de formulismos legales que, al no tener conocimientos jurídicos, en vez de resultar clarificador, te dejan aún más confundido. En esta situación tan confusa, como lo que nos interesa es utilizar el servicio que nos ofrecen, dejamos a un lado la lectura del texto y nos limitamos a aceptar de modo mecánico. Es decir, hemos dado un consentimiento “desinformado”.

Y ¿qué es lo que hemos aceptado? Aunque no hayamos leído nada, lisa y llanamente hemos aceptado un contrato, con la misma validez legal y con los mismos efectos jurídicos que si lo hubiéremos firmado en un documento escrito en presencia de las partes. Así que, a partir de ahí, poco podremos hacer si alguno de esos servicios abusa de nosotros, por ejemplo, cediendo o vendiendo nuestros datos personales a otras empresas. Y podremos hacer poco o nada, sencillamente porque de modo expreso hemos aceptado esas condiciones.

Antes de escribir este artículo, me he tomado tiempo para leer a fondo las condiciones de Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Estuve toda una tarde leyendo e interpretando términos y condiciones y la conclusión que he extraído es muy clara. He regalado todos mis datos personales y de mis amigos, he regalado mis derechos de propiedad intelectual sobre lo que escribo o sobre las fotos que publico, he consentido que me rastreen esté donde esté y que con técnicas de bigdata sepan todo lo que hago, donde estoy, con quien estoy, que gustos o aficiones tengo, cual es mi ideología, cual es mi tendencia sexual, e incluso pienso que también llegan a saber si tengo una aventura o una relación extramatrimonial.

He aceptado también que cuando les venga en gana, a su criterio y sin mi consentimiento, puedan cambiar estas condiciones de uso. Y si todo esto no me gusta y deseo presentar contra ellos una demanda judicial, he aceptado expresamente que me someto a los Tribunales americanos donde están ubicados estos gigantes tecnológicos. Incluso, en algún caso he aceptado que expresamente renuncio a llevar a los tribunales al prestador de esos servicios.

Es cierto que en España, legalmente, las empresas que operan en nuestro país tienen la obligación de informar a sus usuarios mediante avisos legales, sobre sus políticas de privacidad, usos de cookies, o condiciones generales de contratación. Pero ¡qué más da que tengan esta obligación legal!. Estas operadoras cumplen con la ley, pero el problema es que hacen un minucioso redactado con un solo objetivo: No asumir ninguna responsabilidad y de paso limitar o reducir las garantías de los usuarios.  Como saben que el usuario quiere utilizar sus servicios, lo hacen prisionero provocando que hagan ese click de aceptación, cuando en realidad saben que ese usuario está prestando un consentimiento desinformado, por muy exhaustivo que sea ese aviso legal. En resumen, ese famoso “he leído y acepto los términos y condiciones” es esa gran trampa en la que nos meten los diferentes operadores, ya que aceptamos pero desconociendo todos los detalles.

Como muestra de esa aceptación mediante un precipitado click de algo que no he leído, en Londres, una empresa de seguridad, con la colaboración de la Europol, hizo un experimento para poder probar que los ciudadanos no saben lo que aceptan. El resultado del experimento fue que muchas personas aceptaron entregar a sus hijos para toda la vida, al aceptar los términos de la conexión a una red wifi pública. Probablemente esto ocurre porque tenemos prisa, porque no queremos perder el tiempo. Además, realmente, leer todos los términos y condiciones de todo lo que usamos, implicaría muchas horas e incluso muchos días para leer todo. Y si a eso añadimos los lenguajes con cierta complejidad jurídica que no está al alcance de las personas que no hayan estudiado derecho, mal vamos.

El gran problema es que los operadores de estos servicios, nos ponen ante el dilema de “o lo tomas o lo dejas” y si quieres usar sus servicios, indubitadamente no tienes más remedio que aceptar. Y al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación de tus gustos, en definitiva de toda tu vida. En conclusión, en internet nada es gratis.

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NO SON PRESOS POLÍTICOS
Guillermo Díaz Bermejo 09-11-2017 | 9:10 | 0

Como leí por una red social en sentido jocoso, decir que los independentistas catalanes son presos políticos por sus ideas, es lo mismo que decir que los violadores están en la cárcel por practicar el sexo.

Es verdad que en la Unión Europea, probablemente, por primera vez se ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos, no por corrupción o por delitos comunes, sino por una manifiesta insurrección institucional. También es cierto que estas decisiones judiciales pueden resultar traumáticas y que de hecho están provocando muchas reacciones de todo tipo. Pero, en lo que en modo alguno puedo estar de acuerdo es que ciertos dirigentes como Iglesias, Colau y otros más, digan que España hoy es una dictadura, donde hay presos políticos porque se detiene a los opositores. Concretamente Pablo Iglesias recrimina aquí lo que en sentido contrario aplaude que se haga en Venezuela. Tampoco puedo estar de acuerdo con esas consignas de “libertad para los presos políticos” que utilizan propagandísticamente los independentistas para convencer a no sé quién, de que en España tenemos un estado opresor que encarcela a los disidentes políticos por sus ideas.

Lo que sabemos con certeza, porque se ha comprobado, es que los hechos por los que se les juzga, son que todos los miembros del Gobierno de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para llevar a cabo un referéndum independentista, para declarar el estado catalán independiente en forma de república. Utilizaron violencia intimidatoria de sectores independentistas de la población, llamaron a la insurrección y vulneraron descaradamente tanto nuestra Constitución, como todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional vino dictando ya desde el pasado 2015. Es cierto que tenían la mayoría absoluta de diputados, pero no así de votos. Estos personajes públicos también se valieron de las asociaciones civiles independentistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana,   a las que pertenecen un gran número de los diputados y miembros del Govern.

Elaboraron un documento titulado “reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica” que era la hoja de ruta para llegar a la independencia y que definía el papel que cada uno debería de jugar en el plan establecido. Este documento, en realidad, lo que recogía es todos los pasos que terminó ejecutando el gobierno de la Generalitat y el Parlament.

En este proceso, aprobaron leyes y resoluciones para dar aparente cobertura legal al proceso. Estas leyes y resoluciones fueron declaradas todas inconstitucionales. Cataluña no tenía competencia ni para declarar el referéndum ni para ejecutar el proceso de desconexión. Pese a todo esto, Pugdemont lideró la movilización de los sectores independentistas y se saltó a la torera la Constitución. Promovieron actos, manifestaciones, proclamas para inyectar en la sociedad la idea de que existía un derecho de autodeterminación y que todo lo que estaban haciendo estaba legitimado.

El gobierno de Puigdemont, para conseguir efecto intimidatorio, asumió de modo exclusivo el mando de los Mossos d`esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos. Se mandaron cartas a los alcaldes catalanes para que pusieran a su disposición los locales municipales necesarios para celebrar el referéndum, mandado que algunos alcaldes desatendieron. En mítines se hicieron llamamientos al enfrentamiento. Se promovieron movilizaciones y concentraciones tumultuarias para oponerse a la ejecución de órdenes judiciales, para impedir que policía y Guardia Civil cumplieran sus funciones, así como actos de acoso o “escraches” en sus lugares de trabajo y de descanso. Se trataba de conseguir la secesión de modo coactivo.

El pleno del parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que como sabemos, provocó la aplicación del art 155 de nuestra Constitución. El gobierno organizó y financio con fondos públicos, todo el proceso. Se habilitaron partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades derivadas del proces. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas partidas.

Pese a eso Puigdemont hizo posible la realización de pagos por importe de 6.207.450 €, no ya por llevar adelante un acto contrario a derecho, sino que además, es constitutivo de un delito, en cuanto que vulnera una orden constitucional. Se ordenaron gastos para algo que era delictivo. Eran gastos que nada tenían nada que ver con la función pública y que nada tenían que ver con el correcto funcionamiento de la Comunidad.

Y todo esto,  amigos míos, lisa y llanamente,  constituye delito de rebelión del artº 472 de nuestro Código Penal, de sedición del  artículo 544, de malversación del 432, de prevaricación del 404 y de desobediencia del 503. Estamos hablando no de uno, sino de cinco delitos claramente tipificados en nuestra Ley penal. Y además de todo esto, también deberíamos de hablar de la gran fractura social que se ha provocado en Cataluña, unida a unas desastrosas consecuencias económicas y a una falta total de reconocimiento internacional de este procés que ojala olvidemos pronto.

Por tanto, los que ya están en prisión provisional y los que han huido a Bruselas que confío pronto estarán en prisión también, en modo alguno son presos políticos, son presos en prisión preventiva hasta que se les juzgue por los cinco delitos de los que se les acusa.

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¿DE DONDE SALE EL DINERO?
Guillermo Díaz Bermejo 08-11-2017 | 6:34 | 0

Todo el mundo sabe lo que cuestan las estancias en hoteles, los billetes de avión o las comidas, desayunos y cenas que se hacen cuando uno viaja al extranjero. A estos gastos que está soportando el Sr. Puigdemont y sus Consejeros, además, hay que añadir el pago de unos cuantiosos honorarios profesionales del Abogado que los defiende, así como los costos de alquileres de salas y de otros medios que están utilizando para su propaganda política ¿Cuánto costará entonces la estancia en Bruselas, que me temo va a ser larga, del Sr. Puigdemont y sus cuatro consejeros? ¿tienen dinero para pagar todo esto?. ¿De dónde lo sacan? Teniendo como tienen sus sueldos congelados, me temo que, como siempre, este dinero ha salido y sale de las arcas de la Generalitat.

Hasta donde yo llego, y por la pública declaración de bienes y de patrimonio que el Sr. Puigdemont proporcionó al área de transparencia del Govern, cuando ocupó su cargo de president, este señor declaró que tenía un patrimonio valorado en 280.000 euros (vivienda unifamiliar en San Juliá de Remis), un dinero en cuentas corrientes de 14.000 euros y un coche Renault megane. Tenía pendiente de amortizar un crédito hipotecario de esa vivienda del orden de 127.000 euros. Los cuatro consellers que lo acompañaron, aún tienen menos dinero y patrimonio que él.

En esta situación, ¿alguien se puede creer que estos personajes, con cargo a su bolsillo pueden soportar los ingentes gastos que están generando tras su huida a Bruselas? Yo no me lo creo. ¿Alguien se puede creer, de otra parte, que los 200 alcaldes que ayer fletaron un vuelo chárter para ir a arropar a este fugado, con el propósito de hacer ruido, para provocar que la Comunidad europea se involucre en el problema catalán, lo hayan pagado de su bolsillo?. Sólo este vuelo chárter ha costado 112.000 euros, a los que hay que añadir el coste de la manutención y de los traslados en taxi desde el aeropuerto. –en esta situación, con todo el cinismo del mundo, alguno de estos alcaldes ha dicho que ha tenido que pagar 300 euros de su bolsillo,  por este vuelo.

Yo no pienso mal si digo que, previamente a esta huida, desde Barcelona ya se había planificado previamente todos los movimientos que se iban a realizar e igualmente se habían previsto y presupuestado las cantidades de dinero que se iban a necesitar. Tampoco pienso mal si digo que esa partida presupuestada, ya se había trasladado a Bélgica y estará depositado enalguna sociedad oculta,  para hacer frente a todos los gastos que se generaran. Estoy convencido que la Guardia Civil ya estará investigando y que terminará por averiguar dónde está y cómo se ha desviado ese dinero que ahora mismo está escondido el algún lugar.

Estoy convencido también, que en previsión de que la puesta a disposición del juzgado español que instruye el procedimiento, pudiere durar tres o más meses, para hacer frente a las ingentes cifras de dinero que se necesitan para mantener su estancia en Bruselas, con la correspondiente logística, e incluso con los fondos suficientes para hacer frente a los altos honorarios de su abogado defensor (1.000€ por hora de trabajo) o para hacer frente al pago de su seguridad personal, se necesitaba disponer del necesario fondo de dinero.

Ya es un secreto a voces que Omnium y la Asamblea Nacional Catalana, cuyos líderes se encuentran en prisión, han recibido subvenciones y donaciones de la Generalitat que superaron los 20 millones de euros. Es más que probable que muchos de esos dineros han ido a parar a Bruselas para sustentar allí la estancia de los fugados. Tarde o temprano, tras la investigación de los movimientos bancarios que ordenó la Juez Lamela, se terminará averiguando cómo y en qué cuantía se habrá evadido el dinero necesario. También es posible que tiempo atrás, utilizando las estructuras de sus embajadas exteriores, camuflando conceptos, se hayan ido trasladando fondos, destinados a este fin y no al normal funcionamiento de la embajada.

Sea como fuere, la realidad es que los fugados están utilizando dinero público que han sustraído para su uso personal y esto constituye otro delito más, cual es el de malversación de caudales públicos.

Qué ganas tengo de que, cuanto antes, se acabe este vodevil, se juzgue y condene a estos delincuentes, metiéndolos en prisión y embargando todos sus bienes para responder de todo lo que han defraudado. Sé que esto va a ser lento, pero confío en que el final sea este. Ojalá pronto nos olvidemos de este mal sueño catalán.

 

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UNA INSTITUCIÓN DE ROBO A GRAN ESCALA
Guillermo Díaz Bermejo 05-11-2017 | 11:39 | 0

Decía el filósofo americano Murray Rothbard que “el Estado es una institución de robo a gran escala y que los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que políticos y burócratas roben el dinero de los ciudadanos y lo despilfarren de manera vergonzosa”.  ¡¡Qué gran verdad!! Creo que a estas alturas, en España podemos decir que esta afirmación es más que correcta.

A la vista de los balances  sobre los delitos cometidos por políticos y funcionarios, que el Poder Judicial vino elaborando, podemos ver que sólo en los dos últimos años, los juzgados y tribunales han procesado o abierto juicio oral a 3.218 políticos. De ellos, hasta ahora, sólo 134 han ingresado en prisión y 633 han sido ya condenados. Pero esto no es nada nuevo, ya que desde que se aprobó nuestra Constitución, la corrupción política ha sido una constante que ha pervertido nuestro sistema democrático.  Cuando Felipe González llegó al poder, anunció una serie de auditorías para descubrir algunos casos de corrupción en el gobierno de UCD. Terminó su legislatura  con 55 casos de corrupción política. En el gobierno de Aznar se registraron 7 casos, en el de Zapatero otros 32 casos y ahora en el de Rajoy ya llevamos 17 casos.

Esta es una muestra de los niveles de corrupción que tenemos en España,  y que a diferencia de otros países, no tiene su origen en policías corruptos, o narcotraficantes, o empresarios mafiosos. En nuestro país el origen de la corrupción está claramente localizado en las castas políticas que incurren en delitos como la prevaricación, la revelación de secretos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y quizá algún que otro tipo penal que en este momento estoy olvidando. Sin control efectivo del gasto público, los tentáculos de la corrupción se han extendido a todos los niveles de las administraciones públicas, hasta el extremo que la propia Unión Europea, ante este desmadre, ha publicado un informe del GRECO (Grupo de Expertos sobre la corrupción en España), donde nos critica abiertamente al tiempo que exige que de modo urgente se restaure la credibilidad de las instituciones.

Por si fuere poco, a estos niveles de corrupción, tenemos que añadir los gigantescos despilfarros que se han realizado con gigantescas obras faraónicas que no se necesitaban para nada y que, además, en muchos casos, ni han llegado a inaugurarse.  Sin ánimo de ser exhaustivo quiero referirme a los aeropuertos fantasmas como son los de Ciudad Real, Huesca, Castellón o Corvera en Murcia. En ellos se han despilfarrado más de 4.000 millones para que sólo tengan algún vuelo testimonial y alguno de ellos, además, ha terminado cerrado por falta de uso.  De modo concreto, en el de Castellón, aunque no sirviera para nada, se gastaron 300.000 euros para construir una estatua inspirada en Carlos Fabra.

Podemos hablar también de la construcción de puertos sin barcos, como es el caso de Laredo en Cantabria, o de hospitales que aún siguen sin abrir sus puertas. Podemos referirnos a esos proyectos faraónicos como son la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, el Centro de Artes de Alcorcón, la Ciudad de las Artes en Valencia, e incluso de nuestro centollu (Palacio de Congresos de Calatrava), o a algunas líneas y estaciones de AVE, como son las de Tardiente en Huesca, Guadalajara.Yebes, Puente Genil Herrera en Córdoba, Antequera-Santa Ana en Málaga, o Calatayud en Zaragoza. Se trata de unas costosísimas infraestructuras ferroviarias, con unos costes de mantenimiento brutales, y que sólo sirven para recibir a unos muy pocos pasajeros. En este aspecto de paradas de AVE ruinosas, el primer puesto del ranking lo lleva la parada de Tardiente que en 2003 costó algo más de 211 millones de euros y que sólo recibe a cinco o seis pasajeros a la semana. Pero no sólo se trata de paradas de AVE ya que también podemos hablar de vías férreas como por ejemplo los 15,3 km de alta capacidad, que Gallardón decidió construir para unir Madrid con el parque temático Warner. Se invirtieron más de 85 millones para que tras su puesta en funcionamiento, Esperanza Aguirre decretara su cierre ya que costaba 3,3 millones al año y sólo transportaba unos pocos viajeros al día.

Podemos hablar asimismo de las ingentes cantidades de dinero que se invirtieron para pagar grandes diseños a afamados arquitectos como Calatrava, Moneo o Foster y que finalmente no llegaron a ejecutarse.

Pero, las cosas no acaban aquí, ya que como los políticos consideran que somos ricos, según los datos de que se dispone, España es el sexto país del mundo en número de coches oficiales, al disponer de una flota de más de 35.000 vehículos de los que 5.000 están destinados al uso exclusivo de los políticos de turno. ¿se imaginan ustedes cuánto costará el combustible y el mantenimiento de esta mastodóntica flota?.

Y qué decir de nuestras Cámaras de representación, ya que el Parlamento y el Senado también son una fuente de despilfarro con sus privilegios. Yo no puedo entender que estén sentados en sus escaños, sentando cátedra, hablando de subir impuestos a los ciudadanos, o hablando de evasión fiscal, cuando son ellos los que pagan menos impuestos porque tienen unas exenciones fiscales que no tenemos el resto de los ciudadanos. Tampoco se puede entender tampoco que hablen de contenciones salariales o de dificultades con nuestro sistema de pensiones, cuando ellos tienen unos ingresos muy superiores a los de los asalariados más cualificados, con unas asignaciones, unos complementos y unos beneficios para alcanzar el cobro de su pensión vitalicia, que para sí quisieran todos los trabajadores españoles. Hablo de ayudas para el alojamiento, para taxis, para manutención, para gastos de representación o incluso para que puedan tomarse copas en las cafeterías de las instituciones, con precios subvencionados por todos los ciudadanos. Y, además, sin que fiscalmente tengan que tributar por esos ingresos extras. Se da la circunstancia además que, en muchos casos, pueden compatibilizar varios sueldos públicos.

Puedo terminar hablando de nuestros representantes políticos tanto en el gobierno central como en las autonomías o en los ayuntamientos, donde la situación también es indignante, ya que muchos de ellos se han enriquecido a costa de nosotros los ciudadanos, han estado implicados en todo tipo de tramas corruptas, han cobrado comisiones por la construcción de esas obras faraónicas que después no sirven para nada y que siguen ahí, negando descaradamente cualquier tipo de acusación.

Estos políticos que hemos tenido, creyeron que los ciudadanos españoles éramos unos corderitos y que aquí no iba a pasar nada. Pues no, no somos tontos y basta ya. A ver si, tras todo lo que ahora está ocurriendo en Cataluña, donde se están gastando ingentes cantidades de dinero público para volver a la normalidad, estos politócratas y partitócratas que nos han estado gobernando, empiezan a irse a sus casas para permitir que otros políticos, con altura de miras y con sentido de estado, empiecen a gobernar pensando en los ciudadanos y no en ellos o en sus intereses de partido. Por favor, tengan la dignidad de marcharse antes de que los ciudadanos los echemos.

¡¡en qué país vivimos!!.

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.