El Comercio
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Fecha: diciembre, 2017
FACULTAD DE ESPIAR
Guillermo Díaz Bermejo 11-12-2017 | 10:01 | 0

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

Pero, no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decidió apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y sacó adelante la Ley Orgánica 13/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la aprobación de esta reforma, se vuelve a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Esta Ley, abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y además de los delitos de terrorismo y crimen organizado, que eran el objeto de SITEL, los amplía a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información, comunicación o servicio. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos dolosos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

Lo más preocupante es que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos y existan razones fundadas que hagan imprescindible la investigación, la medida de interceptación podrá ordenarla el Ministerio del Interior, o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Una vez aplicada la medida, se comunicará inmediatamente al Juez competente, dentro del plazo máximo de 24 horas.

¿Qué ha pasado con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?  Pues lisa y llanamente, el legislador, al haber ampliado el abanico de delitos, está conculcando los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice, e introduciendo nuevos supuestos y nuevos tipos de delitos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue la reforma de la ley, es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente introduce delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se ha establecido, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora ha introducido la ley reformada.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que ha introducido el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

 

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LA REVOLUCIÓN PENDIENTE
Guillermo Díaz Bermejo 04-12-2017 | 6:40 | 0

Me sirve de pie para hilvanar este artículo, lo que dijo el dramaturgo y premio nobel, Bernard Shaw: No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos. Envejecemos porque dejamos de jugar.

Las generaciones de mi edad, mayores de 65 años y hoy jubilados, hemos nacido en una dictadura, en la que luchábamos por defender unos derechos y unas libertades. Luchábamos por alcanzar una democracia. Luchábamos por defender la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres o por combatir el racismo. Luchábamos por conseguir mejores servicios y una mayor calidad de vida Nos esforzábamos, trabajábamos duro, sufríamos estrecheces económicas, sacábamos a nuestros hijos adelante dándoles la mejor formación posible. Y en esa lucha continuada y muchas veces difícil, casi sin darnos cuenta, llegamos a la edad de la jubilación.

En esta nueva situación aceptada, pero muchas veces no querida, creo que las personas jubiladas tenemos ante nosotros una revolución pendiente y debemos de luchar por ganarla. Por suerte (no por desgracia, como algunos economistas sostienen, al decir que somos un problema para el sistema de pensiones y una amenaza en ciernes para el sistema económico), los españoles somos mucho más longevos y tenemos más calidad de vida que generaciones anteriores, gracias al buen sistema sanitario que tenemos y que seguro está entre los mejores del mundo, aunque algunos lo critiquen.

Aceptamos que el sistema económico o político decidiera que a los 65 años hoy y a los 67 dentro de un tiempo, todos tenemos que jubilarnos y por tanto ya tenemos que ser viejos, porque, según dicen, estamos obsoletos y amortizados. La cuestión es ¿a qué edad envejecemos?, porque una cosa es el envejecimiento y otra muy distinta es la longevidad. La longevidad (que por suerte para nosotros, es de las más grandes del mundo, debido a  que tenemos un claro incremento de nuestra esperanza de vida), es una cuestión de años cumplidos en el calendario, pero el envejecimiento no es sólo una cuestión de calendario, es sobre todo una actitud mental.

Desde mi punto de vista, los jubilados tenemos que tener una visión positiva del envejecimiento y tenemos que luchar para seguir manteniéndonos activos tanto física como mentalmente, ya que estamos ante el hecho constatable de que la población está viviendo muchos más años y con mucha más calidad de vida que otras generaciones anteriores. Con esta visión positiva, los jubilados tenemos que volver a luchar en esta nueva revolución que está ante nosotros y que tenemos que ganar. En modo alguno podemos asumir y aceptar la definición que la Real Academia de la Lengua hace sobre la jubilación o la vejez, cuando dice que nos cesan y nos dan un derecho a pensión por razón de vejez. O que nos dispensan del trabajo, por razón de nuestra edad o decrepitud que no nos permite realizar las actividades que teníamos o que nos incumbían, o cuando coloquialmente se nos dice que nos desechan porque somos inútiles. O sencillamente porque llegamos a una edad, donde ya tenemos derecho a la pensión de jubilación.

Tampoco podemos asumir ni aceptar que nosotros, los jubilados o los viejos, somos un problema porque generamos muchos gastos en pensiones, en sanidad, en dependencia o en otras muchas cosas. Muy al contrario, nosotros somos una gran oportunidad de negocio para el mundo empresarial donde pueden focalizarse nuevas inversiones dirigidas a los jubilados. Frente a este real hecho demográfico de una mayor longevidad, seguro que aparecerán nuevas actividades empresariales dirigidas a este sector de la población, que sin duda alguna van a generar muchos beneficios para ellas. Por tanto, nosotros no somos una carga. Somos una oportunidad de negocio.

Me niego a que se hable de nosotros como unas personas que tras la jubilación, tenemos toda clase de achaques, manías propias de los viejos, que se nos olvidan las cosas, que ya somos analfabetos digitales, que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a pasear para molestar lo menos posible, o a hacer viajes con el IMSERSO con bailes de salón incluidos, o que, como no tenemos nada que hacer, nos dediquemos a pasear a nuestros nietos.

Es cierto que, por mi edad de calendario, yo ya me estoy haciendo mayor, pero en modo alguno por mi manera de ser y de actuar.  No pretendo tener una segunda juventud cuando sigo haciendo buenas y largas rutas en bicicleta, esquiando o haciendo toda la serie de actividades  que mi estado físico me permite, aunque sea mayor. La etapa de la juventud ha quedado atrás y ya la tengo superada. No pretendo emular por tanto, todas aquellas actividades que hacía cuando era joven, pero si pretendo  romper esos estereotipos que se dan a la vejez. Pretendo vencer actitudes viejistas.

Quiero seguir haciéndome mayor cultivando mi aspecto físico, cultivándome intelectualmente a través de la formación, reciclando mis conocimientos profesionales e incluso emprendiendo nuevos procesos formativos. Me gusta sentirme orgulloso de mi edad y de haber llegado a donde he llegado. Pero esto no es suficiente y de ahí que quiera luchar por esa revolución pendiente que implica que siga preocupado y critique la política y la injusticia social.

Quiero resistirme a que algunos jóvenes me digan que nosotros ya estamos obsoletos y por eso reto a esos jóvenes a que en buena lid debatan conmigo sobre el uso por ejemplo de las nuevas tecnologías o que debatan conmigo sobre esa formación académica reglada en la que estoy inmerso ahora mismo, o que debatan conmigo sobre cuestiones empresariales o profesionales.

Nosotros somos un grupo muy numeroso y heterogéneo. Cada uno somos diferentes y también tenemos necesidades diferentes, pero hay algo importantísimo que nos une y es que tenemos la serenidad de la madurez, experiencia, sabiduría e independencia. Pero diría aún más, muchos seguimos teniendo coraje y fuerza. Y por eso considero que una sociedad coherente, debe de dar protagonismo a las personas que venimos de esta generación, ofreciéndonos la posibilidad u oportunidad de que podamos seguir estando activos.

Mi edad ya no importa, lo que importa es que ya tengo bastantes años y bastantes experiencias vitales para no tener miedo y para hacer aquello que quiero y siento. Y lo que quiero sencillamente es iniciar la revolución contra el envejecimiento, pasando a un envejecimiento activo en esta etapa de la vida en la que podemos seguir creciendo personalmente. Como alguien dijo. “tenemos que dar vida a los años y no solamente año a la vida. La población no envejece. Lo hacen las personas”.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.