El Comercio
img
PENSIONES
img
Guillermo Díaz Bermejo | 25-01-2018 | 16:04

Acabo de recibir una carta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, firmada por la ministra Fátima Báñez, en la que me comunica que, con el objeto de conciliar mejoras anuales garantizadas con la necesaria salvaguarda económica para las generaciones futuras, el incremento de mi pensión en 2018, será de un 0,25%. Leí esta carta con resignación, ya que este mínimo legal, se viene aplicando desde los cinco últimos años. Pero también la leí con bastante indignación porque esta carta, en la que el gobierno se da todo el autobombo del mundo, vanagloriándose de unos éxitos que sólo son medias verdades, se ha gastado la friolera de 4,9 millones de euros que es el costo de enviar 9 millones de cartas que tienen un costo de 0,55€ de franqueo cada una, conforme a las tarifas de Correos.

Me indigna, asimismo, que oculte el real incremento del IRPF que se aplica a estas pensiones, IRPF que, a mi juicio, en modo alguno puede ser aplicable, ya que la pensión no es una renta del trabajo. En su caso, sería una renta del capital de ese saco de las pensiones que se ha llenado con las cotizaciones de muchos años atrás, y como todo el mundo sabe, las rentas del capital tienen un tipo impositivo mucho más bajo.

La leí con resignación también, al acordarme que hace dos años, en una conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, había admitido que ese 0,25% es un alza modesta, pero que va a tener un mayor efecto en la capacidad de compra de los pensionistas, al coincidir con una inflación igual a O, o negativa. El caso es que, en 2017, la inflación fue del 1,12% y en 2016 del 1,5%.

Estoy convencido, además, que se seguirá aplicando en años futuros, ya que, según sostiene la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el sistema de pensiones estará en déficit al menos hasta 2020. El problema es que, aun cuando es necesario un pacto de estado sobre las pensiones, ni el Gobierno ni la oposición, parece que tengan prisa en conseguirlo. Me acordé igualmente de que, tiempo atrás, el presidente también había dicho que, en el tema de las pensiones, el Gobierno hace lo que puede.

Lo cierto es que la llamada hucha de las pensiones se vacía, pero nadie se atreve a confesar que ese gigantesco saco de las pensiones, que se ha ido llenando durante más de cincuenta años y que, sin duda alguna, sostendría sin problema el desequilibrio actual entre cotizantes y pensionistas, ha sido usado para otros fines distintos a los de pagar pensiones. Es indignante que el gobierno de Mariano Rajoy haya destinado al rescate de las Cajas de Ahorros, la misma suma que había en la llamada hucha de las pensiones.

Lo cierto es que, incumpliendo sus promesas electorales y después de haber negado de modo reiterado que no iba a tocar las pensiones, el Sr. Rajoy incumplió manifiestamente la propia legislación que, en aquel momento existía para regularizar las pensiones y privó a los pensionistas de su adaptación al incremento del IPC que legalmente les correspondía. No me sorprende esto porque ya estoy acostumbrado a que el presidente del Gobierno diga una cosa para hacer justamente la contraria. Dice reiteradamente que las medidas de pensiones son “difíciles y dolorosas” o que “no hacemos lo que nos gusta sino lo que podemos” o “que el objetivo es equilibrar el presupuesto”. En resumen, justificaciones, justificaciones y más justificaciones.

Pero, en realidad ¿el Gobierno está haciendo verdaderamente lo que puede? Pues yo digo categóricamente que no. Sólo ha metido la tijera en pensionistas, trabajadores y funcionarios, pero sigue resistiéndose reiteradamente en aplicar medidas en las castas políticas.

A modo de ejemplo, ha habido una iniciativa popular firmada por más de 500.000 ciudadanos (mínimo legal exigido para poder formularla), en la que se sometía al Parlamento una Proposición de Ley para eliminar las prebendas que los políticos tenían una vez acabado su mandato. Con todo el descaro del mundo el presidente del Congreso acordó no admitir a trámite esta iniciativa, escudándose en que el artículo 72 de la Constitución, reserva a las Cámaras, de modo exclusivo, este tipo de iniciativas. Si hubiera habido voluntad política de recortar, seguro que sí se habría admitido a trámite.

Y ¿para cuándo las reducciones de empresas públicas deficitarias de lo que tanto se habló? Apenas se ha reducido un 5%. Y ¿para cuándo la supresión del Senado que no sirve de nada? Y ¿para cuándo el recorte, solapamiento de competencias, y centralización de Administraciones Autonómicas y Ayuntamientos?

Y si hablamos de carga impositiva, en vez de tantas subidas de IVA y otros impuestos, cuando de una vez por todas, va a dar órdenes para que el 80% de los efectivos de la Agencia Tributaria sean orientados a intervenir y fiscalizar las grandes fortunas y las grandes empresas, que es donde están las grandes bolsas de fraude?

No sigo poniendo más ejemplos porque me indigno aún más… Sólo decirle Sr. Rajoy que Vd. ha prometido electoralmente unas cosas y está haciendo todas las contrarias. Está actuando como un funcionario de la UE y sólo se limita a cumplir sus instrucciones y para limitarse a hacer sólo esto, nos sobran políticos en España. Funcionarios cualificados que los tenemos y muy buenos, podían gestionar sin problema todas esas instrucciones que nos llegan de Bruselas.

Ya no me vale eso de escudarse en la herencia del anterior gobierno socialista. Al igual que el Sr. Zapatero ha sido el peor de los presidentes que hemos tenido, usted se está convirtiendo en el presidente que está incumpliendo todas sus promesas. Yo a esto lo llamo fraude político.

 

Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.