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Autor: guillermo.diaz_1400504256366
UN RUFIAN EN EL CONGRESO
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Guillermo Díaz Bermejo | 19-04-2017 | 10:16| 0

Se suele calificar de rufián, a una persona vil,  despreciable, infame, que carece de honor y que vive del engaño. Ahora, en los escaños de nuestro Congreso se sienta un joven, apellidado Rufián que, por lo que vengo escuchando y leyendo, está en el camino de hacerse acreedor con todos los méritos, a ese calificativo. Está haciendo honor a su apellido.

La única opinión que tenía de él, es la que me formé oyéndolo en la Tribuna del Congreso, donde con un tono retórico medido y pausado, provoca, insulta, descalifica, apabulla y acosa al rival, llama gánster al contrincante, con unos estilos y con unos tonos propios de una discusión de taberna. En el escaño ha dicho frases como estas: “Buenos días a todos menos a los Corleones sin honor que conspiran desde los despachos” “Vale, cambio mamporrero que tanto le ofende, por lacayo”. “Yo no soy gallo, lo que no soy es gallina como Vd.” “Prefiero parecer bruto para que me entiendan, a pasar desapercibido”. “veo que no tiene vergüenza”. “usted es idiota”. Ha llegado a tal extremo de desmesura, que tiene el honor de ser el primer Diputado al que la Presidenta de la Cámara le ha  retirado la palabra en un debate.

Me he documentado para saber algo más de este Diputado de 35 años y veo que ha nacido en Santa Coloma de Gramanet, hijo y nieto de trabajadores andaluces que emigraron a Cataluña, procedentes de Jaén y Granada. Obtuvo la diplomatura en relaciones laborales y posteriormente, en la Universidad privada Pompeu Fabra, hizo un master en Dirección de Recursos Humanos. Este master no oficial, tiene un coste que ronda los 7.000€ e incluye prácticas en empresas destacadas.

Dice que trabajó en una empresa de selección de personal, pero el diputado de ERC nunca ha querido desvelar el nombre de la misma, lo que hace que existan muchas sospechas sobre la veracidad de su trayectoria académica y profesional. Lo que sí es público, es que ha sido despedido por la empresa donde trabajaba y a partir de ahí pasó a formar parte de las listas del paro. Cuando Rufián llegó al Congreso, estaba percibiendo una prestación de desempleo de 613 euros mensuales. En 2014 inició su andadura política vinculándose al activismo independentista, como miembro de Sumate (plataforma que reivindica el independentismo expresado en castellano). En un momento determinado conoció a Oriol Junqueras y pasó a ser miembro de ERC donde resultó elegido para encabezar la lista de Esquerra Republicana por Barcelona. Resultó elegido en las elecciones del 20 de Diciembre y actualmente es Portavoz adjunto del grupo ERC en el Congreso.

En este momento, con tan pocos meses como parlamentario, es probablemente el político catalán que ocupa más titulares. Sus provocadoras e insultantes intervenciones, se convierten en virales e igualmente, sus declaraciones son “treending topic”. De lo que no hay duda es que su agresividad y su estilo barriobajero, le están dando una gran notoriedad.

En las redes sociales suelta cosas como estas: “banderas a media asta por la muerte de la aconfesionalidad”.. Amancio Ortega es un explotador, aunque después en un plató televisivo porte una americana de Zara.

Como el mismo confesó, no quiere pasar desapercibido, pero a qué precio. Por lo que veo, para el todo vale con tal de conseguir notoriedad. En todo lo que he oído y leído, aparte de exabruptos, insultos, tonos provocadores y jactancia, nunca he oído nada de cuáles son sus propuestas parlamentarias, porque si quiere cambiar las cosas, lo lógico que ponga encima de la mesa propuestas concretas para debatir, pero parece que eso ya es más complicado, o porque no tiene propuestas o porque no sabe.

Termino diciendo, Sr. Rufián, deje a un lado esas actitudes propias de los matones arrabaleros, compórtese conforme a las reglas parlamentarias, y hombre, a ver si algún día, se le ocurre poner encima de la mesa una propuesta concreta. Creo que el sueldo mensual que ahora percibe, de más de 7.000 euros, ha de servir para que aporte algo útil y no para que insulte a los contrincantes parlamentarios que no piensan como usted.

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NEGLIGENTE GESTIÓN DEL SALARIO SOCIAL
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Guillermo Díaz Bermejo | 15-04-2017 | 12:01| 0

El diario EL COMERCIO vino informando tiempo atrás, tanto de los problemas que ha generado y genera la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias, como de las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. De modo concreto, hace unos días, se hacía eco de la Memoria 2016 que presentó Cáritas y que volvía a incidir en este problema.

Sintéticamente he de decir que  la Ley de Salario Social Básico, tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social básico es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Tratando a ayudar a esas familias que tanto lo necesitan, colaboro como voluntario en Cáritas y en Cauce. En mis labores, entrevistando y asesorando a las personas que llegan en busca de apoyo, veo de primera mano las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo presente es alargarlo lo más posible. De modo concreto, tan sólo hace unos días, he atendido a una persona que presentó su solicitud en la Consejería de Bienestar Social, el día 3 de Agosto del año 2015. Ha transcurrido más de año y medio desde esta solicitud y aun no se ha dictado resolución. Esta persona, tras insistir mucho, sólo ha conseguido una certificación de la Jefe del Negociado, donde se certifica que la solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse una fecha probable de resolución del procedimiento.

Yo a esto, lisa y llanamente lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Estos días de atrás, la Consejera de Bienestar Social comunicó que iba a tomar medidas para regularizar la situación (más de 2.000 expedientes atrasados, pendientes de resolver) y que iba a incrementar la plantilla de funcionarios para  dinamizar el trámite de las solicitudes. Me gustaría creerla y me encantaría que esas medidas se pongan en marcha cuando antes. El problema es que, cuatro años atrás, la anterior Consejera también anunció una serie de medidas y además de eso, se comprometió con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera.  Todo quedó en promesas y en palabras huecas, porque todo sigue igual.

Sólo podrán eliminarse las listas de espera, si hay auténtica voluntad política, para pagar el salario social a las personas necesitadas, dentro del plazo legalmente establecido de tres meses. Se trata sólo de cumplir la Ley. Todos los l ciudadanos  sin excepción, estamos obligados a cumplir la ley, so pena de incurrir en sanción, y todas las Administraciones Públicas, sin excepción, están obligadas a cumplir con los preceptos legales. Entonces, por qué el Principado ha de tener bula para no cumplir.

Estas pobres gentes que no tienen ningún tipo de ingresos, quedan desamparadas por el Gobierno del Principado de Asturias y como único recurso sólo les queda el de recurrir a las ONGs para que les faciliten alimento básico y ropas de segunda mano. Por ello, si al Gobierno del Principado le quedada algo de dignidad, debería de resolver el problema ya. Y si no lo hace, debería de pensar que en cualquier momento, algún solicitante, harto de tanto negligente retraso, podría recurrir al Juzgado correspondiente para perseguir un posible delito del Funcionario o de la Autoridad que no cumple con una obligación legal. Aunque, claro, como sabe que ese pobre solicitante no tiene ni recursos para comer, menos recursos va a tener para solicitar la tutela judicial.

Por favor, Gobierno del Principado, no sigan manteniéndose impasibles ante lo que ocurre. Tengan un poco de dignidad e implementen todas las medidas que se requieren para cumplir con la Ley.  Menos palabras huecas y más hechos. Termino diciendo que, sería bueno que algún gobernante recibiera a una de esas personas y mirándole a los ojos, escuchara y comprobara de primera mano cuál es su penosa situación. Probablemente, su sensibilidad social sería otra y se lanzaría a tomar medidas inmediatas. ¿Es mucho pedir para cumplir la ley? Igual sé lo es para los políticos.

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CURSO SOBRE MOSQUITOS
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Guillermo Díaz Bermejo | 11-04-2017 | 2:41| 0

Definitivamente creo que nuestros gobernantes han perdido el norte. Pienso que, o porque no saben, o porque se dedican sólo a sus intereses de partido, son incapaces de hacer frente, atajar y resolver los grandes problemas que tenemos. Y en este estado de cosas, para justificar sus sueldos, o para justificar que hacen algo, se dedican a gastar nuestros dineros en auténticas paridas. Y si estoy equivocado, amigo lector, juzgue usted mismo lo que voy a contar.

Entre el los días 3 al 7 de este mes de Abril, se ha celebrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, un Curso Regional de Capacitación en Detección y Vigilancia de los Mosquitos y Registro y Análisis de Datos con miras a la Gestión Integrada Zonal de los Mosquitos en la Zona de Europa . La finalidad del curso era crear capacidad y transmitir aptitudes básicas de detección y vigilancia del mosquito. (Me limito aquí a transcribir literalmente la convocatoria de este extraño engendro).

Este curso, ha tenido 24 participantes procedentes de diferentes países europeos y el idioma  de instrucción ha sido el inglés, lo que ha exigido el empleo de varios intérpretes.

Para que este curso mosquitero pudiere celebrarse, nuestro magnánimo gobierno, se comprometió con la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) a proporcionar locales, servicios, equipos técnicos (proyectores, pantallas de cristal líquido, fotocopiadoras, ordenadores portátiles, etc.). Se comprometió también a proporcionar un director del curso que había de servir de enlace con la OIEA. A proveer la necesaria dotación de personal administrativo, auxiliar e intérpretes que sean necesarios para el desarrollo adecuado del curso, incluido un Oficial de Finanzas. A suministrar el material didáctico y las publicaciones necesarias para el curso.

Como esto parece poco y nos sobra el dinero, nuestro gobierno también se comprometió a proporcionar los conferenciantes e instructores que se precisaban, a adoptar las disposiciones necesarias para el transporte, alojamiento y desplazamientos locales que estos necesiten. A sufragar los gastos de viaje y estancia, así como dietas y honorarios de los conferenciantes que sean contratados por el OIEA. A sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta a Valencia, así como un estipendio que cubra los gastos de alojamiento, alimentación e imprevistos, de los participantes seleccionados por el OIEA. Y para terminar, a asumir los gastos de una recepción para un máximo de 35 personas que asistan al curso en calidad de participantes, conferenciantes o personal directivo.

En el canje de notas intercambiado entre nuestro Gobierno y la OIEA –esto no nos costaba dinero- nuestro gobierno deberá de guardar las normas del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los asistentes de la OIEA de 1 de Julio de 1959. Además deberá de facilitar de modo gratuito los visados de todas las personas que asistan al curso. Y además de todo esto nuestro Gobierno también se comprometió a actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los locales y de las personas asistentes al curso

No tengo noticia alguna del costo final de este curso mosquitero, pero, teniendo en cuenta que han viajado a España 30 personas, que han estado alojadas en un hotel de cinco estrellas durante una semana, que hemos pagado todos los gastos de estancia y desplazamientos. Que además hemos tenido que contratar a conferenciantes a los que además de honorarios profesionales, también les hemos tenido que proporcionar el alojamiento, como cualquiera puede imaginar, esto ha costado un pastón a las arcas públicas.

¿Cuál ha sido el retorno de esta inversión? No sé si las personas de los diferentes países que han participado en el curso, habrán aprendido algo sobre mosquitos. Supongo que algo sí habrán aprendido. Pero a nosotros, españolitos de a pie, que con nuestros impuestos, pagamos esos estipendios, ¿nos ha servido de algo este curso? Deduzco que esto habrá sido interesante para el único español que ha participado en el mismo, pero caramba, hubiere sido más barato contratar a los conferenciantes y que le dieren clases particulares a ese solo participante.

Igual estoy equivocado y alguien más instruido que yo puede rebatir esta mi opinión, pero me quedo con la sensación de que, una vez más, con este engendro de curso mosquitero, alguien ha despilfarrado nuestro dinero, lo ha tirado por la alcantarilla y no se sabe a quién ha podido beneficiar.

Claro, como el dinero público no tiene dueño….Mas despropósito no cabe.

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EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA
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Guillermo Díaz Bermejo | 07-04-2017 | 7:15| 0

Hace unos pocos días, el Ministro de Justicia, Sr. Catalá, dijo sin sonrojarse, que el buen funcionamiento de la Justicia es una demostración de la cercanía entre la Administración y la sociedad. Y hace esta afirmación precisamente en el momento en que los datos que registra el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la preocupación de los ciudadanos por la corrupción, se ha disparado subiendo siete puntos en relación al mes anterior. Antes de comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados y pese a esta seria preocupación de los ciudadanos por la corrupción, que según el CIS, es el problema nacional más importante tras el paro, el Sr. Catalá aseguró que confiaba en el buen funcionamiento de la Justicia y en relación a los casos de corrupción, afirmó que los tribunales aclararán los asuntos, someterán a enjuiciamiento a los que tengan que juzgarse y condenará a los que así se acredite.

Pues qué quiere que le diga, Sr. Catalá. Yo estoy el radical desacuerdo con usted. El funcionamiento de la justicia no es bueno. Es más, diría  que es absolutamente deficiente. La sociedad en general y los ciudadanos que recurren al auxilio de la justicia en particular, percibimos y sufrimos la exasperante lentitud, ineficiencia y pobre calidad de la justicia. La Justicia funciona mal, no por culpa de jueces, fiscales, secretarios y personal al servicio de la Administración. La justicia funciona mal, porque aunque a usted, Sr Ministro, se le llene la boca diciendo que defiende una justicia del Siglo XXI más ágil, con buenas leyes, con mejores medios y con mejores plantillas, como dice el refrán, del dicho al hecho hay un trecho.

La cruda realidad está en que las permanentes injerencias de los poderes políticos, injerencias que están siendo abiertamente criticadas por el Consejo de Europa, por no querer garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial, desde el mismo momento en que es el Congreso, en Senado, el Gobierno o las Comunidades Autónomas, los que eligen a los Magistrados con cargo de mayor nivel. Pero, la injerencia más importante del poder político, se produce en el mismo momento en que, con los presupuestos generales del estado, facilita o dificulta el buen o mal funcionamiento de los tribunales.

La asfixia presupuestaria que tiene la justicia, contrasta con los grandes avances producidos en sectores públicos como la sanidad, la Agencia Tributaria o la educación, por ejemplo. La justicia sufre un sistémico retraso, retraso que se puede calificar de tercermundista, si vemos el informe emitido por el Word Economic Forum on Judicial Independence, que sitúa a España en la posición sexagésima de un ranking de calidad de la justicia en diferentes estados.

Es inadmisible que tengamos una justicia totalmente fragmentada, con una absoluta descoordinación en la que, por un lado está el Poder Judicial elegido por los políticos y del que dependen los Jueces, por otro el Ministerio de Justicia del que dependen los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) y por otro los cuerpos de gestión y auxilio procesal dependiendo de las diferentes Comunidades Autónomas, comunidades que a su vez, son las responsables de otorgar las necesarias dotaciones de medios materiales.

Una justicia lenta, no es justicia, ya que el ciudadano se ve privado de una tutela judicial efectiva. No es de recibo que si a mí me deben un dinero y presente en el Juzgado una demanda en reclamación de cantidad, el Tribunal tarde casi dos años en resolver ese sencillo procedimiento monitorio. Que si una vez el Secretario está de vacaciones, que si otra vez la oficial que lo lleva está de baja, que si hay mucho papel pendiente, que hay que señalar la vista para dentro de ocho meses porque el juzgado no da abasto.

Y si para los asuntos sencillos y de trámite ordinario, los retrasos son los que son, imaginemos lo que está pasando con todos esos casos de corrupción que andan por ahí pendientes y que tardan tantos años en resolverse. Si no hay medios personales y materiales suficientes para hacer frente a estos grandes y complejos procedimientos, el resultado no puede ser más que lo que estamos viendo día tras día. Procesos que duran una eternidad y que hacen que, por esas carencias, muchos corruptos terminen yéndose de rositas.

Si de verdad el Ministro quiere que la justicia empiece a funcionar bien, va a tener que convocar a todas las fuerzas políticas y tratar de llegar a un Pacto de Estado. Pacto que urge alcanzar y que debería de pasar por volver a centralizar la Administración de Justicia, eliminando su actual fragmentación. Es necesario también que ahora que se van a discutir los Presupuestos Generales del Estado, se dote de mayor independencia económica permitiendo presupuestariamente, el incremento de los medios personales y materiales que se necesitan, ya que esto y sólo esto, será lo que permita conseguir agilidad, eficiencia, eficacia y reducción en la duración de los procesos. Y de paso, en ese pacto de Estado, que se aproveche para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por parte de los partidos políticos, para conseguir una verdadera independencia del Poder Judicial.

El buen funcionamiento de los Juzgados no se consigue con buenas y bonitas palabras de un Ministro, como tampoco se consigue promulgando leyes o decretos que digan, porque lo dice una ley, que los procesos tienen que durar tantos o cuantos meses. Los procesos tendrán que durar el tiempo que se requiera en razón a su complejidad y en razón a los medios con los que cuente el Juzgado. Así que, Sr. Ministro, menos palabras huecas y más mas dotaciones presupuestarias y más independencia del poder judicial. Si no lo hace así, el funcionamiento de la justicia seguirá siendo malo

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AGRAVIO A ASTURIAS
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Guillermo Díaz Bermejo | 30-03-2017 | 2:56| 0

El Sr. Rajoy ha ido a Cataluña y ha anunciado un novedoso plan de inversiones públicas en infraestructuras catalanas, cifrado en la gigantesca cantidad de 4.200 millones de euros, en los cuatro próximos años. Con todo y con esto, al único Consejero que asistió al acto, representando al gobierno catalán, esta desproporcionada cantidad le pareció insuficiente. A mi juicio, este plan de inversiones, que sólo sirve para tratar de contentar a los independentistas, a los que, ofrézcase lo que se les ofrezca, siempre van a entender que es poco, constituye un claro y manifiesto agravio a Asturias que, como otras Comunidades, es leal a la legalidad constitucional.

Antes del anuncio de Rajoy, Cataluña ya era la comunidad autónoma más beneficiada por el FLA (Fondo de liquidez autonómico) y ahora se les concede esto que, seguramente, los independentistas catalanes seguirán considerando una propina. Entre tanto se regala este chorro de dinero a Cataluña, con una estrategia totalmente irresponsable, el PP llegó a acuerdos diferentes para la variante de Pajares, con Foro Asturias y con Ciudadanos. Acuerdos que, dicho sea de paso, están siendo manifiestamente incumplidos. Creo que en esta materia, el PP está sobrepasando muchas líneas rojas y en vez de dedicarse a que los independentistas cumplan las leyes, lo que está haciendo es incumplir de modo manifiesto los pactos a los que ha llegado con Foro y Ciudadanos. No es de recibo que el partido gobernante diga que con estas inversiones desea solucionar las carencias en infraestructuras que tiene Cataluña, y que  en sentido contrario,  incumpla los pactos a los que llegó con sus aliados políticos, y de la espalda a Asturias que tiene enormes carencias, comparadas con las catalanas.

Mientras que Cataluña tiene conectadas por AVE a sus cuatro capitales, en Asturias ni tan siquiera se intenta llegar a algún pacto con la empresa adjudicataria, para que se reanuden las obras y se instalen las vías y catenarias en los túneles de la cordillera, para que la alta velocidad  llegue al menos a Pola de Lena.  Mientras que el servicio de Cercanías catalán pasa a ser prioridad, las cercanías tanto de Renfe como de Feve en Asturias, cada vez más degradadas y deterioradas, entran casi en su desmantelamiento, con un descarado abandono. No hay conductores de tren suficientes, no hay máquinas, no hay mantenimiento de vías ni de estaciones. La velocidad media de nuestras cercanías, no llega a los 45 Km/h, velocidad que es superada por cualquier ciclista en una etapa.

Y para qué hablar de ancho europeo, de Ave, de Albia o de lo que sea, si los túneles siguen estando como están, o los tramos de la Robla a no sé dónde, o el fondo de saco de León, o del intercambiador de vías de Lena. O del acceso ferroviario a los puertos de Gijón y Avilés, o del túnel del metro tren en Gijón. Es indignante que, en vez de utilizar los instrumentos jurídicos que nos ofrece nuestro Estado de Derecho, para frenar las desmesuradas ambiciones del independentismo catalán, el Sr. Rajoy, haciendo gala de una gran debilidad o cobardía, vaya a Cataluña a intentar apaciguar los ánimos ofreciendo ingentes cantidades de dinero, que dicho sea de paso, son de todos los españoles, y después como las arcas públicas no dan para todo, incumpla los pactos firmados con Foro Asturias o con Ciudadanos, que son sus aliados para la gobernabilidad.

Tengo que criticar abiertamente la pasividad y la cobardía del Presidente del Gobierno, que en vez de ir a Cataluña para poner las cosas en su sitio, para comunicar con datos y sacar a la luz pública la nefasta gestión de la Generalitat, gestión que directamente, en términos económicos, la llevaría a un concurso de acreedores, en vez de eso, va a ofrecerles más dineros para tenerlos contentos. Señor Rajoy, hay un aforismo jurídico que dice “pacta sunt servanda” (lo pactado obliga). En Asturias usted ha firmado unos pactos para hacer que el Ave llegue al menos a Pola de Lena y para mejorar nuestras infraestructuras. Lo está inclumpliendo de modo manifiesto. Por tanto, yo no me puedo fiar de alguien que no cumple lo que pacta.

 

 

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.