El Comercio
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Autor: guillermo.diaz_1400504256366
VIAJAR EN FEVE
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Guillermo Díaz Bermejo | 18-08-2017 | 8:23| 0

Esta es la crónica de un viaje, en un tren de FEVE de la línea Ferrol/Gijón, realizado a paso de burra y propio de principios del Siglo XX, aun cuando estamos en una moderna España del Siglo XXI, que presume de tener una de las redes ferroviarias de alta velocidad más desarrolladas del mundo, con trenes Ave, Albia o Avant que superan los 250 km/h.

Un buen día, hablando con mis hijos sobre algunos comentarios que habíamos oído durante las vacaciones, relativos a la belleza de los paisajes costeros que se contemplaban desde las ventanillas del tren, planeamos coger el FEVE y hacer una excursión a Vivero. Analizamos los horarios y nos encajaban perfectamente para salir de la estación de Tapia a las 11, llegar a Vivero, dar un paseo, comer y regresar a las 5,30. Plan perfecto.

Cogemos los coches para acercarnos a la estación de Tapia de Casariego, que está a 7 km del pueblo y surge el primer interrogante: Si esa estación está en un paraje solitario, en el que la población más próxima es La Roda ¿por qué la llaman de Tapia, con lo que eso implica de confusión a los viajeros que creen llegar a Tapia y resulta que cuando bajan den tren, descubren que están en un despoblado y que tienen que ponerse a caminar siete quilómetros para llegar a su destino? Aparcamos los coches en algo que se parece a un matorral, y entramos en la estación, mejor dicho, algo que se parecía a una estación y que me recuerda a esas estaciones de las películas del oeste, situadas en parajes solitarios, donde el vaquero espera a la llegada del tren, tumbado con el sombrero tapándole la cara. Deterioro total, abandono, pintadas en lo que parecía ser la sala de espera y alguna que otra defecación humana probablemente de algún pasajero que igual iba un poco apurado.

Cuando estábamos esperando, pasa por allí un lugareño y nos dice que tenemos que subirnos al andén para que el maquinista nos vea, ya que si no el tren no para. Es decir, algo parecido a hacer auto stop pero en este caso ferroviario. Con un retraso de 10 minutos llega y nos subimos todos. Nos atiende amablemente el revisor, nos pregunta hasta donde vamos y pagamos los billetes. Nos informa que en Ribadeo igual tenemos que hacer trasbordo a otro tren, pero que estemos tranquilos que él nos informará, ya que unas veces hay que hacerlo y otras va directo. Nos aclara que él lo sabrá una vez lleguemos a la estación y el maquinista reciba aviso del área de tráfico. Nos matiza también que como es de Gijón, esas son cosas de Feve no las entiende. Que igual es que como ya estamos en Galicia, la respuesta en gallego es “depende”.

Empieza el viaje del tracatra. En el tren que hemos cogido, sólo hay cinco viajeros, así que como de mi familia nos hemos subido seis adultos y cuatro niños, tenemos la mayoría absoluta. El tren es nuestro y los niños se divierten corriendo de acá para allá. Contrariamente a molestar, esos cinco viajeros nos dicen que no nos preocupemos por los niños, que hasta están más cómodos y los chicos son un buen estímulo para soportar el aburrimiento de un viaje tan pesado e incómodo.

En lo que se refiere al paisaje, he de decir que, en la mayor parte del trayecto, el tren circula por unas trincheras llenas de vegetación que impiden ver cualquier tipo de paisaje, ya que son auténticos túneles de ramaje. Pero es que, además, de modo sorprendente, el convoy va rozando materialmente contra los arbustos y matorrales que han crecido al lado de la vía. El revisor, que a estas alturas del viaje ya se ha sentado a hablar tranquilamente con nosotros, nos dice que como no hay presupuesto, no se desbrozan las vías y que cuando salgamos fuera, podremos ver cómo el tren tiene la pintura totalmente rayada por rozar contra las ramas de los árboles.

Llegamos a Ribadeo, el tren se detiene en la estación, se baja el revisor y en unos segundos ya nos dice que nos bajemos, que hay que hacer trasbordo. Que el otro tren ya llega y lo cogeremos en el mismo andén. Continuamos el trayecto en otro convoy totalmente viejo y deteriorado y en un recorrido que en coche se haría en no más allá de 30 minutos, llegamos a Vivero tras dos horas y media de viaje.  Excepto las estaciones de Ribadeo y Burela, todas las demás están en parajes deshabitados y lejos de los núcleos urbanos, por lo que resulta difícil de entender que pueda haber viajeros que se desplacen a ellas para coger el tren. Se aprecia también que, al igual que la de Tapia, todas están totalmente desgradadas y en un estado de abandono deplorable.

Tras una buena comida en Vivero, llega la hora del regreso. Como la estación está en lo alto del pueblo, a las cinco empezamos a caminar para estar puntuales y no perder el tren. Una vez en el andén vemos que sólo hay dos chicos jóvenes esperando. Mosqueados ya porque el tren no llegaba a la hora prevista, charlamos con esos chicos y nos dicen que ellos van a la fiesta de San Ciprian y que el retraso es normal, que habitualmente ese retraso es de una hora. Como en el tren iban unos amigos que lo habían cogido en una estación anterior, los llaman por teléfono y estos confirman que ciertamente el tren va retrasado en una hora.

Soportamos estoicamente la espera y al fin nos subimos al convoy. Llegamos de regreso a la estación de Tapia a las 9 de la noche. En este caso, con retraso incluído, la duración del viaje fue de tres horas y media, mas los otros 10 minutos que tardamos en llegar al pueblo en nuestros coches.

Para terminar, he de decir que esa experiencia que esperábamos iba a ser bonita, termino siendo una auténtica pesadilla. Mi conclusión, por tanto, es muy clara: No volveré a utilizar el FEVE como medio de transporte. Ahora comprendo por qué este ferrocarril es tan deficitario. No alcanzo a entender como Renfe no hace nada para sostener este medio de transporte. En este estado, para reducir sus déficits, entiendo que lo más razonable sería eliminar el medio y se acabó el problema. Y como se trata de un servicio público, pienso que podría seguir prestándose con un autobús que, además de pasar por el centro de los pueblos, resultaría a todas luces más barato que un tren.

 

 

 

 

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POLÍTICOS INVESTIGADOS
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Guillermo Díaz Bermejo | 02-08-2017 | 9:14| 0

No hace mucho tiempo, participando en una tertulia, pregunté al conferenciante invitado sobre las razones por las que, pese a toda la corrupción política que sufrimos, apenas haya sentencias condenatorias de políticos o banqueros corruptos. Sin duda, por su profesión, tuvo que ser políticamente correcto y se limitó a contestarme diciendo que el confiaba en la Administración de Justicia y en los Fiscales y que los que la han hecho, la terminarán pagando.

Yo sí confío en los Jueces y Fiscales a título personal, pero, por el contrario, en modo alguno puedo confiar en una Administración de Justicia que ante casos alarmantes de corrupción como los que tenemos, actúa con una lentitud exasperantemente (una justicia tan lenta no puede ser justicia), además de estar fuertemente politizada.  Tengo muchas razones para no confiar, razones que, a grandes rasgos, coinciden con lo que vienen denunciando algunas Asociaciones de Jueces y de Fiscales.

A nadie se le escapan las fuertes presiones y las continuadas interferencias del poder político sobre el poder judicial, tratando de controlar al Consejo General del Poder Judicial, al Fiscal General del Estado y al propio Tribunal Constitucional. Frente a los graves casos de corrupción que se produjeron en las filas de casi todos los partidos políticos, ni antes el gobierno del PSOE ni ahora el gobierno del PP, mostraron voluntad política para llegar a pactos y combatir la corrupción.

Desde el momento que, vía Presupuestos Generales del Estado, el poder político estrangula al poder judicial, no dotándolo de los medios personales y materiales que necesita, muy difícil lo va a tener cualquier juez al que le toque instruir un caso de corrupción complejo, para que, con las carencias que tiene en el juzgado, pueda actuar con celeridad y eficacia. En este momento, los juzgados son raudos y veloces para juzgar y condenar a un robagallinas, pero, cuando se trata de estos casos complejos de corrupción, se quedan bloqueados.

Tras todas las tramas corruptas que han ido apareciendo, en este momento tenemos a más de dos mil políticos investigados por corrupción y pese a que hay innumerables casos complejos en los despachos de los jueces, no se ha creado ni un solo nuevo juzgado de instrucción, no se han convocado plazas para nuevos jueces, las plantillas de personal se van reduciendo por mor de las jubilaciones y no se convocan nuevas oposiciones para, como mínimo, mantener la plantilla. Y si me refiero a los medios materiales, tengo que decir que, para instruir estos casos tan complejos del siglo XXI, los medios materiales con los que cuentan los juzgados son de principios del siglo XX.

Para paliar esta situación, todas las asociaciones de Jueces y Fiscales, sin excepción, así como los Letrados de la Administración de Justicia, trasladaron un manifiesto al Sr. Rajoy, pidiendo medidas concretas, pero, lamentablemente, no se ha hecho absolutamente nada. Y es precisamente por esta carencia de medios, por la que muchos políticos corruptos, con toda la ingeniería jurídico fiscal a su alcance, terminen eludiendo la acción de la justicia y la eluden, sencillamente, porque ellos tienen más medios que los propios juzgados, para escaparse de sus garras

En este momento, España está a la cola de la UE en número de jueces por habitante (solo Albania y Moldavia están por detrás de nosotros). Los Tribunales necesitan una policía judicial especializada en temas económicos y fiscales. Se necesita introducir reformas legislativas para evitar como ocurre ahora, que por las administraciones públicas circulen millones de euros sin control alguno. Se necesita modificar el Código Penal endureciendo las penas para los políticos corruptos, ya que resulta inadmisible que se soliciten dos años de prisión, multa e indemnización, para ese senegalés que vende Cds en los bares, que se le someta a un juicio rápido, mientras que muchos políticos corruptos, tras varios años de instrucción del procedimiento, se vayan de rositas a su casa saldando su condena con una pequeña multa.

Resulta igual de inadmisible que a toda velocidad, todo el peso de la ley caiga sobre una joven que ha resultado condenada a cinco años de prisión, porque encontró una cartera en la calle y utilizó una tarjeta de crédito que había en ella para comprarse productos en un supermercado por valor de 200€. Y entre tanto ocurre esto, cuando se trata de políticos y banqueros que materialmente roban fortunas, los asuntos se duermen en los tribunales, se pierden pruebas, prescriben delitos y aquí no pasa nada.

Como principio jurídico es cierto que todos somos iguales ante la ley, pero yo añado: menos los políticos y banqueros corruptos. Y añado también, el peso de la ley sólo cae raudo y veloz, sólo sobre los robagallinas.

En este momento, ante tanta corrupción como ha habido y hay, en casi 40 años de democracia, por la información que tengo, sólo cinco políticos han sido condenados por sentencia firme y han entrado en prisión para cumplir condena y, por supuesto, ninguno de ellos ha devuelvo lo robado, porque resultaron jurídicamente insolventes al no encontrarles propiedades en España, cuando, como es fácil pensar, sus fortunas quedaron guardadas en algún paraíso fiscal, fuera del alcance de los Tribunales españoles. Es cierto que hay 32 políticos en prisión preventiva, como Luis Bárcenas, Jaume Matas, Granados o Francisco González, pero más de dos mil siguen en la calle, en espera de que finalice la instrucción de sus procesos judiciales.

Con un nivel de corrupción política insoportable, es difícil de digerir que más de dos mil corruptos anden por ahí libres, porque los Tribunales, con todas sus carencias, se están moviendo con una lentitud y con una ineficacia que hace imposible una correcta administración de justicia.

En este estado de cosas y con el blindaje que les proporcionan esas carencias de los tribunales, a nadie le va a sorprender que los dirigentes políticos, haciendo alarde de un cinismo monumental, se limiten a mirarse al ombligo y decir: “yo no sé nada, yo no me enteré de nada, yo sólo me dedico a la política y las cuentas las llevan otros (como dijo el Sr. Rajoy hace unos días cuando compareció como testigo), o “que los jueces hagan su trabajo”.

Refiriéndome a esa declaración del Sr. Rajoy como testigo, yo no puedo confiar en un presidente de gobierno que sólo se dedicaba a la política y que, o por no haber vigilado convenientemente a sus cargos políticos, o por haberse equivocado estrepitosamente en su elección, haya generado tan alto nivel de corrupción en sus filas.  Tampoco puedo confiar en él desde el momento en que ha hecho caso omiso a las peticiones que le formularon Jueces y Fiscales. Igualmente, tampoco puedo confiar en un dirigente del PSOE que sólo tiene como objetivo político quitar del poder a Rajoy para instalarse el, pero que oculta todo lo pasado en las filas de su propio partido

Aún no he oído a ninguno de ellos, qué como primera providencia, hablen de un pacto de estado, para luchar contra la corrupción política, con acciones y medidas concretas. Tampoco he oído que ninguno de ellos hable de establecer medidas urgentes, para dotar a los Juzgados y Tribunales de medios materiales y personales suficientes para que puedan perseguir los delitos con eficacia.  Para ellos, lo importante no es esto. Su objetivo es llegar al poder y nada más. ¿es a estos a los que tenemos que votar? Qué pena.

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CONSECUENCIAS DE UNA MALA EDUCACIÓN
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Guillermo Díaz Bermejo | 25-07-2017 | 10:37| 0

Todos los días nos encontramos en los medios de comunicación, con noticias que nos informan del incremento de violaciones, abusos sexuales y maltrato, provocados por adolescentes, de maltrato a padres y abuelos por parte de chicos adolescentes, de altercados, lesiones graves e incluso asesinato, provocados por muchachos adolescentes. Y aunque con no menos gravedad, también solemos ver informaciones sobre comas etílicos en los botellones, juegos sexuales sin límite ni sentido, como es el caso del muelle o la ruleta. En definitiva, noticias que me llevan a pensar que vivimos un tiempo en el que, la actitud de bastantes adolescentes, es preocupante, por no decir grave, que se han perdido muchos de los valores que teníamos en generaciones anteriores y probablemente, esto se está produciendo como consecuencia de esa educación tan permisiva, que muchos llaman democrática o progresista y que, como estamos viendo, empieza a ser un total fracaso.

Los niños y los adolescentes, en gran medida son el reflejo de la sociedad que los educa. Y antes, los valores, los fundamentos de la convivencia y las normas básicas de la educación, se empezaban aplicando en el seno familiar, dejando a los profesores sólo la enseñanza digamos reglada. Ahora no ocurre así y las familias han delegado la educación de sus hijos en los profesores, qué a su vez, por mor de la nueva legislación educativa, han perdido su autoridad frente a los alumnos.

Antes, quizá porque los entornos familiares eran diferentes, en casa se imponían y se aplicaban unas normas de conducta ya desde que éramos niños. Al menos en lo que yo viví, en caso de conflicto, un buen azote, un pescozón, o una zapatilla voladora, eran la mejor terapia para frenar un conato de rebelión. Las cosas se ganaban con esfuerzo y los caprichos consentidos eran mínimos. Mis hijos recibieron las mismas terapias que antes se me habían aplicado a mí y que yo sepa, ahora que ellos mismos son padres, en modo alguno piensan que han sido maltratados. Cuando alguno de ellos me reclamaba la paga semanal yo le decía, vale, lávame el coche y una vez que lo tengas listo ya te la doy. O cuando otro llegaba a casa y contaba que el profe lo había castigado, mi mujer y yo le decíamos ¡algo habrás hecho! En cambio ahora, si un niño llega a casa dice que ha sido castigado, sus padres van raudos al colegio para echar la bronca al profesor.

Yo mismo he vivido de primera mano el episodio de una madre que pidió mi ayuda para redactar unas alegaciones contra una sanción que habían impuesto a su hijo de 14 años y que lo expulsaba del colegio durante ocho días. Ese buen niño, era el camorrista habitual en el patio del colegio, lo pillaron varias veces fumando porros y como gota que llenó el vaso, en una excursión colegial, con un martillo rompió una ventana del autobús. Frente a esta expulsión más que justificada, el argumento de la madre era que el chico era bueno y que el problema era de los profesores que no lo entendían.

Ahora, quizá porque los padres están más ocupados, o porque al trabajar fuera de casa, dejan a sus hijos al cuidado de una empleada del servicio doméstico, cuando están con sus hijos, para no contrariarlos, les dan todo lo que quieren y los llenan de caprichos. Cuando estos niños van creciendo, los padres tratan de comportarse como amigos y he ahí el problema. Los padres no tienen que ser los amigos de sus hijos. Los padres tienen que ser padres y ese azote puntual es una corrección moderada que hasta el Código Civil tiene regulado.

Son esos métodos de educación que consisten en dar a los hijos todos sus caprichos, llenándolos de juguetes, consolas y teléfonos móviles de última generación, los que están fabricando esos tiranos adolescentes que, como no se les entrenó a recibir un no o a conseguir las cosas con esfuerzo, crecen creyéndose con el derecho a pedir todo y con la obligación de los padres a dárselo. Es esto lo que está fabricando esa legión de tiranos adolescentes que terminan convirtiéndose en maltratadores de padres y abuelos, en maltratadores de sus parejas, en violadores y, en definitiva, en delincuentes.

Como yo igual estoy equivocado en mis apreciaciones, he leído un informe sobre el “estado crítico” de la educación, dado por el Defensor del Profesor en su informe anual. En ese informe se recoge que en la ESO (12 a 16 años) “existe una situación generalizada de falta de atención, desinterés, esfuerzo nulo, ausencia de claridad respecto a sus objetivos, tanto en sus estudios como en la vida. He visto también una investigación del departamento de Sociología de la Universidad de Salamanca que lleva el título muy ilustrativo de “juventud a la deriva” en el que se recoge que el 23% de los jóvenes españoles entre 14 y 18 años, admite haber cometido actos vandálicos, un 38% ha participado en peleas, un 30% conduce sin carnet, el 65% bebe alcohol habitualmente los fines de semana, un 28% que consume marihuana o hachís y un 4,4% que consume cocaína.

Creo que todo esto trae su origen en la mala educación de los adolescentes que han perdido la disciplina, la cultura del esfuerzo, el sacrificio y el trabajo bien hecho. Actualmente los adolescentes buscan los logros fáciles y cómodos, y si no apruebo ahora, ya aprobaré en otras convocatorias que no pasa nada. La filosofía que tienen hoy día es “quiero esto y lo quiero ahora”. Los buenos modales van desapareciendo, y de esos polvos tenemos estos lodos.

Además de esa mala educación en el seno familiar, nos encontramos con otras situaciones en su entorno que ayudan absolutamente nada. Tenemos algunos medios de comunicación con personajes públicos que se comportan de modo zafio y maleducado que no son el mejor ejemplo de juventud sana, pero que se terminan convirtiendo en un modelo de comportamiento de esa juventud. Tenemos unos adolescentes con unos teléfonos móviles de última generación que se mueven con total soltura en las redes sociales y que los propios padres no pueden controlar porque están obsoletos tecnológicamente. Pese a eso, los padres les compran esos móviles para no contrariarlos y sólo porque otros amigos los tienen y no acaban de entender que esas redes sociales son auténticas bombas de relojería y que es donde se inician los acosos sexuales, las provocaciones y los peligros de todo tipo. Les damos un arma que nosotros mismos no sabemos usar.

Yo no digo que todos los adolescentes sean así porque, por suerte, la gran mayoría se comportan de modo correcto, pero lo que no se puede olvidar es que se ha producido un gran salto y un fuerte crecimiento del número de tiranos adolescentes a los que sus padres permisivos, no los han sabido educar desde pequeños. Por ello, creo que es hora de que las autoridades educativas vuelvan a regular el sistema, propiciando la cultura del esfuerzo y la disciplina. Y también es hora de que los padres vuelvan a aplicar estos valores tradicionales que se han ido perdiendo día a día. Y si no lo hacen, los problemas seguirán creciendo y esto es una mala herencia para la sociedad del futuro.

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SALARIO SOCIAL
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Guillermo Díaz Bermejo | 18-07-2017 | 10:23| 0

Leo otra vez en el Diario el Comercio, una nueva información, que vuelve a incidir en los problemas que sigue generando la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias. Siguen subsistiendo e incluso incrementándose las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. La propia Consejera Pilar Varela, sale a la palestra y dice que se han incrementado las plantillas de personal para agilizar los trámites, pero sorprendentemente, en vez de mejorar, la situación empeora aún más.

Para los que no lo conocen, he de decir de modo sintético, que el salario social es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista.  El Principado de Asturias reguló esta prestación, mediante la Ley de Salario Social Básico, que tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, qué con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes.

El problema es que, al igual que hicieron otras Comunidades, el Principado promulgó esta ley, pero la está incumpliendo de modo reiterado, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático, que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes, debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Conozco de primera mano la desidia de la Consejería de Bienestar Social, debido a las labores de asesoramiento que realizo como voluntario en una ONG, en la que, de modo frecuente, me entrevisto y ayudo a personas que llegan en busca de apoyo. Ayudando a esas personas, puedo ver las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo que pretende es dilatarlo lo más posible. A título de ejemplo, una persona presenta solicitud de salario social el día 3 de Agosto de 2015. Han transcurrido casi dos años y aun no se ha dictado ninguna resolución. Ante esta situación, forzada por la reclamación continuada de la solicitante, quizá para quitarla del medio, en ventanilla le facilitan un documento de la Jefe de Negociado, donde se certifica que su solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse fecha probable de resolución del procedimiento. Otro ejemplo habitual es de una persona beneficiaria de la prestación y que encuentra un trabajo temporal de 3 meses. Debido a este contrato temporal, se le suspende la prestación. Transcurridos esos tres meses trabajando, vuelve a solicitarla y ¿qué ocurre entonces? Que tiene que esperar un año o más a que vuelvan a rehabilitársela y, lógicamente esto lo que provoca, es la desmotivación en esa persona para la búsqueda activa de empleo.

Yo a esto, lisa y llanamente, lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

De nada me sirve que la actual Consejera, al igual que hizo la anterior, diga que va a tomar medidas para regularizar la situación de los más de 2000 expedientes que tienen atrasados o que va a incrementar las plantillas de personal, como según parece ha hecho. Tampoco me sirve de nada que se haya comprometido con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera y tramitar las solicitudes en el plazo legal de tres meses. Al día de hoy las listas de espera siguen y la situación aún ha empeorado más.

Si de verdad se quieren eliminar las listas de espera, falta voluntad política para hacerlo. Se trata sencillamente de cumplir la ley ,al igual que tenemos que cumplirla todos los ciudadanos, ya que si no lo hiciéremos, el peso de la Administración caería sobre nosotros. ¿acaso es que el Principado tiene alguna bula para incumplir sus propias leyes?

Las personas que solicitan el salario social, no tienen ningún tipo de ingresos y dado el desamparo que sufren por la negligente gestión del Principado de Asturias, se ven obligadas a acudir a las ONGs para que les faciliten alimentos básicos y ropa de segunda mano y quedan en un manifiesto riesgo de exclusión social. Por ello, al igual que ya dije en otros artículos anteriores, si al Gobierno del Principado le queda algo de dignidad, debería de abandonar su actual pasividad y resolver el problema de modo inmediato. Se trata sólo de que apliquen la propia Ley que han dictado. Dejen a un lado las excusas, las justificaciones, las palabras huecas y pónganse manos a la obra.

Yo invitaría a la Consejera de Bienestar Social a que antes de subir a su coche oficial para que la lleve a su casa, haga el ejercicio de pararse un momento, para hablar con una de esas personas solicitantes del salario que no tienen nada, que le mire a los ojos, que oiga cuál es su situación y a partir de ahí, a ver si tiene coraje para seguir mirando para otro lado ante la penuria de esa gente. Recordaría también a esa Consejera, que los ciudadanos estamos obligados a cumplir la ley, pero, la Consejería también. Me duele tamaña indignidad política.

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AFÁN RECAUDATORIO
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Guillermo Díaz Bermejo | 12-07-2017 | 9:18| 0

Leo en el diario El Comercio del día 11 de Julio, que el Ayuntamiento de Oviedo planea instalar más radares y fotorojos para el control del tráfico en Oviedo. Sigue la noticia diciendo que actualmente, es en los radares de la rotonda de la Cruz Roja y de la Plaza de Castilla, donde más denuncias se formulan y donde se levantan más atestados por alcance de vehículos. Dice el Concejal responsable, que esto no tiene que ver con recaudar ya que el objetivo es la prevención y agilizar el tráfico.

Si como también se dice en esa noticia, la memoria de Seguridad Ciudadana de 2016, revela la tendencia a la baja de los accidentes, así como la ausencia de atropellos mortales en los cuatro últimos años, qué sentido tiene que se pretenda instalar más radares y más fotorojos,si no es para meter la mano en el bolsillo de los incautos conductores y con ello mejorar su voracidad recaudatoria.

A la vista de los datos que reflejan los presupuestos municipales de los últimos años, se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2012, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos definidos para 2016. Ni más ni menos se ha incrementado el presupuesto en un 100%  respecto al que había hace cuatro años. ¿acaso en el Ayuntamiento de Oviedo se cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante? Todo un contrasentido a la vista de la reducción de los accidentes que ellos mismos recogen en su memoria.

Qué sentido tiene que se pretenda instalar aún más radares y fotorojos, cuando estas cámaras que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que, sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo, tal y como se recoge en la memoria de accidentes ocurridos en 2016 en las dos glorietas comentadas anteriormente.

Qué sentido tiene que se quiera instalar aún más de esas cámaras que no cumplen las normas UNE, que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. Que se explique la ilegalidad de las multas de las cámaras instaladas en las calles peatonales, aun cuando se ha apresurado a publicar a toda prisa, una ordenanza que las maquille, tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo. O que se explique por qué en el famoso bulevar de la Y, donde no hay ningún problema de seguridad vial, se ha instalado una cámara que ya ha sido declarada ilegal por los Tribunales por no cumplir las normas técnicas, algo que explícitamente ya ha reconocido el propio concejal del ramo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

Resulta indignante que se pretendan instalar más fotorojos, aun cuando el Ayuntamiento sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, se le niegan los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE.  Resulta aún más indignante cuando hasta el propio Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero, aun así, como el Ayuntamiento sabe que el conductor pillado, no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata. Y para esto, aunque sean ilegales, qué mejor que instalar mas cámaras.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado indebidamente. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. El Ayuntamiento debería de saber y sabe que esa comunicación precipitada a la Dirección General de Tráfico y que provoca en el historial del conductor sancionado que en sus antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar), es un claro atentado contra el honor y que por eso el conductor tiene derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, en vez de tanto afán recaudatorio, por qué el Ayuntamiento no se dedica a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretendan estrujar al conductor.  Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando el Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora por ser pillado en estas cámaras, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente está incurriendo en un delito de prevaricación.

No entiendo por tanto que, pese a los pronunciamientos de los Tribunales, que declaran nulas de pleno derecho este tipo de sanciones, el Ayuntamiento de Oviedo pretenda seguir ampliando el número de cámaras y fotorojos, si no es para otra misión distinta a la de recaudar de modo fácil. Una cosa es velar por la seguridad del tráfico y la movilidad, y otra distinta es recaudar con unas armas que, además, son ilegales. Lamentable.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.