El Comercio
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Autor: guillermo.diaz_1400504256366
FACULTAD DE ESPIAR
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Guillermo Díaz Bermejo | 11-12-2017 | 10:01| 0

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

Pero, no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decidió apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y sacó adelante la Ley Orgánica 13/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la aprobación de esta reforma, se vuelve a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Esta Ley, abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y además de los delitos de terrorismo y crimen organizado, que eran el objeto de SITEL, los amplía a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información, comunicación o servicio. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos dolosos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

Lo más preocupante es que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos y existan razones fundadas que hagan imprescindible la investigación, la medida de interceptación podrá ordenarla el Ministerio del Interior, o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Una vez aplicada la medida, se comunicará inmediatamente al Juez competente, dentro del plazo máximo de 24 horas.

¿Qué ha pasado con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?  Pues lisa y llanamente, el legislador, al haber ampliado el abanico de delitos, está conculcando los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice, e introduciendo nuevos supuestos y nuevos tipos de delitos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue la reforma de la ley, es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente introduce delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se ha establecido, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora ha introducido la ley reformada.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que ha introducido el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

 

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LA REVOLUCIÓN PENDIENTE
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Guillermo Díaz Bermejo | 04-12-2017 | 6:40| 0

Me sirve de pie para hilvanar este artículo, lo que dijo el dramaturgo y premio nobel, Bernard Shaw: No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos. Envejecemos porque dejamos de jugar.

Las generaciones de mi edad, mayores de 65 años y hoy jubilados, hemos nacido en una dictadura, en la que luchábamos por defender unos derechos y unas libertades. Luchábamos por alcanzar una democracia. Luchábamos por defender la igualdad de derechos entre los hombres y las mujeres o por combatir el racismo. Luchábamos por conseguir mejores servicios y una mayor calidad de vida Nos esforzábamos, trabajábamos duro, sufríamos estrecheces económicas, sacábamos a nuestros hijos adelante dándoles la mejor formación posible. Y en esa lucha continuada y muchas veces difícil, casi sin darnos cuenta, llegamos a la edad de la jubilación.

En esta nueva situación aceptada, pero muchas veces no querida, creo que las personas jubiladas tenemos ante nosotros una revolución pendiente y debemos de luchar por ganarla. Por suerte (no por desgracia, como algunos economistas sostienen, al decir que somos un problema para el sistema de pensiones y una amenaza en ciernes para el sistema económico), los españoles somos mucho más longevos y tenemos más calidad de vida que generaciones anteriores, gracias al buen sistema sanitario que tenemos y que seguro está entre los mejores del mundo, aunque algunos lo critiquen.

Aceptamos que el sistema económico o político decidiera que a los 65 años hoy y a los 67 dentro de un tiempo, todos tenemos que jubilarnos y por tanto ya tenemos que ser viejos, porque, según dicen, estamos obsoletos y amortizados. La cuestión es ¿a qué edad envejecemos?, porque una cosa es el envejecimiento y otra muy distinta es la longevidad. La longevidad (que por suerte para nosotros, es de las más grandes del mundo, debido a  que tenemos un claro incremento de nuestra esperanza de vida), es una cuestión de años cumplidos en el calendario, pero el envejecimiento no es sólo una cuestión de calendario, es sobre todo una actitud mental.

Desde mi punto de vista, los jubilados tenemos que tener una visión positiva del envejecimiento y tenemos que luchar para seguir manteniéndonos activos tanto física como mentalmente, ya que estamos ante el hecho constatable de que la población está viviendo muchos más años y con mucha más calidad de vida que otras generaciones anteriores. Con esta visión positiva, los jubilados tenemos que volver a luchar en esta nueva revolución que está ante nosotros y que tenemos que ganar. En modo alguno podemos asumir y aceptar la definición que la Real Academia de la Lengua hace sobre la jubilación o la vejez, cuando dice que nos cesan y nos dan un derecho a pensión por razón de vejez. O que nos dispensan del trabajo, por razón de nuestra edad o decrepitud que no nos permite realizar las actividades que teníamos o que nos incumbían, o cuando coloquialmente se nos dice que nos desechan porque somos inútiles. O sencillamente porque llegamos a una edad, donde ya tenemos derecho a la pensión de jubilación.

Tampoco podemos asumir ni aceptar que nosotros, los jubilados o los viejos, somos un problema porque generamos muchos gastos en pensiones, en sanidad, en dependencia o en otras muchas cosas. Muy al contrario, nosotros somos una gran oportunidad de negocio para el mundo empresarial donde pueden focalizarse nuevas inversiones dirigidas a los jubilados. Frente a este real hecho demográfico de una mayor longevidad, seguro que aparecerán nuevas actividades empresariales dirigidas a este sector de la población, que sin duda alguna van a generar muchos beneficios para ellas. Por tanto, nosotros no somos una carga. Somos una oportunidad de negocio.

Me niego a que se hable de nosotros como unas personas que tras la jubilación, tenemos toda clase de achaques, manías propias de los viejos, que se nos olvidan las cosas, que ya somos analfabetos digitales, que lo mejor que podemos hacer es dedicarnos a pasear para molestar lo menos posible, o a hacer viajes con el IMSERSO con bailes de salón incluidos, o que, como no tenemos nada que hacer, nos dediquemos a pasear a nuestros nietos.

Es cierto que, por mi edad de calendario, yo ya me estoy haciendo mayor, pero en modo alguno por mi manera de ser y de actuar.  No pretendo tener una segunda juventud cuando sigo haciendo buenas y largas rutas en bicicleta, esquiando o haciendo toda la serie de actividades  que mi estado físico me permite, aunque sea mayor. La etapa de la juventud ha quedado atrás y ya la tengo superada. No pretendo emular por tanto, todas aquellas actividades que hacía cuando era joven, pero si pretendo  romper esos estereotipos que se dan a la vejez. Pretendo vencer actitudes viejistas.

Quiero seguir haciéndome mayor cultivando mi aspecto físico, cultivándome intelectualmente a través de la formación, reciclando mis conocimientos profesionales e incluso emprendiendo nuevos procesos formativos. Me gusta sentirme orgulloso de mi edad y de haber llegado a donde he llegado. Pero esto no es suficiente y de ahí que quiera luchar por esa revolución pendiente que implica que siga preocupado y critique la política y la injusticia social.

Quiero resistirme a que algunos jóvenes me digan que nosotros ya estamos obsoletos y por eso reto a esos jóvenes a que en buena lid debatan conmigo sobre el uso por ejemplo de las nuevas tecnologías o que debatan conmigo sobre esa formación académica reglada en la que estoy inmerso ahora mismo, o que debatan conmigo sobre cuestiones empresariales o profesionales.

Nosotros somos un grupo muy numeroso y heterogéneo. Cada uno somos diferentes y también tenemos necesidades diferentes, pero hay algo importantísimo que nos une y es que tenemos la serenidad de la madurez, experiencia, sabiduría e independencia. Pero diría aún más, muchos seguimos teniendo coraje y fuerza. Y por eso considero que una sociedad coherente, debe de dar protagonismo a las personas que venimos de esta generación, ofreciéndonos la posibilidad u oportunidad de que podamos seguir estando activos.

Mi edad ya no importa, lo que importa es que ya tengo bastantes años y bastantes experiencias vitales para no tener miedo y para hacer aquello que quiero y siento. Y lo que quiero sencillamente es iniciar la revolución contra el envejecimiento, pasando a un envejecimiento activo en esta etapa de la vida en la que podemos seguir creciendo personalmente. Como alguien dijo. “tenemos que dar vida a los años y no solamente año a la vida. La población no envejece. Lo hacen las personas”.

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¿POR QUÉ NO VIOLENCIA DOMÉSTICA?
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Guillermo Díaz Bermejo | 25-11-2017 | 9:15| 0

Hoy, con ocasión del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en todos los medios de comunicación corren ríos de tinta hablando de la violencia machista. La portada del diario El Comercio recoge cuarenta mensajes por cuarenta víctimas y aparecen asturianos relevantes, levantando sus carteles contra la violencia sobre las mujeres. En prensa, radio y televisión se habla sin parar de “crímenes machistas”, “violencia machista”, “acabemos con la violencia machista”, “basta ya de violencia contra las mujeres”.

Va por delante que repudio todos esos brutales asesinatos de mujeres, que claramente sitúo en el ámbito del crimen machista o de la violencia de género. En lo que no puedo estar de acuerdo es que sólo se proteste, se chille, se hagan concentraciones, se guarden minutos de silencio o se pongan pancartas,  contra la violencia llamada de género o machista, pero se calle o silencie toda la violencia que se da en el ámbito doméstico. Parece que se ignora que también hay hombres maltratados e incluso asesinados, que hay hijos o hermanos maltratados y asesinados, que hay padres y abuelos maltratados. Por esto, debería se eliminarse la excluyente expresión de violencia machista o de género y sustituirla por la más genérica de “violencia doméstica”.

Voy a tratar de justificar lo que sostengo  a renglón seguido, tomando como referencia la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y empiezo diciendo que no sólo hay mujeres maltratadas. También hay hombres maltratados, hay padres maltratados, hay hermanos maltratados y hay otros familiares maltratados. Tomo como referencia también la Ley de Igualdad de 2007 que pretende conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En esta ley, que conceptúa la violencia de género como un tipo de violencia contra la mujer, cometida por un hombre, el legislador ha considerado que el hombre siempre se encuentra en una situación de superioridad sobre la mujer, porque suele ser el que tiene más fuerza física y con ello crea una presunción de culpabilidad que difícilmente admite prueba en contrario. Así, a título de ejemplo, no considera que pueda haber casos en que el hombre físicamente puede ser más débil que la mujer. Un sector de la judicatura sostiene que <> y esto, evidentemente, se opone a la idea de considerar a la mujer, por definición, especialmente vulnerable ya que también podemos encontrarnos con hombres y otros familiares, especialmente vulnerables. El propio Juez Serrano, Magistrado titular de un juzgado de familia, habla de una falsa violencia machista y habla de una realidad silenciada, diciendo que hay muchos hombres condenados porque sus mujeres los denunciaron falsamente. Este Juez informa también que sólo en la Comunidad de Madrid, hubo un total de 2.589 delitos de violencia femenina sobre sus parejas masculinas.

Parece más que evidente, que esta ley discrimina a los hombres heterosexuales por razón del sexo, al no considerar la violencia contra el hombre como un delito, como lo hace con la mujer, y esto, sin duda contradice el artículo 14 de nuestra Constitución que establece el “principio de igualdad” sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.  Pero es que además, desde que en 2005 se permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, también los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas, van a quedar discriminados por la Ley de Violencia de Género. Y diría también que incluso discrimina a las propias mujeres que en el siglo XXI luchan por una igualdad de oportunidades ya que la ley lleva expresamente a que la mujer está en inferioridad de condiciones frente al hombre.

A mi juicio, la actual Ley de Violencia de Género fue promovida por un gobierno que no quiso mantener el concepto amplio de violencia familiar o doméstica, que antes englobaba a todos los maltratos que se daban en el hogar, sin distinguir ni el sexo ni la condición de las víctimas. Aunque la violencia en el ámbito familiar está prevista en el Código Penal Español, esta a mi juicio discriminatoria Ley, limita el término de violencia, sólo a la que ejercen los hombres y padecen las mujeres, negando así cualquier opción a que la situación pueda ser distinta. Por tanto, si la Constitución nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, esta ley tiene todos los visos de ser inconstitucional porque como se decía antes, discrimina a los hombres, a los homosexuales o a las lesbianas.

Entiendo que la violencia contra el hombre por parte de la mujer, tiene una incidencia menor, pero eso no quiere decir que no la tenga y los datos así lo demuestran y por tanto, también debería ser objeto de atención. Sin embargo este es un tema tabú, quizá porque alguien puede lanzar rápidamente la acusación de machismo. Probablemente este tabú tiene que ver con el rol estereotipado que ve a los varones como el sexo fuerte.

Concluyo por tanto sosteniendo que esta ley debería de ser modificada y volver a un estado anterior en que se perseguía la violencia doméstica. El ámbito de la violencia doméstica engloba por supuesto a la violencia de género o machista, pero también a toda la violencia doméstica en la que quedan incluidas mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, padres, hijos, abuelos y resto de la familia. Pudiendo englobar el todo, discrimina, sólo considera débil a la mujer y por tanto sólo la protege a ella. ¿Bastante injusto no?

 

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NO HE LEÍDO PERO ACEPTO
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Guillermo Díaz Bermejo | 22-11-2017 | 5:17| 0

Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con  jóvenes emprendedores que recurren a nosotros, en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo  sobre la necesidad de redactar de modo claro, los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: “y eso que más da si nadie los lee”.

Al principio te quedas sorprendido por esas afirmaciones, pero después reflexionas y te das cuenta de que ciertamente tienen razón.  Yo mismo reconozco que, aun cuando tengo formación jurídica y conozco las consecuencias legales que implica ese precipitado click que hago para aceptar algo, en muchas ocasiones, por prisa o  por ese qué más da,  he aceptado unos términos y condiciones que no he leído previamente.

Cualquier usuario que se mueva por la red, cualquier persona que esté utilizando las redes sociales como Facebook, Twiter o Google, cualquier usuario que utilice la banca electrónica, reserve hoteles, compre billetes de avión, cualquier usuario que haga compras por internet, o en definitiva, cualquier usuario que utilice la infinidad de servicios que se ofrecen en la red, indubitadamente se va a encontrar con una casilla en la que tiene que hacer click y con ello aceptar los términos y condiciones que se le imponen si quiere hacer uso de esos servicios. Instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores, nos registramos en redes sociales, nos damos de alta en todo tipo de servicios y firmamos una y otra vez de modo indubitado, sabiendo que esas empresas y proveedores, lo que hacen es redactar avisos legales sin arriesgarse a dejar ningún resquicio legal y sobre todo cuidándose sus espaldas.

Probablemente, aceptamos de modo mecánico estas condiciones, por pereza, por falta de tiempo, por buena fe, por comodidad o incluso porque alguna vez intentamos leer un largo y farragoso texto, lleno de formulismos legales que, al no tener conocimientos jurídicos, en vez de resultar clarificador, te dejan aún más confundido. En esta situación tan confusa, como lo que nos interesa es utilizar el servicio que nos ofrecen, dejamos a un lado la lectura del texto y nos limitamos a aceptar de modo mecánico. Es decir, hemos dado un consentimiento “desinformado”.

Y ¿qué es lo que hemos aceptado? Aunque no hayamos leído nada, lisa y llanamente hemos aceptado un contrato, con la misma validez legal y con los mismos efectos jurídicos que si lo hubiéremos firmado en un documento escrito en presencia de las partes. Así que, a partir de ahí, poco podremos hacer si alguno de esos servicios abusa de nosotros, por ejemplo, cediendo o vendiendo nuestros datos personales a otras empresas. Y podremos hacer poco o nada, sencillamente porque de modo expreso hemos aceptado esas condiciones.

Antes de escribir este artículo, me he tomado tiempo para leer a fondo las condiciones de Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Estuve toda una tarde leyendo e interpretando términos y condiciones y la conclusión que he extraído es muy clara. He regalado todos mis datos personales y de mis amigos, he regalado mis derechos de propiedad intelectual sobre lo que escribo o sobre las fotos que publico, he consentido que me rastreen esté donde esté y que con técnicas de bigdata sepan todo lo que hago, donde estoy, con quien estoy, que gustos o aficiones tengo, cual es mi ideología, cual es mi tendencia sexual, e incluso pienso que también llegan a saber si tengo una aventura o una relación extramatrimonial.

He aceptado también que cuando les venga en gana, a su criterio y sin mi consentimiento, puedan cambiar estas condiciones de uso. Y si todo esto no me gusta y deseo presentar contra ellos una demanda judicial, he aceptado expresamente que me someto a los Tribunales americanos donde están ubicados estos gigantes tecnológicos. Incluso, en algún caso he aceptado que expresamente renuncio a llevar a los tribunales al prestador de esos servicios.

Es cierto que en España, legalmente, las empresas que operan en nuestro país tienen la obligación de informar a sus usuarios mediante avisos legales, sobre sus políticas de privacidad, usos de cookies, o condiciones generales de contratación. Pero ¡qué más da que tengan esta obligación legal!. Estas operadoras cumplen con la ley, pero el problema es que hacen un minucioso redactado con un solo objetivo: No asumir ninguna responsabilidad y de paso limitar o reducir las garantías de los usuarios.  Como saben que el usuario quiere utilizar sus servicios, lo hacen prisionero provocando que hagan ese click de aceptación, cuando en realidad saben que ese usuario está prestando un consentimiento desinformado, por muy exhaustivo que sea ese aviso legal. En resumen, ese famoso “he leído y acepto los términos y condiciones” es esa gran trampa en la que nos meten los diferentes operadores, ya que aceptamos pero desconociendo todos los detalles.

Como muestra de esa aceptación mediante un precipitado click de algo que no he leído, en Londres, una empresa de seguridad, con la colaboración de la Europol, hizo un experimento para poder probar que los ciudadanos no saben lo que aceptan. El resultado del experimento fue que muchas personas aceptaron entregar a sus hijos para toda la vida, al aceptar los términos de la conexión a una red wifi pública. Probablemente esto ocurre porque tenemos prisa, porque no queremos perder el tiempo. Además, realmente, leer todos los términos y condiciones de todo lo que usamos, implicaría muchas horas e incluso muchos días para leer todo. Y si a eso añadimos los lenguajes con cierta complejidad jurídica que no está al alcance de las personas que no hayan estudiado derecho, mal vamos.

El gran problema es que los operadores de estos servicios, nos ponen ante el dilema de “o lo tomas o lo dejas” y si quieres usar sus servicios, indubitadamente no tienes más remedio que aceptar. Y al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación de tus gustos, en definitiva de toda tu vida. En conclusión, en internet nada es gratis.

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NO SON PRESOS POLÍTICOS
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Guillermo Díaz Bermejo | 09-11-2017 | 9:10| 0

Como leí por una red social en sentido jocoso, decir que los independentistas catalanes son presos políticos por sus ideas, es lo mismo que decir que los violadores están en la cárcel por practicar el sexo.

Es verdad que en la Unión Europea, probablemente, por primera vez se ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos, no por corrupción o por delitos comunes, sino por una manifiesta insurrección institucional. También es cierto que estas decisiones judiciales pueden resultar traumáticas y que de hecho están provocando muchas reacciones de todo tipo. Pero, en lo que en modo alguno puedo estar de acuerdo es que ciertos dirigentes como Iglesias, Colau y otros más, digan que España hoy es una dictadura, donde hay presos políticos porque se detiene a los opositores. Concretamente Pablo Iglesias recrimina aquí lo que en sentido contrario aplaude que se haga en Venezuela. Tampoco puedo estar de acuerdo con esas consignas de “libertad para los presos políticos” que utilizan propagandísticamente los independentistas para convencer a no sé quién, de que en España tenemos un estado opresor que encarcela a los disidentes políticos por sus ideas.

Lo que sabemos con certeza, porque se ha comprobado, es que los hechos por los que se les juzga, son que todos los miembros del Gobierno de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para llevar a cabo un referéndum independentista, para declarar el estado catalán independiente en forma de república. Utilizaron violencia intimidatoria de sectores independentistas de la población, llamaron a la insurrección y vulneraron descaradamente tanto nuestra Constitución, como todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional vino dictando ya desde el pasado 2015. Es cierto que tenían la mayoría absoluta de diputados, pero no así de votos. Estos personajes públicos también se valieron de las asociaciones civiles independentistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana,   a las que pertenecen un gran número de los diputados y miembros del Govern.

Elaboraron un documento titulado “reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica” que era la hoja de ruta para llegar a la independencia y que definía el papel que cada uno debería de jugar en el plan establecido. Este documento, en realidad, lo que recogía es todos los pasos que terminó ejecutando el gobierno de la Generalitat y el Parlament.

En este proceso, aprobaron leyes y resoluciones para dar aparente cobertura legal al proceso. Estas leyes y resoluciones fueron declaradas todas inconstitucionales. Cataluña no tenía competencia ni para declarar el referéndum ni para ejecutar el proceso de desconexión. Pese a todo esto, Pugdemont lideró la movilización de los sectores independentistas y se saltó a la torera la Constitución. Promovieron actos, manifestaciones, proclamas para inyectar en la sociedad la idea de que existía un derecho de autodeterminación y que todo lo que estaban haciendo estaba legitimado.

El gobierno de Puigdemont, para conseguir efecto intimidatorio, asumió de modo exclusivo el mando de los Mossos d`esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos. Se mandaron cartas a los alcaldes catalanes para que pusieran a su disposición los locales municipales necesarios para celebrar el referéndum, mandado que algunos alcaldes desatendieron. En mítines se hicieron llamamientos al enfrentamiento. Se promovieron movilizaciones y concentraciones tumultuarias para oponerse a la ejecución de órdenes judiciales, para impedir que policía y Guardia Civil cumplieran sus funciones, así como actos de acoso o “escraches” en sus lugares de trabajo y de descanso. Se trataba de conseguir la secesión de modo coactivo.

El pleno del parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que como sabemos, provocó la aplicación del art 155 de nuestra Constitución. El gobierno organizó y financio con fondos públicos, todo el proceso. Se habilitaron partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades derivadas del proces. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas partidas.

Pese a eso Puigdemont hizo posible la realización de pagos por importe de 6.207.450 €, no ya por llevar adelante un acto contrario a derecho, sino que además, es constitutivo de un delito, en cuanto que vulnera una orden constitucional. Se ordenaron gastos para algo que era delictivo. Eran gastos que nada tenían nada que ver con la función pública y que nada tenían que ver con el correcto funcionamiento de la Comunidad.

Y todo esto,  amigos míos, lisa y llanamente,  constituye delito de rebelión del artº 472 de nuestro Código Penal, de sedición del  artículo 544, de malversación del 432, de prevaricación del 404 y de desobediencia del 503. Estamos hablando no de uno, sino de cinco delitos claramente tipificados en nuestra Ley penal. Y además de todo esto, también deberíamos de hablar de la gran fractura social que se ha provocado en Cataluña, unida a unas desastrosas consecuencias económicas y a una falta total de reconocimiento internacional de este procés que ojala olvidemos pronto.

Por tanto, los que ya están en prisión provisional y los que han huido a Bruselas que confío pronto estarán en prisión también, en modo alguno son presos políticos, son presos en prisión preventiva hasta que se les juzgue por los cinco delitos de los que se les acusa.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.