El Comercio
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Categoría: Derecho informático
FACULTAD DE ESPIAR

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

Pero, no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decidió apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y sacó adelante la Ley Orgánica 13/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la aprobación de esta reforma, se vuelve a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Esta Ley, abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y además de los delitos de terrorismo y crimen organizado, que eran el objeto de SITEL, los amplía a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información, comunicación o servicio. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos dolosos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

Lo más preocupante es que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos y existan razones fundadas que hagan imprescindible la investigación, la medida de interceptación podrá ordenarla el Ministerio del Interior, o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Una vez aplicada la medida, se comunicará inmediatamente al Juez competente, dentro del plazo máximo de 24 horas.

¿Qué ha pasado con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?  Pues lisa y llanamente, el legislador, al haber ampliado el abanico de delitos, está conculcando los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice, e introduciendo nuevos supuestos y nuevos tipos de delitos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue la reforma de la ley, es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente introduce delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se ha establecido, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora ha introducido la ley reformada.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que ha introducido el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

 

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NO HE LEÍDO PERO ACEPTO

Habitualmente, cuando en Secot me encuentro con  jóvenes emprendedores que recurren a nosotros, en búsqueda de asesoramiento para iniciar un proyecto empresarial, les informo  sobre la necesidad de redactar de modo claro, los avisos legales que están obligados a introducir en las páginas web que están elaborando para la puesta en marcha de su negocio. La respuesta siempre suele ser la misma: “y eso que más da si nadie los lee”.

Al principio te quedas sorprendido por esas afirmaciones, pero después reflexionas y te das cuenta de que ciertamente tienen razón.  Yo mismo reconozco que, aun cuando tengo formación jurídica y conozco las consecuencias legales que implica ese precipitado click que hago para aceptar algo, en muchas ocasiones, por prisa o  por ese qué más da,  he aceptado unos términos y condiciones que no he leído previamente.

Cualquier usuario que se mueva por la red, cualquier persona que esté utilizando las redes sociales como Facebook, Twiter o Google, cualquier usuario que utilice la banca electrónica, reserve hoteles, compre billetes de avión, cualquier usuario que haga compras por internet, o en definitiva, cualquier usuario que utilice la infinidad de servicios que se ofrecen en la red, indubitadamente se va a encontrar con una casilla en la que tiene que hacer click y con ello aceptar los términos y condiciones que se le imponen si quiere hacer uso de esos servicios. Instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos móviles y en nuestros ordenadores, nos registramos en redes sociales, nos damos de alta en todo tipo de servicios y firmamos una y otra vez de modo indubitado, sabiendo que esas empresas y proveedores, lo que hacen es redactar avisos legales sin arriesgarse a dejar ningún resquicio legal y sobre todo cuidándose sus espaldas.

Probablemente, aceptamos de modo mecánico estas condiciones, por pereza, por falta de tiempo, por buena fe, por comodidad o incluso porque alguna vez intentamos leer un largo y farragoso texto, lleno de formulismos legales que, al no tener conocimientos jurídicos, en vez de resultar clarificador, te dejan aún más confundido. En esta situación tan confusa, como lo que nos interesa es utilizar el servicio que nos ofrecen, dejamos a un lado la lectura del texto y nos limitamos a aceptar de modo mecánico. Es decir, hemos dado un consentimiento “desinformado”.

Y ¿qué es lo que hemos aceptado? Aunque no hayamos leído nada, lisa y llanamente hemos aceptado un contrato, con la misma validez legal y con los mismos efectos jurídicos que si lo hubiéremos firmado en un documento escrito en presencia de las partes. Así que, a partir de ahí, poco podremos hacer si alguno de esos servicios abusa de nosotros, por ejemplo, cediendo o vendiendo nuestros datos personales a otras empresas. Y podremos hacer poco o nada, sencillamente porque de modo expreso hemos aceptado esas condiciones.

Antes de escribir este artículo, me he tomado tiempo para leer a fondo las condiciones de Facebook, Google, Twitter y WhatsApp. Estuve toda una tarde leyendo e interpretando términos y condiciones y la conclusión que he extraído es muy clara. He regalado todos mis datos personales y de mis amigos, he regalado mis derechos de propiedad intelectual sobre lo que escribo o sobre las fotos que publico, he consentido que me rastreen esté donde esté y que con técnicas de bigdata sepan todo lo que hago, donde estoy, con quien estoy, que gustos o aficiones tengo, cual es mi ideología, cual es mi tendencia sexual, e incluso pienso que también llegan a saber si tengo una aventura o una relación extramatrimonial.

He aceptado también que cuando les venga en gana, a su criterio y sin mi consentimiento, puedan cambiar estas condiciones de uso. Y si todo esto no me gusta y deseo presentar contra ellos una demanda judicial, he aceptado expresamente que me someto a los Tribunales americanos donde están ubicados estos gigantes tecnológicos. Incluso, en algún caso he aceptado que expresamente renuncio a llevar a los tribunales al prestador de esos servicios.

Es cierto que en España, legalmente, las empresas que operan en nuestro país tienen la obligación de informar a sus usuarios mediante avisos legales, sobre sus políticas de privacidad, usos de cookies, o condiciones generales de contratación. Pero ¡qué más da que tengan esta obligación legal!. Estas operadoras cumplen con la ley, pero el problema es que hacen un minucioso redactado con un solo objetivo: No asumir ninguna responsabilidad y de paso limitar o reducir las garantías de los usuarios.  Como saben que el usuario quiere utilizar sus servicios, lo hacen prisionero provocando que hagan ese click de aceptación, cuando en realidad saben que ese usuario está prestando un consentimiento desinformado, por muy exhaustivo que sea ese aviso legal. En resumen, ese famoso “he leído y acepto los términos y condiciones” es esa gran trampa en la que nos meten los diferentes operadores, ya que aceptamos pero desconociendo todos los detalles.

Como muestra de esa aceptación mediante un precipitado click de algo que no he leído, en Londres, una empresa de seguridad, con la colaboración de la Europol, hizo un experimento para poder probar que los ciudadanos no saben lo que aceptan. El resultado del experimento fue que muchas personas aceptaron entregar a sus hijos para toda la vida, al aceptar los términos de la conexión a una red wifi pública. Probablemente esto ocurre porque tenemos prisa, porque no queremos perder el tiempo. Además, realmente, leer todos los términos y condiciones de todo lo que usamos, implicaría muchas horas e incluso muchos días para leer todo. Y si a eso añadimos los lenguajes con cierta complejidad jurídica que no está al alcance de las personas que no hayan estudiado derecho, mal vamos.

El gran problema es que los operadores de estos servicios, nos ponen ante el dilema de “o lo tomas o lo dejas” y si quieres usar sus servicios, indubitadamente no tienes más remedio que aceptar. Y al aceptar esos servicios que teóricamente son gratis, en realidad lo que estás haciendo es pagarlos y el alto precio es la cesión de todos tus datos personales, de tu ubicación de tus gustos, en definitiva de toda tu vida. En conclusión, en internet nada es gratis.

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CONTROL EMPRESARIAL DEL CORREO ELECTRÓNICO

Debido al fuerte desarrollo de los sistemas ofimáticos, las empresas vienen mostrando una gran preocupación, por el uso y en muchos casos abuso, de los ordenadores personales, teléfonos móviles o tabletas que ponen a disposición de sus trabajadores para realizar el trabajo. Los empresarios se quejan de las pérdidas de tiempo que se producen navegando por internet para uso privado, o por el reiterado intercambio de correos electrónicos y archivos que se envían o reciben de amigos. Se quejan también y a mi juicio con mucha razón de que, además de pérdida de productividad,  de la saturación de sus servidores por los correos electrónicos no deseados, o de la apertura de vías para introducir virus informáticos en sus sistemas, cuando se deciden a despedir a ese digamos “abusador”, los Tribunales pueden dictar sentencias que no reconozcan esos motivos de despido.

Y esto es así porque, entre tanto no se produzca una regulación legal de la materia, (hay ausencia de regulación específica así como un manifiesto silencio en los convenios colectivos), se están generando corrientes jurisprudenciales variopintas, de modo que, cuando una comunicación electrónica es interceptada por el empresario para controlar el uso indebido, un tribunal puede declarar lícito el despido y otro puede declararlo improcedente, al haberse vulnerado un derecho fundamental cual es el secreto de las comunicaciones. Se necesita por tanto una solución jurisprudencial uniforme, que clarifique las cosas y que no dé lugar a este debate, ya que actualmente, cuando el conflicto llega a los Tribunales, los Magistrados se ven abocados a interpretar y reinterpretar una legislación que en gran medida ha quedado obsoleta por los rápidos avances tecnológicos, lo que lleva a que se dicten sentencias con fallos totalmente dispares y desiguales.

Lo que está en juego es la solución del conflicto entre el derecho del trabajador al secreto de sus comunicaciones y el derecho del empresario a establecer medidas de control de la actividad laboral, que pueden llevar aparejada la eventual interceptación de esas comunicaciones. Los más altos tribunales discrepan respecto a que una expectativa razonable de confidencialidad, sea un criterio válido para que un empresario pueda interceptar las comunicaciones del trabajador. Así, mientras la Sala IV del Tribunal Supremo, apoyándose en una sentencia del Tribunal Constitucional, resuelve en una dirección no reconociendo los motivos de despido, la Sala II se aparta claramente de esa doctrina y resuelve en sentido contrario. Por tanto, hasta tanto no exista esa legislación específica los Tribunales irán resolviendo supuestos concretos, con sentencias contradictorias, lo que a todas luces genera una manifiesta inseguridad jurídica.

Estas incertidumbres jurídicas en algún modo quedaron despejadas en una sentencia del Tribunal Supremo en recurso para unificación de la doctrina, en la que se dejan fijadas algunas pautas tanto para la empresa como para el trabajador. Esta sentencia que traía su causa en el despido de un directivo de determinada empresa, al haberse detectado en un registro de los archivos temporales de su ordenador, que con habitualidad visitaba páginas pornográficas. Tanto el Juzgado de lo Social, como después el Tribunal Superior de Justicia reconocieron la improcedencia del despido al considerar inválida la prueba practicada por la empresa, ya que había sido obtenida vulnerando los derechos del trabajador. Igualmente, el Tribunal Supremo da la razón al trabajador pero por razones diferentes a las anteriores sentencias. Así, mientras que las sentencias anteriores sostenían que la prueba obtenida contravenía lo dispuesto en el artº 18 del Estatuto de los Trabajadores para el registro de la taquilla del trabajador y sus efectos personales, sin la presencia del trabajador ni de representante alguno del comité de empresa, el Alto Tribunal vino a considerar que el ordenador que la empresa pone a disposición de los trabajadores no es asimilable a la taquilla del trabajador, y en consecuencia no es aplicable lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto.

Por mi parte entiendo que un derecho fundamental, cual es el secreto de las comunicaciones, no es un derecho absoluto y que ese derecho se debe de modular en atención a las circunstancias concretas, sobre todo cuando este derecho del trabajador entra en colisión con la protección de otros derechos que también tiene la empresa. En esta línea se pronunció el Tribunal Constitucional al señalar que no puede desconocerse que el hecho de trabajar dentro de una empresa,  modula los derechos del trabajador, en la medida imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva.

El derecho del empresario a controlar la actividad de sus trabajadores viene recogido en el Estatuto de los Trabajadores al disponer que el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas, de vigilancia y control, para verificar el cumplimiento por el trabajador, de sus obligaciones y deberes laborales., guardando en su adopción y aplicación, la consideración debida a su dignidad. Esta facultad deriva a  su vez de los derechos constitucionales a la propiedad privada y a la libertad de empresa. O hay duda que en el curso de una relación laboral, pueden entrar en conflicto los derechos fundamentales del trabajador con el derecho del empresario a controlar la actividad laboral.

Así pues, considero que, para evitar una expectativa razonable de confidencialidad, si el empresario hace una advertencia de prohibición, como consecuencia de su derecho de control y vigilancia, ese empresario ya queda legitimado para poder interceptar de modo razonable a las comunicaciones, navegación o correos electrónicos del trabajador. Lo que está prohibido expresamente, no se puede hacer, y por tanto esa espectativa de confidencialidad deja de existir. Esa prohibición expresa de uso extralaboral y por consiguiente su limitación a fines estrictamente profesionales, llevan aparejada la facultad de la empresa a controlar su adecuada utilización. Si no existe tolerancia al uso personal del ordenador para cosas privadas, no puede existir ninguna expectativa razonable de confidencialidad.

Este es también el criterio empleado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en alguna de sus sentencias. Concretamente en la última dictada hace tan solo algunos días, no prohíbe a las empresas vigilar la comunicación profesional de sus empleados, ni tampoco que estos mantengan comunicaciones privadas en el lugar de trabajo, pero sí señala que en ambos casos deben establecerse límites y si se avisa previamente de esos límites, no se contraviene la protección de la vida privada de los trabajadores.

Por tanto, como conclusión, mi opinión es que conforme a la jurisprudencia existente, si la empresa establece previamente unas reglas de uso de los recursos ofimáticos puestos a disposición del trabajador, la interceptación de las comunicaciones hechas dentro de la empresa serán lícitas y por tanto en caso de uso indebido, se producirá causa justa de despido.

Como consecuencia, teniendo siempre presente el principio de la buena fe, lo que debería de hacer cualquier empresa, es establecer y comunicar fehacientemente un código o reglamento de uso de los equipos informáticos en el que se establezcan los usos permitidos así como las prohibiciones parciales o incluso totales. Igualmente se tendrá que informar a los trabajadores de que van a existir controles y de los medios que se van a utilizar para comprobar que los usos personales son acordes al reglamento de uso establecido. Podría incluso informarse de la restricción de accesos a determinadas páginas o a determinados ficheros (hablaré en otro artículo sobre los accesos de trabajadores a datos protegidos por la Ley Orgánica de Protección de Datos).

Entiendo que de cara a la elaboración de estos reglamentos de uso, no deberían de establecerse prohibiciones muy rígidas y debería de concederse una cierta permisividad ya que, un trabajador que se relaje de vez en cuando navegando por internet, quizá sea más productivo a largo plazo. Lo que sí tiene que quedar claro es que esta posible expectativa de confidencialidad no puede transformarse en una eliminación del control empresarial. Bajo ese principio de buena fe al que aludía antes, si se ha dado determinada permisividad la empresa ha de respetar esa parcela de intimidad. Pero, por ejemplo, si la empresa advierte claramente a los trabajadores de que van a existir controles periódicos, ningún trabajador podrá esgrimir su derecho a la intimidad con el fin de eludir sus obligaciones laborales durante la jornada de trabajo.

 

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ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA

Desde hace más de diez años, el gobierno vino poniendo en marcha una serie de iniciativas para, con el desarrollo tecnológico al que se ha llegado, tratar de impulsar e implantar la administración electrónica, de modo que se permitiera a los ciudadanos la posibilidad de relacionarse con las administraciones públicas a través de internet y con ello facilitar y mejorar la atención, evitar desplazamientos y ganar en velocidad con procedimientos administrativos más ágiles.

Al tiempo que se iban poniendo en marcha infraestructuras en las diferentes Administraciones Públicas para facilitar la implantación de la administración electrónica, tales como registro electrónico común, notificaciones electrónicas, plataformas para la validación de firmas, etc. se fue promulgando un amplio marco legislativo que pretendía incidir en la interoperabilidad entre las Administraciones Publicas y los ciudadanos, así como en la seguridad de los sistemas.  Finalmente, como elemento catalizador de todo esto, el Gobierno, probablemente porque finalizaba su legislatura, de modo precipitado, promulgó el 1 de Octubre de 2015 la Ley de Procedimiento Administrativo Común, así como la Ley de la misma fecha, de Régimen Jurídico del Sector Público.  Sorprendió que esa ley tuviere una moratoria de un año, de modo que entró en vigor el pasado día 2 de Octubre de 2016, y sorprende aún más que, para lo realmente esencial como es el registro electrónico, el Portal de Acceso General electrónico de la Administración, o el archivo electrónico único, aun haya que esperar al 2 de Octubre de 2018, en que entrarán en vigor.

Hasta aquí todo parece muy bonito, pero la realidad es que han de hacerse muchas críticas a estas nuevas normas administrativas, ya que ese derecho que tenían y siguen teniendo los ciudadanos para relacionarse con la Administración por medios electrónicos,  por una mal entendida “electronización”, se ha transformado también en una obligación que se impone por la fuerza a personas jurídicas, profesionales que deban colegiarse obligatoriamente, representantes de sujetos obligados, entidades sin personalidad jurídica o empleados públicos. Se está ignorando nuestra realidad social al entenderse en la nueva regulación, que todos los ciudadanos somos doctos en el uso de las nuevas tecnologías o que todos tenemos los medios tecnológicos que se requieren para el acceso electrónico. Es criticable también que se imponga al ciudadano un sistema electrónico, mientras que en sentido contrario, no se exige ese sistema a las diferentes Administraciones que aún no tienen resuelto su problema de comunicaciones internas. Más criticable aun es que la carga de las notificaciones que antes recaía sobre la Administración, ahora se traslade al ciudadano que no puede saber ni qué, ni cuando se le notifica algo y que queda obligado a acudir permanentemente al domicilio electrónico para ver si tiene alguna notificación, so pena de incurrir en total indefensión. Se ha producido pues un retroceso en las garantías que antes teníamos los administrados.

A mi juicio, de nada sirve que se conceda un derecho de acceso en minúscula y una obligación en mayúscula, cuando todo el mundo sabe que la administración electrónica tiene escaso uso debido a la poca usabilidad de los servicios que se ofrecen, a las importantes dificultades para el uso del DNIe, o a la insuficiente información y formación de los ciudadanos.

Si exceptuamos administraciones concretas como es el caso de la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tráfico que, como de lo que se trata es de recaudar impuestos con la mayor eficacia posible, o cobrar multas a toda velocidad, y por ello dan todas las facilidades del mundo para acceder a sus portales, el acceso a otras administraciones electrónicas puede convertirse en un verdadero infierno para el ciudadano común.

El DNI electrónico que podía haber supuesto un avance importante en nuestro analfabetismo digital, no ha solucionado el problema de disparidad de autoridades emisoras de certificados digitales como pueden ser Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Cámaras de Comercio, colegios notariales y de registradores, ayuntamientos, o comunidades autónomas. Cada ente piensa en sí mismo, crea sus propios certificados digitales, crea sus propias estructuras y hace que utilizar nuestro DNI dotado del correspondiente chip, para realizar un trámite que en principio debería de haberse resuelto con tres click , termine convirtiéndose en un quebradero de cabeza para el usuario.

Yo que soy considerado por mis amigos y compañeros como un avanzado tecnológico, ya he sufrido varias veces ese infierno al acceder al Portal del Ciudadano de determinado Ayuntamiento para realizar un trámite telemático en la Administración autonómica y donde me vi obligado a buscar compatibilidades utilizando Windows 7 u 8 porque Windows 10 aun no era compatible, o a utilizar como navegador Internet Explorer porque Google Crome o Firefox no eran compatibles. Tardes o noches de intentos infructuosos para finalmente ir al día siguiente a la ventanilla a resolver la cuestión.

Si algunas administraciones públicas, sobre todo ayuntamientos pequeños o medianos, tienen serias dificultades para subirse al carro de la administración electrónica por sus importantes costos económicos para implantarla, por qué se habla de las “facilidades” que se dan a los ciudadanos, cuando en realidad lo que ocurre y seguirá ocurriendo en mucho tiempo hasta que todas las Administraciones cumplan esta nueva normativa legal, es que habrá problemas de acceso. O cuando se sabe que ese ciudadano común que pretende ahorrarse la cola de una ventanilla utilizando el ordenador de su casa, necesita tener buenos conocimientos sobre los navegadores que utiliza o saber corregir errores de navegación, descargar o instalar drivers, etc.etc.

Mal empezamos por tanto “obligando” a ciertos ciudadanos a utilizar la administración electrónica, cuando es la propia administración la que tiene grandes carencias para cumplir sus requisitos. ¿no habría sido mejor esperar primero a que todas las administraciones estuvieren preparadas (en 2018), a que los ciudadanos tuvieren la formación y facilidades necesarias y a partir de ahí “obligar”?.

 

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REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS

Los ministros de Justicia de la UE han aprobado el Reglamento Europeo de Protección de Datos con el que se pretende proteger la intimidad y los derechos fundamentales de las personas físicas frente al riesgo que supone la recopilación y uso indiscriminado de esos datos en el mundo digital. 

El objetivo es mantener un marco normativo único para toda la Unión Europea uniformando el régimen jurídico actual, así como facilitar la libre circulación de datos personales en el marco de la UE y con otros países e instituciones internacionales respetando el derecho a la libertad de expresión, prensa y las condiciones necesarias para la investigación científica. Todo ello en el contexto de la estrategia de mercado único digital que impulsa la Comisión Europea.

La norma se aplicará a empresas europeas y a extracomunitarias que ofrezcan sus servicios a usuarios de la UE, de manera que solo podrán procesar información personal si cuentan con el consentimiento de los consumidores. Se simplifican así los trámites para las empresas que procesen datos personales, con lo que Bruselas calcula que se ahorrarán 2.000 millones de euros al año en cargas burocráticas. Los Estados miembros han reconocido además el derecho de los ciudadanos a ser olvidados en la red, de manera que cualquier usuario tendrá derecho a que se borren sus datos personales si así lo demanda.

Entre las disposiciones novedosas de este Reglamento, se incluye la protección especial para los menores y la protección frente a técnicas de perfilado (profiling). Se refuerza igualmente la seguridad de los datos incluyendo la necesidad de comunicar al ciudadano afectado un régimen de responsabilidad que le garantice la reparación de los daños sufridos y una especial ponderación de la libertad de expresión que favorezca el trabajo de los medios de comunicación.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que el apoyo de España a esa norma persigue contribuir a la obtención cuanto antes de una reforma general en materia de protección de datos personales que va a aumentar el control de los ciudadanos sobre sus propios datos y reducir los costes para las empresas, evitando trámites innecesarios de notificación. Catalá lo ha calificado como un Reglamento importante que permitirá la tutela de los derechos de los ciudadanos en toda Europa, dotando a las empresas de normas armonizadas en esta materia, lo que favorecerá la competitividad entre ellas.

España ha defendido en esta reunión del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la UE (JAI) la necesidad de mantener una protección elevada de los derechos de los individuos, especialmente en el ámbito de internet, dotando de cierta flexibilidad a los Estados miembros para obtener la mejor adaptación del Reglamento a determinados sectores, principalmente el público, al que se quiere facilitar el cumplimiento de las obligaciones con especial apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro país ha defendido que la protección de los datos personales se base no solo en sanciones, sino también en la prevención de infracciones en esta materia.

En la reunión de ministros de Justicia e Interior de la UE se ha debatido también la simplificación de la libre circulación de ciudadanos y empresas en la Unión Europea y la creación de la Fiscalía Europea.

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EL SINSENTIDO DE LA PRIVACIDAD

Cuando estamos dentro de nuestra casa, cerramos la puerta con llave, corremos las cortinas para que no nos vean los vecinos y somos tremendamente celosos de nuestra intimidad. Si algún amigo nos visita, puede que le enseñemos el álbum de fotos familiar, pero en modo alguno estaríamos dispuestos a darle alguna de esas fotos para que el las enseñara por la calle. Protestamos por los correos basura que recibimos, protestamos si alguien nos fotografía o graba sin nuestro consentimiento y montaríamos un buen follón si alguien colocara una foto o una carta nuestra en el tablón de anuncios de la comunidad de vecinos.

En la misma medida, en nuestro trabajo, mantenemos esos mismos hábitos de privacidad o intimidad y sólo con algún compañero/amigo compartimos cosas personales. Nos molesta que vean las cosas que tenemos en nuestra taquilla o mesa de trabajo y nos cabrearía mucho más que alguien accediera a nuestro e-mail. En este caso, si ocurriere, hasta estaríamos dispuestos a querellarnos contra esa persona o empresa que ha osado acceder a eso tan íntimo y personal.

Pero ¿qué ocurre cuando nos movemos en las redes sociales? ¡¡qué contrasentido!!. Dentro de las redes sociales nos movemos como auténticos exhibicionistas. Agregamos más y más amigos, que en la mayor parte de los casos ni tan siquiera conocemos personalmente. Colgamos todo tipo de fotos, contamos nuestra vida en fascículos, criticamos a nuestras empresas, colocamos en nuestro muro comentarios desafortunados y ni tan siquiera nos preocupamos de configurar correctamente nuestras opciones de privacidad. Y claro, ocurre lo que ocurre. Y ¿qué es lo que ocurre?.

Pues ocurre que un buen día tenía muchas ganas de irme una semanita a la nieve con los amigos, pero tenía mucho trabajo en la empresa. Así que, como no era cuestión de dejar sólos a los amigos, me fui al médico, pedí la baja y asunto resuelto. Después de cada sesión de esquí en el hotel me conectaba con el portátil y en el muro de Facebook comentaba la jornada de esquí así como la gran forma física que tenía. ¡¡qué bien!! ¡¡qué semana tan fantástica de nieve!!… En problema es que el lunes, cuando me incorporé al trabajo, me avisaron para pasar a ver al jefe de recursos humanos. Despido ipso facto y a la cola del Inem.

También ocurre que un buen día colgué varias fotos de las vacaciones que había pasado en Lanzarote y entre ellas destacaba una en la que mi mujer lucía en bikini su espléndido palmito. Alguien bajó esa foto y se la quedó. No sé las razones, pero ese alguien decidió hacerme una putadita. Algunos días después, en el parabrisas de todos los coches aparcados en las calles adyacentes al lugar donde vivo, aparecieron unas octavillas muy bien elaboradas en las que aparecía la foto de mi mujer en bikini y el siguiente texto: “MADURITA. Discreta, educada y fogosa. Busco sexo esporádico. No cobro. Llámame al tf.xxxxxxxx. Te espero”. El teléfono era el mio. Ya se pueden imaginar el bochorno. Formulé denuncia en la Comisaría de Policía, pero hasta hoy. No se ha podido encontrar al autor de la fechoría.

O al igual que ya comenté en un artículo anterior, ocurre que un joven con un estupendo curriculum y unas grandes dotes comerciales, fue excluido tras quedar finalista en un proceso de selección, a causa de todos los rastros negativos que había dejado en la red. También ocurre que un joven al que unos amigos le hicieron una grabación contando cómo una chica le había dado calabazas y que después hizo furor en YouTube con más de tres millones de visitas. El video lleva el título de “contigo no. bicho”.

O lo que le ocurrió a una conocida política asturiana que esperando al avión para regresar a Oviedo, decidió entrar en Facebook utilizando la red Wifi del aeropuerto. Como esta red estaba desprotegida y su portatil también, otro usuario entró en su perfil, suplantó su personalidad y escribió algo parecido a esto: Estoy muy caliente y cuando llegue a casa espero que algún voluntario me eche un polvete ¿alguien está dispuesto?.

Señores, que no se trata de cuentos. Que lo que relato son hechos reales ocurridos como consecuencia del poco interés que ponemos en preservar nuestra privacidad en las redes sociales. Como decía antes, somos un auténtico contrasentido. Por un lado defendemos con uñas y dientes nuestra vida privada en nuestra casa y en la empresa donde trabajamos y por otra aparecemos en Facebook y similares comportándonos como auténticos exhibicionistas.

Ufffs. qué raros somos. No hay quien nos entienda.

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.