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Categoría: política
FACULTAD DE ESPIAR

SITEL (Sistema integral de interceptación de las comunicaciones) es un poderoso sistema informático que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tienen lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia). Además de interceptar las comunicaciones, permite recoger, sin autorización judicial previa, un paquete de datos conocido como “información asociada a la comunicación”. Tiene dos centros de monitorización y un entramado de redes asociadas y terminales remotos situados en las Comisarías de Policía, Comandancias de la Guardia Civil y dependencias del CNI.

Aun cuando se disponía de este avanzado sistema informático de detección, el gobierno de Aznar, al analizar los informes de los Ministerios de Justicia y de Defensa, y del Consejo General del Poder Judicial, que denunciaban importantes problemas de cobertura legal, decidió no ponerlo en funcionamiento, en cuanto que afectaba directamente al “secreto de las comunicaciones” y a que, además, la información asociada que recogía el sistema, podía afectar tanto a la intimidad personal como a la protección de datos de carácter personal. Nadie discutía en aquél momento la bondad de una tecnología que permitía perseguir la delincuencia organizada, de modo eficaz, pero por el contrario se discutían las insuficientes garantías jurídicas y técnicas tanto para preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos a través del adecuado control judicial, como para garantizar la destrucción de datos no necesarios para un Tribunal, la exactitud de los archivos que se pongan a disposición judicial, y a la seguridad en la custodia y funcionamiento del sistema que debería de estar asignado a un órgano del Estado y no a una empresa externa.

En Marzo de 2004, el Gobierno de Zapatero entendió que “Los avances tecnológicos deben servir para mejorar la eficacia en la actuación de todos los agentes de la Administración en sus múltiples parcelas, desde la información y la inteligencia hasta el diseño y ejecución operativos” y en base a ello, sin dar la adecuada cobertura legal, decide poner en pruebas a SITEL y lo mantiene así hasta diciembre de ese año, que es cuando entra oficialmente en servicio. Llegados ya a esta última legislatura, vuelve a gobernar el PP y Rajoy decide mantener el sistema activo.

Pero, no termina aquí la cosa en cuanto a la insuficiencia de garantías jurídicas de las interceptaciones. El actual gobierno, decidió apretar más la tuerca de los derechos fundamentales y sacó adelante la Ley Orgánica 13/2015 que reforma la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Tras la aprobación de esta reforma, se vuelve a poner en peligro el derecho al secreto de las comunicaciones,  que reconoce el artículo 18.3 de nuestra Constitución y que impide su interceptación, salvo que exista una previa autorización judicial. Esta Ley, abre ostensiblemente el abanico de investigaciones o interceptaciones y además de los delitos de terrorismo y crimen organizado, que eran el objeto de SITEL, los amplía a los delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la información, comunicación o servicio. Y además, mete en un cajón de sastre a “otros delitos dolosos que en virtud de las circunstancias del caso puedan ser considerados de especial gravedad y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención de las comunicaciones”.

Lo más preocupante es que, en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos y existan razones fundadas que hagan imprescindible la investigación, la medida de interceptación podrá ordenarla el Ministerio del Interior, o en su defecto, el Secretario de Estado de Seguridad. Una vez aplicada la medida, se comunicará inmediatamente al Juez competente, dentro del plazo máximo de 24 horas.

¿Qué ha pasado con esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal?  Pues lisa y llanamente, el legislador, al haber ampliado el abanico de delitos, está conculcando los derechos a los que los ciudadanos somos acreedores constitucionalmente, forzando al texto constitucional a decir lo que en realidad no dice, e introduciendo nuevos supuestos y nuevos tipos de delitos que la Constitución no recoge.

En efecto, constitucionalmente hablando, la intervención de las comunicaciones sin previa autorización judicial, ha de tener un carácter extraordinario, habida cuenta de que se trata de suspender el derecho fundamental de un ciudadano. Por ello, esta suspensión extraordinaria expresamente queda limitada a los delitos de terrorismo y crimen organizado. Por tanto, el objetivo que persigue la reforma de la ley, es introducir una vía por la que se puedan añadir otros supuestos y genéricamente introduce delitos de especial gravedad, pero sin especificar cuáles deben de comprenderse. No es válido además, que en la regulación que se ha establecido, las autoridades gubernativas adopten medidas de interceptación y después de tomadas, las comuniquen al juez en el plazo de máximo de 24 horas. Lo correcto jurídicamente es que primero se solicite al juez la intervención de las comunicaciones y que, una vez obtenida esta autorización, se lleve a efecto. En esta línea ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en una sentencia de 1987. En resumen, que la intervención de las comunicaciones sin orden judicial previa, sólo es posible para los casos excepcionales previstos por la Constitución, pero no para los que ahora ha introducido la ley reformada.

Es evidente que esta reforma, lo que pretende, es introducir un control administrativo preventivo del derecho al secreto de las comunicaciones, legitimando al Ministerio del Interior y a sus órganos, a que realicen interceptaciones de comunicaciones y escuchas, sin ningún control judicial previo, habida cuenta que lo que resulta es que ese control judicial va a ser solicitado a posteriori.

Por ello, la utilización de SITEL sin suficientes garantías jurídicas y ahora, las reformas legales que ha introducido el Gobierno, nos colocan en las antípodas de un sistema verdaderamente democrático. En definitiva, un derecho constitucional tan trascendental, cual es el derecho que tenemos los ciudadanos a que nuestras comunicaciones no sean interceptadas por nadie, va a ser vulnerado por el propio Estado, que pretende adquirir el derecho, dicho coloquialmente, a espiar a sus ciudadanos.  No olvidemos que el poderoso sistema SITEL puede espiar no sólo los teléfonos convencionales, si no todo tipo de comunicaciones electrónicas, redes sociales, ubicación física del ciudadano mediante sistemas GPS, etc. Tiene que quedar muy claro que la Constitución no solo pretende garantizar la intimidad de las personas, sino algo tan importante como es la inviolabilidad de sus comunicaciones de todo tipo, comunicaciones que forman para de su exclusiva esfera privada.

Para terminar, lo que un Estado democrático tiene que garantizar a los ciudadanos, es que no van a ser espiados, salvo en los casos excepcionales que fija la Constitución. Y que, siempre, en todo caso, será un Juez y sólo el, quien dará expresamente la autorización para interceptar comunicaciones del tipo que sean (espiar). No acepto por tanto que ni este Gobierno ni ningún otro, tenga la facultad administrativa de espiarme, sin ningún control judicial.

 

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NO SON PRESOS POLÍTICOS

Como leí por una red social en sentido jocoso, decir que los independentistas catalanes son presos políticos por sus ideas, es lo mismo que decir que los violadores están en la cárcel por practicar el sexo.

Es verdad que en la Unión Europea, probablemente, por primera vez se ha llevado a prisión preventiva a líderes políticos, no por corrupción o por delitos comunes, sino por una manifiesta insurrección institucional. También es cierto que estas decisiones judiciales pueden resultar traumáticas y que de hecho están provocando muchas reacciones de todo tipo. Pero, en lo que en modo alguno puedo estar de acuerdo es que ciertos dirigentes como Iglesias, Colau y otros más, digan que España hoy es una dictadura, donde hay presos políticos porque se detiene a los opositores. Concretamente Pablo Iglesias recrimina aquí lo que en sentido contrario aplaude que se haga en Venezuela. Tampoco puedo estar de acuerdo con esas consignas de “libertad para los presos políticos” que utilizan propagandísticamente los independentistas para convencer a no sé quién, de que en España tenemos un estado opresor que encarcela a los disidentes políticos por sus ideas.

Lo que sabemos con certeza, porque se ha comprobado, es que los hechos por los que se les juzga, son que todos los miembros del Gobierno de Cataluña, de común acuerdo con otras autoridades funcionarios públicos y entidades públicas y privadas catalanas, unieron sus voluntades para llevar a cabo un referéndum independentista, para declarar el estado catalán independiente en forma de república. Utilizaron violencia intimidatoria de sectores independentistas de la población, llamaron a la insurrección y vulneraron descaradamente tanto nuestra Constitución, como todas las resoluciones que el Tribunal Constitucional vino dictando ya desde el pasado 2015. Es cierto que tenían la mayoría absoluta de diputados, pero no así de votos. Estos personajes públicos también se valieron de las asociaciones civiles independentistas Omnium y Asamblea Nacional Catalana,   a las que pertenecen un gran número de los diputados y miembros del Govern.

Elaboraron un documento titulado “reenfocando el proceso de independencia para un resultado exitoso. Propuesta estratégica” que era la hoja de ruta para llegar a la independencia y que definía el papel que cada uno debería de jugar en el plan establecido. Este documento, en realidad, lo que recogía es todos los pasos que terminó ejecutando el gobierno de la Generalitat y el Parlament.

En este proceso, aprobaron leyes y resoluciones para dar aparente cobertura legal al proceso. Estas leyes y resoluciones fueron declaradas todas inconstitucionales. Cataluña no tenía competencia ni para declarar el referéndum ni para ejecutar el proceso de desconexión. Pese a todo esto, Pugdemont lideró la movilización de los sectores independentistas y se saltó a la torera la Constitución. Promovieron actos, manifestaciones, proclamas para inyectar en la sociedad la idea de que existía un derecho de autodeterminación y que todo lo que estaban haciendo estaba legitimado.

El gobierno de Puigdemont, para conseguir efecto intimidatorio, asumió de modo exclusivo el mando de los Mossos d`esquadra, cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos. Se mandaron cartas a los alcaldes catalanes para que pusieran a su disposición los locales municipales necesarios para celebrar el referéndum, mandado que algunos alcaldes desatendieron. En mítines se hicieron llamamientos al enfrentamiento. Se promovieron movilizaciones y concentraciones tumultuarias para oponerse a la ejecución de órdenes judiciales, para impedir que policía y Guardia Civil cumplieran sus funciones, así como actos de acoso o “escraches” en sus lugares de trabajo y de descanso. Se trataba de conseguir la secesión de modo coactivo.

El pleno del parlament aprobó la declaración unilateral de independencia, lo que como sabemos, provocó la aplicación del art 155 de nuestra Constitución. El gobierno organizó y financio con fondos públicos, todo el proceso. Se habilitaron partidas presupuestarias para hacer frente a las necesidades derivadas del proces. El Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de estas partidas.

Pese a eso Puigdemont hizo posible la realización de pagos por importe de 6.207.450 €, no ya por llevar adelante un acto contrario a derecho, sino que además, es constitutivo de un delito, en cuanto que vulnera una orden constitucional. Se ordenaron gastos para algo que era delictivo. Eran gastos que nada tenían nada que ver con la función pública y que nada tenían que ver con el correcto funcionamiento de la Comunidad.

Y todo esto,  amigos míos, lisa y llanamente,  constituye delito de rebelión del artº 472 de nuestro Código Penal, de sedición del  artículo 544, de malversación del 432, de prevaricación del 404 y de desobediencia del 503. Estamos hablando no de uno, sino de cinco delitos claramente tipificados en nuestra Ley penal. Y además de todo esto, también deberíamos de hablar de la gran fractura social que se ha provocado en Cataluña, unida a unas desastrosas consecuencias económicas y a una falta total de reconocimiento internacional de este procés que ojala olvidemos pronto.

Por tanto, los que ya están en prisión provisional y los que han huido a Bruselas que confío pronto estarán en prisión también, en modo alguno son presos políticos, son presos en prisión preventiva hasta que se les juzgue por los cinco delitos de los que se les acusa.

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¿DE DONDE SALE EL DINERO?

Todo el mundo sabe lo que cuestan las estancias en hoteles, los billetes de avión o las comidas, desayunos y cenas que se hacen cuando uno viaja al extranjero. A estos gastos que está soportando el Sr. Puigdemont y sus Consejeros, además, hay que añadir el pago de unos cuantiosos honorarios profesionales del Abogado que los defiende, así como los costos de alquileres de salas y de otros medios que están utilizando para su propaganda política ¿Cuánto costará entonces la estancia en Bruselas, que me temo va a ser larga, del Sr. Puigdemont y sus cuatro consejeros? ¿tienen dinero para pagar todo esto?. ¿De dónde lo sacan? Teniendo como tienen sus sueldos congelados, me temo que, como siempre, este dinero ha salido y sale de las arcas de la Generalitat.

Hasta donde yo llego, y por la pública declaración de bienes y de patrimonio que el Sr. Puigdemont proporcionó al área de transparencia del Govern, cuando ocupó su cargo de president, este señor declaró que tenía un patrimonio valorado en 280.000 euros (vivienda unifamiliar en San Juliá de Remis), un dinero en cuentas corrientes de 14.000 euros y un coche Renault megane. Tenía pendiente de amortizar un crédito hipotecario de esa vivienda del orden de 127.000 euros. Los cuatro consellers que lo acompañaron, aún tienen menos dinero y patrimonio que él.

En esta situación, ¿alguien se puede creer que estos personajes, con cargo a su bolsillo pueden soportar los ingentes gastos que están generando tras su huida a Bruselas? Yo no me lo creo. ¿Alguien se puede creer, de otra parte, que los 200 alcaldes que ayer fletaron un vuelo chárter para ir a arropar a este fugado, con el propósito de hacer ruido, para provocar que la Comunidad europea se involucre en el problema catalán, lo hayan pagado de su bolsillo?. Sólo este vuelo chárter ha costado 112.000 euros, a los que hay que añadir el coste de la manutención y de los traslados en taxi desde el aeropuerto. –en esta situación, con todo el cinismo del mundo, alguno de estos alcaldes ha dicho que ha tenido que pagar 300 euros de su bolsillo,  por este vuelo.

Yo no pienso mal si digo que, previamente a esta huida, desde Barcelona ya se había planificado previamente todos los movimientos que se iban a realizar e igualmente se habían previsto y presupuestado las cantidades de dinero que se iban a necesitar. Tampoco pienso mal si digo que esa partida presupuestada, ya se había trasladado a Bélgica y estará depositado enalguna sociedad oculta,  para hacer frente a todos los gastos que se generaran. Estoy convencido que la Guardia Civil ya estará investigando y que terminará por averiguar dónde está y cómo se ha desviado ese dinero que ahora mismo está escondido el algún lugar.

Estoy convencido también, que en previsión de que la puesta a disposición del juzgado español que instruye el procedimiento, pudiere durar tres o más meses, para hacer frente a las ingentes cifras de dinero que se necesitan para mantener su estancia en Bruselas, con la correspondiente logística, e incluso con los fondos suficientes para hacer frente a los altos honorarios de su abogado defensor (1.000€ por hora de trabajo) o para hacer frente al pago de su seguridad personal, se necesitaba disponer del necesario fondo de dinero.

Ya es un secreto a voces que Omnium y la Asamblea Nacional Catalana, cuyos líderes se encuentran en prisión, han recibido subvenciones y donaciones de la Generalitat que superaron los 20 millones de euros. Es más que probable que muchos de esos dineros han ido a parar a Bruselas para sustentar allí la estancia de los fugados. Tarde o temprano, tras la investigación de los movimientos bancarios que ordenó la Juez Lamela, se terminará averiguando cómo y en qué cuantía se habrá evadido el dinero necesario. También es posible que tiempo atrás, utilizando las estructuras de sus embajadas exteriores, camuflando conceptos, se hayan ido trasladando fondos, destinados a este fin y no al normal funcionamiento de la embajada.

Sea como fuere, la realidad es que los fugados están utilizando dinero público que han sustraído para su uso personal y esto constituye otro delito más, cual es el de malversación de caudales públicos.

Qué ganas tengo de que, cuanto antes, se acabe este vodevil, se juzgue y condene a estos delincuentes, metiéndolos en prisión y embargando todos sus bienes para responder de todo lo que han defraudado. Sé que esto va a ser lento, pero confío en que el final sea este. Ojalá pronto nos olvidemos de este mal sueño catalán.

 

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UNA INSTITUCIÓN DE ROBO A GRAN ESCALA

Decía el filósofo americano Murray Rothbard que “el Estado es una institución de robo a gran escala y que los impuestos son tan solo un sistema que sirve para que políticos y burócratas roben el dinero de los ciudadanos y lo despilfarren de manera vergonzosa”.  ¡¡Qué gran verdad!! Creo que a estas alturas, en España podemos decir que esta afirmación es más que correcta.

A la vista de los balances  sobre los delitos cometidos por políticos y funcionarios, que el Poder Judicial vino elaborando, podemos ver que sólo en los dos últimos años, los juzgados y tribunales han procesado o abierto juicio oral a 3.218 políticos. De ellos, hasta ahora, sólo 134 han ingresado en prisión y 633 han sido ya condenados. Pero esto no es nada nuevo, ya que desde que se aprobó nuestra Constitución, la corrupción política ha sido una constante que ha pervertido nuestro sistema democrático.  Cuando Felipe González llegó al poder, anunció una serie de auditorías para descubrir algunos casos de corrupción en el gobierno de UCD. Terminó su legislatura  con 55 casos de corrupción política. En el gobierno de Aznar se registraron 7 casos, en el de Zapatero otros 32 casos y ahora en el de Rajoy ya llevamos 17 casos.

Esta es una muestra de los niveles de corrupción que tenemos en España,  y que a diferencia de otros países, no tiene su origen en policías corruptos, o narcotraficantes, o empresarios mafiosos. En nuestro país el origen de la corrupción está claramente localizado en las castas políticas que incurren en delitos como la prevaricación, la revelación de secretos, blanqueo de capitales, apropiación indebida, fraude, estafa, falsedad documental y quizá algún que otro tipo penal que en este momento estoy olvidando. Sin control efectivo del gasto público, los tentáculos de la corrupción se han extendido a todos los niveles de las administraciones públicas, hasta el extremo que la propia Unión Europea, ante este desmadre, ha publicado un informe del GRECO (Grupo de Expertos sobre la corrupción en España), donde nos critica abiertamente al tiempo que exige que de modo urgente se restaure la credibilidad de las instituciones.

Por si fuere poco, a estos niveles de corrupción, tenemos que añadir los gigantescos despilfarros que se han realizado con gigantescas obras faraónicas que no se necesitaban para nada y que, además, en muchos casos, ni han llegado a inaugurarse.  Sin ánimo de ser exhaustivo quiero referirme a los aeropuertos fantasmas como son los de Ciudad Real, Huesca, Castellón o Corvera en Murcia. En ellos se han despilfarrado más de 4.000 millones para que sólo tengan algún vuelo testimonial y alguno de ellos, además, ha terminado cerrado por falta de uso.  De modo concreto, en el de Castellón, aunque no sirviera para nada, se gastaron 300.000 euros para construir una estatua inspirada en Carlos Fabra.

Podemos hablar también de la construcción de puertos sin barcos, como es el caso de Laredo en Cantabria, o de hospitales que aún siguen sin abrir sus puertas. Podemos referirnos a esos proyectos faraónicos como son la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, el Centro de Artes de Alcorcón, la Ciudad de las Artes en Valencia, e incluso de nuestro centollu (Palacio de Congresos de Calatrava), o a algunas líneas y estaciones de AVE, como son las de Tardiente en Huesca, Guadalajara.Yebes, Puente Genil Herrera en Córdoba, Antequera-Santa Ana en Málaga, o Calatayud en Zaragoza. Se trata de unas costosísimas infraestructuras ferroviarias, con unos costes de mantenimiento brutales, y que sólo sirven para recibir a unos muy pocos pasajeros. En este aspecto de paradas de AVE ruinosas, el primer puesto del ranking lo lleva la parada de Tardiente que en 2003 costó algo más de 211 millones de euros y que sólo recibe a cinco o seis pasajeros a la semana. Pero no sólo se trata de paradas de AVE ya que también podemos hablar de vías férreas como por ejemplo los 15,3 km de alta capacidad, que Gallardón decidió construir para unir Madrid con el parque temático Warner. Se invirtieron más de 85 millones para que tras su puesta en funcionamiento, Esperanza Aguirre decretara su cierre ya que costaba 3,3 millones al año y sólo transportaba unos pocos viajeros al día.

Podemos hablar asimismo de las ingentes cantidades de dinero que se invirtieron para pagar grandes diseños a afamados arquitectos como Calatrava, Moneo o Foster y que finalmente no llegaron a ejecutarse.

Pero, las cosas no acaban aquí, ya que como los políticos consideran que somos ricos, según los datos de que se dispone, España es el sexto país del mundo en número de coches oficiales, al disponer de una flota de más de 35.000 vehículos de los que 5.000 están destinados al uso exclusivo de los políticos de turno. ¿se imaginan ustedes cuánto costará el combustible y el mantenimiento de esta mastodóntica flota?.

Y qué decir de nuestras Cámaras de representación, ya que el Parlamento y el Senado también son una fuente de despilfarro con sus privilegios. Yo no puedo entender que estén sentados en sus escaños, sentando cátedra, hablando de subir impuestos a los ciudadanos, o hablando de evasión fiscal, cuando son ellos los que pagan menos impuestos porque tienen unas exenciones fiscales que no tenemos el resto de los ciudadanos. Tampoco se puede entender tampoco que hablen de contenciones salariales o de dificultades con nuestro sistema de pensiones, cuando ellos tienen unos ingresos muy superiores a los de los asalariados más cualificados, con unas asignaciones, unos complementos y unos beneficios para alcanzar el cobro de su pensión vitalicia, que para sí quisieran todos los trabajadores españoles. Hablo de ayudas para el alojamiento, para taxis, para manutención, para gastos de representación o incluso para que puedan tomarse copas en las cafeterías de las instituciones, con precios subvencionados por todos los ciudadanos. Y, además, sin que fiscalmente tengan que tributar por esos ingresos extras. Se da la circunstancia además que, en muchos casos, pueden compatibilizar varios sueldos públicos.

Puedo terminar hablando de nuestros representantes políticos tanto en el gobierno central como en las autonomías o en los ayuntamientos, donde la situación también es indignante, ya que muchos de ellos se han enriquecido a costa de nosotros los ciudadanos, han estado implicados en todo tipo de tramas corruptas, han cobrado comisiones por la construcción de esas obras faraónicas que después no sirven para nada y que siguen ahí, negando descaradamente cualquier tipo de acusación.

Estos políticos que hemos tenido, creyeron que los ciudadanos españoles éramos unos corderitos y que aquí no iba a pasar nada. Pues no, no somos tontos y basta ya. A ver si, tras todo lo que ahora está ocurriendo en Cataluña, donde se están gastando ingentes cantidades de dinero público para volver a la normalidad, estos politócratas y partitócratas que nos han estado gobernando, empiezan a irse a sus casas para permitir que otros políticos, con altura de miras y con sentido de estado, empiecen a gobernar pensando en los ciudadanos y no en ellos o en sus intereses de partido. Por favor, tengan la dignidad de marcharse antes de que los ciudadanos los echemos.

¡¡en qué país vivimos!!.

 

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COMUNIDADES HISTÓRICAS

Muchos políticos nacionalistas, independentistas y algún que otro oportunista, vienen hablando en estos últimos tiempos, de nación histórica, de nacionalidad histórica, de comunidad histórica o de región histórica. De modo concreto hablan de Cataluña, de Euskadi y algunas veces también de Galicia. Fundamentan sus alegatos en que estas tres comunidades, tienen lenguas e identidades culturales y políticas, diferentes a las del resto de España. Primero fue el lehendakari Ibarretxe el que en 2003 propuso un nuevo estatuto basándose en la identidad propia del pueblo vasco y su derecho a decidir y a la autodeterminación. El Parlamento le dio un buen revolcón y se acabó el plan Ibarretxe.  Ahora fue  el Sr. Puigdemont el que, utilizando esos mismos argumentos de identidad propia, saltándose a la torera el orden jurídico establecido, decidió meterse en la declaración unilateral de independencia.  Frente a esto, en aplicación de los principios constitucionales, se puso en marcha del artículo 155, para restaurar los desmanes de tal despropósito.

Frente a esas grandes falacias argumentales, tanto desde el punto de vista jurídico como histórico y frente a tanto despropósito, voy a tratar de desmontar esos argumentos, que a mi juicio, caen en una manifiesta e interesada tendenciosidad. Voy a centrar mis argumentos en esos hipotéticos derechos históricos. Y para ello empiezo diciendo que  la disposición adicional primera de la Constitución española establece que «La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. La cuestión es que, históricamente, los territorios forales, que yo sepa, sólo son los del País Vasco y Navarra y de ahí viene, como hecho diferencial, el concierto económico aplicable sólo a estas comunidades.

Nuestra Constitución Española de 1978, reconoce la existencia de regiones, comunidades y nacionalidades y en base a ello les concede autonomía, pero sin establecer diferencias administrativas entre unas y otras. La expresión “Comunidad histórica” no está en el texto constitucional.  El concepto de “comunidad histórica” fue aplicado de modo pacífico al País Vasco, a Cataluña, a Andalucía y a Galicia, única y exclusivamente porque eran territorios que durante la segunda república, habían plebiscitado proyectos de estatuto de autonomía propio, antes de que estallase la guerra civil. Sólo podemos calificar de histórico por tanto, que lo único que tenían en común y que las distinguía de las demás, es que estas cuatro comunidades, entre 1931 y 1936, antes de estallar la fratricida guerra, tenían en marcha unos proyectos de autonomía (no de independencia). Sólo por este hecho y por nada más, es por lo que se las calificaba como comunidades históricas.

Y llegados a este punto, me pregunto ¿Cuántas comunidades tanto desde el punto de vista jurídico como histórico, pueden sostener que son naciones históricas? Y va por delante que nuestra Constitución y nuestro Tribunal Constitucional declaran que sólo hay una nación y esta es la Nación Española. En el desarrollo estatutario posterior a la Constitución, algunas comunidades, en la redacción de sus estatutos de autonomía se definieron como nacionalidades o naciones históricas. Otras como es el caso de Asturias, se definen como comunidades históricas.

Si partimos de las bases comúnmente aceptadas por los historiadores, ha de decirse que, tras el fin del estado visigodo, provocado por la derrota en la batalla de Guadalete del año 711, que inició la invasión musulmana de la península ibérica, fue el Reino de Asturias el que empezó a reconquistar, primero los territorios musulmanes de la cornisa cantábrica así como los territorios adyacentes y se convirtió en la primera entidad política cristiana tras el hundimiento de ese reino visigodo. Los reyes asturianos se fueron expandiendo de modo que a principios del siglo X ya habían alcanzado el río Duero. Se dice  por eso, que el Reino de Asturias ha sido el embrión de España, embrión que fue creciendo hasta ser el precedente de la Corona de Castilla y el Reino de Portugal.

Los asturianos lucharon primero contra los romanos, después contra los vándalos y más adelante iniciaron la reconquista y forjaron una identidad propia, identidad que se fue trasladando a medida que avanzaba la reconquista al reino de León, a la Corona de Castilla y al Reino de Portugal. ¿Acaso no es esto tener identidad propia y por tanto el derecho a lucir con todo honor, el distintivo de comunidad histórica?.

En cambio, si hablamos de Galicia, ¿dónde está su identidad propia, si tras la insurrección de los gallegos, estos fueron sometidos al monarca asturiano Fruela I y después al Rey Silo?  Si hablamos de Euskadi, ¿dónde está su identidad propia, si resulta que los vascones, estaban sometidos al a la monarquía asturiana de los reyes Alfonso I y Fruela?  Y por último, si habláramos de Cataluña ¿dónde está su identidad propia si resulta que formaban parte de la Marca Hispánica, como condado dependiente del imperio carolingio, para más tarde quedar integrados en la Corona de Aragón?

Así que por favor, menos identidades propias y menos presumir de derechos históricos, porque, al margen de espúrios  intereses políticos, la relación de comunidades verdaderamente históricas, tras la desaparición de el Al Andalus, ha de empezar por Asturias, continuando por León, siguiendo por Castilla y terminando en Aragón.  La Comunidad autónoma catalana o la Comunidad autónoma vasca, son eso, comunidades autónomas, al igual que lo es el Principado de Asturias que, como he dicho antes, quizá sea la comunidad histórica de más peso en la historia moderna. Asturias, por las raíces de su historia, sí podría ser una nación histórica si se utilizaran las falacias argumentales de los nacionalistas e independentistas.

Dicho todo esto, es lamentable que viviendo como vivimos en una democracia que ya tiene más de 40 años, que viviendo en uno de los países de más larga historia de Europa,  que viviendo en uno de los países económicamente  más destacados de Europa y del mundo, una casta de indecentes políticos, con una infinita bajeza moral, tergiversando la historia y saltándose a la torera tanto nuestra Constitución como sus propios estatutos de autonomía, estén provocando tamaños disparates. Estos oportunistas dirigentes nacionalistas e independentistas, bajo el pretexto de hechos diferenciales, derechos históricos o amenazas de independencia, lo que pretenden, sin lugar alguno de duda, es chantajear al Estado español  para seguir catando la teta de la vaca del estado, para obtener ventajas y privilegios que otras comunidades por muy históricas que sean, no van a tener, porque constitucionalmente hablando todas las comunidades han de ser iguales en derechos.

También es cierto que, durante muchos años, esa bestia nacionalista e independentista, ha estado siendo alimentada y bien alimentada, por los diferentes gobiernos que hemos tenido en España, ya que para poder gobernar, como necesitaban el apoyo de esos partidos nacionalistas, les fueron concediendo unas ventajas y unos privilegios que otras comunidades no tenían.

Así que ¡basta ya! Creo que ha llegado el momento. Utilizando las experiencias de esta difícil situación que se vive en Cataluña, el Estado español, con mano firme y rechazando el chantaje nacionalista, debe de avanzar con paso seguro y sin titubeos, hacia la igualdad de todas las Comunidades sin excepción. Basta ya de hechos diferenciales. Llega la hora de que políticos, con altura de miras, empiecen a gobernar para que todos seamos iguales y para erradicar esas desigualdades comunitarias. Quizá haya que pensar en volver a centralizar la sanidad, la justicia o la educación. Y para bajar la tensión de mis palabras, en lo que se refiere a comunidades históricas, termino con ese dicho tan popular de ¡Asturias es España, lo demás es tierra conquistada!

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CARTA ABIERTA A RAJOY

Estimado Sr. Rajoy: Ayer, como era de esperar, tuvo lugar en Cataluña ese esperpento llamado referéndum,  en el que,  los independentistas catalanes con Puigdemont al frente, usando todo tipo de estratagemas  y pasándose por el forro toda la legalidad vigente,  consiguieron uno de los objetivos que tenían previsto.  Este objetivo, ni más ni menos, era conseguir que, con la prevista y medida pasividad de los Mossos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil, tuvieran que cargar para desalojar a los activistas y de ese modo ya tendrían la excusa para sacar a los medios de comunicación nacional e internacional, todo tipo de fotografías, muchas de ellas trucadas,  hablando de “brutales cargas policiales”.

Tras fabricar este escenario tan interesante para ellos, de ese estado opresor que quita la libertad de los catalanes, ahora ya entran en la segunda fase del proceso que consiste en formular la declaración unilateral de independencia, por parte del Gobierno catalán, el próximo día 4. Lo tenían todo más que medido y previsto.

Y en este estado de cosas, sabiéndose como se sabía en lo que iba a acabar esto, yo me pregunto: Tras reunirse con Trump, que en su comparecencia ante los medios de comunicación dijo que los catalanes eran tontos regresó a España y desapareció. Los ciudadanos de a pie no sabemos si usted estaba en La Moncloa, descansando en su casa de Sangenjo en Pontevedra, o haciendo alguna ruta del Camino de Santiago. En estos momentos tan difíciles y tan convulsos tanto para los catalanes como para los españoles, usted ha estado escondido.

Sólo ayer, a las 8 de la tarde, compareció ante los medios de comunicación para hacer una brevísima declaración institucional, sin admitir preguntas, para sacar pecho y manifestar que no había habido ningún referéndum de autodeterminación y que usted había asumido su responsabilidad. Añadió también, al igual que días atrás ya había hecho alguno de sus ministros, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado habían actuado por mandato de los jueces y no del gobierno.

En los días anteriores a este aciago 1 de Octubre, mientras usted estaba escondido sin dar la cara, salió su ministro de Economía Sr. De Guindos para decir que estaba dispuesto a negociar mejoras económicas para Cataluña, lo que a todas luces implicaría doblegarse al chantaje catalán y tras ello, traer como consecuencia que de modo seguido, los vascos también a pedir su parte y después los gallegos. Salió también el Sr. Menéndez de Vigo para hablar de la confianza que le merecían los Mossos de Escuadra, aun cuando si había que hablar de este cuerpo policial, debería de haberlo hecho el Ministro de Interior que es quien tiene las competencias. También apareció en alguna tertulia la Ministra de Sanidad en su condición de catalana, pero sólo se limitó a decir que lo que se estaba haciendo en Cataluña era ilegal, pero echaba balones fuera diciendo que la policía estaba actuando siguiendo órdenes de los jueces y no del gobierno.

Sr. Rajoy, al oírlo ayer a usted en su corta declaración institucional, para valorar lo que había ocurrido en Cataluña, uno se podría quedar con la sensación de que allí no había pasado nada, que no había habido referéndum y que se ofrecía a dialogar con los separatistas. Una de dos, o usted no tiene toda la información de lo que está ocurriendo en Cataluña (algo que resulta impensable) o sencillamente usted es un timorato o un cobarde.

Sr. Rajoy; Los españoles necesitábamos un presidente y un gobierno fuertes que, viendo el abismo al que se acercaba el pueblo catalán, cogiera el toro por los cuernos ya antes de que llegara el anunciado día 1de Octubre, convocara al Congreso de los Diputados para informarles, hablara con todos los grupos parlamentarios y de modo inmediato, con el mayor consenso posible,  empezara a aplicar el artículo 155 de la Constitución, que para eso está.  Necesitábamos a un presidente fuerte que saliese constantemente a los medios de comunicación, que estuviese presente en Cataluña y que, recurriendo a la pedagogía, informara a los ciudadanos con pelos y señales por ejemplo, del desmadre de la deuda pública catalana, de los cientos de millones de euros que ha recibido el Gobierno Catalán de las arcas públicas españolas, que hablara documentadamente de que es el Estado Español quien está financiando la deuda catalana.

Probablemente esto no lo hace, porque sabe que al igual que antes le pasó a Felipe González, a Aznar o a Zapatero, necesita el apoyo de los nacionalistas tanto catalanes como vascos, para poder aprobar los presupuestos del Estado y para gobernar. Pero, aun con esto, tengo que recordarle que usted es el único culpable de no haber aplicado los preceptos constitucionales y con ello no haber dado un puñetazo en la mesa y de no haber permitido que durante cinco años, los independentistas catalanes estuvieren urdiendo su estrategia secesionista, saltándose a la torera todas las normas habidas y por haber. Usted no ha dado la cara para hablar abiertamente con todos los partidos políticos para hacer un diagnóstico correcto de la situación y para negociar las soluciones a aplicar.

Sr. Rajoy, los españoles de a pie hubiéremos agradecido verlo a usted al frente, aplicando medidas inmediatas, reaccionando contundentemente ante cualquier maniobra secesionista, y aplicando medidas claras. No me sirve que haya delegado en el Poder Judicial para que fueren ellos los que velaran por el cumplimiento de la legalidad vigente. Eso, evidentemente está bien, pero es insuficiente. No le puede servir a usted como excusa para no haber intervenido.

Ayer ha quedado demostrado con su declaración institucional, que usted sólo se limita a esperar, que aquí no pasa nada. Pero, acaso no merece una contundente intervención del Gobierno de España, se preserve nuestra unidad, nuestra libertad, nuestras leyes y nuestra constitución. Me resulta muy difícil de entender. Hay una realidad y es que son los independentistas catalanes, con Puigdemont al frente, los auténticos responsables de este cisma. Pero, tengo que decir alto y fuerte que usted también es responsable, por su manifiesta dejación de funciones y por su pasividad ante tan grave problema.

¿no debería de convocar elecciones ya?

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.