El Comercio
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Categoría: propiedad intelectual
CALATRAVAZOS

El arquitecto Santiago Calatrava, famoso por sus grandes obras arquitectónicas realizadas en medio mundo, está adquiriendo aún más fama por sus estrepitosos fracasos, que lo llevan a convertirse en el gran fiasco de la ingeniería y también por su desprecio, al abandonar nuestro país y trasladar toda su fortuna a Suiza, en agradecimiento a los grandes beneficios que le proporcionaron las instituciones españolas, a las que facturó más de 1.900 millones de euros.

Al día de hoy, todo el mundo medianamente informado, ya sabe que sus estelares obras están llenas de polémica tanto por sus estrepitosos fracasos arquitectónicos, como por sus fiascos, sus pleitos en los tribunales y sus sospechas de chanchullo en las adjudicaciones de algunas de nuestras Administraciones Públicas.

El primer varapalo judicial en nuestro país, lo recibió el Sr. Calatrava por la ejecución del famoso puente de Zubizuri, que estaba contemplado en el Plan General de 1989 de Ordenación de Bilbao y que era una pieza básica para la regeneración de la Ría de Bilbao. El suelo de este puente había sido construido con cristales traslúcidos que, además de romperse, cuando llovía (algo frecuente en Bilbao), producía resbalones y continuas caídas de peatones. El Ayuntamiento, cansado de pagar indemnizaciones por esas caídas, tomó la decisión de modificar la estructura y colocar suelos no deslizantes. Además, como el puente quedaba aislado y no tenía acceso a ninguna vía urbana, el Ayuntamiento encargó al otro famoso arquitecto Isozaki, la prolongación de la pasarela para conectarla con los viales. El Sr. Calatrava recurrió a los Tribunales, argumentando que el Ayuntamiento, que encargó una modificación al otro famoso arquitecto japonés, había vulnerado sus derechos de autor. La sentencia dictada, reconoció que ciertamente se trataba de una gran obra arquitectónica del autor, pero añadió que por encima del derecho moral del arquitecto, está el de los usuarios del puente que no tienen por qué sufrir riesgos de caídas y lesiones. El puente no era una obra para ser vista o admirada, sino que era un servicio público que había de ser apto para el paso de peatones de un lado a otro de la ría,  sin riesgo para ellos y en base a esto, el Sr. Calatrava quedó obligado a aceptar las reformas estructurales que realizó el Ayuntamiento en beneficio de los ciudadanos.

En Bilbao el despropósito continuó con la construcción del Aeropuerto, lleno también de barbaridades. Por ejemplo, para comunicar el parking con la instalación aeroportuaria, el arquitecto hizo un pasaje muy bonito arquitectónicamente hablando, pero con un gran problema: cuando llovía el agua entraba dentro de él y los viajeros, al igual que ocurría con el puente Zubizuri, patinaban y se caían con sus maletas. La autoridad aeroportuaria tuvo que cerrar el pasaje con cristaleras para evitar la entrada de la lluvia. Además, cuando alguien va a esperar a los viajeros para recogerlos, tiene que hacerlo a la intemperie, ya que de la zona de desembarque y recogida de equipajes, se sale directamente a la calle. Es decir, todo muy bonito pero con un uso público absolutamente deficiente.

Sigamos con puentes y vayamos al puente que ejecutó en Venecia que probablemente, en opinión del programa Discovery Max, es su obra más fallida. El Ponte Della Constitizione es una obra espectacular y con un diseño sorprendente. Es decir, toda una obra de arte. El gran problema es que el puente había sido concebido para facilitar el acceso a los viajeros que entraban en la ciudad y que, habitualmente, estos llegan con maletas y equipajes.  En realidad, no sólo no se facilita el transporte de equipajes por las escaleras que dificultan la subida al puente, sino que, al igual que ocurrió en Bilbao, se eligió el cristal como suelo del puente y además de eso, al estar en pendiente, también produce continuadas caídas de peatones. (Parece que en un año se han producido siete roturas de cadera).

Podría seguir comentando estos mismos problemas que aparecen en el puente del Assut de L´or en Valencia, o el Alamillo de Sevilla, o el Redding de California o el Strings de Jerusalem, pero no voy a hacerlo para no ser reiterativo. Podríamos hablar de la historia del Turnig Tonso de Malmö en Suecia lleno de aberrantes caprichos, errores de cimentación , errores estructurales y desmadre de costos.  Voy a dejarlo para no cansar comentando más de lo mismo.

Pero, para finalizar, ya que es algo que sufrimos en directo los ovetenses, no puedo pasar de largo sin  comentar el despropósito de nuestro Palacio de Congresos, llamado jocosamente “el centollu”. Creo que no exagero si digo que es la obra más inútil de Calatrava. Encajonada entre edificios altos en el solar que dejó el Carlos Tartiere, más que dialogar con el entorno como le gusta decir al arquitecto, lo que está haciendo es darse puñetazos dentro de ese entorno de edificios. La gran estructura central que iba a abrirse como la cola de un pavo real, ha quedado inutilizada porque los motores hidráulicos no pueden elevarla. Las cascadas proyectadas no existen. El óxido aparece por todos los sitios. Los accesos a la zona comercial están llenos de goteras y los suelos son resbaladizos, los peatones tropiezan en los lucernarios que se han instalado para iluminar el suelo, etc.etc.  Un auténtico despropósito y una atrocidad.

Sr. Calatrava, a mi juicio usted es un auténtico experto en dar calatravazos, tanto por sus fiascos arquitectónicos como por los sablazos que ha dado a nuestras instituciones públicas.  Lo que no sé es que han visto en usted nuestros gobernantes a los que sin duda ha engañado o quizá, hayan decidido dejarse engañar.

 

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DESTRUCCION DE ROPA FALSIFICADA

Con harta frecuencia, leemos en prensa noticias como estas: La Agencia Tributaria ha destruido hoy siete toneladas de prendas falsificadas, sobre todo ropa deportiva, que habían sido interceptadas en el aeropuerto de Barajas; 90.000 prendas de ropa falsificada, incautadas por la policía en el mercado vigués de A Pedra, han sido quemadas este lunes en la incineradora de residuos Sogama; El pasado jueves se procedió a la destrucción por parte de la Policía Local, de toda la ropa decomisada en la vía pública a vendedores ambulantes ilegales; Las autoridades aduaneras de la UE confiscaron 115 millones de prendas falsificadas y se destruyeron más del 75% de estos productos. Peñíscola destruye 2.000 artículos del top manta, incautados este año.

Entre tanto leemos estas noticias de destrucción masiva de prendas de ropa falsificada, Cauce, Cáritas y otras muchas entidades benéficas, desbordadas por el cada vez mayor número de personas que acuden a ellas en busca de ayuda, están realizando continuos llamamientos a los ciudadanos, para recoger ropa usada que pueda llegar a sus roperos solidarios, para entregar a esas pobres gentes que acuden a ellas en busca de auxilio.

El problema básico que se plantea con la ropa falsificada y que es decomisada por las autoridades, es qué hacer con ella para preservar la propiedad industrial. ¿se destruye tal y como piden las empresas titulares de los derechos, o se aprovechan para satisfacer las necesidades sociales, tal y como vienen pidiendo muchas Ongs. Lo que las autoridades pretenden cuando destruyen estos productos falsos decomisados, es garantizar que las prendas no vuelvan a los circuitos comerciales ya que, al tratarse de prendas falsificadas, han de proteger los derechos de las empresas propietarias de la propiedad industrial de estos productos. Desde esta óptica, parece una aberración que para garantizar al 100% los derechos de las empresas perjudicadas, se proceda a la destrucción masiva, ante el riesgo de que algunas de esas prendas vuelva a ponerse a la venta, si son cedidas a entidades benéficas para que las distribuyan entre sus usuarios.

Para tratar de clarificar las cosas, vamos a repasar lo que dice al respecto nuestra legislación: De una parte, la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 367, nos dice que podrá decretarse la destrucción de los efectos, cuando  resulte necesaria o conveniente a la propia naturaleza de los efectos intervenidos o por el peligro real o potencial que comporte su almacenamiento o custodia. Añade también que podrán entregarse los efectos a entidades sin ánimo de lucro o a las Administraciones públicas, cuando sean de poco valor o se prevea que la realización o destrucción, pueda ser antieconómica. Ante Un anterior Decreto de 1976 señala que, concluido el procedimiento al que están afectos los objetos intervenidos, se les dará el destino que determine la sentencia.

De otra, el Código Penal, en su artículo 127.5 nos señala que si los efectos no son de lícito comercio (ropa falsificada) se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán.En el ámbito comunitario, el Reglamento 608/2013, del Parlamento Europeo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto a los derechos de propiedad intelectual, establece procedimientos para la destrucción de lo incautado, “salvo que se disponga de otro modo en la normativa nacional del Estado miembro en el que vayan a destruirse las mercancías”. 

Por último, la Ley de Marcas nos dice que “la destrucción o cesión con fines humanitarios, si fuera posible, a elección del actor, y a costa siempre del condenado, de los productos ilícitamente identificados con la marca que estén en posesión del infractor, salvo que la naturaleza del producto permita la eliminación del signo distintivo sin afectar al producto o la destrucción produzca un perjuicio desproporcionado al infractor o al propietario, según las circunstancias de cada caso apreciadas por el Tribunal”. 

Queda claro por tanto que nuestro marco legal permite que las prendas falsas incautadas por las autoridades, pueden ser cedidas a entidades benéficas para ayudarlas a cumplir sus fines humanitarios, siempre que los distintivos de marca sean eliminados. Pese a ello las marcas son reacias a estas entregas ya que dicen que en España hay mucha picaresca y que hay casos en los que se han entregado productos a entidades benéficas que, después, acabaron vendiéndose en mercadillos de las ciudades. Ponen ejemplos de una partida remitida a los refugiados de la guerra de Bosnia y que a los pocos días estaba vendiéndose en mercadillos de  Barcelona.

Yo puedo entender que haya algunos pocos casos en los que esa ropa cedida a entidades benéficas, vuelve a aparecer en los mercadillos. Algunos usuarios de esas entidades también las engañan.  Pero de ahí a destruir toda la ropa para asegurar al 100% que no vuelve al mercado, aun cuando lo que vuelve sólo es un pequeñísimo porcentaje, hay un abismo.

Hace poco tiempo, se ha dictado una sentencia pionera en un Juzgado de Vigo que, desestimando el recurso planteado por las marcas perjudicadas por las falsificaciones (Hugo Boss, Adidas y Levitas) que solicitaban su destrucción para evitar el riesgo de que las prendas falsificadas volvieran a ponerse a la venta, acordó la entrega de la ropa incautada por la policía, a los Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres de Vigo. Para esta entrega, la resolución judicial exigió que los logotipos de las marcas sean borrados con tinta indeleble señalando igualmente que, si lo deseaban, los representantes de las marcas podrían asistir a ese borrado. Creo que esta sentencia da un paso adelante y merece ser considerada, ya que abre la vía a que estas prendas falsas que no pueden volver a los mercados, si pueden llegar a muchas personas sin recursos que las pueden usar.

Hay muchas soluciones para donar esa ropa sin poner en peligro los derechos de la propiedad industrial de las marcas. Por ejemplo, en Inglaterra la institución benéfica Hirs Church, utilizando una maquinaria igual que la de los falsificadores, retoca los logos de las marcas falsas y les añade el de la institución “HIS”. A partir de ahí, dona esa ropa con fines humanitarios. Se trata de una magnífica iniciativa que, con escasísimo coste, resuelve el problema de qué hacer con la ropa requisada. Otro ejemplo, en la República de Corea, las autoridades aduaneras invitan a voluntarios a decorar con dibujos las zapatillas de deporte falsificadas que, posteriormente, son donadas a orfanatos.

A los Jueces y Fiscales pueden dárseles medios para que  sepan lo que se pueda hacer con esa ropa y cómo hacerlo. Con un poco de interés y una pequeña inversión, se puede conseguir que la ropa llegue a personas realmente necesitadas. Sólo falta la voluntad política de hacerlo.

 

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LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA Y LAS DESCARGAS -DONDE DIGO DIEGO, DIEGO DIGO-

El pasado 24 de Febrero de 2011, la Sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona dictaba la sentencia 83/2011, por la que se condenaba al propietario de la web “el rincón de Jesús.com” a indemnizar a la SGAE en la cantidad de 3.587€, al considerar que proporcionaba enlaces a archivos alojados en otras páginas de descarga directa y que esto constituía una infracción a los derechos de propiedad intelectual que en esta caso gestionaba la SGAE. (Esta sentencia ha sido recurrida en casación y está pendiente de la resolución definitiva que dicte el Tribunal Supremo).
Ahora, una nueva sentencia de fecha 7-7-2011, dictada por la misma Sala y por los mismos Magistrados que dictaron la sentencia de “elrincóndejesús”, en la demanda seguida contra la página de enlaces “indice-web.com” , aun cuando sostiene que mantiene las mismas consideraciones de la sentencia anterior, da un giro radical a su criterio anterior y desestima la demanda que también había formulado la SGAE. Pasa a considerar ahora que un enlace, con independencia que sea a redes P2P o a otros servicios de descarga directa, no suponen infracción a la propiedad intelectual. La Sala entiende que en nuestro derecho, el ofrecimiento de descargas no constituye ni reproducción ni puesta a disposición de la obra.
Los expertos Letrados David Bravo y Javier de la Cueva, que defendieron en este procedimiento a Indice-web.com, y a los que felicito por su éxito,  informan que es la primera sentencia dictada en España en vía civil, en la que se declara que las páginas de enlaces a Redes P2P o a webs de descarga directa, no infringen la propiedad intelectual.
Llega esta nueva sentencia en un momento en que la desacreditada SGAE se encuentra en la dificil situación que todo el mundo conoce como consecuencia de la que, por hohestidad política, la Ministra Sra. Sinde debería de dimitir. De otra parte, a la vista de esta sentencia dictada en vía civil y a la vista de otras muchas sentencias dictadas en casos similares juzgados en vía penal, queda bastante claro que la famosa Ley Sinde ya tiene abierta la primera vía de agua. Ahora, a ver qué miembros de la Comisión Administrativa que ha creado esta Ley para perseguir el cierre de páginas web, se atreverán a dictar alguna resolución cerrando una página, so pena de incurrir en una claro abuso de derecho e incluso prevaricación.
 Así que, es indudable que se precisa de una derogación de la Ley Sinde y de una inmediata reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, a la vez que una nueva regulación del cánon didital.

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MANUAL DE DESOBEDIENCIA A LA LEY SINDE

Navegando  por la Web de Hacktivistas.net,me he encontrado con un curioso manual de desobediencia a la Ley Sinde, que ha sido editado por Traficantes de Sueños y el periódico Diagonal (Traficantes de Sueños publica sus libros con licencias Creative Commons, que permiten la copia, distribución y comunicación pública, y además sube a su web una copia de libre descarga. En vez de considerarlo un problema, piensan que si sus materiales no pudieran ser copiados y distribuidos, descargados y usados, el alcance del proyecto sería mucho menor, menor la incidencia pública, menores los apoyos en forma de trabajo colaborativo, y menor, por lo tanto, el retorno económico.
Por último, el periódico Diagonal es un proyecto que desde el principio se distribuye bajo licencias libres, aunque desde su publicación en marzo de 2006 se puede encontrar en los kioscos de Madrid y en centenares de librerías de todo el Estado. De forma paralela en su página web, cada artículo es difundido libremente. “Frente a la información como mercancía que se compra y se vende”, defienden “su valor de uso y su libre circulación, así como su propiedad colectiva”.
Por lo que se dice en el prólogo, “el Manual tiene el objetivo de demostrar la ineficacia radical de la Ley Sinde desde un punto de vista práctico. Los usuarios y webmasters encontrarán los métodos más útiles para sortear las barreras de la censura gubernamental. La llamada Ley Sinde ha despertado la oposición de diversos colectivos de ciudadanos tanto por la forma en la que se promovió, al margen de la ciudadanía; como por el hecho de que no responde a los objetivos que dice promover, la supuesta protección de creadores; como por las presiones externas de las industrias que en definitiva han acabado por imponerla. La oposición a la nueva legislación ha sido tan contundente y masiva que podemos decir sin tapujos que esta Ley no es representativa de la voluntad general ni está dirigida al bien común.
 Hacktivistas.net ha creado este Manual para que la primera web que sea cerrada, se convierta en la más popular de la blogosfera. Para que sus contenidos, lejos de desaparecer, inunden la red. Porque mientras ellos crean comisiones de censura, nosotras y nosotros «rippeamos», subtitulamos, traducimos y compartimos. Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas. “

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Para qué tanto empeño en sacar adelante la Ley Sinde

Cuando la llamada Ley Sinde parecía que había muerto en el Congreso de los Diputados, ahora, mediante un pacto del PSOE y el PP se pretende resucitar el proyecto introduciendo algunas modificaciones. Nuevamente han empezado a aparecer comentarios y opiniones e todo tipo. Los medios de comunicación, los internautas, los políticos y los juristas, vierten comentarios de todo tipo en pro o en contra del ya famoso proyecto de Ley. (Yo mismo, en un post anterior sostuve que el proyecto era una aberración jurídica y que por tanto no tendría mucho recorrido).

Pero, vamos a ver, ¿aun nadie se ha dado cuenta de que es muy difícil poner puertas a internet y que, apruebese o no se apruebe esta ley, va a ser muy difícil defender de modo eficaz la propiedad intelectual de los creadores, iniciando procedimientos en vía administrativa o en vía judicial, para cerrar páginas de enlaces y de este modo evitar las descargas?.

Deberíamos de tener en cuenta que si una de esas páginas se ve amenazada por un procedimiento, en muy pocas horas puede maniobrar y cargar la página en un servidor extranjero, donde la ley española ya no tiene competencias para actuar. En menos de una hora el titular de una página de enlaces puede migrar todo a un servidor extranjero y en sólo muy pocos días Google ya tendría recuperado su posicionamiento. A su vez los usuarios de esa página de enlaces, con un simple mensaje de Twitter ya podrían conocer su nueva ubicación.

Si volvieren a surgir problemas en el alojamiento del nuevo servidor, bien porque la justicia española, mediante acuerdos de cooperación judicial internacional, o la justicia del propio país donde está ubicado el servidor, tocara las narices, pues no pasa nada, se migra todo a otro servidor alojado en otro país y se acabó el problema.

En definitiva, ¿para qué tanta obstinación en sacar adelante una Ley que va a ser totalmente inoperante?. Actualmente la legislación española tiene medios para defender la propiedad intelectual, pero el problema está en la rigidez y la lentitud de la Administración de Justicia, y esto no lo va a cambiar la nueva Ley. Por tanto creo que lo que procede es que los creadores se adapten a los nuevos tiempos tecnológicos y que traten de aliarse con ellos para defender sus intereses. No es bueno que sigan anclados en algo que ya es obsoleto.

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El Congreso rechaza la llamada Ley Sinde

El pasado día 12 de Enero escribí un post sobre el famoso y mediático “Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en el que sostenía que desde una óptica netamente jurídica, el proyecto era aberrante, incongruente y que se había metido con calzador una absurda disposición adicional primera en una también absurda y vacía Ley de Economía Sostenible, pretendiendo resolver el problema de la propiedad intelectual frente a la piratería en internet.

Aun cuando la legislación actual tiene instrumentos bastante adecuados para defender los intereses de los creadores (medidas cautelares y acción de cesación), así como unos tribunales especializados por razón de la materia (Juzgados Mercantiles y de Primera Instancia), el anteproyecto, utilizando estrategias de un auténtico haker jurídico, pretendía modificar una ley orgánica, tres leyes ordinarias y algunas otras disposiciones mas, para conseguir su objetivo que según decía la Sra. Sinde era cerrar del orden de 200 sitios web que contienen enlaces a descargas ilegales.

Para ello creaba una comisión parcial que pretendía ser la competente para salvaguardar los derechos de la propiedad intelectual y lo que es mas grave, derivaba el procedimiento hacia los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo, elevando con ello el rango de la propiedad intelectual, al de otros derechos fundamentales de los ciudadanos. Y por si fuera poco, esos Juzgados centrales en el plazo de cuatro días tendrían que resolver, previa audiencia del representante de la Administración, del Ministerio Fiscal y de los titulares de los derechos afectados. Pero, curiosamente, a los presuntos infractores no se les convoca a esa audiencia previa para que aleguen lo que estimen conveniente a la defensa de sus derechos. Es decir, se pretendía imponer sanciones sin ni tan siquiera dar el derecho de defensa a los infractores.

Olvidaba este absurdo anteproyecto que para cerrar 200 páginas web, la instrumentación jurídica que se pretendía dar era desproporcionada, y diría mas, inconstitucional. Olvida también que si lo que se pretende de verdad es defender la propiedad intelectual, este ridículo procedimiento y estos desproporcionados cambios legales no iban a impedir que esas páginas web cambien de nombre, se clonen y aparezcan en otros dominios. La red se mutará y esta aberrante ley quedaría sin contenido. Para este viaje no hacían falta tantas alforjas.

En resumen, entendía que este anteproyecto no podía tener mucho recorrido y que lógicamente, no debería de superar los trámites parlamentarios. Se quedaría en un anteproyecto vacío. Frente al objetivo del Gobierno de que este anteproyecto viera la luz, estaban las posiciones de juristas, internautas y medios de comunicación que, con argumentos diferentes, mostraban su clara oposición al mismo.

Ayer, el Congreso de los Diputados rechazó la ley Sinde y la convirtió en una norma vacía. La disposición para cerrar páginas web se encontró con la oposición de todos los grupos parlamentarios, excepto lógicamente el grupo del PSOE. En mi opinión este rechazo pone en evidencia la falta de estrategia del Gobierno que se empecinó en mantener esta disposición adicional (llamada Ley Sinde) en el marco de la Economía Sostenible.

Por tanto, me congratulo de que en el arco parlamentario haya imperado la cordura, y este aberrante anteproyecto de ley haya quedado convertido en un papel mojado. Al igual que los juristas, me imagino que los internautas estarán celebrando este rechazo.

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.