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¿POR QUÉ NO VIOLENCIA DOMÉSTICA?

Hoy, con ocasión del día internacional contra la violencia hacia las mujeres, en todos los medios de comunicación corren ríos de tinta hablando de la violencia machista. La portada del diario El Comercio recoge cuarenta mensajes por cuarenta víctimas y aparecen asturianos relevantes, levantando sus carteles contra la violencia sobre las mujeres. En prensa, radio y televisión se habla sin parar de “crímenes machistas”, “violencia machista”, “acabemos con la violencia machista”, “basta ya de violencia contra las mujeres”.

Va por delante que repudio todos esos brutales asesinatos de mujeres, que claramente sitúo en el ámbito del crimen machista o de la violencia de género. En lo que no puedo estar de acuerdo es que sólo se proteste, se chille, se hagan concentraciones, se guarden minutos de silencio o se pongan pancartas,  contra la violencia llamada de género o machista, pero se calle o silencie toda la violencia que se da en el ámbito doméstico. Parece que se ignora que también hay hombres maltratados e incluso asesinados, que hay hijos o hermanos maltratados y asesinados, que hay padres y abuelos maltratados. Por esto, debería se eliminarse la excluyente expresión de violencia machista o de género y sustituirla por la más genérica de “violencia doméstica”.

Voy a tratar de justificar lo que sostengo  a renglón seguido, tomando como referencia la Ley contra la Violencia de Género de 2004 y empiezo diciendo que no sólo hay mujeres maltratadas. También hay hombres maltratados, hay padres maltratados, hay hermanos maltratados y hay otros familiares maltratados. Tomo como referencia también la Ley de Igualdad de 2007 que pretende conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En esta ley, que conceptúa la violencia de género como un tipo de violencia contra la mujer, cometida por un hombre, el legislador ha considerado que el hombre siempre se encuentra en una situación de superioridad sobre la mujer, porque suele ser el que tiene más fuerza física y con ello crea una presunción de culpabilidad que difícilmente admite prueba en contrario. Así, a título de ejemplo, no considera que pueda haber casos en que el hombre físicamente puede ser más débil que la mujer. Un sector de la judicatura sostiene que <> y esto, evidentemente, se opone a la idea de considerar a la mujer, por definición, especialmente vulnerable ya que también podemos encontrarnos con hombres y otros familiares, especialmente vulnerables. El propio Juez Serrano, Magistrado titular de un juzgado de familia, habla de una falsa violencia machista y habla de una realidad silenciada, diciendo que hay muchos hombres condenados porque sus mujeres los denunciaron falsamente. Este Juez informa también que sólo en la Comunidad de Madrid, hubo un total de 2.589 delitos de violencia femenina sobre sus parejas masculinas.

Parece más que evidente, que esta ley discrimina a los hombres heterosexuales por razón del sexo, al no considerar la violencia contra el hombre como un delito, como lo hace con la mujer, y esto, sin duda contradice el artículo 14 de nuestra Constitución que establece el “principio de igualdad” sin ningún tipo de discriminación por razón de sexo.  Pero es que además, desde que en 2005 se permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, también los hombres homosexuales y las mujeres lesbianas, van a quedar discriminados por la Ley de Violencia de Género. Y diría también que incluso discrimina a las propias mujeres que en el siglo XXI luchan por una igualdad de oportunidades ya que la ley lleva expresamente a que la mujer está en inferioridad de condiciones frente al hombre.

A mi juicio, la actual Ley de Violencia de Género fue promovida por un gobierno que no quiso mantener el concepto amplio de violencia familiar o doméstica, que antes englobaba a todos los maltratos que se daban en el hogar, sin distinguir ni el sexo ni la condición de las víctimas. Aunque la violencia en el ámbito familiar está prevista en el Código Penal Español, esta a mi juicio discriminatoria Ley, limita el término de violencia, sólo a la que ejercen los hombres y padecen las mujeres, negando así cualquier opción a que la situación pueda ser distinta. Por tanto, si la Constitución nos dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, esta ley tiene todos los visos de ser inconstitucional porque como se decía antes, discrimina a los hombres, a los homosexuales o a las lesbianas.

Entiendo que la violencia contra el hombre por parte de la mujer, tiene una incidencia menor, pero eso no quiere decir que no la tenga y los datos así lo demuestran y por tanto, también debería ser objeto de atención. Sin embargo este es un tema tabú, quizá porque alguien puede lanzar rápidamente la acusación de machismo. Probablemente este tabú tiene que ver con el rol estereotipado que ve a los varones como el sexo fuerte.

Concluyo por tanto sosteniendo que esta ley debería de ser modificada y volver a un estado anterior en que se perseguía la violencia doméstica. El ámbito de la violencia doméstica engloba por supuesto a la violencia de género o machista, pero también a toda la violencia doméstica en la que quedan incluidas mujeres, hombres, homosexuales, lesbianas, padres, hijos, abuelos y resto de la familia. Pudiendo englobar el todo, discrimina, sólo considera débil a la mujer y por tanto sólo la protege a ella. ¿Bastante injusto no?

 

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AFÁN RECAUDATORIO

Leo en el diario El Comercio del día 11 de Julio, que el Ayuntamiento de Oviedo planea instalar más radares y fotorojos para el control del tráfico en Oviedo. Sigue la noticia diciendo que actualmente, es en los radares de la rotonda de la Cruz Roja y de la Plaza de Castilla, donde más denuncias se formulan y donde se levantan más atestados por alcance de vehículos. Dice el Concejal responsable, que esto no tiene que ver con recaudar ya que el objetivo es la prevención y agilizar el tráfico.

Si como también se dice en esa noticia, la memoria de Seguridad Ciudadana de 2016, revela la tendencia a la baja de los accidentes, así como la ausencia de atropellos mortales en los cuatro últimos años, qué sentido tiene que se pretenda instalar más radares y más fotorojos,si no es para meter la mano en el bolsillo de los incautos conductores y con ello mejorar su voracidad recaudatoria.

A la vista de los datos que reflejan los presupuestos municipales de los últimos años, se ha pasado de 3 millones euros previstos para multas en los presupuestos de 2012, a 4,1 millones en 2013 y a 6 millones en los presupuestos definidos para 2016. Ni más ni menos se ha incrementado el presupuesto en un 100%  respecto al que había hace cuatro años. ¿acaso en el Ayuntamiento de Oviedo se cree que los conductores de Oviedo, afectados por algún virus maligno, de repente nos hemos vuelto locos y nos comportamos como unos irresponsables al volante? Todo un contrasentido a la vista de la reducción de los accidentes que ellos mismos recogen en su memoria.

Qué sentido tiene que se pretenda instalar aún más radares y fotorojos, cuando estas cámaras que se activan inmediatamente a la puesta del semáforo en rojo, para capturar al infractor que, sólo tiene el escasísimo margen de 3 segundos que dura el ciclo ámbar, para frenar el vehículo antes de la línea de detención, aunque este frenazo tan brusco implique un alto peligro de colisión por alcance, como de hecho está ocurriendo, tal y como se recoge en la memoria de accidentes ocurridos en 2016 en las dos glorietas comentadas anteriormente.

Qué sentido tiene que se quiera instalar aún más de esas cámaras que no cumplen las normas UNE, que establecen determinados procedimientos para la gestión del tráfico. Que se explique la ilegalidad de las multas de las cámaras instaladas en las calles peatonales, aun cuando se ha apresurado a publicar a toda prisa, una ordenanza que las maquille, tras el varapalo que les ha dado el Defensor del Pueblo. O que se explique por qué en el famoso bulevar de la Y, donde no hay ningún problema de seguridad vial, se ha instalado una cámara que ya ha sido declarada ilegal por los Tribunales por no cumplir las normas técnicas, algo que explícitamente ya ha reconocido el propio concejal del ramo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya no tiene suficiente con recaudar más de 11,2 millones de euros con el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, y con los 2,8 millones de estacionamiento en las zonas azules o con el millón de tasas de retirada de vehículos con la grúa. Necesita recaudar más y qué cosa más fácil que instalar radares y cámaras para pillar al conductor. No se necesitan Policías Locales que vigilen. Basta con estos equipos y con un sistema informático que de modo automático inicia la instrucción del expediente sancionador. Y como además esto es un mero trámite administrativo que se realiza de modo mecánico, todo muy sencillo.

Resulta indignante que se pretendan instalar más fotorojos, aun cuando el Ayuntamiento sabe perfectamente que en los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, este tipo de sanciones son declaradas nulas de pleno derecho, porque cuando el conductor agraviado recurre, se le niegan los medios de prueba que se exigen sobre controles metrológicos y de las instalaciones semafóricas que no cumplen las necesarias normas UNE.  Resulta aún más indignante cuando hasta el propio Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la ilegalidad de estas sanciones. Pero, aun así, como el Ayuntamiento sabe que el conductor pillado, no va a recurrir a los Tribunales, porque además de quedar privado del 50% de la reducción de la sanción, tendrá que pagar los honorarios de un Abogado que lleve el asunto al Juzgado y esto va a representar bastante dinero, se limita a rechazar las alegaciones, a denegar todas las pruebas metrológicas que legalmente son exigidas y hala, a recaudar que es de lo que se trata. Y para esto, aunque sean ilegales, qué mejor que instalar mas cámaras.

Es indignante que cuando un ciudadano, como yo he hecho, recurre al Juzgado de lo Contencioso y obtiene sentencia favorable, en vez de esperar a que se le devuelva de oficio el importe de la multa que pagó, se ve obligado a continuar con laboriosos trámites para aportar sentencia, justificantes bancarios de ser titular de cuenta corriente, y otras zarandajas, para conseguir que se le devuelta el importe pagado indebidamente. Pero es más indignante aun que, sólo un día después de que el Ayuntamiento notifique la resolución sancionadora, sin ni tan siquiera esperar a la firmeza de la resolución (una vez que se acaba el plazo de dos meses para recurrir a los Tribunales), el Ayuntamiento ya comunica a la Dirección General de Tráfico para que detraiga al conductor los 4 puntos de sanción. Claro, como sabe que nadie recurre, para qué esperar más. El Ayuntamiento debería de saber y sabe que esa comunicación precipitada a la Dirección General de Tráfico y que provoca en el historial del conductor sancionado que en sus antecedentes aparezca la pérdida de cuatro puntos (aun cuando después se ha visto obligado a cancelar), es un claro atentado contra el honor y que por eso el conductor tiene derecho a exigir al Ayuntamiento daños y perjuicios por su precipitación.

Por favor, en vez de tanto afán recaudatorio, por qué el Ayuntamiento no se dedica a lo verdaderamente importante que es velar de verdad por la seguridad del tráfico y por la movilidad circulatoria. Y si las arcas municipales necesitan dinero, caramba, no pretendan estrujar al conductor.  Y termino diciendo algo que creo que tiene mucho más calado que todo lo dicho hasta ahora: A la vista de la reiterada jurisprudencia existente, cuando el Concejal de Tráfico dicta una resolución sancionadora por ser pillado en estas cámaras, a sabiendas de que es ilegal, lisa y llanamente está incurriendo en un delito de prevaricación.

No entiendo por tanto que, pese a los pronunciamientos de los Tribunales, que declaran nulas de pleno derecho este tipo de sanciones, el Ayuntamiento de Oviedo pretenda seguir ampliando el número de cámaras y fotorojos, si no es para otra misión distinta a la de recaudar de modo fácil. Una cosa es velar por la seguridad del tráfico y la movilidad, y otra distinta es recaudar con unas armas que, además, son ilegales. Lamentable.

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NEGLIGENTE GESTIÓN DEL SALARIO SOCIAL

El diario EL COMERCIO vino informando tiempo atrás, tanto de los problemas que ha generado y genera la tramitación del salario social, por parte del Principado de Asturias, como de las trabas burocráticas de todo tipo que existen para otorgar esta prestación. De modo concreto, hace unos días, se hacía eco de la Memoria 2016 que presentó Cáritas y que volvía a incidir en este problema.

Sintéticamente he de decir que  la Ley de Salario Social Básico, tiene como objeto desarrollar el derecho fundamental de la persona, a los recursos y prestaciones suficientes para vivir de forma acorde con la dignidad humana. Esta Ley tiene su causa en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre de 2000, que con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, proclama  el reconocimiento del derecho «a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes. El salario social básico es una prestación económica periódica, dirigida a personas que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y que se otorga exclusivamente a los fines alimenticios establecidos en el artículo 142 del Código Civil, indispensables para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción alimentista

Una ley estupenda si no fuera porque el Principado la incumple de modo flagrante, envolviendo a los solicitantes en un entramado burocrático que los lleva a que año y medio, dos e incluso más años después de haber presentado su solicitud, no puedan percibir la prestación a la que son acreedores. Por precepto legal, la resolución administrativa de las solicitudes debe de hacerse en un plazo máximo de tres meses. Es por tanto más que evidente que la norma se infringe de modo manifiesto.

Tratando a ayudar a esas familias que tanto lo necesitan, colaboro como voluntario en Cáritas y en Cauce. En mis labores, entrevistando y asesorando a las personas que llegan en busca de apoyo, veo de primera mano las consecuencias de ese entramado administrativo que, en vez de simplificar el trámite, parece que lo presente es alargarlo lo más posible. De modo concreto, tan sólo hace unos días, he atendido a una persona que presentó su solicitud en la Consejería de Bienestar Social, el día 3 de Agosto del año 2015. Ha transcurrido más de año y medio desde esta solicitud y aun no se ha dictado resolución. Esta persona, tras insistir mucho, sólo ha conseguido una certificación de la Jefe del Negociado, donde se certifica que la solicitud tuvo entrada en la Consejería el 3 de Agosto de 2015, que se ha realizado una subsanación el 16 de Febrero de 2017 y que en estos momentos, no puede precisarse una fecha probable de resolución del procedimiento.

Yo a esto, lisa y llanamente lo califico como una clara negligencia y una manifiesta dejación de funciones de la Administración del Principado de Asturias. Podríamos estar hablando incluso de un ilícito penal si tenemos en cuenta que nuestro Código Penal sanciona aquellas conductas que lesionan de forma grave los principios organizativos y la eficacia de actuación de la Administración Pública, que ha de actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía y coordinación, con sometimiento expreso a la Ley y al Derecho. Nuestro Código Penal sanciona las conductas de las autoridades o funcionarios que vicien su eficacia o el cumplimiento de los fines que tienen asignados.

Estos días de atrás, la Consejera de Bienestar Social comunicó que iba a tomar medidas para regularizar la situación (más de 2.000 expedientes atrasados, pendientes de resolver) y que iba a incrementar la plantilla de funcionarios para  dinamizar el trámite de las solicitudes. Me gustaría creerla y me encantaría que esas medidas se pongan en marcha cuando antes. El problema es que, cuatro años atrás, la anterior Consejera también anunció una serie de medidas y además de eso, se comprometió con el Parlamento asturiano para acabar con las listas de espera.  Todo quedó en promesas y en palabras huecas, porque todo sigue igual.

Sólo podrán eliminarse las listas de espera, si hay auténtica voluntad política, para pagar el salario social a las personas necesitadas, dentro del plazo legalmente establecido de tres meses. Se trata sólo de cumplir la Ley. Todos los l ciudadanos  sin excepción, estamos obligados a cumplir la ley, so pena de incurrir en sanción, y todas las Administraciones Públicas, sin excepción, están obligadas a cumplir con los preceptos legales. Entonces, por qué el Principado ha de tener bula para no cumplir.

Estas pobres gentes que no tienen ningún tipo de ingresos, quedan desamparadas por el Gobierno del Principado de Asturias y como único recurso sólo les queda el de recurrir a las ONGs para que les faciliten alimento básico y ropas de segunda mano. Por ello, si al Gobierno del Principado le quedada algo de dignidad, debería de resolver el problema ya. Y si no lo hace, debería de pensar que en cualquier momento, algún solicitante, harto de tanto negligente retraso, podría recurrir al Juzgado correspondiente para perseguir un posible delito del Funcionario o de la Autoridad que no cumple con una obligación legal. Aunque, claro, como sabe que ese pobre solicitante no tiene ni recursos para comer, menos recursos va a tener para solicitar la tutela judicial.

Por favor, Gobierno del Principado, no sigan manteniéndose impasibles ante lo que ocurre. Tengan un poco de dignidad e implementen todas las medidas que se requieren para cumplir con la Ley.  Menos palabras huecas y más hechos. Termino diciendo que, sería bueno que algún gobernante recibiera a una de esas personas y mirándole a los ojos, escuchara y comprobara de primera mano cuál es su penosa situación. Probablemente, su sensibilidad social sería otra y se lanzaría a tomar medidas inmediatas. ¿Es mucho pedir para cumplir la ley? Igual sé lo es para los políticos.

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CURSO SOBRE MOSQUITOS

Definitivamente creo que nuestros gobernantes han perdido el norte. Pienso que, o porque no saben, o porque se dedican sólo a sus intereses de partido, son incapaces de hacer frente, atajar y resolver los grandes problemas que tenemos. Y en este estado de cosas, para justificar sus sueldos, o para justificar que hacen algo, se dedican a gastar nuestros dineros en auténticas paridas. Y si estoy equivocado, amigo lector, juzgue usted mismo lo que voy a contar.

Entre el los días 3 al 7 de este mes de Abril, se ha celebrado en el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, un Curso Regional de Capacitación en Detección y Vigilancia de los Mosquitos y Registro y Análisis de Datos con miras a la Gestión Integrada Zonal de los Mosquitos en la Zona de Europa . La finalidad del curso era crear capacidad y transmitir aptitudes básicas de detección y vigilancia del mosquito. (Me limito aquí a transcribir literalmente la convocatoria de este extraño engendro).

Este curso, ha tenido 24 participantes procedentes de diferentes países europeos y el idioma  de instrucción ha sido el inglés, lo que ha exigido el empleo de varios intérpretes.

Para que este curso mosquitero pudiere celebrarse, nuestro magnánimo gobierno, se comprometió con la OIEA (Organismo Internacional de la Energía Atómica) a proporcionar locales, servicios, equipos técnicos (proyectores, pantallas de cristal líquido, fotocopiadoras, ordenadores portátiles, etc.). Se comprometió también a proporcionar un director del curso que había de servir de enlace con la OIEA. A proveer la necesaria dotación de personal administrativo, auxiliar e intérpretes que sean necesarios para el desarrollo adecuado del curso, incluido un Oficial de Finanzas. A suministrar el material didáctico y las publicaciones necesarias para el curso.

Como esto parece poco y nos sobra el dinero, nuestro gobierno también se comprometió a proporcionar los conferenciantes e instructores que se precisaban, a adoptar las disposiciones necesarias para el transporte, alojamiento y desplazamientos locales que estos necesiten. A sufragar los gastos de viaje y estancia, así como dietas y honorarios de los conferenciantes que sean contratados por el OIEA. A sufragar los gastos de viaje de ida y vuelta a Valencia, así como un estipendio que cubra los gastos de alojamiento, alimentación e imprevistos, de los participantes seleccionados por el OIEA. Y para terminar, a asumir los gastos de una recepción para un máximo de 35 personas que asistan al curso en calidad de participantes, conferenciantes o personal directivo.

En el canje de notas intercambiado entre nuestro Gobierno y la OIEA –esto no nos costaba dinero- nuestro gobierno deberá de guardar las normas del Acuerdo sobre privilegios e inmunidades de los asistentes de la OIEA de 1 de Julio de 1959. Además deberá de facilitar de modo gratuito los visados de todas las personas que asistan al curso. Y además de todo esto nuestro Gobierno también se comprometió a actuar con diligencia para garantizar la seguridad de los locales y de las personas asistentes al curso

No tengo noticia alguna del costo final de este curso mosquitero, pero, teniendo en cuenta que han viajado a España 30 personas, que han estado alojadas en un hotel de cinco estrellas durante una semana, que hemos pagado todos los gastos de estancia y desplazamientos. Que además hemos tenido que contratar a conferenciantes a los que además de honorarios profesionales, también les hemos tenido que proporcionar el alojamiento, como cualquiera puede imaginar, esto ha costado un pastón a las arcas públicas.

¿Cuál ha sido el retorno de esta inversión? No sé si las personas de los diferentes países que han participado en el curso, habrán aprendido algo sobre mosquitos. Supongo que algo sí habrán aprendido. Pero a nosotros, españolitos de a pie, que con nuestros impuestos, pagamos esos estipendios, ¿nos ha servido de algo este curso? Deduzco que esto habrá sido interesante para el único español que ha participado en el mismo, pero caramba, hubiere sido más barato contratar a los conferenciantes y que le dieren clases particulares a ese solo participante.

Igual estoy equivocado y alguien más instruido que yo puede rebatir esta mi opinión, pero me quedo con la sensación de que, una vez más, con este engendro de curso mosquitero, alguien ha despilfarrado nuestro dinero, lo ha tirado por la alcantarilla y no se sabe a quién ha podido beneficiar.

Claro, como el dinero público no tiene dueño….Mas despropósito no cabe.

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LA INDUSTRIA DEL FUTBOL

Hace ya años que el fútbol como deporte, ha dado paso a una lucrativa industria, entendiendo como tal, ese gran negocio que ha sustituido los clubes de fútbol, por sociedades anónimas deportivas. Hoy en día, ciertamente, el fútbol sigue siendo un gran espectáculo, pero más que eso, es un gran negocio que genera enormes beneficios.

De modo concreto, en España el juego del balompié mueve más dinero que todos los demás deportes federados que existen. Pero es que, además, es el que también genera unas deudas desproporcionadas. Resulta difícilmente entendible que un jugador de 2ª B esté cobrando mucho más dinero que campeones del mundo de otros deportes, y en sentido contrario, el club que lo ha fichado esté manteniendo importantes deudas con la Agencia Tributaria o con la Seguridad Social.

Hoy en día, fútbol y dinero van cogidos de la mano. Se van olvidando los orígenes del deporte para convertirse en unos suculentos negocios que generan enormes beneficios, gracias al espectáculo que dan, a todas las campañas de márketing  y de mercadotecnia que llevan aparejado. Fichajes multimillonarios, sueldos enormes, cláusulas que bordean el delito fiscal, grandes ingresos por publicidad, derechos de imagen, patrocinios de todo tipo. En resumen, una gran industria del deporte. Más que el deporte en sí y la valoración de si un jugador lo ha hecho bien o mal en un partido, ahora, lo importante y lo que más se valora, es la imagen, la vida social, o las tonterías que pueda decir ante las cámaras, una estrella del balompié.

Y con este desmadre, cómo es posible que muchos equipos de primera división, tengan grandes deudas porque no pagan las cuotas de la Seguridad Social o porque no paguen sus impuestos, y estén solicitando moratorias continuadas a la Agencia Tributaria. Si yo estuviere equivocado con mis apreciaciones, me pregunto ¿por qué jeques árabes, magnates mejicanos o chinos, financieros rusos, etc. quieren entrar en este boyante negocio? Evidentemente no es para perder su dinero ya que, muy al contrario, lo que pretenden es inyectar dinero en equipos de fútbol para mejorar sus capacidades deportivas y de márketing y con ello generar todavía más beneficios.  Hace ya años que el fútbol dejó de ser un espectáculo deportivo para convertirse en una gigantesca industria que mueve desorbitadas cifras de dinero.

Pero, el problema no está sólo en España. La UEFA no hace más que estrujar las posibilidades del fútbol para generar más dinero. Y en la misma línea la FIFA, en vez de velar por la pureza de la competición, presa de una gran voracidad, lo que hace de modo reiterado, es engordar el gran negocio que rodea a este deporte, ingresando ingentes cantidades de dinero por taquilla, por derechos televisivos y por negocios publicitarios de todo tipo. Hoy en día, los clubes de las cinco principales ligas europeas, ingresan 631 millones de euros anuales, sólo por mercadotecnia y licencias (con esta desorbitada cifra muchos países podrían combatir el hambre y la miseria de sus ciudadanos).

Está más que claro, que hoy en día, la competición deportiva no es más que una pura competición mercantil, controlada por la monopolística FIFA que sólo persigue intereses económicos. Sólo basta ver que entre 2012 y 2015, el volumen de negocio de esta organización, superó los 6.000 millones de dólares. Más concretamente, sólo por derechos audiovisuales, en el último mundial ingresó casi 2.500 millones de dólares.

Y si a esto añadimos todas las sospechas de corrupción que existen sobre este organismo, con grandes escándalos que provocaron dimisiones y la entrada en prisión de parte de su cúpula dirigente,  o el descubrimiento de sobornos a directivos para decidir la sede de algunos de los campeonatos mundiales, qué más se podría decir. En el fútbol se mueve muchísimo dinero, existen ingentes cifras de dinero negro, se bordean los delitos fiscales, y además se generan grandes deudas tanto con la Seguridad Social como con la Agencia Tributaria..

Por qué en vez de esto, esas masas de dinero no se destinan, por ejemplo, a promocionar y fomentar el deporte entre los escolares y universitarios. Por qué la Liga de fútbol profesional (LFP) no limita los presupuestos de los clubes, evitando esos indecentes fichajes y esos indecentes derechos de imagen y de todo tipo. Con la situación económica que tenemos en nuestro país, por qué estos despilfarros no se destinan a mejorar nuestro sistema educativo, nuestra sanidad o nuestros servicios públicos. No es de recibo que un grupo de individuos en pantalón corto, con ingresos multimillonarios, corran detrás de un balón, mientras que ocho millones de personas están en el paro y otros tantos millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Me parece indecente. Futbol, sí, por supuesto, pero apartado o alejado de inversores que especulan, explotadores, blanqueadores de dinero y mafias futbolísticas, que muchas veces se esconden con la complicidad de muchos políticos, asociaciones de todo tipo y algunos medios de comunicación.

El fútbol ya no es deporte. Antes las estrellas se movían dentro de los terrenos de juego y deleitaban con sus habilidades balompédicas. Ahora salen del campo, actúan como estrellas publicitarias, venden su imagen y siguen generando dinero fuera del ámbito deportivo.  El fútbol es poder y además un suculento negocio. A mí personalmente, esta negocio me parece realmente indecente.

 

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MENOS RADARES Y MAS SEGURIDAD

En 2015, la Dirección General de Tráfico trasladaba esta noticia: “Nuevo mínimo histórico en el número de víctimas mortales por accidente, desde 1960”. Paralelamente a esto, también decía que 2015 había sido el año con más sanciones por exceder la velocidad permitida, con cerca de 3,29 millones de multas. (en 2014 habían sido 2,46 millones y en 2013, 2,17 millones).  La DGT parecía querer dar a entender que a más sanciones por exceso de velocidad, menos muertes en la carretera.

Pero, llegamos a 2016 y súbitamente, la tendencia se rompe. Se imponen más multas que nunca, pero por el contrario, asciende la cifra de víctimas, poniendo fin a trece años de reducción de la mortalidad en las carreteras. Ciertamente, resulta preocupante este incremento de la mortalidad pero, contrariamente a lo que quiere hacernos pensar la DGT (que lo único que pretende es recaudar cuando más mejor), no es cierto que estas muertes tengan su causa en la imprudencia de conductores,  que superan los límites de velocidad permitidos.

Sólo basta consultar las estadísticas que publica la propia DGT, para poder ver nítidamente, que en autovías y autopistas, vías donde tenemos más radares instalados,  ha habido 102 fallecidos,  en vías convencionales 962, en caminos 43, en vías interurbanas 152 y en otro tipo de vías y ramales de enlace 53. Pero es que, además, nos encontramos con otro dato sorprendete: Ha habido 132 víctimas por infracciones de velocidad  y 1.180 víctimas sin haberse registrado infracción del conductor por exceso de velocidad.

A la vista de estos datos, la cuestión es más que clara. Los fondos del Estado, se están destinando a mejores sistemas sancionadores como son los radares móviles de última generación, o los helicópteros Pegasus, o al cada vez mayor número de radares fijos instalados en las autovías. Se da la paradoja además, que estos radares para cazarnos, se instalan en tramos rectos de las autopistas donde los riesgos de accidentes son escasos (estadísticamente, en estos tramos rectos y bien trazados, no se producen accidentes). Pero nadie en la Administración quiere admitir que la mayor parte de los accidentes se están produciendo por la reducción de la inversión en la mejora de los firmes de las calzadas, la mejora en las vías de circulación convencionales y secundarias, que es donde se concentran los puntos negros de siniestralidad, debidos en gran parte al mal estado del asfalto, a la poca visibilidad o a la falta de poda y limpieza de los ramajes que llegan a interferir en la circulación rodada. Inciden también la falta de iluminación en muchos de esos puntos negros.

Sólo basta con circular por nuestras carreteras asturianas para ver que la calzada está llena de ramajes caídos de los árboles, que la vegetación se apodera del asfalto, que existen parches de bacheados que desestabilizan la rodadura del vehículo, y que incluso tenemos autovías recién construidas, con un firme asfáltico deteriorado en muchos tramos y en muchos casos parcheado de manera deficiente. Esta es la verdadera causa del incremento de los accidentes con víctimas mortales y que la DGT no nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino, atribuyendo esto a los excesos de velocidad, causa por la que anuncian que van a instalar aún más radares.

La DGT tiene que asumir de una vez por todas, que la tecnología y los instrumentos de seguridad de los vehículos modernos, permite conducir a velocidades más altas, sin comprometer la seguridad de la conducción. Y por eso yo propongo que, menos radares y más desarrollar el nuevo Reglamento de Circulación que tenía previsto aprobar hace ya más de dos años, en el que se iba a permitir la subida a 130 km/h en ciertos tramos de autovías y autopistas.

La DGT tiene que reconocer también que, actualmente, 17 estados miembros de la Unión Europea, ya tienen incorporadas velocidades máximas de 130 Km/h y en algunos casos superiores. Se da la circunstancia además que esos estados tienen incluso menos siniestralidad que la nuestra.

Por tanto concluyo, menos radares para recaudar sableando a los conductores y más inversiones en la conservación de las carreteras, en la mejora de la seguridad vial, y en la eliminación de los puntos negros de accidente.

 

 

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Sobre el autor Guillermo Díaz Bermejo
El blog de un jubilado activo dedicado al voluntariado social, permanentemente aprendiendo en materia del derecho de las nuevas tecnologías y crítico con la política y la injusticia social.