En Inglaterra, donde la sociedad civil es mucho más activa que en España, resulta difícil no cumplir los compromisos electorales. Por eso, el recién estrenado Gobierno de David Cameron, comprometido con la transparencia, decidió difundir mensualmente las facturas de los departamentos ministeriales. Inmediatamente cayó en picado el consumo de botellines de agua.
El ahorro seguramente tendrá un impacto mínimo en el volumen global de déficit público, pero ha servido para provocar contención en quienes firman las facturas de esas compras, individualmente tan pequeñas y globalmente tan cuantiosas, que son la pesadilla de los interventores y que suelen realizarse con una injustificable e injustificada liberalidad.
Sin embargo, para asegurarse de que las finanzas públicas funcionan de forma ordenada, la transparencia es imprescindible pero no suficiente. Tiene que ir unida al control interno y a un presupuesto de gastos elaborado con tensión económica y responsabilidad política.
El control es una exigencia legal que forma parte del funcionamiento cotidiano de las administraciones. Con todo, gestores y políticos tienden demasiado a menudo a buscar vías para limitarlo o reducirlo, escudándose en que es la causa principal de la lentitud con la que se ponen en marcha y se ejecutan los proyectos. Pero el argumento no tiene mucha solidez. Los trámites por los que debe pasar un expediente son perfectamente conocidos, y la experiencia enseña cuánto tiempo se necesita para instruirlo de principio a fin. Basta iniciarlo con la suficiente anticipación para que las convocatorias se publiquen en plazo o los proveedores sirvan el material en la fecha prevista, sin necesidad de saltarse ninguno de los filtros. Además, el riesgo de relajar el control es tan alto, en términos de errores y de espacios para el fraude, que nunca compensa el indeterminado beneficio social de actuar más rápidamente.
A la hora de elaborar el presupuesto, en cambio, las leyes y el procedimiento administrativo proporcionan las guías técnicas, pero no dicen ni cuánto dinero se debe asignar a cada consejería, ni cómo se consigue que cada una lo distribuya eficazmente entre los diferentes programas y proyectos. Eso es una responsabilidad política que se ejercita mejor o peor dependiendo, principalmente, del método de trabajo de cada gobierno. De todos los posibles, hay uno, el más habitual, que garantiza pésimos resultados. Consiste en darle a Hacienda el papel de “poli malo” que recorta las propuestas de las consejerías. Éstas, para evitarlo, utilizan tres armas: inflar artificialmente sus necesidades, desarrollar sofisticados argumentos ficticios para justificarlas y presentar cifras de ejecución del gasto del año anterior lo más elevadas posible.
Tres incentivos perfectos para el despilfarro.
Un método más eficaz consiste en comprometer a cada consejero a ajustar el gasto de su departamento a una cifra inamovible, fijada de antemano. Algo parecido a cómo trabaja el Gobierno francés. Resumiendo mucho, el proceso presupuestario arranca con la definición colectiva de las prioridades políticas, algo que consume no pocas reuniones, casi todas muy animadas. En ellas, cada miembro del Gobierno se implica en la acción conjunta, comprende las razones de las restricciones financieras y conoce y acepta el papel que su departamento va a jugar el año siguiente. Después, Hacienda, que es quien estima los ingresos, los distribuye entre cada ministerio con el beneplácito del presidente y le comunica a cada uno individualmente, por escrito, la cifra de que dispone y las instrucciones técnico-políticas adicionales para elaborar su presupuesto. Entonces es cuando le corresponde a cada ministro, con su equipo, distribuir los recursos, que siempre le parecerán escasos, entre fines alternativos: pura economía, alta política. El resultado no siempre es perfecto, pero sí ofrece mayores garantías de que el presupuesto que se presente al Parlamento sea la fiel traducción de las políticas del Gobierno. Y deja muy poco espacio para el despilfarro.
