LARGO DE CAFE

El Ministerio de Hacienda anunció que dará un plazo de quince días para hacer nuevos ajustes a las comunidades que vean rechazados sus planes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno lleva el discurso al terreno de la normalidad, olvidando las amenazas de actuaciones fulminantes, como la vertida sobre Asturias en días atrás. Por su parte, el Principado aporta datos para demostrar que las cuentas asturianas arrojan un superávit de 57 millones de euros. Toda la oposición, con la excepción del PP, deplora las amenazas del Gobierno central y disiente del planteamiento económico del Principado, porque el superávit es producto de la prórroga de las cuentas, de modo que las futuras autorizaciones de crédito terminarán con el excedente.

La operación asturiana de reducción del déficit se diferencia del resto de los ajustes autonómicos en que se mezcla lucha partidaria y presupuestos. En sus dos declaraciones, el Ministerio de Hacienda no habló de cifras, sino del gobierno en funciones, para justificar la intervención en el Principado. Es muy difícil discutir con un mínimo de objetividad sobre la corrección del ajuste propuesto por el gobierno de Foro, porque las condiciones del debate están viciadas. El ministerio de Cristóbal Montoro dio inicialmente un plazo de cinco días para modificar el plan económico, y ahora lo prolonga por otros quince días. Lo lógico es que el análisis de la evolución presupuestaria de aquí a fin de año lo haga el nuevo gobierno. En su comunicación, el Principado señalaba que el superávit se debe a la rigidez de la prórroga presupuestaria, que sólo le permite pagar las nóminas de los funcionarios y atender los servicios esenciales. En su día, la oposición rechazó la petición de endeudamiento y la gestión del Principado se atuvo al margen de actuación que le dejaba la prórroga presupuestaria. Lo que critica la oposición, ya lo dice Foro por delante. Para hacer nuevos recortes, mejor esperar quince días y que el nuevo gobierno escoja su opción. La contención del gasto fue tan grande, en estos meses, que hay margen para decidir y actuar. Hablar de controlar las cuentas es absurdo.

Como todo esto es muy sencillo y no hace falta ser ministro para entenderlo, lo único sustancial y novedoso de lo sucedido estos días es la amenaza de intervención que dejó servida la suerte de la sesión de investidura.

El ministro de Hacienda le pide a Álvarez-Cascos que solucione la “cuita política” y presente un Plan Económico Financiero, porque en caso contrario la gestión económica del Principado será intervenida por Madrid. Cristóbal Montoro asegura que el Consejo de Política Fiscal y Financiera necesita aprobar los planes de los gobiernos que ejecutarán el ajuste, porque eso es lo que hace fiable un programa de austeridad. El ministro dice que el cambio de gobierno complica enormemente la validación del programa de recortes.

Las manifestaciones del ministro de Hacienda dejan al lector con la boca abierta. En ningún momento da un dato contable, ni se refiere a ratios del presupuesto ni menciona el déficit, la deuda o el gasto en los servicios públicos. Amenaza con la intervención porque en Asturias hay un gobierno en funciones y eso no cuadra con el calendario establecido por el ministerio para equilibrar las cuentas de las comunidades autónomas. Tal parece que recurrir judicialmente el resultado de las elecciones, trasladar el desacuerdo al Tribunal Constitucional y mantener la negociación parlamentaria abierta hasta el próximo martes, día del pleno de investidura, tiene el coste inevitable de la intervención del Estado. Si en el proceso político asturiano se hubieran cometido irregularidades no habría razones para la queja, pero como todo fue escrupulosamente legal, el Gobierno central tiene que respetar los pasos dados. De las palabras del ministro se deduce que en Madrid produce especial fastidio encararse con un plan de ajuste hecho por un partido en el gobierno que tal vez no sea el mismo que siga en el poder tras la sesión de investidura. Reconozco que puede producir algún trastorno, pero así es la dinámica en las instituciones: se firma un plan con un gobierno y lo gestiona el que lo sucede. Un trastorno mucho más grave sería mandar a los interventores del Estado a Asturias a controlar el gasto público, tomando decisiones que le corresponden al gobierno de la comunidad autónoma.

El PP regional ha emitido un comunicado en el que insiste en la provisionalidad del Gobierno de Cascos, como si en la Ley de Estabilidad Presupuestaria se le negara capacidad de hacer el ajuste a los gobiernos en funciones. Luego se descalifica las previsiones del plan del Principado. Por ahí hay que empezar, pero dando datos concretos.

El Principado ha dado a conocer que el Ministerio de Hacienda no rechazó ni puso reparos al plan económico financiero del Principado, 2012-2015, en que se prevé unos déficit anuales del 0,99%, 1% y 1%, respectivamente. Para el presente ejercicio, el Gobierno central permite un déficit a Asturias de 340 millones y en el documento enviado a Madrid el Principado contempla un déficit de 227 millones. En el plan se estima un endeudamiento que no excede del 13% del PIB, tal como exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Gobierno regional anticipa que Castilla-La Mancha, Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia presentarán peores ratios que Asturias. En su apoyo, presenta el estudio realizado por Fedea, que sólo pone a Madrid, La Rioja, Castilla-León y Galicia en mejor situación que Asturias.

El anuncio de intervención en las cuentas del Principado es un hecho grave, sin precedentes en toda la etapa autonómica. Ningún gobierno regional fue tan duramente descalificado por el Ministerio de Hacienda. En treinta años de autogobierno, nuestra comunidad autónoma atravesó por distintas visicitudes, pero jamás fue la región con mayor déficit, endeudamiento, desempleo o inflación, por citar los principales indicadores que sirven para valorar la salud económica de un territorio. Si España tiene un problema con la gestión autonómica, se debe a la deuda de Cataluña, que excede de los 30.000 millones de euros, por la falta de credibilidad de Valencia en los mercados, debiendo emitir deuda al 7% (asombroso que obtenga el plácet del Ministerio de Economía), o por el déficit de 4,9% previsto para Castilla-La Mancha en 2012. Esas son las haciendas autonómicas que merecen ser tuteladas por el Gobierno central, no la asturiana.

Si el Ministerio de Hacienda no aporta datos concretos que avalen tan sorprendente anuncio, habrá que pensar que el probable control de las cuentas asturianas por parte del Gobierno central es una operación más política que presupuestaria, lanzada cuando faltan pocos días para celebrar la única sesión de investidura habida en Asturias con resultado incierto. Tiene que presentar Cristóbal Monitor números muy concluyentes para justificar la intervención en una región que presentó superávit en el último trimestre, y que ningún economista ni centro de estudios previó nunca que tuviera que ser rescatada.

La sentencia del Tribunal Constitucional y el apoyo condicionado del PP a Álvarez-Cascos devuelven la negociación política a la casilla de salida: veintidós escaños de la izquierda contra veintidós del centro-derecha, con UPyD en el medio de los dos bloques, llamado a decidir en la sesión de investidura. Antes de empezar la campaña electoral los dirigentes de UPyD soñaban con ser árbitros de la situación y el curso de los acontecimientos ha convertido sus deseos en realidad.
A nueve días del pleno de investidura podrán comprobar cómo el papel que les ha tocado jugar tiene tantos inconvenientes como ventajas, porque la clase política y la opinión pública les va responsabilizar de lo que ocurra. Ignacio Prendes ha manifestado que quieren firmar un pacto de legislatura, optando por dar un apoyo estable al Gobierno desde el Parlamento. Una opción sumamente arriesgada, que los dejará convertido en satélites del poder. Debe advertirse que no es ese el papel que juega Rosa Díez en el Congreso de los Diputados, donde alterna críticas al Gobierno, con apoyos, siempre en función de lo que más le convenga a la imagen de su partido. Pensar que con un solo escaño se puede condicionar decisivamente la actuación del futuro Gobierno es una quimera. Al contrario, a ojos de la gente, el pacto de legislatura convertirá a Ignacio Prendes en un avalista del Ejecutivo, algo que no sucedería con la estrategia de los acuerdos puntuales, que sigue Rosa Díez en Madrid.
Aparentemente, UPyD tiene cogida por el mango la sartén de la gobernabilidad y, aún así, la propuesta de unificación de las circunscripciones electorales no se abre camino, como tampoco lo hubiera abierto la fusión de municipios, si en su formulación hubieran elevado el listón de la exigencia. Cuando los candidatos lean sus discursos de investidura se comprobará hasta qué punto las propuestas estrella de UPyD están rebajadas de contenido. ¿Imagina alguien a Javier Fernández anunciando la apertura de una comisión de investigación parlamentaria para aclarar las responsabilidades políticas sobre actuaciones corruptas habidas en torno a los aprovisionamientos del Principado en el mandato, 2007-2011?
Sin renegar de su programa, Ignacio Prendes puede jugar otro papel en la negociación de la gobernabilidad del Principado. Para ello es preciso apartar la hojarasca y centrarse en la realidad.
El Buenismo
Los dos grupos de izquierda (PSOE e IU) han llegado a un acuerdo que se basa en reforzar posiciones institucionales: la Presidencia del Principado para Javier Fernández y la plaza de senador autonómico para Jesús Iglesias. Dejando a un lado que es la primera vez que se introduce un puesto de responsabilidad en las instituciones del Estado como moneda de pago del voto en la sesión de investidura, lo que más llama la atención es la nebulosa o indeterminación en que queda el futuro programa de gobierno. La experiencia de haber compartido ejecutivos de coalición puede que haya animado a postergar la cuestión del compromiso programático, auténtica obsesión de IU en otros tiempos (“programa, programa, programa” ¿Se acuerdan?). Sin embargo, este asunto debería inquietar a UPyD, porque tratar de alcanzar un pacto de legislatura con un partido que a su vez tiene un acuerdo con otro socio más cercano, sin aclarar el programa que les une, abre la puerta a un futuro azaroso. La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que IU y UPyD recuerdan a aquella vieja canción de Sabina (“Incompatibilidad de caracteres”): uno convierte en virtud el endeudamiento, el otro ama el ajuste; uno sueña con una España confederal, el otro pretende devolver las competencias autonómicas al Estado; uno cree que Bildu es el heraldo de la pacificación, el otro prorrogaría la prisión de Otegi; uno reniega del libre mercado, el otro acepta el mercado. ¿Cómo se pueden llegar a acuerdos con un partido que, a su vez, tiene pactos con un tercero que no coincide en nada con el primero?
La respuesta, mal que pese, es el buenismo. Me explico. Las contradicciones se disfrazan con un discurso sobre planes de empleo, concertación social y defensa de los servicios públicos, que se escapa a las coordenadas del presente y es agradable a los oídos. Cualquier persona, con un mínimo de información, sabe que estamos en una situación de emergencia incompatible con los programas de gasto y de gestión económica que estuvieron en boga hasta el presente. Sin embargo, la situación se reviste de propuestas positivas, con las que estaría de acuerdo la izquierda, la derecha y el centro, aunque tienen el pequeño inconveniente de chocar con la realidad.
UPyD también negociará contenidos programáticos con Foro, opción que respalda el PP. No creo que Foro pueda dar una respuesta distinta a la del PSOE sobre fusión de concejos o la unificación de circunscripciones. Buenas palabras y un documento de intenciones. ¿Le basta a UPyD? Sin embargo, sí merecería la pena ahondar en las medidas económicas y de gestión que se proponen para los próximos años. Si de esa negociación entre Foro y UPyD no sale una vía alternativa y se insiste en las recetas tradicionales, pueden todos los partidos aplicar para el Gobierno la solución dada para resolver el conflicto de la Mesa del Parlamento: gestión conjunta, presidida por el partido que tiene más votos. Por cierto, una solución que fue propuesta por UPyD.

Ignacio Prendes desveló la postura que llevó a la negociación con los socialistas sobre la unificación de las circunscripciones electorales, motivo de disenso entre PSOE y UPyD. El diputado del partido de Rosa Díez le pidió a Javier Fernández su compromiso por escrito sobre el cambio del mapa electoral, para que sea el conjunto de las fuerzas parlamentarias el que se posicione sobre la cuestión. Ignacio Prendes considera que el rechazo socialista es un intento de abortar la iniciativa de UPyD sin dejar que se discuta en la Junta General del Principado. Para que no haya equívocos, asegura que no es válida la petición de unanimidad para convertir a Asturias en una sola circunscripción, aunque está de acuerdo que debe haber una mayoría suficiente para llevarla a cambio.

Tras la primera ronda con el resto de dirigentes, el líder de UPyD dio a conocer las tres condiciones que consideraba claves para el acuerdo: fusión de municipios, comisión de investigación parlamentaria sobre el “caso Renedo” y unificación de circunscripciones electorales. Tal como presentó las propuestas parecía que las consideraba de obligada inserción para llegar a un acuerdo. Ahora, matiza su posición, y las hace más flexibles. PSOE y Foro están obligados a negociar sobre ellas.

Entiendo que el PSOE no quiera tomar la iniciativa de llevar a la Cámara una propuesta de cambio de circunscripciones. Sus dos potenciales aliados, IU y UPyD, son firmes partidarios de dejar el mapa regional reducido a una sola circunscripción. El debate parlamentario empezaría así con una mayoría absoluta de la Cámara a favor del cambio. Es probable que Javier Fernández contemple la idea de presidir un gobierno de coalición con IU, así que cualquier rectificación o vuelta atrás podría significar una crisis de gobierno. Las instituciones autonómicas ya sufrieron demasiados vaivenes en un año para asimilar un cambio en el Ejecutivo en los primeros compases de la legislatura. La petición de UPyD no es fácil de digerir para el PSOE. Por su parte, Álvarez-Cascos señaló que la reforma de las circunscripciones no está entre las prioridades de la ciudadanía, así que toca discutir sobre otras cosas. El PP tampoco ve con entusiasmo la reforma electoral. Sin embargo, lo que ahora pide Ignacio Prendes es un simple debate en la Cámara. La flexibilidad debe ser mutua.

Javier Fernández e Ignacio Prendes volvieron a reunirse para llegar a algún tipo de acuerdo sobre la gobernabilidad de la región. El diputado de UPyD ofreció un pacto de legislatura que ligaría su grupo al PSOE, siempre que los socialistas apoyaran la fusión de concejos, pusieran en marcha una comisión de investigación parlamentaria sobre los casos de corrupción detectados en los aprovisionamientos del Principado, y cambiasen el mapa electoral, poniendo fin a las tres circunscripciones. Javier Fernández no aceptó el último punto, y la reunión ha terminado sin acuerdo.

Llama la atención que UPyD plantee un pacto de legislatura, en vez de pedir concesiones programáticas a cambio del voto en la sesión de investidura. Un acuerdo de legislatura, si es digno de tal nombre, implica el compromiso de aprobar los proyectos de presupuestos que proponga el Gobierno. Los pactos de legislatura benefician más al partido que gobierna que al socio parlamentario. Se apela a esa fórmula cuando hay diferencias ideológicas insoslayables, como ocurría en la alianza entre PSOE y PP en el País Vasco, pero cuando no se da ese antagonismo, es mucho más rentable entrar en el Gobierno que dar cobertura parlamentaria al partido que está en el poder. Al conocerse los resultados electorales, Ignacio Prendes manifestó que no tenía intención de formar parte de un Ejecutivo de coalición, y ahora nos enteramos de que aspira a tener un lazo sólido con el partido que gobierne.

Ignacio Prendes logró acuerdos con Javier Fernández sobre sanidad, educación, servicios sociales y gestión administrativa. En esas materias no hay diferencias entre los grupos parlamentarios, aunque la izquierda se arrogue el papel de gran defensora de los servicios públicos. La realidad enseña que siguen las mismas pautas, como pudimos comprobar el último año, con la extensión de las unidades de gestión clínica en centros de salud y hospitales, iniciadas por el PSOE y ampliadas por Foro. Cosa distinta es llegar a un consenso sobre la supresión de circunscripciones electorales, porque supone modificar las bases sobre las que se asienta el poder. La reunión terminó sin acuerdo, porque el PSOE puede aprobar una fórmula abierta sobre el cambio del mapa electoral, pero no puede firmar un texto cerrado. Cuando la discrepancia está en la redacción, el pacto está cercano.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que harán todo lo posible para que haya un gobierno de centro-derecha en Asturias. Desde la sede de Génova se afirma que todo está pendiente de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre la validez del voto emigrante y de la opción que tome UPyD.

Hacer todo lo que esté en su mano significa apoyar al candidato del partido con más votos y escaños del centro-derecha, que es tanto como decir Álvarez-Cascos. Plantear una candidatura alternativa a la Presidencia del Gobierno, como condición ineludible para el pacto entre Foro y PP, es levantar obstáculos para el acuerdo. Llegar a la sesión de investidura con dos candidatos del mismo espectro ideológico supone darle ventajas a la izquierda, máxime, cuando el diputado de UPyD está situado entre los dos bloques, a la expectativa de ver quién ofrece más garantías de estabilidad. Si el PP quiere para Asturias un presidente no socialista está obligado a apoyar a Cascos, aunque puede decidir quedar fuera del gobierno y darle cobertura desde el Parlamento. Estas consideraciones son elementales y valen para Foro y PP, como para cualquier otro par de formaciones afines ideológicamente y que decidan aliarse para tener un gobierno que desarrolle los postulados del programa que comparten.

La actividad política en Asturias está detenida, pendiente de lo que decida el TC. Si revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la gobernabilidad de la región quedará en manos de UPyD. Si confirma la sentencia, la Presidencia dependerá de lo que haga el PP, porque es muy dudoso que Ignacio Prendes tome partido y apoye a la izquierda para provocar un empate a veintidós diputados. Bien es cierto que la cosa no acabaría ahí, porque se repetirían los comicios en la circunscripción occidental y sólo después del escrutinio de los votos se podría saber cuál es la correlación de fuerzas para los tres años de legislatura. En definitiva, que hay tres incógnitas: la sentencia del TC, la decisión de UPyD y la postura final del PP. En cualquier caso, la izquierda ya ha hecho su trabajo, con el pacto de PSOE e IU, que da visibilidad a la opción de Javier Fernández como futuro presidente. Y la derecha todavía no ha hecho el suyo. Las entrevistas entre Álvarez-Cascos y Mercedes Fernández se han interrumpido o terminado, sin sellar el pacto.

La muerte de Sergio Marqués hace girar la mirada veinte años atrás, cuando el abogado gijonés estaba entregado a la actividad pública, primero como diputado autonómico del PP y luego como presidente del Principado.
Como ocurre con todos los que tuvieron en sus manos destinos colectivos, hablar de Marqués es hacerlo de todos nosotros, porque la suerte de Marqués y su gobierno influyó en el destino de Asturias, especialmente en las instituciones regionales, que a partir de su etapa de gobernante siguieron un curso imprevisto, al quedar el PP desterrado del poder, dando al PSOE la oportunidad de consolidar su hegemonía política en la región.
Marqués era diputado en la Junta General del Principado y portavoz en la comisión de Industria. A mitad de la legislatura, 1991-1995, pasó a ser portavoz parlamentario, sustituyendo a Isidro Fernández Rozada que acumulaba cargos o funciones (presidente del PP, portavoz parlamentario, senador). En ese momento, Marqués dejó su despacho de abogado y se dedicó enteramente a la actividad política, como paso previo a ser elegido candidato a la Presidencia del Principado.
El PP sólo conocía la oposición. En las elecciones autonómicas de 1987 había sacado 13 escaños y en las de 1991, 15 diputados. La izquierda tenía una mayoría holgada, en HUNOSA había 19.000 mineros y la patronal asturiana no existía como tal.
El último domingo de mayo, ante la incredulidad de los pesos pesados del PP regional, la lista de Marqués fue la más votada, con 21 escaños, cuatro más que los socialistas y a dos de la mayoría absoluta. Formalmente, Marqués había sido elegido candidato por los órganos del partido en Asturias, y confirmado en Madrid. En realidad, Álvarez-Cascos fue quien depositó su confianza en Marqués.
Los dirigentes del PP regional aceptaban a Marqués como líder de la oposición, pero veían con suspicacia su llegada a la Presidencia. Para Marqués todo fueron dificultades. Fue investido presidente gracias a la desunión entre el PSOE e IU. Gobernaba en medio de una Cámara adversa, sin posibilidad de aprobar los presupuestos, hasta que por uno de esos azares inexplicables de la política asturiana, Antón Saavedra rompió con IU, y desde el grupo mixto, acompañado de Xuan Xosé Sánchez Vicente, otorgó la mayoría suficiente a Marqués para aprobar las cuentas.
Los últimos quince meses de mandato fueron los que marcaron la política asturiana. El 29 de febrero de 1998, en una convención del PP regional en Cangas de Onís, cuando se repasaba el documento, “El Gobierno de Sergio Marqués cumple”, una concejala gijonesa formuló las primeras críticas al presidente del Principado. En las semanas siguientes, se multiplicó el eco del mensaje crítico -“el Gobierno no se coordina con el partido”- y del inicial debate se pasó a la división y de esta al radical antagonismo entre aparato partidario y Gobierno. Nadie supo dar una explicación plausible sobre lo que ocurrió, pero unos pocos meses después el Gobierno tuvo que refugiarse con cinco diputados en el grupo mixto, y la dirección nacional del PP confió a Ovidio Sánchez el liderazgo del partido. Ante una ofensiva tan injusta como inexplicada, Marqués dio la cara y mantuvo la dignidad personal y la del cargo que ocupaba. El 13 de junio de 1999, Areces ganó las elecciones por mayoría absoluta y el PP quedó retratado ante la opinión pública asturiana.
Marqués volvió a ser diputado por la URAS, partido fundado por él, y unos años más tarde abandonó la política y retornó a su despacho, donde ayer falleció. Hace unos años, lo vi haciendo cola en una gasolinera, al volante de un automóvil fabricado en Corea, que ya había conocido otros propietarios. Entonces, tuve la certeza de que no hubo decisión más injusta que crear una comisión parlamentaria para investigar aquel Gobierno de Sergio Marqués.

Foro ha denunciado que 334 emigrantes participaron en las elecciones autonómicas sin haber solicitado el voto, como exige la ley. Desde el partido del gobierno se preguntan cómo se hizo ese grupo de ciudadanos con las papeletas, los sobres y los certificados del censo, requisitos indispensables para poder acceder al sistema de votación. Esta es la segunda irregularidad electoral detectada por Foro, que se suma a la denuncia contra los 332 sufragios enviados directamente a la Junta Electoral Provincial sin pasar por las oficinas consulares, tal como obliga la normativa. Por su parte, la propia Junta Electoral Provincial niega cualquier irregularidad y asegura que la denuncia de Foro se basa en datos provisionales, porque el partido de Cascos no tiene las listas definitivas de los ciudadanos que pidieron el voto y los que lo enviaron. Para demostrar lo que dicen, la Junta Electoral Provincial dará a conocer hoy los datos completos sobre el proceso electoral. Foro rechaza la argumentación de los jueces, con dos contundentes razonamientos: el seis de marzo, día que recibieron las listas provisionales, era el último para participar en el proceso electoral, así que cualquier otra solicitud habría sido hecha fuera de plazo; por si esto fuera poco, señalan que desde la propia Junta les dijeron que la lista recibida sería la que serviría de referencia el día del escrutinio de los votos.

Conclusión: más sombras sobre el procedimiento electoral seguido por los llamados “residentes ausentes” (el nombre se las trae, porque gran parte de ellos no residen ni residieron ni residirán en nuestra región, porque son ciudadanos argentinos, mexicanos o chilenos que viven en su patria). Hay un vivo contraste entre la ausencia de irregularidades en el voto de los “residentes presentes” (todos nosotros) y las incidencias surgidas con el voto de los emigrantes, pese a que estos últimos no llegan a ser la décima parte del censo electoral. Es muy curiosa la coincidencia numérica entre los 332 “residentes ausentes” que no mandaron la papeleta a las oficinas consulares y los 334 que no estaban en las listas recibidas por Foro el seis de marzo y que luego acabaron votando.

Tras la sentencia del TSJA, ordenando repetir las elecciones en el Occidente, el Tribunal Constitucional tiene la palabra. Diga lo que diga, la polémica no quedará zanjada.

Foro y la izquierda discrepan radicalmente sobre el plan de ajuste. El PSOE considera que es un simple conjunto de sumas y restas sobre los datos de la prórroga presupuestaria y la Ley de Endeudamiento enviada a la Cámara. Dicho de manera simplificada: “una chapuza”. Desde el partido del gobierno se afirma que la izquierda tiene un amplio desconocimiento de las finanzas asturianas y valoran la crítica socialista como un berrinche por no haber recortado Foro los servicios públicos.

El Principado ha remitido el plan de ajuste al Ministerio de Economía cuando quedan unos días para que sea relevado. El plan de ajuste es un documento de gran importancia que condiciona todas las actuaciones de un gobierno. Es absurdo que se tome por un ejecutivo emanado de una legislatura distinta a la actual. Para toda España, el Ministerio de Economía puso la fecha del 30 de abril, como tope para remitir los planes de ajuste. Desde una perspectiva institucional, Asturias se encuentra en una posición cualitativamente distinta al resto de comunidades autónomas, con un gobierno en funciones, así que la confección del recorte debería hacerla el gobierno que se forme tras la sesión de investidura, retrasando durante unas semanas la presentación del plan. A la situación institucional diferente se suma el curso anómalo de la gestión presupuestaria en lo que va de año, con el rechazo al proyecto de cuentas para 2012 y la prórroga de las de 2011, quedando 450 millones inmovilizados, porque la oposición no aprobó la Ley de Endeudamiento presentada por el Principado. De resultas de todo ello, la inversión ha sido retenida y se produjo un ahorro espectacular, hasta el punto de finalizar el primer trimestre con un superávit cercano a los 70 millones de euros. Por eso no hay recorte en los servicios públicos.

Esta situación es artificial e insostenible. Con el nuevo Gobierno es de esperar que el Parlamento dé autorización para desbloquear las inversiones. A partir de ahí habrá que rehacer el plan de ajuste. Los socialistas afirman que Cascos debería haber enviado la Ley de Endeudamiento al Parlamento y luego convocar las elecciones. Hablar sobre lo que no ocurrió es muy arriesgado, pero resulta muy, pero que muy difícil, imaginar que la oposición hubiera dado luz verde para gastar cerca de 500 millones de euros a los dos días de haber tumbado el presupuesto.