LARGO DE CAFE

La recaudación de Hacienda continúa su curva de descenso. En el primer trimestre del año, de la ubre de los impuestos manó el 20,6% menos que en idéntico periodo del año anterior. Impuestos directos e indirectos aportan menos recursos que antes. El Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) tuvo un descenso del 17%, siendo del 23% la caída en el Impuesto de Valor Añadido (IVA); los Impuestos Especiales (Hidrocarburos, Tabaco y alcohol) sufrieron una bajada del 11%. Cito estos tres tributos porque son los que aportan más dinero a la Hacienda estatal y a las haciendas autonómicas. En el caso asturiano, lo más significativo es que el descenso en la recaudación tiene lugar tras una doble subida impositiva llevada a cabo por los gobiernos de Rajoy y de Javier Fernández.

En materia de impuestos, PSOE y PP piensan lo mismo con discursos opuestos. Los socialistas presumen de hacer pagar a los ricos, aunque la carga de su modelo fiscal descanse sobre las clases medias, mientras que los verdaderamente ricos se refugian en tres figuras: evasión fiscal, sociedades de inversión de capital variable (sicav) o tras el opaco telón de las deducciones al Impuesto de Sociedades. El PP habla de bajar los impuestos hasta que le toca gobernar y se apresta a seguir el modelo socialista de las alzas fiscales. Rajoy y Zapatero son dos caras de la misma moneda. Resultado de todo ello es que, por ejemplo, tengamos el segundo tipo marginal más alto de Europa en el IRPF: los catalanes todavía son más desafortunados que nosotros con los gobiernos autonómicos.

¿Qué va a hacer ahora el Principado? Cerrada, temporalmente, la puerta al impuesto sobre los depósitos bancarios, tiene que decidir Javier Fernández si le da una vuelta de tuerca a los tributos conocidos o mira hacia los gastos. Subir más peldaños por la escalera de los tipos impositivos es muy arriesgado, porque hemos llegado a un punto en que las subidas fiscales no está claro que originen aumentos de recaudación. Abusar del contribuyente puede provocar un aumento de la economía sumergida. En el primer trimestre del año se obtuvieron 125 millones menos que en 2012. A final de año, tal vez el descenso alcance los 500 millones. Llegados a este punto, el Principado debería tomarse mucho más en serio el recorte del sector público, para compensar la caída fiscal y librar recursos hacia la inversión.

Al finalizar el primer trimestre, Asturias presentaba superávit presupuestario (más ingresos que gastos), con un saldo positivo de 49 millones de euros, el 0,22% del PIB. Sólo La Rioja y Valencia obtuvieron un ratio mejor. En el conjunto de las comunidades autónomas, ocho tuvieron superávit y nueve terminaron el trimestre con déficit. El peor resultado fue el de Navarra, con 1,06% de déficit, aunque llaman más la atención los desequilibrios de Madrid, Cataluña y Andalucía, que con dos décimas negativas acumularon entre las tres más de 1.200 millones en números rojos. Nunca hubo una comunidad autónoma que terminara el ejercicio con superávit, así que los datos a 31 de marzo tienen un valor relativo.

Como el primer objetivo de las administraciones españolas consiste en reducir el déficit, se puede crear el equívoco de considerar nociva la ejecución de las partidas de gasto que constan en el presupuesto. Nada más falso. La obligación del buen gobernante consiste en ejecutar el presupuesto, de tal modo que la diferencia más visible entre una buena o mala gestión estriba en el porcentaje de presupuesto consumido. Ahora bien, la ejecución de las cuentas debe realizarse sin generar abultados déficit. Dejar gran parte del presupuesto sin tocar es un fraude, al igual que es una irresponsabilidad cerrar el año con cifras de déficit que elevan el endeudamiento hasta límites insoportables.

El Principado tiene un superávit de 49 millones y no dedicó ni un euro a desarrollar los planes de empleo previstos en el presupuesto. Mejor hubiera sido renunciar al superávit y que ya hubiera cientos de jóvenes contratados, tal como se prevé en los planes recién anunciados. Los empresarios denunciaron que la burocracia del Principado puede crear retrasos de hasta cuatro meses en la incorporación de los jóvenes a las empresas, así que entre el primer trimestre pasado en blanco y los cuatro meses dedicados a farragosos trámites administrativos nos podemos encontrar con un superávit creciente y la actividad parada. Recuerdo que el año pasado, el Gobierno de Cascos, con prórroga presupuestaria, también terminó el primer trimestre con superávit. La oposición, al unísono, declaró que Foro tenía la región bloqueada. Y Montoro amagó con intervenir al Principado. Ahora ocurre algo parecido, pero lo llaman rigor administrativo.

Uno tras otro, los gobiernos autonómicos del PP rechazan la posibilidad de que haya objetivos de déficit distintos para cada región. Extremadura, Galicia, Castilla y León, Madrid, Cantabria, Aragón, Baleares y La Rioja discrepan de la decisión tomada por Rajoy, dispuesto a permitir desequilibrios presupuestarios en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, que se compensarían con un mayor ajuste en las regiones que presentaron un déficit más bajo en 2012. Se premia al alumno que no estudia y se manda repetir la tarea al que hace los deberes. Los gobiernos del PP se quejan por la injusticia flagrante que va a cometer el Ministerio de Hacienda al permitir que Cataluña o Valencia puedan alcanzar un desfase entre gastos e ingresos cercano al 2%, mientras que Asturias, Galicia o Extremadura sólo podrán tener un déficit del 1,2%.

Siendo cierto el agravio comparativo, lo más grave no está en el trato desigual que va a dar a las distintas comunidades autónomas, sino en que la política del déficit asimétrico abre la puerta al fracaso en el principal objetivo del mandato: la consolidación fiscal, una auténtica política de Estado ¿Qué autoridad moral van a tener Rajoy y Montoro para pedir a los gobiernos de Asturias o de Castilla y León que hagan un ajuste fiscal más riguroso, cuando gobiernos derrochadores como el catalán y el valenciano trasgredieron el techo de déficit marcado para 2012 y les premian con un techo más amplio para 2013? ¿Cómo van a presionar a los gobiernos autonómicos que cumplieron con las normas, si el Ministerio de Hacienda queda cruzado de brazos ante las 437 empresas públicas de la Generalitat, pieza clave para que Cataluña deba más de 50.000 millones de euros? El esfuerzo realizado entre 2011 y 2013 se va a tirar por la borda con la estrategia del déficit a la carta.

El Principado propone que todas las comunidades tengan el mismo objetivo fiscal, que sitúa en el 1,5% con respecto al PIB, el mismo que en 2012. La fijación de un mismo umbral de déficit es una meta sensata, pero no debe elevarse al 1,5%. Los dos años dados por la Comisión Europea, un plazo extraordinario para enderezar las cuentas, no pueden desperdiciarse relajando la política fiscal. Hay que reducir el nivel de endeudamiento y eso sólo se logra saneando las cuentas. La receta: reducción de gasto y aumento de inversión. Única forma de rebajar paro y déficit.

Ante la queja de los portavoces de IU y UPyD sobre la lentitud en la aplicación de las medidas económicas contempladas en el presupuesto del Principado, Javier Fernández aclara que no hay pérdida alguna de tiempo sino rigor administrativo en la ejecución de las cuentas regionales. Según el presidente, pronto se verá cómo el Gobierno regional actúa con gran agilidad.

El procedimiento administrativo constituye una materia árida y abstrusa para los ciudadanos. Con la pretensión de ser objetiva y garantista, la Administración se sumerge en un laberinto de dictámenes, consultas a distintos órganos, disposiciones de publicidad, comunicaciones al personal, aprobaciones provisionales y no sé cuantas vueltas más que retrasan hasta la desesperación cualquier decisión. Pese a los anuncios de ventanilla única y de apertura de negocios con licencias verbales, la realidad es que la Administración cada año es más pesada y está más cargada de burócratas. Ahora que se abre paso el debate sobre la bajada de impuestos, es bueno recordar que dos tercios de todos los tributos que pagamos a las tres administraciones (Estado, comunidades y ayuntamientos) van destinados a costear salarios de funcionarios. Aceptada esa losa, en el debate político no cabe acogerse al procedimiento administrativo para justificar la ausencia de celeridad en las actuaciones. En el presupuesto aprobado a finales del mes de diciembre hay fondos destinados para financiar planes de empleo, sin embargo, avanzado el mes de mayo no se ejecutó ni un euro de esos planes. Me inclino a pensar que el Gobierno regional no supo prever que las contrataciones de mano de obra iban a suscitar tanta atención, porque en la agenda oficial todo el interés estaba volcado en otras cuestiones, de gran importancia, sin duda, pero no tanto como para hacernos olvidar los 122.700 parados. Lo mismo sucede con el salario social. No puede pedir la Consejería de Bienestar Social que tengan paciencia las personas privadas de recursos, alegando que cuando el Principado disponga de la herramienta informática adecuada no habrá retrasos. En el debate político esos enunciados suenan más a disculpa que a argumento.

En el año que va de mandato, el Gobierno regional se ha mostrado muy eficaz para reducir el déficit público o para subir tributos, pero no ha solucionado las urgencias del ciudadano.

Los portavoces de IU y UPyD apuran al Gobierno regional para que impulse las políticas económicas y sociales contenidas en los presupuestos de 2013. Ángel González e Ignacio Prendes hacen especial hincapié en los planes de empleo. Según pasan los meses, los aliados de Javier Fernández empiezan a ponerse nerviosos. Una cosa es negociar los presupuestos con el Ejecutivo socialista y avalar la concertación social, actuaciones que en nuestra región tienen el sello de progresistas, y otra muy distinta es ver cómo sube el desempleo y no se tiene un mínimo de sensibilidad con los parados. En Navidades se aprobaron las cuentas regionales y todavía no gastó el Principado ni un euro en dar ocupación a los trabajadores que ya agotaron la subvención del desempleo. El Ejecutivo está muy volcado en la batalla contra el déficit público a la carta, que preconiza Cristóbal Montoro, y se muestra expectante ante la revisión del modelo de financiación autonómica, pero debería tener media hora al día para poner en práctica los planes para contratar desempleados que son más necesarios que nunca.

Faltan sólo dos años para las elecciones autonómicas y los aliados de los socialistas empiezan a hacer sus cálculos. UPyD está atado a un pacto de legislatura, que le vincula más que le beneficia, pero IU tiene las manos libres para modular los acuerdos y disensos con el Gobierno. La reprobación de la consejera de Bienestar Social fue la primera vía de agua del mandato, y en una materia muy sensible: la gestión de las ayudas a la Dependencia y el salario social. Con 122.700 parados, en los servicios sociales y en la política de empleo se juega la credibilidad del Gobierno asturiano. En unas circunstancias tan excepcionales no cabe argumentar que se trata de competencias prioritarias del Gobierno central, porque aunque sea cierto, otros gobiernos regionales se implicaron más en esa materia. Hace unos pocos años había un Ejecutivo de izquierdas en el Principado, que sólo en los planes de empleo de Gijón, inyectó 32 millones de euros.

En el 2011, se organizó una campaña contra el Gobierno de Cascos con el argumento de que no hacía nada. Con otros consejeros seguro que se hubiera podido gestionar más rápido. De todas formas, a los seis meses de mandato, ya se había aprobado el Salario Joven y firmado los contratos. Ahora llevamos un año contando parados.

Manifestación en Gijón, como en otras ciudades españolas, para festejar el segundo cumpleaños del 15-M. En 2011, cuando faltaba una semana para las elecciones autonómicas y municipales, surgió un movimiento social muy fuerte, que ocupó calles y plazas, con sus críticas al sistema. Desde su inicio, políticos, periodistas, politólogos y observadores de amplio espectro empezaron a conjeturar sobre la identidad y viabilidad del 15-M. Dos años más tarde, hay más motivos para la queja y la irritación, así que es muy probable que a corto plazo se produzcan movilizaciones iguales o superiores a las conocidas hasta ahora.

La izquierda recibió con simpatía la irrupción del 15-M. La ministra Chacón decía que había que escucharles y dialogar con ellos. Cayo Lara estaba eufórico, como si el 15-M fuese primo hermano de IU. La derecha guardaba silencio, con la excepción de Esperanza Aguirre que pidió despejar la calle de acampadas. El tiempo ha demostrado que el 15-M es una corriente nítidamente antiinstitucional, de modo que la izquierda parlamentaria no podrá aprovecharse de su fuerza. Ni siquiera IU, un grupo político con dos almas, una dentro del sistema y otra fuera de él, va a poder tener sinergias con el movimiento de mayo. El lema de las manifestaciones de este domingo era bien elocuente, “De la indignación a la rebelión: escrache al sistema”. Una propuesta muy radical que trata de representar a los millones de personas que la crisis económica y las medidas del Gobierno han marginado de la sociedad.

Con 6.202.000 desempleados -(27,1%) de paro que en el caso de los jóvenes se acerca al 60%-, cientos de miles de personas amenazadas de desahucio, las instituciones autonómicas catalanas ejecutando un plan contra la secesión y un Gobierno que no da la cara, la situación está objetivamente preparada para un terremoto político y social. No es posible prever por donde prendará la mecha, porque la experiencia enseña que puede ser un suceso anecdótico, imposible de atisbar, pero sí se puede afirmar que el nivel de insatisfacción y cabreo es tan grande y está tan extendido que los dirigentes políticos deberían saber que están jugando con fuego. No hay un responsable institucional que no haya visto erosionada su figura por los sucesos habidos en los últimos años. Aniquilada la realidad posible, la gente va a exigir lo imposible.

En el debate de investidura y en los mensajes de los primeros meses del Gobierno de Javier Fernández, el Principado se esforzó por subrayar que recortaría el déficit público, tal como dictan la Comisión Europea y Mariano Rajoy, pero sin traspasar las líneas rojas del mandato. La frontera en la política de consolidación fiscal estaba en mantener la calidad de las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. Un trimestre largo de huelga de médicos dañó la asistencia sanitaria, si bien se realiza ahora un gran esfuerzo por recuperar el terreno perdido (la lista de espera quirúrgica ya se redujo a la mitad) recurriendo al concierto con la iniciativa privada.
Sin embargo, las líneas rojas han quedado traspasadas por la crisis de los servicios sociales, área de trabajo donde cada día que pasa empeora la situación. La reprobación parlamentaria de la consejera de Bienestar Social, Esther Díaz, ha demostrado que con la política social del Principado discrepan los cuatro partidos de la oposición, los ayuntamientos, las docenas de asociaciones sin ánimo de lucro que operan en ese campo y los profesionales del sector. Un amplio consenso en contra de los métodos, objetivos y resultados de la Consejería de Bienestar Social.
El complejo reparto de competencias hace que las tres administraciones (Estado, Principado y ayuntamientos) participen en la gestión de los servicios sociales. La política de Rajoy, en los diecisiete meses que lleva en el poder, ha consistido en disminuir la aportación del Estado a la atención social. Primero, con pequeños recortes, y en el presupuesto de 2013, a base de grandes tajos. Sin incluir la ayuda a la Dependencia, Asturias recibía tres millones de euros, y ahora la cantidad ha quedado reducida a 859.000 euros. A partir de esa realidad, opera la gestión del Principado.
TRUCO
El discurso de la defensa a ultranza de las políticas del Estado del Bienestar ha hecho que el Principado se adelantara a manifestar que el terreno abandonado por el Gobierno de Rajoy lo ocupaba el Principado, aportando financiación suplementaria para compensar a los ayuntamientos de la pérdida de recursos. Sin embargo, los consistorios han visto cómo el anuncio tenía truco: se mantiene el dinero, pero algunos servicios, como la teleasistencia, que antes cubría el Gobierno central, se han endosado a los ayuntamientos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Gijón tiene que hacer frente a un nuevo gasto de 500.000 euros, si quiere mantener la atención a los octogenarios. De ahí, que todo el conjunto de prestaciones, contemplado en el llamado Plan Concertado, todavía no haya sido firmado por los ayuntamientos.
La quiebra de los servicios sociales tiene un segundo gran apartado, quizás aún más sangrante que el anterior, en el que no participa el Estado: el salario social. Es una prestación implantada por el Principado en los años de la abundancia, por insistencia de IU, que formaba parte de los gobiernos de Álvarez Areces. La prestación del salario social está colapsada. La lista de espera se ha incrementado en un tercio desde la formación del Gobierno de Javier Fernández. Los demandantes del salario social están 19 meses guardando cola hasta que reciben la primera paga. ¿Qué familia puede vivir más de año y medio sin recursos?
La solución consiste en picar a la puerta de las corporaciones municipales para que les den una ayuda de emergencia. En Gijón, cuatrocientas familias, a la espera de salario social, reciben 682 euros mensuales del Ayuntamiento. En resumen, los ayuntamientos tienen que financiar programas (teleasistencia) de los que antes se hacía cargo el Estado y, además, deben multiplicar los recursos para las ayudas de emergencia, ya que el salario social del 2013 no se cobra hasta 2015. La línea roja de los servicios sociales ha quedado ampliamente rebasada.
RETRASO
Con 122.700 parados, las iniciativas contra el paro constituyen otra línea roja que la política de recorte de déficit público no debe traspasar. El presupuesto del Principado de 2013 se aprobó en los últimos días del pasado año, y cinco meses más tarde todavía no se dedicó ni un euro para rescatar a personas del desempleo. Las políticas urgentes las gestiona el Gobierno regional a cámara lenta. Se ha anunciado la creación de dos planes de empleo, uno para jóvenes y otro para mayores de 45 años, respaldados por algo más de 19 millones de euros al año (58 millones hasta finales de 2015).
En un contexto tan dramático, con el mayor desempleo de la historia en Asturias, se trata de planes que se diseñan tarde y con grandes limitaciones de recursos. Las decenas de miles de desempleados de larga duración que hay en nuestra región no tendrán una ocupación paliativa mínima ni una cobertura social satisfactoria, más allá del abrigo que les proporcionen los ayuntamientos.
El discurso de las líneas rojas del Principado ha quedado rebatido por la realidad. Quizás por ello se vuelque ahora la atención sobre temas recurrentes, como el retraso en la construcción de las infraestructuras (línea de alta velocidad, Madrid-Gijón, y autovía del Cantábrico) del Estado, el techo del déficit público y la financiación autonómica, para los que se pide un consenso a la oposición.

El número dos de la FSA ha convocado una rueda de prensa para felicitarse por la decisión tomada por Francisco González al renunciar al acta de diputado tras ser acusado por presunto delito de exacciones ilegales. Jesús Gutiérrez afirmó que el diputado y el partido han puesto “un listón ético y político en Asturias”. Según el dirigente socialista, hay “antes y un después en Asturias”. La conclusión es clara: la dirección del PSOE asturiano está muy satisfecha por la resolución del caso. No le faltan razones.

Francisco González abandona el Parlamento pero sigue siendo el jefe del partido en Cudillero ¿Puede estar sentado en el banquillo de los acusados un dirigente del Partido Socialista sin abandonar sus responsabilidades orgánicas? ¿Hay que dejar el escaño cuando se cierra el sumario, pero se puede mantener el sillón en el partido? Por lo que se ve el listón de Jesús Gutiérrez tiene dos alturas, una para estar en las instituciones y otra más baja para dirigir el partido. A falta de que los mandamases del PSOE formulen una teoría completa, las contradicciones inherentes a la práctica del doble listón, o de la doble ética, podrían conducir a la siguiente norma de comportamiento: se deja el escaño al anunciarse la apertura de juicio oral y se arrancan los galones del partido cuando hay una sentencia en contra ¿Este es el criterio que baraja la dirección de la FSA? Merece la pena que Jesús Gutiérrez convoque otra rueda de prensa para que salgamos de dudas. A falta de una teoría completa, la dirección socialista maneja una “jurisprudencia” contradictoria: Francisco González sigue como secretario general del PSOE de Cudillero, con el respaldo de la FSA, pero el 25 de enero de 2011 suspendieron de militancia a Iglesias Riopedre, tras ser detenido, aunque el sumario sigue abierto dos años después. ¿Cuántas alturas tiene el listón de Jesús Gutiérrez? De momento, tres: una para Francisco González, como diputado, otra para Francisco González, como miembro del aparato del partido, y la tercera para Riopedre, como ex alto cargo y afiliado de base.

Tiene la dirección de la FSA razones para estar satisfecha, porque una vez más ha resuelto un conflicto negociando, de forma discreta, con la puntualidad de un reloj suizo, sin montar la escandalera de otros partidos. Nos devuelves el escaño y te restituiremos en el poder municipal.

Tal como había anunciado, Francisco González ha entregado el escaño tras serle comunicada la apertura de juicio oral por presunto delito continuado de exacciones ilegales. En el sumario se acusa al ex alcalde de Cudillero de cobrar el servicio de seguridad que prestaba la Policía Local a los chiringuitos en el verano. El diputado declaró que no estaba dispuesto a paralizar la región por aferrarse al sillón. Elsa Pérez será su sustituta en la Junta General del Principado.

El plan del Partido Socialista funcionó con la exactitud de un reloj suizo. Francisco González presentó su dimisión en cuanto supo que tendría que sentarse en el banquillo de los acusados. La pauta propuesta por Javier Fernández para los casos de presunta corrupción, estableciendo que los cargos públicos deberían abandonar las instituciones en cuanto se abriera juicio oral contra ellos fue escrupulosamente seguida por el ex regidor de Cudillero. Durante unas semanas Francisco González no apareció por el Parlamento, lo que dio pie a especular sobre cuál sería su proceder si el partido le pidiera la entrega del acta de diputado. Sin embargo, llegado el momento no hubo atisbo de vacilación, aunque el diputado socialista declaró sentirse víctima de un complot en el que incluyó al PP, que presionó al fiscal, según su criterio. Más plausible que la apelación al complot, fue la explicación que dio sobre el cobro por los servicios prestados por la Policía, donde la diferencia entre lo lícito y lo ilícito está en la existencia o no de una ordenanza, no habiendo sido advertido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento. Al menos esta es una versión sin apelar a relatos rocambolescos.

Cada caso de corrupción es distinto, aunque se repita, con frecuencia, la tipificación penal. Cuando hay una gran alarma social es imposible esperar a que se abra el juicio oral para exigir el abandono de las instituciones. Sería inimaginable que María Jesús Otero siguiera de directora general de Educación, por poner un ejemplo evidente. Forzar la dimisión es, a veces, un acto injusto de imposible reparación, ya que si resulta absuelto no hay forma de compensar moral y materialmente el daño causado. Como hay que fijar un criterio, el secretario general de la FSA propone que no se pueda compatibilizar la presencia en el escaño y en el banquillo. Y Francisco González acató la norma.

El proceso hacia la independencia de Cataluña -ya que eso es lo que encubre el eufemismo del “derecho a decidir”- se ha topado con el primer obstáculo. La declaración soberanista del Parlamento catalán ha quedado suspendida al admitir el Tribunal Constitucional (TC) la impugnación presentada por el Gobierno de Rajoy. Es una suspensión temporal que dentro de cinco meses deberá ratificar o levantar el TC. Artur Mas puso el grito en el cielo, porque según él se trataba de una inocente expresión de voluntad.

Cualquier ciudadano informado sabe que estamos ante un asunto de la máxima importancia que afecta sensiblemente al bienestar de todos. Si no fuese por el agobiante peso de la crisis económica y los efectos devastadores que genera en la sociedad, el intento secesionista de Cataluña sería el tema estrella de la actualidad desde el pasado mes de septiembre cuando Artur Mas se tiró en marcha del tren del autonomismo para abrazar la causa de la independencia. Desde entonces hasta hoy, lo más sorprendente es la facilidad que se da a la Generalitat y sus socios para dar pasos hacia la segregación de Cataluña. Rajoy ha evitado referirse al asunto siguiendo la táctica de la avestruz, que es su arma favorita, ya que tanto le vale para evadirse de los “papeles de Bárcenas” como para no encarar a Artur Mas. La Abogacía del Estado dictaminó que se trataba de un desafío abierto a la Constitución, pero Rajoy se limitó a impugnar la declaración del derecho a decidir pasando la patata caliente al Tribunal Constitucional (TC). No ha sido muy diligente la actuación del TC, ya que la declaración soberanista se produjo el 23 de enero y el TC no habló hasta ayer.

Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revelaba que dos tercios de los catalanes no quieren la independencia. La comunidad autónoma está quebrada, con 50.000 millones de deuda, y sólo puede atender a sus compromisos de pago gracias al dinero que le envía el Ministerio de Hacienda. En 2013, casi 10.000 millones de euros llegarán de Madrid. Cuando nos acercamos a la mitad del ejercicio, la Generalitat no aprobó el presupuesto y tampoco tiene visos de que lo haga, ya que su socio preferente para la aventura independista, Esquerra Republicana, no acepta los recortes. Con todo este desmadre interno no se entiende la impotencia de Rajoy y su mayoría absoluta.