Como estaba previsto, los diputados del PSOE, PP e IU aprobaron en la Junta General de Principado la proposición de ley que fuerza al Gobierno a transferir a la RTPA la cantidad que recortó del presupuesto. El tripartito opositor asegura que busca hacer cumplir la ley y el consejero de Hacienda, Ramón del Riego, afirma que el Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional, porque el Parlamento no puede invadir la capacidad ejecutiva del Gobierno.

Se trata de una discrepancia conceptual, al estar en juego el margen de autonomía del Ejecutivo con respecto al Legislativo. Al Parlamento le toca producir leyes y controlar al Gobierno, pero no suplantar al Ejecutivo. Si los diputados de la oposición pueden impedir el recorte de gastos del Gobierno, el siguiente paso debe ser ocupar las consejerías. La Constitución reserva una vía para ello: la moción de censura. En un primer momento, la iniciativa del tripartito abarcaba toda la gestión del sector público asturiano (empresas, entes y organismos autónomos), pero luego rectificaron y circunscribieron la proposición al recorte de 10,6 millones de euros de la RTPA. Temían perder la batalla en los tribunales y el debate ante la opinión pública, porque atar de pies y manos al Principado creaba una situación insólita, al ser el único Gobierno de la UE que no podría recortar gastos en las empresas de titularidad pública para reducir el déficit. En argot de calle: el tripartito se había pasado de frenada. Devaluada la propuesta inicial a la mera exigencia de liberar los 10,6 millones de la RTPA, la disputa se traslada al Tribunal Constitucional.

Con independencia de la suerte que sigan los 10,6 millones, el tripartito tiene dos vías en el próximo año: reemplazar al Gobierno con la elección de un nuevo presidente o negociar. La gestión de la RTPA, como la del Niemeyer, como la de los servicios sociales o educativos, quedará prefigurada a partir de los nuevos presupuestos. No van a poder prolongar la estrategia de decidir sin hacerse responsables de la gestión. Podrán impedir la aprobación de leyes, pero no el manejo de los recursos. Aún en el caso de forzar una prórroga presupuestaria, el gasto en las sociedades públicas no va a estar en sus manos. Una vez que termine el primer semestre del mandato, los valientes y resueltos líderes del tripartito tendrán que mover pieza.