Álvarez-Cascos ha afirmado que en caso de que el Gobierno central no rectifique los términos en que ha planteado el ajuste contra el déficit público, el Principado recurrirá a medidas legales para impedirlo al considerar que Asturias sale muy perjudicada. El presidente del Principado ha insistido en que las medidas anunciadas suponen la pérdida de más de mil millones de euros para nuestra región, dentro de un ajuste nacional de 8.900 millones. Álvarez-Cascos ha recordado que el principio constitucional de solidaridad interterritorial no puede ser sacrificado en aras a la estabilidad presupuestaria.

El PSOE y el PP consideran que carece de rigor el planteamiento del presidente. Javier Fernández asegura que nadie sabe cómo afectará el ajuste a Asturias, ya que sólo se conoce la supresión de los fondos mineros. La dirección regional del PP califica de frívola la denuncia de Cascos, porque no hay base para hacerla. Los dirigentes del PP asturiano consideran que todo lo que es bueno para España es bueno para Asturias, y afirman que Cascos debe dedicarse a consensuar los presupuestos del Principado, porque en caso contrario incurrirá en dejación de funciones.

Llama la atención la coincidencia en la respuesta del PSOE y del PP. No obstante, este hecho no es motivo para descalificar el discurso de ambos partidos. Entremos en materia. Aunque del ajuste del Gobierno central sólo se conociera la supresión de los fondos mineros, ya sería suficiente para que se encendieran todas las alarmas. La peculiar gestión que se realizó de ellos desde las instituciones asturianas hace que no se hayan finalizado todavía proyectos provenientes del primer plan de la minería (1998-2005) por un valor de 200 millones de euros. Del segundo plan (2006-2012) sólo se ha terminado un tercio de los proyectos correspondientes a las primeras anualidades, estando sin ejecutar más de 600 millones de euros. Si se suman todos los recursos que están pendientes de utilizar salen ya los mil millones de los que hablaba Cascos. A eso hay que sumar el parón en las infraestructuras y el aplazamiento en las prestaciones de la Dependencia. ¿No hay suficientes motivos para alzar la voz? ¿Hace falta conocer la letra pequeña para decir que Asturias sale mal parada del recorte de gastos? ¿Hay que guardar silencio? Eso sí que sería incurrir en dejación de funciones.