El plazo de quince días dado hace una semana por el ministro de Economía al Principado para presentar el plan de ajuste se ha flexibilizado. Las dos administraciones estarán en contacto y el Gobierno regional entregará la propuesta de cuentas antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar a mediados del próximo mes. No es un periodo muy amplio para una decisión que tiene unas consecuencias tan relevantes, pero al menos no se va a incurrir en el absurdo de obligar al Gobierno asturiano a rehacer el presupuesto a los cuatro días de tomar posesión de sus cargos. Mariano Rajoy, que manda un poco más que Cristóbal Montoro, ha mostrado su confianza en el ajuste que presentará Javier Fernández y resaltó que lo principal es que Asturias presente el recorte igual que el resto de regiones.

La necesidad de ajustar las cuentas de las comunidades autónomas es indiscutible. El pasado año, fueron ellas las que más influyeron en que el déficit del Estado alcanzara el 8,9% del PIB. Sin embargo, el método diseñado para realizar la rebaja ofrece dudas. Lo más sensato es que cada gobierno regional tenga completa libertad para hacer su propuesta de recorte. Unos querrán ajustar las partidas de cultura y otros las de bienestar social o las de infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno central ha impuesto la obligación de quitar 7.000 millones de euros del gasto sanitario y otros 3.000 millones de la cobertura en educación. Hay comunidades autónomas que les viene muy bien la receta del Gobierno, pero otras ya tienen esas partidas redimensionadas.

El Principado no tiene que verse condicionado por las particulares preferencias del Gobierno central; su compromiso empieza y termina con la cuantía del ajuste, 616 millones de euros, y debe reivindicar la autonomía necesaria para decidir en qué capítulos se recorta y cuáles quedan como están. La sanidad y la educación concentran el 60% del gasto, así que no pueden quedar fuera del recorte, como ya advertido Javier Fernández, pero tampoco han de ser los servicios sobre los que se concentre la disminución de recursos. Hay que buscar alternativas, empezando por algunos entes de reciente incorporación al presupuesto que vinieron muy bien para disfrazar el endeudamiento, sin aportar nada a la sociedad. El Parlamento tendría que decir algo sobre el ajuste.