La pérdida de ingresos tributarios en Asturias es mucho más acusada que en el resto de España. En el primer cuatrimestre del año, la recaudación ha caído el 11,4%, mientras que en el conjunto de las comunidades autónomas lo ha hecho en el 3,3%. Para financiar inversiones en infraestructuras y gestionar servicios públicos, el Principado cuenta con 117 millones de euros menos que en el pasado año.

Con estas cifras tiene que hacer el Principado la propuesta de ajuste fiscal. Hay que proceder a nivelar ingresos y gastos en 616 millones de euros, aumentando los primeros y recortando los segundos. En la práctica, la cifra del ajuste hay que aumentarla en 117 millones, de modo que la Consejería de Hacienda y Sector Público tendrá que incrementar los ingresos y rebajar los gastos hasta enjugar una diferencia total de 733 millones. Una reajuste en las partidas del presupuesto muy grande, como nunca se había acometido hasta ahora. Si en los primeros cuatro meses del año, la recaudación de impuestos arrojó un saldo de 913 millones, cabe pensar que en todo el año se lograrán ingresos fiscales en torno a 3.000 millones de euros, en el mejor de los casos. Como el Gobierno concede para 2012 un déficit público máximo del 1,5% sobre PIB (350 millones), el límite de gasto deberá estar en torno a los 3.350 millones, o tal vez algo menos. Con la cantidad de compromisos de pago inamovibles que tiene cualquier gobierno (sueldos, suministros, alquileres, amortizaciones y un largo etcétera), rebajar los gastos hasta esa cifra es una tarea hercúlea, que hasta ahora no ha realizado ningún ejecutivo autonómico.

IU considera que el ajuste debe pasar, sobre todo, por el incremento de la presión fiscal, endureciendo el tramo autonómico del IRPF, rebajando el mínimo exento en el impuesto de Sucesiones, que ahora está en 300.000 euros, e incrementando el céntimo sanitario hasta igualar el recargo que aplica en otras regiones, como Castilla y León. Aunque resulte paradójico, a escala nacional, Cristóbal Montoro también piensa algo parecido, al insinuar la posibilidad de aplicar algún impuesto medioambiental. Cuando el paro está más alto que nunca y la actividad económica está en mínimos históricos, la clase política piensa en cobrar más impuestos. Para resolver el sudoku del ajuste en las administraciones, se acude directamente a los ciudadanos.