Los datos sobre las deudas de las administraciones, publicados por el Banco de España, llegan al final de la semana más angustiosa para la economía española en decenios. La línea de crédito de 100.000 millones de euros abierta para la banca no ha despejado las dudas sobre la capacidad de España para salir del pozo. Al contrario, entre la visión optimista del Gobierno y la respuesta de los miembros de la “troika” (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), la prima de riesgo ha escalado hasta cimas desconocidas. Las administraciones españolas (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos) debían al final del primer trimestre del año 774.549 millones de euros. El doble de lo que adeudaban en el año 2008, cuando la crisis económica alcanzó a España. Hace tres años, la deuda asturiana era de 771 millones y ahora es de 2.242 millones. En las previsiones del Gobierno central está que la deuda asturiana seguirá aumentando este año y el que viene.

En Asturias, como en España y en Europa, el mayor problema para enderezar el rumbo es político, no económico. El propio Banco Central Europeo dice que las medidas tomadas por Rajoy son positivas, pero duda de que “se puedan implementar”. Los ciudadanos consideran que los ajustes anunciados son ya insoportables y los políticos no se atreven a ir mucho más lejos. Sin embargo, gobierno y oposición saben que hay que subir los impuestos para recaudar más, porque con los actuales ingresos el déficit será irreductible, y el déficit de cada ejercicio se convierte en deuda. En la Junta General del Principado, como en el resto de cámaras autonómicas, ningún grupo político propone hacer una revisión radical del gasto público, requisito imprescindible para reequilibrar las cuentas.

A 31 de marzo, las empresas públicas del Principado tenían una deuda de 338 millones, 60 millones más que un año antes. Nadie se decide a plantear el cierre de ese tinglado de sociedades anónimas que sólo sirven para hacer operaciones que resultan imposibles de ejecutar desde los órganos de la Administración general. Y nuestros desajustes son un juego de niños al lado de la aberrante gestión la Generalitat catalana, con una deuda de 42.000 millones de euros ¿Hacen falta sesudos economistas para acabar con tanto despropósito? El problema está en los parlamentos. Como en Grecia.