Ante la Junta Directiva Nacional del PP, Mariano Rajoy reafirmó su fe en las reformas. El presidente del Gobierno quiere introducir cambios en la Administración, el sector de la energía y mejorar el funcionamiento de regulación de los mercados.
La reforma de la Administración es una medida con resonancias históricas. La empezó a pedir Larra y la prometió Felipe González, aunque el cambio socialista quedó reducido a una simple operación de sustitución de ventanillas por mostradores. La sociedad siempre receló del funcionario burócrata, por entender que su trabajo consiste en poner dificultades al ciudadano, y mostró mucha mejor disposición hacia el médico o el profesor funcionario, por considerarlos necesarios. La secular inercia y el beneficio que supone tener a la Administración a disposición del gobierno de turno hicieron que el afán renovador quedara en nada. Sin embargo, por una vía imprevista se produjo un cambio al levantar las comunidades autónomas su edificio administrativo. Aunque teóricamente se trataba de una mera transferencia de funcionarios del Estado a las regiones, la operación se saldó con sueldos más altos y más personal. Acercar la Administración al ciudadano nos salió muy caro. No obstante, lo peor de todo vendría más tarde -ya avanzados los años noventa del siglo pasado- cuando las comunidades autónomas se dedicaron a crear, sin ton ni son, empresas, organismos autónomos, fundaciones y entes públicos, para enmascarar el endeudamiento.
La necesidad de reducir el déficit público ha creado las condiciones precisas para acometer de verdad la reforma de la Administración, con reducción de estructuras y plantillas. El Gobierno piensa en introducir modificaciones que supongan un ahorro de 80.000 millones de euros. Puestos a meterse en faena, lo más urgente es delimitar perfectamente las competencias de las tres administraciones para que haya una asignación precisa de responsabilidades. Se debe acabar con las duplicidades y acomodar el tamaño de la Administración a las posibilidades reales de financiación. Si la reforma de la Administración tiene como objetivo acabar con el despilfarro el esfuerzo debe ponerse en las comunidades autónomas. Las alegrías con las sociedades instrumentales y la construcción incesante de equipamientos sin uso social deben finalizar.
