Qué lejos queda el sábado 9 de junio, cuando Luis de Guindos compareció ante los medios para presentar como un logro la oferta de un crédito de 100.000 millones de euros liberado por la UE para rescatar la quebrada banca pública española. Al día siguiente, antes de partir para Polonia a apoyar al “once” de Del Bosque, Mariano Rajoy insistió en que no se trataba de un rescate, sino de un préstamos favorable alcanzado por el Gobierno tras presionar a sus socios. Luego, vino la cumbre europea en que Monti y Rajoy bloquearon las resoluciones hasta obtener el apoyo para las deudas italiana y española, alzándose como vencedores pírricos de la reunión. Y ahora, con la prima de riesgo encareciendo la refinanciación de la deuda, nos encontramos con la desnuda realidad de un rescate bancario acompañado de duras condiciones para el Estado y las entidades de crédito nacionalizadas. La UE sabe que los desequilibrios de las cuentas públicas están íntimamente vinculados a la deuda privada, y como ejemplo de ello ahí está la aparición de una nueva banca pública, acumulando cerca de medio billón de euros en activos.
La troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) inspeccionará los balances de los bancos y las cuentas de las administraciones, para controlar todo tipo de déficit, tanto privados como públicos. Si el Gobierno, las comunidades autónomas o el sector bancario se desvían significativamente de los objetivos señalados, la troika cortará el grifo y dejará de fluir el crédito.
TROIKA
Cuando no se han cumplido siete meses de mandato, el Gobierno de Rajoy demuestra que se encuentra desbordado. La herencia recibida era mala, pero el PP la ha empeorado, porque llegó al poder sin un plan. Rajoy y su equipo cometieron la ingenuidad de creer que la mayoría absoluta alcanzada en las urnas iba a calmar a los mercados, como si los operadores financieros no supieran analizar las debilidades de la economía española y se dejaran guiar, cual papanatas, por la retórica de los líderes políticos. En la primera intervención, tras ganar las elecciones, Rajoy señaló que la prioridad era la lucha contra el déficit. Lo repitió tres veces para impresionar a Merkel y a los acreedores. Sin embargo, a la hora de reequilibrar las cuentas sólo se le ocurrió subir el IRPF y aprobar la reforma laboral. A los bancos en dificultades les aplicó una cura de caballo obligándoles a inmovilizar recursos en una cuantía tan alta que los dejó sin aire. Ante la deriva de los mercados, el presidente tira la toalla y se somete a las órdenes de la troika. ¡Vivan las cadenas!
Mal asunto que las decisiones principales de una nación las tomen agentes internacionales, que representan a nuestros acreedores. El rescate español es muy singular porque se concentra en la banca nacionalizada y descansa en los ciudadanos. El saneamiento se llevará a cabo por familias que pagarán un IVA más alto que en Alemania, Francia o Inglaterra, pese a que hace tres años soportaban el IVA más bajo de la UE, con la excepción de Chipre. Los déficit correrán a cargo de los funcionarios que se quedarán sin la paga extra de Navidad o de los parados que verán recortada su prestación. Los déficit serán enjugados con los recursos que antes iban a las personas dependientes y ahora el Estado reduce en 285 millones de euros, y con la aceleración de la nueva fórmula de cálculo de las pensiones, que empequeñecerán las pagas de los jubilados. Becas, sueldos, subvenciones, desgravaciones, créditos, todos los recursos que antes iban a los ciudadanos se reducen para poder tapar los agujeros de las entidades financieras y las descompensadas cuentas de las administraciones gobernadas por políticos manirrotos. Metabolizar ese mensaje resulta muy duro para una sociedad con más de cinco millones de desempleados.
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Desde una perspectiva política, la entrega de Rajoy a la troika supone la mayor pérdida de soberanía hecha en nuestra historia, con excepción de las contadas invasiones militares. El plan de estabilización de 1959 lo hizo el Gobierno de España, pero la formidable operación de empobrecimiento colectivo contenida en el gran ajuste de julio de 2012 viene dictada desde el extranjero. Se acabó la disyuntiva entre atacar el déficit público o estimular la economía para paliar el desempleo. Errores y debilidades propias nos dejan en manos de nuestros generosos acreedores.
La decisión de Rajoy vincula a las comunidades autónomas hasta tal punto que podemos hablar del fin del autogobierno de las regiones. La troika vigilará los déficit autonómicos, impondrá ajustes en sanidad y educación, y venta de patrimonio público. Destacadas comunidades autónomas, como Cataluña, Valencia, Castilla-La Mancha o Baleares, están en la más absoluta insolvencia, y dependen del aval del Estado para obtener el favor del mercado. No sólo ellas sufrirán los rigores de la intervención internacional. Asturias, pese a tener sólo 2.242 millones de deuda, será obligada a realizar nuevos ajustes. Además, para qué engañarnos: la recaudación tributaria cae en Asturias más que en cualquier otra región. En los cinco primeros meses del año, los ingresos disminuyeron un 18,5% y la media española estuvo en el 5%. Y todavía tienen algunos humor para hablar de pacto social.
