Los problemas económicos de España han puesto a las comunidades autónomas en el centro de la diana. Cataluña, Comunidad Valenciana y Murcia han solicitado ayuda al Gobierno para que las rescate de la insolvencia sobrevenida. Del Fondo de Liquidez Autonómica, constituido por el Gobierno con 18.000 millones de euros, Cataluña y Valencia parece que van a solicitar 3.500 millones, cada una, y Murcia demandará otros 200. Como todo acreedor, el Gobierno fijará las condiciones del préstamo, aunque los demandantes de auxilio tratan de presentar la operación como un trámite técnico sin contrapartidas. Es más, la Generalitat catalana reivindicó la soberanía fiscal al día siguiente de pedir la intervención del Estado: vínculo con Madrid para recibir dinero y libre de ataduras para administrarlo.
El pasado 16 de julio, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Ministerio de Economía amonestó a ocho gobiernos regionales por incumplir los objetivos del déficit público. En una época en que la apelación a la transparencia es un peaje obligado en el discurso político resulta intolerable la opacidad con que se maneja la información sobre la gestión de las cuentas públicas, hasta el punto de que no se sabe con certeza qué comunidades han quedado apercibidas. Lo cierto es que este año, como el pasado y el anterior, el desbordamiento del déficit es una realidad, de modo que o se toman medidas extraordinarias o se incumplirá el objetivo de acabar el ejercicio con el 1,5% del PIB.
Hay un desfase entre la enormidad de la problemática planteada y la respuesta de los ejecutivos autonómicos. De las más de 4.000 empresas públicas que hay en España, el 90% dependen de las comunidades autónomas. Hace tres meses, el Gobierno ha pedido que reduzcan drásticamente el número de empresas y los barones regionales no se dan por aludidos.
EMPLEO
En el primer trimestre de este año, las comunidades autónomas han aumentado su plantilla de trabajadores fijos en el 1%, y la lista de los empleados con contrato indefinido en las empresas autonómicas ha crecido el 3%. En el mismo periodo de tiempo, los ayuntamientos reducían sus empleos indefinidos en el 3,4% y la Administración del Estado lo hacía en el 2%. Este llamativo aumento de las plantillas en las comunidades autónomas es más visible en los llamados servicios públicos esenciales, como la Sanidad y los Servicios Sociales, donde los empleos fijos han aumentado en el 5,6%, aunque han disminuido los temporales. En resumen, el gasto corriente autonómico goza de buena salud a costa de la solvencia de las instituciones regionales. La única preocupación de los ejecutivos autonómicos está en el mantenimiento de los servicios públicos, aunque no toman las medidas adecuadas para garantizar su financiación. Con el discurso de la defensa del Estado del Bienestar provocan el malestar del Estado.
Junto a la agudización de las dificultades económicas hay una serie de hechos sucedidos en los últimos meses que han puesto la gestión autonómica en el centro de la crítica. En primer lugar, lo ocurrido con el déficit de 2011, que fue 2,9 puntos superior al comprometido con la UE. Más de la mitad de ese exceso de déficit español correspondió a las autonomías. Al desfase acumulado se sumó la picaresca del ocultamiento. Una vez aportados los datos oficiales se supo que la Comunidad Autónoma de Madrid había incurrido en el doble de déficit del registrado, y también otras cuentas regionales se habían maquillado. Tras presentar el ministro de Economía el ajuste se conoció el desbarajuste: 3.000 millones más en números rojos, elevando el déficit total del Estado al 8,9% del PIB. Todo un ejemplo de rigor ante la atónita mirada de la Comisión Europea.
CAJONES Y CAJAS
A esa peripecia se unió la apertura de los cajones en las comunidades autónomas, donde se encontraron 3.700.000 facturas pendientes de pagar a 29.000 proveedores, con un importe global de 17.718 millones de euros. ¡Casi tres billones de pesetas de deudas con electricistas, fontaneros, carpinteros, suministradores de material de oficina, empresas de limpieza, etc.! Hay que tener un rostro de cemento para contratar semejante volumen de bienes y servicios y no abonarlo. El Gobierno central adelantó el dinero y el déficit del Estado se elevó al 3,4% en el mes de mayo.
Al desmadre del déficit y el impago a los proveedores hay que sumar la quiebra bancaria, que tiene como epicentro a Caja Madrid, Bancaja, Caja del Mediterráneo, las cajas gallegas, Caixa Catalunya, etc. Un conjunto de instituciones al servicio del gasto y los caprichos de los gobiernos autonómicos que dañaron terriblemente la solvencia del Reino de España y necesitan de 100.000 millones de euros pedidos al extranjero para tapar los agujeros. La credibilidad de las comunidades autónomas está bajo mínimos.
Si uno se pregunta qué ocurrió para que todos estos dislates duraran tanto tiempo, la explicación sólo la encontrará en el discurso político que sostiene todo el edificio autonómico: el autogobierno representa, “per se”, la modernidad y el progreso frente al viejo centralismo depredador de recursos, ejemplificado en Madrid, capital de la burocracia, la ineficacia y la caspa. Un razonamiento tan contundente como la factura que nos tocará pagar.
