Desde su refugio llanisco, Rubalcaba anunció que el Partido Socialista promoverá una iniciativa popular en el caso de que el Gobierno no renueve la ayuda de los 420 euros a los parados que hayan agotado la subvención del desempleo. En la lucha contra el déficit público hay que tomar medidas dolorosas, porque es imposible reequilibrar gastos e ingresos en un corto periodo de tiempo sin hacer una generalizada rebaja del gasto. Aún reconociendo que de cualquier recorte emerge un colectivo de damnificados, hay que trazar una raya para preservar a los grupos más vulnerables. A mí me parece bastante obvia la decisión, pero escuchando a los políticos se ve que hay opiniones dispares. El Principado pone como primer bien a preservar la sanidad y la educación pública, de modo que estarían dispuestos a hacer ajustes en cualquier otro capítulo del presupuesto antes que tocar la cobertura económica de la sanidad y la educación. Rajoy señala las pensiones como prestación social que no admite recortes. Estando de acuerdo en que las pensiones constituyen un bien de máximo interés social, y en que la sanidad y la educación son servicios públicos que fomentan la equidad, creo que hay prioridades mayores.
No hay mayor desgracia económica que una familia sin ingresos. Es muy negativo un recorte en las rentas de los pensionistas o la universalización de fórmulas de copago en la sanidad, pero nada es tan duro como ver a una madre o padre de familia en paro y sin ningún tipo de susidio. Para un individuo con un buen empleo, 420 euros es una cantidad sin brillo, pero para un parado de larga duración supone el eslabón que le une a la sociedad o el bote que le mantiene a flote en el naufragio.
La propuesta de Rubalcaba traspasa los límites de la política para entrar en el campo de los derechos humanos. Una sociedad democrática no puede dejar tirados a los parados abriéndoles la puerta al delito como método de supervivencia. El argumento de que alargar la subvención provoca que los parados se acomoden a su situación sólo lo puede utilizar alguien que nunca haya tenido que mantener a su familia con 420 euros. La crítica sobre la picaresca en el cobro del paro no puede soslayar la realidad de millones de personas sin empleo sumergido ni salario opaco. Sería una ironía llamar rescate a un plan que corta de cuajo las ayudas a los parados de larga duración.
