Guste o disguste, en los próximos meses habrá que coger por los cuernos el problema de los ayuntamientos. La situación de los consistorios se mantenía en un equilibrio inestable. Desde su llegada al poder, Mariano Rajoy tomó dos medidas, la aprobación de un plan de pago a proveedores (mal visto por la troika comunitaria) que dio un balón de oxígeno a pymes y autónomos, y la reforma de la Ley de Estabilidad que puso una camisa de fuerza a los alcaldes, terminando con sus veleidades de endeudamiento y su infinita capacidad para fantasear con proyectos de inversión.
Buscando una solución definitiva, el Gobierno aprobó, ahora, el anteproyecto de la Reforma Local, una iniciativa muy ambiciosa que quiere solucionar tantas cosas a la vez que acaba dejándolas en manos de un posterior entendimiento entre comunidades autónomas y ayuntamientos.
Con la norma, el Ejecutivo quiere regular la cuantía de los sueldos en los consistorios, el número de asesores, el reparto de competencias, la forma de delegación de las mismas, la privatización de empresas municipales, la liquidación de mancomunidades, y el nombramiento de un tutor (Diputación) para los municipios pequeños –la inmensa mayoría, 71 en Asturias- que no puedan equilibrar sus cuentas. A través de una ley se pretende lograr variados objetivos sin poner un solo euro.
SUELDOS
Poner un techo a los sueldos es en la actualidad una iniciativa muy popular. Toda España cree que los políticos ganan un salario excesivo, así que establecer topes en el BOE para los emolumentos de alcaldes tiene un gran respaldo social. Ahora bien, en el anteproyecto se establecen dos varas de medida. En los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes, los alcaldes podrán ganar 100.000 euros, una cifra que en la vida pública sólo está al alcance de algún presidente autonómico y de los presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.
En la preparación de la norma se había hablado de igualar la remuneración de los regidores de las ciudades más grandes con el sueldo de un Secretario de Estado, pero el lobby de los “alcaldes premium” logró que se elevara el listón. Sin embargo, en los ayuntamientos pequeños, se rebaja el techo: 20.000 euros brutos al año, poniendo muy difícil su dedicación exclusiva a la labor municipal. En contra de lo que se suele pensar, el desmadre de sueldos y salarios no está tanto en que los alcaldes de pueblos remotos se pongan sueldos altos, sino en la nómina de los municipios grandes y medianos. Para entendernos, en Asturias es mayor la cuantía de los sueldos de alcaldes y concejales de los siete ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, que el conjunto de las percepciones salariales de los 71 municipios restantes.
En cuanto a los asesores, vuelve a repetirse el error: los ayuntamientos pequeños no pueden contratar a ningún asesor, pero el resto pueden tener tantos asesores como concejales. Es decir, una norma que viene a racionalizar y ahorrar, permite que las corporaciones municipales de Gijón u Oviedo tengan 27 asesores. ¡Y el PP consideraba excesivo que la alcaldesa de Gijón tuviera cuatro o cinco ayudantes!
COMPETENCIAS
Vamos a lo importante. Tras años de quejas municipales por la gestión de competencias impropias (aquéllas cuya titularidad es de la comunidad autónoma pero la desempeñan los ayuntamientos), el anteproyecto del Gobierno establece que se devuelvan a los gobiernos regionales. Da un año de plazo para que el Principado asuma las competencias sobre servicios sociales y cinco años para que hagan lo propio con las competencias sanitarias y educativas. Seamos realistas, el Principado no tiene recursos para asumir esos servicios que están repartidos entre 78 consistorios. El anteproyecto también señala que los gobiernos podrán delegar sus competencias en los ayuntamientos, pero dándoles cobertura presupuestaria. Estamos en lo mismo: el Gobierno regional carece de recursos para dar esa financiación. El resultado final será la degradación de la prestación social.
Otro asunto relevante es la privatización de las empresas municipales. Esta vez no se trata del mantra de la izquierda, sino de la doctrina de Rajoy: sólo podrán tener los ayuntamientos empresas públicas si no hay empresarios privados interesados en gestionar ese servicio.
JAVIER FERNÁNDEZ
Como Rajoy goza de mayoría absoluta en las cámaras, restan sólo unos meses para que el anteproyecto sea ley. Es indispensable que Javier Fernández convoque a los 78 alcaldes para negociar con tiempo cómo se aplica en Asturias la reforma local, buscando por la vía del pacto una fórmula más ajustada a la realidad asturiana. El 3 de agosto de 1999, Álvarez Areces convocó a todos los alcaldes para firmar el protocolo inicial del pacto municipal, que luego no se desarrolló. Es preciso que Javier Fernández abra esa negociación, que debe ser liderada por el Principado. Como en Asturias tenemos un extraño orden de prioridades, se han dedicado todas las energías a la negociación y la firma de la concertación social, que es un mero decorado para revestir la acción política. Sin embargo, la problemática municipal, que tanto incide en el deterioro del equilibrio territorial y la prestación de servicios, no ha merecido ni un simple encuentro. Rajoy acaba de abrir otro programa de pago a proveedores, con 2.600 millones de euros, pero los problemas de las regiones y los municipios van más allá de la morosidad en el pago de suministros.